ACTUALIDAD TURNO DE OFICIO
YA ESTÁ EL CONFIRMING PARA LOS ABOGADOS DE TURNO DE OFICIO DE MADRID
"Hay personas que han decidido convertirse en funcionarios sin oposición y vivir del turno de oficio"
El Consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados ataca abiertamente a los Abogados del Turno de Oficio de Madrid, sin atender a sacrificio que muchos hacen en pro del correcto funcionamiento del sistema de justicia gratuita.
Sorprende que un Señor Consejero haga esa crítica abierta a un sector de la Abogacía que de forma diaria asiste, más que satisfactoriamente, a las personas que carecen de medios suficientes para correr con los gastos de un Abogado particular.
Me gustaría que los que habéis sido asistidos por un abogado de oficio contéis en este Blog la experiencia, pulsando aquí.
Este Blog también está abierto a las opiniones de compañeros adscritos al turno de oficio.
ASÍ SE HA CONTADO LA NOTICIA EN LOS MEDIOS
ABC - EuropaPress - El País - MadridDiario - El Economista - Noticias Yahoo
Recordaros que la Comunidad de Madrid no paga a los Abogados de Oficio desde Enero de 2009. Noticia
RESPUESTA DEL DECANO DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE MADRID, ANTONIO HERNÁNDEZ-GIL, A LAS DECLARACIONES DEL CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR DE LA COMUNIDAD
Madrid, 3 de agosto de 2009
Como Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid me producen sorpresa y preocupación las declaraciones del Consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid sobre la situación de la justicia gratuita.
La función que diariamente prestan los abogados del turno de oficio merece el respeto y reconocimiento de la sociedad y no la crítica basada en impresiones generales o juicios de intenciones. Vuelvo a recordar que la justicia gratuita funciona muy eficazmente para los ciudadanos beneficiarios del servicio, que, en general, reciben una prestación profesional de gran calidad a cargo de abogados libres e independientes.
El abogado, que tiene la encomienda de defender al ciudadano sin recursos a lo largo de todas las instancias, cuando llega el vencimiento de un plazo para recurrir, tiene que hacerlo aunque en ese momento no pueda comunicarse con su cliente, esté en España o en el extranjero, salvo que, mediante el procedimiento legalmente establecido, se declare que su defensa es insostenible.
Otra cosa es que el sistema de justicia gratuita, que data de 1996, pueda y deba adecuarse a la actual realidad social. Como Decano del Colegio de Abogados de Madrid he ofrecido desde el primer momento la colaboración de la abogacía madrileña para mejorar dicho régimen legal, sin que haya habido receptividad alguna por parte de las administraciones públicas, que parecen reaccionar sólo ante sus problemas económicos.
La demanda de justicia gratuita en nuestra Comunidad no ha aumentado como se dice. Su incremento es el general en la demanda de justicia, agravada en tiempos de crisis. Es incomprensible que los presupuestos de la Comunidad de Madrid se configuren al margen de la evolución real de la demanda de justicia, provocándose situaciones como las de este año 2009 en el que, al día de hoy, los presupuestos ya están prácticamente consumidos, antes de haber pagado un solo euro de la justicia gratuita de este año, con la liquidación de las cantidades adeudadas del año 2008.
El Consejero de Presidencia, Justicia e Interior en febrero de este año asumió el compromiso de regularizar la secuencia de pagos de justicia gratuita y revisar los baremos para compensar la pérdida de poder adquisitivo acumulada desde el año 2003, fecha desde la que no ha habido ninguna revisión. Ahora, en lugar de cumplirse los compromisos asumidos, se quiere presentar a los abogados como culpables de ese incumplimiento.
Pese a todo lo anterior, estaré siempre dispuesto a reunirme nuevamente con el Consejero para abordar todos los problemas de la justicia gratuita de la Comunidad, sin que ello pueda servir de excusa para demorar los compromisos pendientes.
Texto Origial extrído de la Web del ICAM - para acceder, pulse aquí.
La Opinión de los Abogados y Políticos:
Cinco Días - El Economista - El País - Europa Press - ABC
EL DECANO, RECHAZA DE NUEVO, LAS DECLARACIONES DEL CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Lamento tener que volver a manifestar mi desacuerdo con las últimas declaraciones del Consejero de Presidencia, Justicia e Interior en materia de asistencia jurídica gratuita; pero así lo exige nuestro compromiso de defender el derecho de defensa y el acceso a la justicia.
La Ley reconoce ese derecho a los extranjeros sin suficientes recursos para litigar tanto en el orden contencioso administrativo como en la vía administrativa previa, en todos los procedimientos que puedan llevar a la denegación de su entrada en España, a su devolución o expulsión del territorio español. En consecuencia, el extranjero beneficiario del derecho puede estar todavía en España o haber sido ya expulsado o devuelto a su país cuando el abogado tiene que actuar.
La Ley no precisa cuáles son los documentos concretos con los que se puede acreditar la falta de recursos económicos para litigar, entendiendo por tales, básicamente, los que no superen el doble del salario mínimo interprofesional, exactamente igual para ciudadanos españoles y extranjeros.
Exigir, en la práctica, a los extranjeros, cuando llegan a Barajas o han sido devueltos a su país, que aporten de forma perentoria los mismos documentos que, en principio, se pide a los españoles ("certificado del INEM en el que conste la situación de desempleo o percepción de ayuda y período al que se extiende", su "declaración impositiva anual de la unidad familiar (IPRF y en su caso Patrimonio)", puede ser tanto como negarles el derecho de defensa; aunque reciban el requerimiento pulcramente traducido al francés o al inglés, que es a lo más a que se llega, sea el ciudadano brasileño, ucraniano, pakistaní o senegalés.
Conforme al principio de igualdad de nuestra Constitución, tan discriminatorio es tratar desigualmente lo igual como tratar igualitariamente lo desigual. Las circunstancias de los ciudadanos extranjeros sometidos en España a procedimientos de expulsión, devolución o rechazo en frontera, tienen que ser, dentro del más estricto respeto a la legalidad, tenidas en cuenta para no generarles indefensión y denegarles injusta o arbitrariamente el acceso a la justicia gratuita.
El derecho de defensa y a la tutela judicial efectiva es algo constitucionalmente mucho más importante que el estado de las cuentas públicas o la indudable sobrecarga de nuestros Tribunales. Cuando esos derechos se complementan por Ley con el derecho a la asistencia jurídica gratuita hay que ser consecuentes y hacer cuanto sea necesario para su efectividad. El Colegio de Abogados de Madrid, desde luego, no va a ceder un milímetro en ese empeño, que debería ser el de todos.
Antonio Hernández-Gil Álvarez-Cienfuegos,
Decano
Publicado en la Web del I.C.A.M., para acceder, pulse aquí.
