TÍTULO III. LA ESTANCIA EN ESPAÑA
Capítulo I. Residencia temporal no lucrativa
Capítulo I. Estancia de corta duración
Capítulo II. Estancia por estudios, intercambio de alumnos, prácticas no laborales o servicios de voluntariado
TÍTULO IV. RESIDENCIA TEMPORAL
Capítulo II. Residencia temporal por reagrupación familiar
Capítulo III. Residencia temporal y trabajo por cuenta ajena
Capítulo IV. Residencia temporal y trabajo para investigación
Capítulo V. Residencia temporal y trabajo de profesionales altamente cualificados titulares de una tarjeta azul-UE
Capítulo VI. Residencia temporal y trabajo por cuenta ajena de duración determinada
Capítulo VII. Residencia temporal y trabajo por cuenta propia
Capítulo VIII. Residencia temporal y trabajo en el marco de prestaciones transnacionales de servicios
Capítulo IX. Residencia temporal con excepción de la autorización de trabajo
Capítulo X. Residencia temporal del extranjero acogido a un programa de retorno
voluntario
TÍTULO V. RESIDENCIA POR CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES
Capítulo I. Residencia por circunstancias excepcionales por arraigo, protección
internacional, razones humanitarias, colaboración con autoridades, seguridad nacional o interés público
Capítulo II. Residencia temporal y trabajo por circunstancias excepcionales de
mujeres extranjeras víctimas de violencia de género
Capítulo III. Residencia temporal y trabajo por circunstancias excepcionales por
colaboración contra redes organizadas
Capítulo IV. Residencia temporal y trabajo por circunstancias excepcionales de extranjeros víctimas de la trata de seres humanos
TÍTULO VI. RESIDENCIA DE LARGA DURACIÓN
Capítulo I. Residencia de larga duración
Capítulo II. Residencia de larga duración-CE
Capítulo III. Movilidad del residente de larga duración-CE en otro Estado miembro
Capítulo IV. Recuperación de la titularidad de una residencia de larga duración
TÍTULO VII. EXTINCIÓN DE LAS AUTORIZACIONES DE RESIDENCIA O DE
RESIDENCIA Y TRABAJO
TÍTULO VIII. GESTIÓN COLECTIVA DE CONTRATACIONES EN ORIGEN
TÍTULO IX. PROCEDIMIENTO PARA AUTORIZAR LA ENTRADA, RESIDENCIA YTRABAJO EN ESPAÑA, DE EXTRANJEROS EN CUYA ACTIVIDAD PROFESIONALCONCURRAN RAZONES DE INTERÉS ECONÓMICO, SOCIAL O LABORAL, O
RELATIVAS A LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN O
TÍTULO XIII. DOCUMENTACIÓN DE LOS EXTRANJEROS
Capítulo I. Derechos y deberes relativos a la documentación
Capítulo II. Acreditación de la situación de los extranjeros en España
Capítulo III. Indocumentados
Capítulo IV. Registro Central de Extranjeros
Capítulo V. Registro de menores extranjeros no acompañados
SANCIONADOR.
TÍTULO XIII. DOCUMENTACIÓN DE LOS EXTRANJEROS
Capítulo I. Derechos y deberes relativos a la documentación
Capítulo II. Acreditación de la situación de los extranjeros en España
Capítulo III. Indocumentados
Capítulo IV. Registro Central de Extranjeros
Capítulo V. Registro de menores extranjeros no acompañados
SANCIONADOR.
DESARROLLO O DOCENTES, QUE REQUIERAN ALTA CUALIFICACIÓN, O DEACTUACIONES ARTÍSTICAS DE ESPECIAL INTERÉS CULTURAL
TÍTULO X. TRABAJADORES TRANSFRONTERIZOS
TÍTULO XI. MENORES EXTRANJEROS
Capítulo I. Residencia del hijo de residente legal
Capítulo II. Desplazamiento temporal de menores extranjeros
Capítulo III. Menores extranjeros no acompañados
TÍTULO XII. MODIFICACIÓN DE LAS SITUACIONES DE LOS EXTRANJEROS EN
ESPAÑA
TÍTULO XIV. INFRACCIONES EN MATERIA DE EXTRANJERÍA Y SU RÉGIMEN
Capítulo I. Normas comunes del procedimiento sancionador
Capítulo II. Modalidades de tramitación del procedimiento sancionador
Capítulo III. Aspectos específicos en los procedimientos sancionadores para la imposición de las infracciones de expulsión y multa
Capítulo IV. Infracciones y sanciones en el orden social y vigilancia laboral
Capítulo V. Infracciones, sanciones y obligación de su comunicación interorgánica
Capítulo VI. Centros de Internamiento de Extranjeros
TÍTULO XV. OFICINAS DE EXTRANJERÍA Y CENTROS DE MIGRACIONES
Capítulo I. Las Oficinas de Extranjería
Capítulo II. Los Centros de migraciones
DISPOSICIONES ADICIONALES
TÍTULO I. Régimen de entrada y salida de territorio español
CAPÍTULO I. Puestos de entrada y salida
Artículo 1. Entrada por puestos habilitados.
1. Sin perjuicio de lo dispuesto por los convenios internacionales suscritos por
España, el extranjero que pretenda entrar en territorio español deberá hacerlo por
los puestos habilitados al efecto, hallarse provisto del pasaporte o documento de
viaje en vigor que acredite su identidad y que se considere válido para tal fin, estar
en posesión de un visado válido cuando éste sea exigible, y no estar sujeto a
prohibiciones expresas. Asimismo, deberá presentar los documentos determinados
en este Reglamento que justifiquen el objeto y condiciones de estancia, y acreditar
la posesión de los medios de vida suficientes para el tiempo que pretenda
permanecer en España o, en su caso, estar en condiciones de obtener legalmente
dichos medios.
2. Excepcionalmente, las autoridades o los funcionarios responsables del control
fronterizo podrán autorizar el cruce de fronteras, fuera de los puestos habilitados o
de los días y horas señalados, a quienes se encuentren en los casos siguientes:
a) Las personas a las que les haya sido expedida una autorización extraordinaria
para cruzar la frontera ante una necesidad concreta.
b) Los beneficiarios de acuerdos internacionales en tal sentido con países
limítrofes.
3. Los marinos que estén en posesión de un documento de identidad de la gente
del mar en vigor podrán circular mientras dure la escala del buque por el recinto del
puerto o por las localidades próximas, en un entorno de 10 kilómetros, sin la
obligación de presentarse en el puesto fronterizo, siempre que los interesados
figuren en la lista de tripulantes del buque al que pertenezcan, sometida
previamente a control y verificación de la identidad de los marinos por los
funcionarios mencionados en el apartado 2. Podrá denegarse el derecho a
desembarcar al marino que represente una amenaza para el orden público, la
salud pública o la seguridad nacional, o a aquel en el que concurran circunstancias
objetivas de las que pueda deducirse su incomparecencia en el buque antes de su
partida.
Artículo 2. Habilitación de puestos.
1. De conformidad con el interés nacional y lo dispuesto en los convenios
internacionales en los que España sea parte, la habilitación de un puesto en
frontera terrestre se adoptará, previo acuerdo con las autoridades del país limítrofe
correspondiente, mediante orden del titular del Ministerio de la Presidencia, a propuesta conjunta de los titulares de los Ministerios de Asuntos Exteriores y de
Cooperación, de Economía y Hacienda y del Interior.
2. Cuando se trate de la habilitación de puestos en puertos o aeropuertos, la orden
del titular del Ministerio de la Presidencia se adoptará a propuesta conjunta de los
titulares de los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Cooperación, de Economía y
Hacienda y del Interior, previo informe favorable del departamento ministerial u
órgano autonómico del que dependan el puerto o el aeropuerto.
Artículo 3. Cierre de puestos habilitados.
1. El cierre, con carácter temporal o indefinido, de los puestos habilitados para la
entrada y la salida de España se podrá acordar por orden del titular del Ministerio
de la Presidencia, a propuesta de los titulares de los Ministerios competentes,
cuando así resulte, bien de las disposiciones que deban regir a consecuencia de
los estados de alarma, excepción o sitio, bien en aplicación de leyes especiales, en
supuestos en que lo requieran los intereses de la defensa nacional, la seguridad
del Estado y la protección de la salud y seguridad de los ciudadanos, así como en
supuestos de elevada presión migratoria irregular, sin perjuicio de la posibilidad de
desconcentrar dicha competencia.
2. Podrá procederse al cierre o traslado de los puestos habilitados en supuestos
distintos de los previstos en el apartado anterior, siempre y cuando su ubicación
resultara innecesaria o inconveniente, a través de los trámites previstos
normativamente.
3. El cierre de los puestos habilitados deberá comunicarse a aquellos países con
los que España tenga obligación de hacerlo como consecuencia de los
compromisos internacionales suscritos con ellos.
CAPÍTULO II. Entrada: requisitos y prohibiciones
Artículo 4. Requisitos.
1. La entrada de un extranjero en territorio español estará condicionada al
cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) Titularidad del pasaporte o documentos de viaje a los que se refiere el artículo
siguiente.
b) Titularidad del correspondiente visado, en los términos establecidos en el
artículo 7.
c) Justificación del objeto y las condiciones de la estancia en los términos
establecidos en el artículo 8.
7
d) Acreditación, en su caso, de los medios económicos suficientes para su
sostenimiento durante el período de permanencia en España, o de estar en
condiciones de obtenerlos, así como para el traslado a otro país o el retorno al de
procedencia, en los términos establecidos en el artículo 9.
e) Presentación, en su caso, de los certificados médicos a los que se refiere el
artículo 10.
f) No estar sujeto a una prohibición de entrada, en los términos del artículo 11.
g) No suponer un peligro para la salud pública, el orden público, la seguridad
nacional o las relaciones internacionales de España o de otros Estados con los que
España tenga un convenio en tal sentido.
2. La Comisaría General de Extranjería y Fronteras podrá autorizar la entrada en
España de los extranjeros que no reúnan los requisitos establecidos en el apartado
anterior cuando existan razones excepcionales de índole humanitaria, interés
público o cumplimiento de compromisos adquiridos por España. En estos casos, se
procederá a hacer entrega al extranjero de la resolución acreditativa de la
autorización de entrada por cualquiera de estas causas.
Sin perjuicio de la posible consideración de las causas que motivaron su concesión
en el marco del procedimiento relativo a la residencia por circunstancias
excepcionales, la autorización de la entrada en España en base a lo dispuesto en
el párrafo anterior no supondrá, por sí misma y de forma aislada a otras
circunstancias que pudieran ser alegadas, el cumplimiento de los requisitos a
acreditar de cara a la obtención de una autorización de residencia por
circunstancias excepcionales.
Artículo 5. Autorización de regreso.
1. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, se le expedirá al extranjero cuya
autorización de residencia o de estancia se encuentre en periodo de renovación o
prórroga, una autorización de regreso que le permita una salida de España y
posterior retorno al territorio nacional, siempre que el solicitante acredite que ha
iniciado los trámites de renovación o prórroga del título que le habilita para
permanecer en España dentro del plazo legal fijado al efecto.
Igualmente, el titular de una tarjeta de identidad de extranjero en vigor podrá
solicitar una autorización de regreso en caso de robo, extravío, destrucción o
inutilización de aquélla, siempre que acredite haber presentado solicitud de
duplicado de la tarjeta.
2. La autorización de regreso tendrá una vigencia no superior a 90 días desde la
caducidad de la autorización de residencia o de estancia, si se solicita con
anterioridad a esta última.
8
En caso de que se solicite en un momento posterior a la caducidad de la
autorización de residencia o de estancia, la autorización de regreso tendrá una
vigencia no superior a 90 días desde que sea concedida.
Cuando el viaje responda a una situación de necesidad, la autorización de regreso
se tramitará con carácter preferente.
3. Cuando el extranjero acredite que el viaje responde a una situación de
necesidad y concurran razones excepcionales, podrá expedirse la autorización de
regreso referida en el apartado anterior, con una vigencia no superior a 90 días
desde que se conceda la autorización de regreso, si se ha resuelto favorablemente
la solicitud inicial de autorización de residencia o de autorización de estancia y está
en trámite la expedición de la tarjeta de identidad de extranjero.
Artículo 6. Documentación para la entrada.
1. Para acreditar su identidad, el extranjero que pretenda entrar en España deberá
hallarse provisto de uno de los siguientes documentos:
a) Pasaporte, individual, familiar o colectivo, válidamente expedido y en vigor. Los
menores de 16 años podrán figurar incluidos en el pasaporte de su padre, madre o
tutor cuando tengan la misma nacionalidad del titular del pasaporte y viajen con
éste.
b) Título de viaje, válidamente expedido y en vigor.
c) Documento nacional de identidad, cédula de identificación o cualquier otro
documento en vigor que acredite su identidad, que hayan sido considerados
válidos para la entrada en territorio español, en virtud de compromisos
internacionales asumidos por España.
2. Tanto los pasaportes como los títulos de viaje y demás documentos que se
consideren válidos deberán estar expedidos por las autoridades competentes del
país de origen o de procedencia de sus titulares o por las organizaciones
internacionales habilitadas para ello por el derecho internacional y contener, en
todo caso, datos suficientes para la determinación de la identidad y la nacionalidad
de los titulares. Los pasaportes deberán permitir el retorno al país que los haya
expedido.
3. Las misiones diplomáticas u oficinas consulares españolas, previa autorización
expresa de la Dirección General de Asuntos Consulares y Migratorios del Ministerio
de Asuntos Exteriores y de Cooperación, podrán expedir documentos de viaje y
salvoconductos a extranjeros cuya protección internacional haya sido asumida por
España en aplicación de la legislación española o para proceder a su evacuación
hacia países con los que existan acuerdos de cooperación a tal efecto.
9
Asimismo, previa la autorización expresa mencionada en el párrafo anterior, podrán
expedir documentos de viaje o salvoconductos para promover el traslado del o de
los solicitantes de asilo a España para hacer posible la presentación de la solicitud
conforme al procedimiento previsto en la Ley 12/2009, de 30 de octubre,
reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria.
4. La admisión de pasaportes colectivos se ajustará a los convenios internacionales
que sobre ellos existan o se concierten por España. En ambos casos será preciso
contar con el informe previo del Ministerio del Interior.
Artículo 7. Exigencia de visado.
1. Los extranjeros que se propongan entrar en territorio español deberán ir
provistos del correspondiente visado, válidamente expedido y en vigor, extendido
en sus pasaportes o documentos de viaje o, en su caso, en documento aparte,
salvo lo dispuesto en el apartado siguiente.
2. Para estancias de hasta tres meses en un período de seis no necesitarán
visado:
a) Los nacionales de países exentos de dicho requisito en virtud de lo establecido
en la normativa de la Unión Europea.
b) Los titulares de pasaportes diplomáticos, de servicio u otros pasaportes oficiales
expedidos por países con los que se haya acordado su supresión, en la forma y
condiciones establecidas en el acuerdo correspondiente.
c) Los titulares de salvoconductos expedidos por determinadas organizaciones
internacionales intergubernamentales a sus funcionarios, cuando España haya
acordado la supresión de dicho requisito.
d) Los extranjeros que tengan la condición de refugiados y estén documentados
como tales por un país signatario del Acuerdo Europeo número 31, de 20 de abril
de 1959, relativo a la exención de los visados para refugiados.
e) Los miembros de las tripulaciones de barcos de pasaje y comerciales
extranjeros, cuando se hallen documentados con un documento de identidad de la
gente del mar en vigor y sólo durante la escala del barco o cuando se encuentre en
tránsito para embarcar hacia otro país.
f) Los miembros de las tripulaciones de aviones comerciales extranjeros que estén
documentados como tales mediante la tarjeta de miembro de la tripulación durante
la escala de su aeronave o entre dos escalas de vuelos regulares consecutivos de
la misma compañía aérea a que pertenezca la aeronave.
g) Los extranjeros titulares de una autorización de residencia, una autorización
provisional de residencia, un visado de larga duración o una tarjeta de acreditación
10
de trabajador transfronterizo respecto a la entrada en el territorio español que
forma frontera con el país del trabajador, siempre que las autorizaciones que
acreditan dichos documentos hayan sido expedidas por las autoridades españolas
y estén vigentes en el momento de solicitar la entrada.
Artículo 8. Justificación del motivo y condiciones de la entrada.
1. Los extranjeros deberán, si así se les requiere, especificar el motivo de su
solicitud de entrada en España.
Los funcionarios responsables del control de entrada en función, entre otras
circunstancias, del motivo y duración del viaje podrán exigirles la presentación de
documentos que justifiquen o establezcan la verosimilitud de la razón de entrada
invocada.
Los extranjeros que soliciten la entrada, para justificar la verosimilitud del motivo
invocado, podrán presentar cualquier documento o medio de prueba que, a su
juicio, justifique los motivos de entrada manifestados.
2. A estos efectos, podrá exigirse la presentación, entre otros, de los siguientes
documentos:
En relación con cualquiera de los motivos de de solicitud de entrada previstos en
este apartado, billete de vuelta o de circuito turístico.
a) Además, para los viajes de carácter profesional, alternativamente:
1º La invitación de una empresa o de una autoridad expedida, en los términos
fijados mediante Orden del titular del Ministerio de la Presidencia, a propuesta
conjunta de los titulares de los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Cooperación,
de trabajador transfronterizo respecto a la entrada en el territorio español que
forma frontera con el país del trabajador, siempre que las autorizaciones que
acreditan dichos documentos hayan sido expedidas por las autoridades españolas
y estén vigentes en el momento de solicitar la entrada.
Artículo 8. Justificación del motivo y condiciones de la entrada.
1. Los extranjeros deberán, si así se les requiere, especificar el motivo de su
solicitud de entrada en España.
Los funcionarios responsables del control de entrada en función, entre otras
circunstancias, del motivo y duración del viaje podrán exigirles la presentación de
documentos que justifiquen o establezcan la verosimilitud de la razón de entrada
invocada.
Los extranjeros que soliciten la entrada, para justificar la verosimilitud del motivo
invocado, podrán presentar cualquier documento o medio de prueba que, a su
juicio, justifique los motivos de entrada manifestados.
2. A estos efectos, podrá exigirse la presentación, entre otros, de los siguientes
documentos:
En relación con cualquiera de los motivos de de solicitud de entrada previstos en
este apartado, billete de vuelta o de circuito turístico.
a) Además, para los viajes de carácter profesional, alternativamente:
1º La invitación de una empresa o de una autoridad expedida, en los términos
fijados mediante Orden del titular del Ministerio de la Presidencia, a propuesta
conjunta de los titulares de los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Cooperación,
diplomática, expedidos por las autoridades de otro Estado con el que España haya
suscrito un acuerdo internacional que contemple esta posibilidad. Estas
autorizaciones habrán de tener una vigencia mínima igual al plazo de estancia, o
de la duración del tránsito, previsto en el momento de solicitar la entrada.
3. No precisarán visado para entrar en territorio español los extranjeros titulares de
una tarjeta de identidad de extranjero, de una tarjeta de acreditación diplomática, o
de la autorización de regreso prevista en el artículo 4 ni los titulares de una tarjeta
del Interior y de Trabajo e inmigración, para participar en reuniones de carácter
comercial, industrial o vinculadas a la actividad.
2º Documentos de los que se desprenda que existen relaciones comerciales o
vinculadas a la actividad.
3º Tarjetas de acceso a ferias y congresos.
b) Además, para los viajes de carácter turístico o privado, alternativamente:
11
1º Documento justificativo del establecimiento de hospedaje o carta de invitación
de un particular, expedida en los términos fijados mediante orden del titular del
Ministerio de la Presidencia, a propuesta conjunta de los titulares de los Ministerios
de Asuntos Exteriores y de Cooperación, del Interior y de Trabajo e inmigración,
cuyo contenido habrá de responder exclusivamente a que quede constancia de la
existencia de hospedaje cierto a disposición del extranjero.
En ningún caso, la carta de invitación suplirá la acreditación por el extranjero de los
demás requisitos exigidos para la entrada.
2º Confirmación de la reserva de un viaje organizado.
c) Además, para los viajes por motivos de estudios o formación: matrícula en un
centro de enseñanza.
d) Además, para los viajes por otros motivos, alternativamente:
1º Invitaciones, reservas o programas.
2º Certificados de participación en eventos relacionados con el viaje, tarjetas de
entrada o recibos.
Artículo 9. Acreditación de medios económicos.
El extranjero deberá acreditar, en el momento de la entrada, que dispone de
recursos económicos o medios de vida suficientes para su sostenimiento y el de las
personas a su cargo que viajen con él, durante el período de permanencia en
España, o que está en condiciones de obtener legalmente dichos medios, así como
para cubrir el traslado a otro país o el retorno al país de procedencia. Mediante
Orden del titular del Ministerio de la Presidencia, a propuesta de los titulares de los
Ministerios de Asuntos Exteriores y de Cooperación, del Interior y de Trabajo e
inmigración, se determinará la cuantía de los medios de vida exigibles a estos
efectos, así como el modo de acreditar su posesión.
Dicha regulación tendrá en consideración, en cuanto a las cuantías exigibles, la
circunstancias de que de la documentación del establecimiento de hospedaje o la
carta de invitación de un particular, aportada por el extranjero en el marco del
artículo 8, pueda derivarse que el alojamiento comprende toda o parte de su
manutención.
Artículo 10. Requisitos sanitarios.
Cuando así lo determine el Ministerio del Interior, de acuerdo con los Ministerios de
Sanidad, Política Social e Igualdad y de Trabajo e Inmigración, las personas que
pretendan entrar en territorio español deberán presentar en los puestos fronterizos
12
un certificado sanitario expedido en el país de procedencia por los servicios
médicos que designe la misión diplomática u oficina consular española, o
someterse a su llegada, en la frontera, a un reconocimiento médico por parte de los
servicios sanitarios españoles competentes, para acreditar que no padecen
ninguna de las enfermedades que pueden tener repercusiones de salud pública
graves de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Sanitario Internacional
de 2005, así como en los compromisos internacionales sobre la materia suscritos
por España, sin perjuicio de lo que se disponga, al efecto, por la normativa de la
Unión Europea.
Artículo 11. Prohibición de entrada.
Se considerará prohibida la entrada de los extranjeros, y se les impedirá el acceso
al territorio español, aunque reúnan los requisitos exigidos en los artículos
precedentes, cuando:
a) Hayan sido previamente expulsados de España y se encuentren dentro del plazo
de prohibición de entrada que se hubiera determinado en la resolución de
expulsión, o cuando haya recaído sobre ellos una resolución de expulsión, salvo
caducidad del procedimiento o prescripción de la infracción o de la sanción.
b) Hayan sido objeto de una medida de devolución y se encuentren dentro del
plazo de prohibición de entrada que se hubiera determinado en el correspondiente
acuerdo de devolución.
c) Se tenga conocimiento, por conductos diplomáticos, a través de Interpol o por
cualquier otra vía de cooperación internacional, judicial o policial, de que se
encuentran reclamados, en relación con causas criminales derivadas de delitos
comunes graves, por las autoridades judiciales o policiales de otros países,
siempre que los hechos por los que figuran reclamados constituyan delito en
España y sin perjuicio de su detención, en los casos en que ésta proceda.
d) Hayan sido objeto de prohibición expresa de entrada, en virtud de resolución del
titular del Ministerio del Interior, por sus actividades contrarias a los intereses
españoles o a los derechos humanos o por sus notorias conexiones con
organizaciones delictivas, nacionales o internacionales, u otras razones judiciales o
administrativas que justifiquen la adopción de esta medida, sin perjuicio de su
detención, en los casos en que ésta proceda.
e) Tengan prohibida la entrada en virtud de convenios internacionales en los que
España sea parte o de acuerdo con lo establecido en la normativa comunitaria,
salvo que se considere necesario establecer una excepción por motivos
humanitarios o de interés nacional.
13
Artículo 12. Forma de efectuar la entrada.
1. A su llegada al puesto habilitado para la entrada en España, los extranjeros
acreditarán con carácter prioritario ante los funcionarios responsables del control
que reúnen los requisitos previstos en los artículos de este capítulo para la
obligada comprobación de éstos.
2. Si la documentación presentada fuera hallada conforme y no existe ninguna
prohibición o impedimento para la entrada del titular, se estampará en el pasaporte
de diciembre, de protección de datos de carácter personal.
2. El sistema de registro de entradas en España será regulado mediante orden del
titular del Ministerio de la Presidencia dictada a propuesta de los titulares de los
Ministerios del Interior y de Trabajo e inmigración.
o título de viaje el sello, signo o marca de control establecido, salvo que las leyes
internas o los tratados internacionales en que España sea parte prevean la no
estampación, con lo que, previa devolución de la documentación, quedará franco el
paso al interior del país.
3. Si el acceso se efectúa con documento de identidad o de otra clase en los que
no se pueda estampar el sello de entrada, el interesado deberá cumplimentar el
impreso previsto para dejar constancia de la entrada, que deberá conservar en su
poder y presentar junto a la documentación identificativa, si le fuese requerida.
Artículo 13. Declaración de entrada.
1. Tendrán la obligación de declarar la entrada personalmente ante las autoridades
policiales españolas los extranjeros que accedan a territorio español procedentes
de un Estado con el que España haya firmado un acuerdo de supresión de
controles fronterizos.
2. Si no se hubiese efectuado en el momento de la entrada, dicha declaración
deberá efectuarse en el plazo de tres días hábiles a partir de aquélla, en cualquier
comisaría del Cuerpo Nacional de Policía u Oficina de Extranjería.
Art. 14. Registro de la entrada en el territorio español.
1. Las entradas realizadas en territorio español, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 11 y 12, por extranjeros a los que no les sea de aplicación el régimen
comunitario de extranjería, podrán ser registradas por las autoridades competentes
en el Registro Central de Extranjeros, a los efectos de control de su período de
permanencia legal en España, de conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13
14
intérprete, que comenzará en el momento de efectuarse el control en el puesto
fronterizo.
La resolución contendrá, entre otros contenidos, el siguiente:
a) La determinación expresa de la causa por la que se deniega la entrada.
b) La información al interesado de que el efecto que puede conllevar la denegación
de entrada es el regreso a su punto de origen.
c) La información al interesado de su derecho a la asistencia jurídica, así como a la
asistencia de intérprete, si no comprende o habla las lenguas oficiales que se
utilicen, a partir del momento en que se dicte el acuerdo de iniciación del
procedimiento. Ambas asistencias serán gratuitas en el caso de que el interesado
carezca de recursos económicos suficientes, de acuerdo con lo previsto en la
normativa reguladora del derecho de asistencia jurídica gratuita.
La información, que se proporcionará tan pronto se inicie el procedimiento
administrativo, hará expresa mención a la necesidad de solicitar nuevamente el
reconocimiento del derecho de asistencia jurídica gratuita para el ejercicio de éste
en caso de que se decidiera impugnar la resolución en vía jurisdiccional
contencioso-administrativa, de conformidad con el artículo 22.3 de la Ley Orgánica
4/2000, de 11 de enero.
Cuando existiesen acuerdos que regulen la readmisión de las personas en
situación irregular suscritos por España, los funcionarios responsables del control,
tras facilitar la información a la que se refiere el artículo 26.2 de la Ley Orgánica
4/2000, de 11 de enero, denegarán, en los términos previstos en los citados
acuerdos, la entrada de las personas a las que les sean de aplicación, siempre que
la denegación se produzca dentro del plazo previsto en los mismos.
intérprete, que comenzará en el momento de efectuarse el control en el puesto
fronterizo.
La resolución contendrá, entre otros contenidos, el siguiente:
a) La determinación expresa de la causa por la que se deniega la entrada.
b) La información al interesado de que el efecto que puede conllevar la denegación
de entrada es el regreso a su punto de origen.
c) La información al interesado de su derecho a la asistencia jurídica, así como a la
asistencia de intérprete, si no comprende o habla las lenguas oficiales que se
utilicen, a partir del momento en que se dicte el acuerdo de iniciación del
procedimiento. Ambas asistencias serán gratuitas en el caso de que el interesado
carezca de recursos económicos suficientes, de acuerdo con lo previsto en la
normativa reguladora del derecho de asistencia jurídica gratuita.
La información, que se proporcionará tan pronto se inicie el procedimiento
administrativo, hará expresa mención a la necesidad de solicitar nuevamente el
reconocimiento del derecho de asistencia jurídica gratuita para el ejercicio de éste
en caso de que se decidiera impugnar la resolución en vía jurisdiccional
contencioso-administrativa, de conformidad con el artículo 22.3 de la Ley Orgánica
4/2000, de 11 de enero.
Cuando existiesen acuerdos que regulen la readmisión de las personas en
situación irregular suscritos por España, los funcionarios responsables del control,
tras facilitar la información a la que se refiere el artículo 26.2 de la Ley Orgánica
4/2000, de 11 de enero, denegarán, en los términos previstos en los citados
acuerdos, la entrada de las personas a las que les sean de aplicación, siempre que
la denegación se produzca dentro del plazo previsto en los mismos.
Artículo 15. Denegación de entrada.
1. Los funcionarios responsables del control denegarán la entrada en el territorio
español a los extranjeros que no reúnan los requisitos establecidos en este
capítulo. Dicha denegación se realizará mediante resolución motivada y notificada,
con información acerca de los recursos que puedan interponerse contra ella, el
plazo para hacerlo y la autoridad ante la que deban formalizarse, así como de su
derecho a la asistencia letrada, que podrá ser de oficio en el caso de que el
interesado carezca de recursos económicos suficientes y, en su caso, de
2. La resolución de denegación de entrada conllevará los efectos previstos en el
artículo 60 de la Ley 4/2000 y será recurrible con arreglo a lo dispuesto en las
leyes. Si el extranjero no se hallase en España, podrá interponer los recursos que
correspondan, tanto en vía administrativa como jurisdiccional, a través de las
representaciones diplomáticas u oficinas consulares correspondientes, que los
remitirán al órgano competente.
15
A los efectos previstos en el apartado 3 del artículo 22 de la Ley Orgánica 4/2000,
de 11 de enero, el extranjero que se hallase privado de libertad, podrá manifestar
su voluntad de interponer recurso contencioso-administrativo o de ejercitar la
acción correspondiente contra la resolución que ponga fin a la vía administrativa,
ante el instructor del expediente o el funcionario del Centro de Internamiento de
Extranjeros o del puesto fronterizo bajo cuyo control se encuentre, que lo harán
constar en acta que se incorporará al expediente.
3. El regreso se ejecutará de forma inmediata y, en todo caso, dentro del plazo de
72 horas desde que se hubiese acordado. Si no pudiera ejecutarse dentro de dicho
plazo, la autoridad gubernativa o, por delegación de ésta, el responsable del puesto
fronterizo habilitado, se dirigirá al juez de instrucción para que determine el lugar
donde haya de ser internado el extranjero, hasta que llegue el momento del
regreso, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de
enero.
4. Al extranjero al que le sea denegada la entrada en el territorio nacional por los
funcionarios responsables del control, de conformidad con lo dispuesto en los
acuerdos internacionales suscritos por España, se le estampará en el pasaporte un
sello de entrada tachado con una cruz de tinta indeleble negra, y deberá
permanecer en las instalaciones destinadas al efecto en el puesto fronterizo hasta
que, con la mayor brevedad posible, retorne al lugar de procedencia o continúe
viaje hacia otro país donde sea admitido.
La permanencia del extranjero en estas instalaciones tendrá como única finalidad
garantizar, en su caso, su regreso al lugar de procedencia o la continuación de su
viaje hacia otro país donde sea admitido. La limitación de la libertad ambulatoria del
extranjero responderá exclusivamente a esta finalidad en su duración y ámbito de
extensión.
Las instalaciones estarán dotadas de servicios sociales, jurídicos, culturales y
sanitarios acordes con la cifra media de personas detenidas en éstas.
5. Durante el tiempo en que el extranjero permanezca detenido en las instalaciones
del puesto fronterizo o en el lugar en que se haya acordado su internamiento, todos
los gastos de mantenimiento que se ocasionen serán a cargo de la compañía o
transportista que lo hubiese transportado, siempre que no concurra el supuesto
previsto en el apartado 3 del artículo 54 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero,
y sin perjuicio de la sanción que pueda llegar a imponerse.
Igualmente, la compañía o transportista se hará cargo inmediatamente del
extranjero al que se le haya denegado la entrada y serán a cuenta de ella todos los
gastos que se deriven del transporte para su regreso al Estado a partir del cual
haya sido transportado, al que haya expedido el documento de viaje con el que ha
viajado el extranjero o a cualquier otro donde esté garantizada su admisión. Lo
anterior será de aplicación sin perjuicio de que el regreso pueda ser realizado por
la misma compañía o por otra empresa de transporte.
16
través de las representaciones diplomáticas o consulares correspondientes, las
cuales los remitirán al organismo competente.
Artículo 16. Obligaciones de los transportistas de control de documentos.
1. La persona o personas que designe la empresa de transportes deberán requerir
a los extranjeros que presenten sus pasaportes, títulos de viaje o documentos de
identidad pertinentes, así como, en su caso, visado, cuando embarquen fuera del
territorio de los países en los que esté en vigor el Convenio de aplicación del
Acuerdo de Schengen, de 14 de junio de 1985, con destino o en tránsito al territorio
español. El requerimiento tendrá por objeto comprobar la validez y vigencia de los
documentos.
2. Los transportistas de viajeros por vía terrestre deberán adoptar las medidas que
estimen oportunas para que se compruebe la documentación de todos los
extranjeros que embarquen fuera del territorio de los países en los que esté en
vigor el Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen, de 14 de junio de 1985.
Tales comprobaciones podrán realizarse en las instalaciones de la estación o
parada en la que se vaya a producir el embarque, a bordo del vehículo antes de
iniciarse la marcha o, una vez iniciada, siempre que sea posible el posterior
desembarque en una estación o parada situada fuera del territorio de los países en
los que esté en vigor el Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen.
Cuando se constate que un extranjero no dispone de la documentación necesaria,
no deberá ser admitido a bordo del vehículo y, si hubiera iniciado la marcha,
deberá abandonarlo en la parada o lugar adecuado más próximos en el sentido de
la marcha fuera del territorio de los países en los que esté en vigor el Convenio de
aplicación del Acuerdo de Schengen.
través de las representaciones diplomáticas o consulares correspondientes, las
cuales los remitirán al organismo competente.
Artículo 16. Obligaciones de los transportistas de control de documentos.
1. La persona o personas que designe la empresa de transportes deberán requerir
a los extranjeros que presenten sus pasaportes, títulos de viaje o documentos de
identidad pertinentes, así como, en su caso, visado, cuando embarquen fuera del
territorio de los países en los que esté en vigor el Convenio de aplicación del
Acuerdo de Schengen, de 14 de junio de 1985, con destino o en tránsito al territorio
español. El requerimiento tendrá por objeto comprobar la validez y vigencia de los
documentos.
2. Los transportistas de viajeros por vía terrestre deberán adoptar las medidas que
estimen oportunas para que se compruebe la documentación de todos los
extranjeros que embarquen fuera del territorio de los países en los que esté en
vigor el Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen, de 14 de junio de 1985.
Tales comprobaciones podrán realizarse en las instalaciones de la estación o
parada en la que se vaya a producir el embarque, a bordo del vehículo antes de
iniciarse la marcha o, una vez iniciada, siempre que sea posible el posterior
desembarque en una estación o parada situada fuera del territorio de los países en
los que esté en vigor el Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen.
Cuando se constate que un extranjero no dispone de la documentación necesaria,
no deberá ser admitido a bordo del vehículo y, si hubiera iniciado la marcha,
deberá abandonarlo en la parada o lugar adecuado más próximos en el sentido de
la marcha fuera del territorio de los países en los que esté en vigor el Convenio de
aplicación del Acuerdo de Schengen.
6. La detención de un extranjero a efectos de proceder al regreso a consecuencia
de la denegación de entrada será comunicada a la embajada o consulado de su
país. No obstante, en caso de que dicha comunicación no haya podido realizarse o
la embajada o consulado del país de origen del extranjero no radique en España, la
detención será comunicada al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
7. La resolución no agota la vía administrativa y será recurrible con arreglo a lo
dispuesto en las leyes. Si el extranjero no se hallase en España, podrá interponer
los recursos que correspondan, tanto administrativos como jurisdiccionales, a
En el caso de que el extranjero con documentación aparentemente deficiente
decidiese embarcar o no abandonar el vehículo, el conductor o el acompañante, al
llegar a la frontera exterior, deberán comunicar a los agentes encargados del
control las deficiencias detectadas a fin de que adopten la decisión que resulte
procedente.
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Artículo 17. Obligaciones de los transportistas de remisión de información.
1. En los términos establecidos en el artículo 66.1 y 2 de la Ley Orgánica 4/2000,
de 11 de enero, toda compañía, empresa de transporte o transportista deberá
remitir a las autoridades españolas encargadas del control de la entrada la
información sobre los pasajeros que vayan a ser trasladados, ya sea por vía aérea,
marítima o terrestre, con independencia de que el transporte sea en tránsito o
tenga como destino final al territorio español. Asimismo, las empresas de
transporte deberán suministrar la información comprensiva del número de billetes
de vuelta no utilizados por los pasajeros a los que previamente hubieran
transportado a España.
2. Por resolución conjunta del Ministerio de Trabajo e Inmigración y del Ministerio
del Interior, se determinarán las rutas procedentes de fuera del Espacio Schengen
respecto de las cuales sea necesario remitir a las autoridades españolas
encargadas del control de entrada, con la antelación suficiente, la información a la
que se refiere el artículo 66.1 y 2 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero. La
resolución indicará, entre otros aspectos, el plazo y la forma en la que dicha
información deba remitirse.
Artículo 18. Obligaciones de los transportistas en caso de denegación de
entrada.
1. Si se negara la entrada en el territorio español a un extranjero por deficiencias
en la documentación necesaria para el cruce de fronteras, el transportista que lo
hubiera traído a la frontera por vía aérea, marítima o terrestre estará obligado a
hacerse cargo de él inmediatamente. A petición de las autoridades encargadas del
control de entrada, deberá llevar al extranjero al tercer Estado a partir del cual le
hubiera transportado, al Estado que hubiese expedido el documento de viaje con el
que hubiera viajado, o a cualquier otro tercer Estado donde se garantice su
admisión, y un trato compatible con los derechos humanos. Esta misma obligación
deberá asumir el transportista que haya trasladado a un extranjero en tránsito
hasta una frontera del territorio español si el transportista que deba llevarlo a su
país de destino se negara a embarcarlo, o si las autoridades de este último país le
hubieran denegado la entrada y lo hubieran devuelto a la frontera española por la
que ha transitado.
En los supuestos de transporte aéreo, se entenderá por sujeto responsable del
transporte la compañía aérea o explotador u operador de la aeronave. La
responsabilidad será solidaria en el caso de que se utilice un régimen de código
compartido entre transportistas aéreos. En los casos en que se realicen viajes
sucesivos mediante escalas, el responsable será el transportista aéreo que efectúe
el último tramo de viaje hasta territorio español.
2. Las obligaciones de los transportistas en caso de denegación de entrada a las
que se refiere este artículo, así como las de control de documentos y remisión de
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información a las que se refieren los dos artículos anteriores, serán igualmente
aplicables a los supuestos de transporte aéreo o marítimo que se realice desde
Ceuta o Melilla hasta cualquier otro punto del territorio español.
CAPÍTULO III. Salidas: requisitos y prohibiciones
Artículo 19. Requisitos.
1. En ejercicio de su libertad de circulación, los extranjeros podrán efectuar
libremente su salida del territorio español, salvo en los casos previstos en el
artículo 28.3 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, en los que la salida será
obligatoria, y salvo en los supuestos previstos en el artículo 57.7 de dicha Ley
Orgánica, en los que la salida requiere autorización judicial. Excepcionalmente, la
salida podrá ser prohibida por el titular del Ministerio del Interior, de conformidad
con el artículo 28.2 de dicha Ley Orgánica.
2. Las salidas mediante autorización judicial podrán ser instadas por las
autoridades legalmente competentes, sin perjuicio del derecho de los extranjeros
afectados a instar la salida por sí mismos.
3. A los efectos previstos en el apartado anterior y salvo en los casos en que lo
impida el carácter secreto, total o parcial, del sumario, las unidades o servicios de
policía judicial informarán a la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil
y al Delegado o Subdelegado del Gobierno de aquellos supuestos en los que
hubiera extranjeros incursos en procesos penales por delitos cometidos en España.
Artículo 20. Documentación y plazos.
1. Todas las salidas voluntarias del territorio nacional deberán realizarse,
cualquiera que sea la frontera que se utilice para tal fin, por los puestos habilitados
y previa exhibición del pasaporte, título de viaje o documento válido para la entrada
en el país.
2. También podrán realizarse las salidas, con documentación defectuosa o incluso
sin ella, si no existiese prohibición ni impedimento alguno a juicio de los servicios
policiales de control.
3. Los extranjeros en tránsito que hayan entrado en España con pasaporte o con
cualquier otro documento al que se atribuyan análogos efectos habrán de
abandonar el territorio español con tal documentación, y deberán hacerlo dentro del
plazo para el que hubiese sido autorizado el tránsito, del establecido por los
acuerdos internacionales relevantes o del plazo de validez de la estancia fijada en
el visado.
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4. Los que se encuentren en situación de estancia o de prórroga de estancia
habrán de salir del territorio español dentro del tiempo de vigencia de dicha
situación. Su ulterior entrada y permanencia en España habrán de someterse a los
trámites establecidos.
5. Quienes disfruten de una autorización de residencia pueden salir y volver a
entrar en territorio español cuantas veces lo precisen, mientras la autorización y el
pasaporte o documento análogo se encuentren en vigor.
Artículo 21. Forma de efectuar la salida.
1. A su salida del territorio español, los extranjeros presentarán a los funcionarios
responsables del control en los puestos habilitados para ello la documentación
señalada para su obligada comprobación.
2. Si la documentación fuera hallada conforme y no existiese ninguna prohibición o
impedimento para la salida del titular o de los titulares, se estampará en el
pasaporte o título de viaje el sello de salida, salvo que las leyes internas o
acuerdos internacionales en que España sea parte prevean la no estampación.
Previa devolución de la documentación, quedará franco el paso al exterior del país.
3. Si la salida se hiciera con documentación defectuosa, sin documentación o con
documento de identidad en el que no se pueda estampar el sello de salida, el
extranjero cumplimentará, en los servicios policiales de control, el impreso previsto
para dejar constancia de la salida.
4. Las salidas de territorio español de los extranjeros a los que no les sea de
aplicación el régimen comunitario de extranjería podrán ser registradas por las
autoridades competentes en el Registro Central de Extranjeros, a los efectos de
control de su período de permanencia legal en España, de conformidad con la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter
personal.
El sistema de registro de salidas de España será regulado en la orden prevista en
el artículo 14.2 de este Reglamento.
Artículo 22. Prohibiciones de salida.
1. De conformidad con lo previsto en el artículo 28.2 de la Ley Orgánica 4/2000, de
11 de enero, el titular del Ministerio del Interior podrá acordar la prohibición de
salida de extranjeros del territorio nacional, en los casos siguientes:
a) Los de extranjeros incursos en un procedimiento judicial por la comisión de
delitos en España, salvo los supuestos del artículo 57.7 de la Ley Orgánica 4/2000,
de 11 de enero, cuando la autoridad judicial autorizase su salida o expulsión.
20
b) Los de extranjeros condenados por la comisión de delitos en España a pena de
privación de libertad y reclamados, cualquiera que fuera el grado de ejecución de la
condena, salvo los supuestos del artículo 57.7, de la Ley Orgánica 4/2000, de 11
de enero, y los de aplicación de convenios sobre cumplimiento de penas en el país
de origen de los que España sea parte.
c) Los de extranjeros reclamados y, en su caso, detenidos para extradición por los
respectivos países, hasta que se dicte la resolución procedente.
a) Los extranjeros que contravengan la prohibición de entrada en España.
d) Los supuestos de padecimiento de enfermedad contagiosa que, con arreglo a la
legislación española o a los convenios internacionales, impongan la inmovilización
o el internamiento obligatorio en establecimiento adecuado.
2. Las prohibiciones de salida se adoptarán con carácter individual por el titular del
Ministerio del Interior, según los casos, a iniciativa propia, a propuesta del
Secretario de Estado de Inmigración y Emigración, del Secretario de Estado de
Seguridad, del Delegado o Subdelegado del Gobierno, de las autoridades
sanitarias o a instancias de los ciudadanos españoles y de los extranjeros
residentes legales en España que pudieran resultar perjudicados, en sus derechos
y libertades, por la salida de los extranjeros del territorio español. Las prohibiciones
de salida deberán notificarse formalmente al interesado y deberán expresar los
recursos que procedan contra ellas, el órgano ante el que deberán presentarse y el
plazo para interponerlos.
Capítulo IV. Devolución y salidas obligatorias
Artículo 23. Devoluciones.
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 58.3 de la Ley Orgánica 4/2000,
de 11 de enero, no será necesario un expediente de expulsión para la devolución,
en virtud de resolución del Subdelegado del Gobierno, o del Delegado del Gobierno
en las Comunidades Autónomas uniprovinciales, de los extranjeros que se hallaran
en alguno de los siguientes supuestos:
A estos efectos, se considerará contravenida la prohibición de entrada en España
cuando así conste, independientemente de si fue adoptada por las autoridades
españolas o por las de alguno de los Estados con los que España tenga suscrito
convenio en ese sentido.
b) Los extranjeros que pretendan entrar irregularmente en el país. Se considerarán
incluidos, a estos efectos, a los extranjeros que sean interceptados en la frontera o
en sus inmediaciones.
2. En el supuesto del párrafo b) del apartado anterior, las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado encargadas de la custodia de costas y fronteras que hayan
21
interceptado a los extranjeros que pretenden entrar irregularmente en España los
conducirán con la mayor brevedad posible a la correspondiente comisaría del
Cuerpo Nacional de Policía, para que pueda procederse a su identificación y, en su
caso, a su devolución.
3. En cualquiera de los supuestos del apartado 1, el extranjero respecto del cual se
sigan trámites para adoptar una resolución de devolución tendrá derecho a la
asistencia jurídica, así como a la asistencia de intérprete, si no comprende o habla
las lenguas oficiales que se utilicen. Ambas asistencias serán gratuitas en el caso
de que el interesado carezca de recursos económicos suficientes, de acuerdo con
lo previsto en la normativa reguladora del derecho de asistencia jurídica gratuita.
4. Cuando la devolución no se pudiera ejecutar en el plazo de 72 horas, se
solicitará de la autoridad judicial la medida de internamiento prevista para los
expedientes de expulsión.
A los efectos previstos en el apartado 3 del artículo 22 de la Ley Orgánica 4/2000,
si durante la situación de privación de libertad el extranjero manifestase su voluntad
de interponer recurso contencioso-administrativo o ejercitar la acción
correspondiente contra la resolución de devolución una vez agotada la vía
administrativa, el instructor del expediente, el jefe de la Oficina de Extranjería o el
funcionario del Centro de Internamiento de Extranjeros bajo cuyo control se
encuentre, lo hará constar en acta que se incorporará al expediente.
5. La ejecución de la devolución conllevará el nuevo inicio del cómputo del plazo de
prohibición de entrada contravenida, cuando se hubiese adoptado en virtud de una
resolución de expulsión dictada por las autoridades españolas.
Asimismo, toda devolución acordada en aplicación del párrafo b) del artículo 58.3
de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, llevará consigo la prohibición de
entrada en territorio español por un plazo máximo de tres años.
6. Aun cuando se haya adoptado una resolución de devolución, ésta no podrá
llevarse a cabo y quedará en suspenso su ejecución cuando:
a) Se trate de mujeres embarazadas y la medida pueda suponer un riesgo para la
gestación o para la salud de la madre; o se trate de personas enfermas y la medida
pueda suponer un riesgo para su salud.
b) Se formalice una solicitud de protección internacional, hasta que se resuelva
sobre la solicitud o ésta no sea admitida conforme con lo dispuesto en el artículo
19.1 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la
protección subsidiaria.
La admisión a trámite de la solicitud de protección internacional llevará aparejada la
autorización de entrada y la permanencia provisional del solicitante.
22
7. El plazo de prescripción de la resolución de devolución será de cinco años si se
hubiera acordado en aplicación del apartado a) del artículo 58.3 de la Ley Orgánica
4/2000, de 11 de enero; y de dos años si se hubiera acordado en aplicación del
apartado b) del artículo 58.3 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero.
La prescripción de la resolución de devolución no empezará a contar hasta que
haya transcurrido el período de prohibición de entrada fijado en la resolución por la
que ésta se determine o, en su caso, hasta que transcurra el período de prohibición
de entrada que se haya reiniciado.
El plazo de prescripción de la resolución de devolución comenzará a contarse
desde el día siguiente a aquél en que adquiera firmeza la resolución por la que se
declare ésta. La prescripción se aplicará de oficio por los órganos competentes.
8. Cuando en el marco de un procedimiento relativo a autorizaciones de residencia
por circunstancias excepcionales, se comprobase que consta contra el solicitante
una resolución de devolución no ejecutada, ésta será revocada, siempre que del
análisis de la solicitud derive la procedencia de la concesión de la autorización de
residencia por circunstancias excepcionales.
En caso de que la autoridad competente para resolver sobre la solicitud de
autorización no fuera la misma que dictó la resolución de devolución a revocar,
instará de oficio su revocación a la autoridad competente para ello. En el escrito
por el que se inste la revocación se hará constar el tipo de autorización solicitada y
expresa mención a la procedencia de la concesión de la misma, por cumplimiento
de los requisitos exigibles para ello, salvo el relativo a la existencia de la resolución
de devolución no ejecutada.
Artículo 24. Salidas obligatorias.
1. En los supuestos de falta de autorización para encontrarse en España, en
especial por no cumplir o haber dejado de cumplir los requisitos de entrada o de
estancia, o en los de denegación administrativa de solicitudes de prórrogas de
estancia, de autorizaciones de residencia o de cualquier otro documento necesario
para la permanencia de extranjeros en territorio español, así como de las
renovaciones de las propias autorizaciones o documentos, la resolución
administrativa dictada al efecto contendrá la advertencia al interesado de la
obligatoriedad de su salida del país, sin perjuicio de que, igualmente, se materialice
dicha advertencia mediante diligencia en el pasaporte o documento análogo o en
documento aparte, si se encontrase en España amparado en documento de
identidad en el que no se pueda estampar dicha diligencia.
No contendrán orden de salida obligatoria las resoluciones de inadmisión a trámite
de solicitudes dictadas de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional
cuarta de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero.
23
2. La salida obligatoria habrá de realizarse dentro del plazo establecido en la
resolución denegatoria de la solicitud formulada, o, en su caso, en el plazo máximo
de quince días contado desde el momento en que se notifique la resolución
denegatoria, salvo que concurran circunstancias excepcionales y se justifique que
se cuenta con medios de vida suficientes; en tal caso, se podrá prorrogar el plazo
hasta un máximo de noventa días. Una vez transcurrido el plazo indicado sin que
se haya efectuado la salida, se aplicará lo previsto en este Reglamento para los
supuestos a que se refiere el artículo 53.1.a) de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de
enero.
3. Si los extranjeros a que se refiere este artículo realizasen efectivamente su
salida del territorio español conforme a lo dispuesto en los apartados anteriores, no
serán objeto de prohibición de entrada en el país y eventualmente podrán volver a
España, con arreglo a las normas que regulan el acceso al territorio español.
4. Se exceptúan del régimen de salidas obligatorias los casos de los solicitantes de
protección internacional que hayan visto rechazado el examen de su solicitud por
no corresponder a España su estudio a tenor de lo dispuesto en el Reglamento
(CE) No 343/2003 del Consejo, de 18 de febrero de 2003, por el que se establecen
los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del
examen de una solicitud de asilo presentada en uno de los Estados miembros por
un nacional de un tercer país. Una vez notificada la resolución de inadmisión a
trámite o de denegación, se deberá proceder a su traslado, escoltado por
funcionarios, al territorio del Estado responsable del examen de su solicitud de
asilo, sin necesidad de incoar expediente de expulsión, siempre y cuando dicho
traslado se produzca dentro de los plazos en los que el Estado responsable tiene la
obligación de proceder al examen de dicha solicitud, sin perjuicio de lo dispuesto
en el artículo 16.1.e) del citado Reglamento comunitario.
24
TÍTULO II. Tránsito aeroportuario.
Artículo 25. Definición.
Se encuentran en tránsito aeroportuario aquellos extranjeros habilitados para
permanecer en la zona de tránsito internacional de un aeropuerto español, sin
acceder al territorio nacional, durante las escalas o enlaces de vuelos.
Artículo 26. Exigencia y clases de visado de tránsito.
1. El régimen de exigencia de visado de tránsito aeroportuario será el establecido
transitar
zona de tránsito internacional
por el derecho de la Unión Europea.
2. El visado de tránsito aeroportuario podrá permitir una, dos o,
excepcionalmente, varias veces, y habilita al extranjero específicamente sometido
a esta exigencia a permanecer en la de un
aeropuerto español, sin acceder al territorio nacional, durante escalas o enlaces del
vuelo.
Artículo 27. Procedimiento.
1. El procedimiento y condiciones para la expedición del visado de tránsito
aeroportuario se regulará por lo establecido en el derecho de la Unión Europea.
2. En la tramitación del procedimiento, la misión diplomática u oficina consular
podrá requerir la comparecencia del solicitante y, cuando lo estime necesario,
mantener una entrevista personal para comprobar su identidad, la validez de su
documentación personal o de la documentación aportada, el motivo, el itinerario, la
duración del viaje, la prueba de su continuidad hasta el destino final, las garantías
de retorno al país de residencia o de procedencia, así como que no tiene intención
de entrar en el territorio de los Estados Schengen. En todo caso, si transcurridos 15
días desde el requerimiento el solicitante no comparece personalmente, se le
tendrá por desistido de su solicitud y se producirá el archivo del procedimiento.
3. Presentada en forma o subsanada la solicitud de visado y una vez instruido el
procedimiento, la misión diplomática u oficina consular ante la que se presente la
solicitud resolverá y expedirá, en su caso, el visado.
4. En el supuesto de resolución denegatoria por incumplimiento de algunos de los
requisitos de tránsito aeroportuario, incluido el de figurar como persona no
admisible, ésta se notificará mediante el impreso normalizado previsto por la
normativa de la Unión Europea y expresará el recurso que contra ella proceda, así
como el órgano ante el que hubiese de plantearse y el plazo de interposición.
25
5. En el supuesto de concesión del visado, el extranjero deberá recogerlo en el
plazo de un mes desde su notificación, personalmente o mediante representante
debidamente acreditado. De no efectuarse la recogida en el plazo mencionado, se
entenderá que el interesado ha renunciado al visado concedido y se producirá el
archivo del expediente.
26
TÍTULO III. LA ESTANCIA EN ESPAÑA
CAPÍTULO I. Estancia de corta duración
Artículo 28. Definición.
1. Se halla en situación de estancia de corta duración el extranjero que no sea
titular de una autorización de residencia y se encuentre autorizado para
permanecer en España por un período ininterrumpido o suma de períodos
sucesivos cuya duración total no exceda de noventa días por semestre a partir de
la fecha de la primera entrada, sin perjuicio de lo dispuesto en el Capítulo II de este
Título para la admisión a efectos de estudios, intercambio de alumnos, prácticas no
laborales o servicios de voluntariado.
Si se trata de una estancia con fines de tránsito, la duración de la estancia
autorizada corresponderá al tiempo necesario para efectuar el tránsito.
2. El régimen de exigencia de visado de estancia será el establecido por el derecho
de la Unión Europea o, para los titulares de pasaportes diplomáticos, oficiales o de
servicio, el que dispongan los acuerdos internacionales suscritos por España.
3. En los supuestos en que la situación de estancia exija visado, ésta deberá
realizarse dentro de su período de validez.
Sección 1ª. Requisitos y procedimiento
Artículo 29. Visados de estancia de corta duración. Clases.
Los visados de estancia de corta duración pueden ser:
a) Visado uniforme: válido para el tránsito por el Espacio Schengen durante un
periodo no superior al tiempo necesario para realizar dicho tránsito o para la
estancia en dicho Espacio Schengen hasta un máximo de tres meses por
semestre. Podrá permitir uno, dos o múltiples tránsitos o estancias cuya duración
total no podrá exceder de tres meses por semestre.
Únicamente en los supuestos previstos en el artículo 39 de la Ley Orgánica 4/2000,
de 11 de enero, el visado de estancia autorizará al titular para buscar empleo y
solicitar la autorización de residencia y trabajo en España durante su vigencia en
los términos y condiciones establecidos en este Reglamento, que el Gobierno
completará mediante acuerdo al respecto.
b) Visado de validez territorial limitada: valido para el tránsito o la estancia en el
territorio de uno o más de los Estados que integran el Espacio Schengen, pero no
para todos ellos. La duración total del tránsito o de la estancia no podrá exceder de
tres meses por semestre.
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Artículo 30. Solicitud de visado de estancia de corta duración.
1. El procedimiento y condiciones para la expedición de visados uniformes y de
validez territorial limitada se regulan por lo establecido en el derecho de la Unión
Europea.
2. En la tramitación del procedimiento, la misión diplomática u oficina consular
Artículo 31. Visados expedidos en las fronteras exteriores.
1. En supuestos excepcionales debidamente acreditados o por encomienda del
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, los responsables de los
servicios policiales del Ministerio del Interior a cargo del control de entrada de
personas en territorio español podrán expedir en frontera visados uniformes o de
validez territorial limitada.
podrá requerir la comparecencia del solicitante y, cuando lo estime necesario,
mantener una entrevista personal para comprobar la identidad del solicitante, la
validez de su documentación personal o de la documentación aportada, la
regularidad de la estancia o residencia en el país de solicitud, el motivo, itinerario,
duración del viaje y las garantías de que el solicitante tiene intención de abandonar
el territorio de los Estados miembros antes de la expiración del visado solicitado.
En todo caso, si transcurridos quince días desde el requerimiento el solicitante no
comparece personalmente, se le tendrá por desistido de su solicitud y se producirá
el archivo del procedimiento.
3. Presentada en forma o subsanada la solicitud de visado y una vez instruido el
procedimiento, la misión diplomática u oficina consular ante la que se presente la
solicitud resolverá y expedirá, en su caso, el visado.
4. En el supuesto de resolución denegatoria por incumplimiento de algunos de los
requisitos, ésta se notificará mediante el impreso normalizado previsto por la
normativa de la Unión Europea y expresará el recurso que contra ella proceda, el
órgano ante el que hubiese de plantearse y el plazo para la interposición.
5. En el supuesto de concesión del visado, el extranjero deberá recogerlo en el
plazo de un mes desde su notificación, personalmente o mediante representante
debidamente acreditado. De no efectuarse la recogida en el plazo mencionado, se
entenderá que el interesado ha renunciado al visado concedido y se producirá el
archivo del expediente.
2. Asimismo se podrá expedir un visado uniforme o de validez territorial limitada
con fines de tránsito al marino que pretenda embarcar o desembarcar en un buque
en el que vaya a trabajar o haya trabajo como marino.
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3. Los visados mencionados en los dos apartados anteriores se tramitarán según lo
establecido en el derecho de la Unión Europea.
Sección 2ª. Prórroga y extinción de la estancia de corta duración.
Artículo 32. Prórroga de estancia sin visado. Procedimiento.
la presentación de la solicitud o en el momento de la tramitación en que a tal efecto
fuera requerido por el órgano competente.
4. La prórroga de estancia podrá ser concedida por los Subdelegados del
Gobierno, por los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas
uniprovinciales, y por el Comisario General de Extranjería y Fronteras de la
1. El extranjero que haya entrado en España para fines que no sean de trabajo o
residencia, salvo en los casos de ser titular de un visado para búsqueda de
empleo, y se encuentre en el período de estancia que señala el artículo 30 de la
Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, podrá solicitar una prórroga de estancia de
corta duración, con el límite temporal previsto en dicho artículo.
2. La solicitud se formalizará en los modelos oficiales, determinados por la
Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, y a ella se acompañarán los
siguientes documentos:
a) Pasaporte ordinario o documento de viaje, con vigencia superior a la de la
prórroga de estancia que se solicite, que se anotará en el expediente y se
devolverá al interesado.
b) Acreditación de las razones alegadas para la solicitud, que deberán ser
excepcionales, en el supuesto de nacionales de Estados a los que no se exige
visado para su entrada en España.
c) Prueba suficiente de que dispone de medios de vida adecuados para el tiempo
de prórroga que solicita, en los términos que establece el título I.
d) Un seguro de viaje con la misma cobertura que el necesario para la solicitud del
visado de estancia de corta duración, y con una vigencia igual o superior a la
prórroga solicitada.
e) Las garantías de retorno al país de procedencia o, en su caso, de admisión en el
Estado tercero de destino, con anterioridad a la fecha de finalización de la prórroga
que se solicita. Podrá servir como medio para acreditar dicha circunstancia la
aportación de un billete adquirido a nombre del solicitante con fecha de retorno
cerrada anterior a la finalización del período de prórroga de estancia solicitada.
3. El solicitante deberá identificarse personalmente ante la Oficina de Extranjería,
jefatura superior o comisaría de policía de la localidad donde se encuentre, al hacer
29
Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, previo informe de la jefatura
superior o comisaría de policía, si concurren las siguientes circunstancias:
a) Que la documentación se adapte a lo preceptuado en este artículo.
b) Que el solicitante no esté incurso en ninguna de las causas:
1ª De prohibición de entrada determinadas en el título I, porque no se hubieran
conocido en el momento de su entrada o porque hubieran acontecido durante su
estancia en España.
2ª De expulsión o devolución.
5. La prórroga de estancia se hará constar en el pasaporte o título de viaje, o en
documento aparte si el interesado hubiera entrado en España con otro tipo de
documentación, y amparará a su titular y a los familiares que, en su caso, figuren
en dichos documentos y se encuentren en España.
6. Las resoluciones denegatorias sobre la prórroga de estancia habrán de ser
motivadas y deberán notificarse formalmente al interesado, con las garantías de
recurso previstas legalmente, y dispondrán su salida del mismo del territorio
nacional, que deberá realizarse antes de que finalice el período de estancia inicial
o, de haber transcurrido éste, en el plazo fijado en la resolución denegatoria, que
no podrá ser superior a setenta y dos horas, en la forma regulada en este
Reglamento. El plazo de salida se hará constar, conforme a lo dispuesto en este
Reglamento, en el pasaporte o título de viaje o en el impreso correspondiente
previsto para dejar constancia de la salida del territorio nacional.
Artículo 33. Extinción de la prórroga de estancia.
La vigencia de la prórroga de estancia se extinguirá por las siguientes causas:
a) El transcurso del plazo para el que hubiera sido concedida.
b) Hallarse el extranjero incurso en alguna de las causas de prohibición de entrada
previstas en el título I.
Artículo 34. Prórroga del visado de estancia de corta duración.
1. La prórroga de un visado expedido o de la duración de la estancia autorizada se
llevará a cabo según lo establecido en el derecho de la Unión Europea.
2. Será competente para la tramitación del procedimiento de prórroga del visado la
Oficina de Extranjería de la provincia donde vaya a permanecer el extranjero. La
prórroga concedida se plasmará en una etiqueta de visado que se expedirá en las
30
Artículo 35. Anulación y retirada del visado de estancia de corta duración.
1. La anulación y retirada del visado uniforme o de validez territorial limitada se
llevará a cabo según lo establecido en la normativa de la Unión europea.
2. La competencia para la anulación y retirada del visado de estancia de corta
duración corresponderá a los Subdelegados del Gobierno, o a los Delegados del
Gobierno en las Comunidades Autónomas uniprovinciales.
Tramitado el correspondiente procedimiento por la Oficina de Extranjería de la
Delegación o Subdelegación del Gobierno competente, dicha unidad notificará la
resolución al interesado en el impreso normalizado establecido por la normativa de
la Unión Europea, expresando el recurso que contra ella proceda, el órgano ante el
que hubiese de plantearse y el plazo para su interposición.
Sección 3ª. Supuestos excepcionales de estancia de corta duración.
Artículo 36. Estancia en supuestos de entrada o documentación irregulares.
Excepcionalmente, y siempre que existan motivos humanitarios, de interés público
u obligaciones internacionales, el titular del Ministerio del Interior o el titular del
Ministerio de Trabajo e Inmigración podrán autorizar la estancia en territorio
español, por un máximo de tres meses en un período de seis, a los extranjeros que
hubieran entrado en él con documentación defectuosa o incluso sin ella o por
lugares no habilitados al efecto.
Artículo 35. Anulación y retirada del visado de estancia de corta duración.
1. La anulación y retirada del visado uniforme o de validez territorial limitada se
llevará a cabo según lo establecido en la normativa de la Unión europea.
2. La competencia para la anulación y retirada del visado de estancia de corta
duración corresponderá a los Subdelegados del Gobierno, o a los Delegados del
Gobierno en las Comunidades Autónomas uniprovinciales.
Tramitado el correspondiente procedimiento por la Oficina de Extranjería de la
Delegación o Subdelegación del Gobierno competente, dicha unidad notificará la
resolución al interesado en el impreso normalizado establecido por la normativa de
la Unión Europea, expresando el recurso que contra ella proceda, el órgano ante el
que hubiese de plantearse y el plazo para su interposición.
Sección 3ª. Supuestos excepcionales de estancia de corta duración.
Artículo 36. Estancia en supuestos de entrada o documentación irregulares.
Excepcionalmente, y siempre que existan motivos humanitarios, de interés público
u obligaciones internacionales, el titular del Ministerio del Interior o el titular del
Ministerio de Trabajo e Inmigración podrán autorizar la estancia en territorio
español, por un máximo de tres meses en un período de seis, a los extranjeros que
hubieran entrado en él con documentación defectuosa o incluso sin ella o por
lugares no habilitados al efecto.
unidades policiales que determine la Dirección General de la Policía y de la
Guardia Civil.
3. La Dirección General de Asuntos Consulares y Migratorios será competente para
prorrogar los visados de estancia de corta duración expedidos a los titulares de
pasaportes diplomáticos, oficiales o de servicio por razones de cortesía
internacional.
CAPÍTULO II. Autorización de estancia por estudios, intercambio de alumnos,
prácticas no laborales o servicios de voluntariado
Artículo 37. Definición.
1. Será titular de una autorización de estancia el extranjero que haya sido
habilitado a permanecer en España por un periodo superior a noventa días con el
fin único o principal de llevar a cabo alguna de las siguientes actividades de
carácter no laboral:
31
d) Realización de prácticas no laborales en un organismo o entidad pública o
privada.
e) Prestación de un servicio de voluntariado dentro de un programa que persiga
objetivos de interés general.
2. El visado de estudios incorporada la autorización de estancia y habilitará al
extranjero a permanecer en España en situación de estancia para la realización de
la actividad respecto a la que se haya concedido.
3. La duración de la estancia será igual a la de la actividad respecto a la que se
concedió la autorización, con el límite máximo de un año.
Artículo 38. Requisitos para obtener el visado.
Son requisitos para la obtención del visado de estudios:
1. Con carácter general y para todos los supuestos previstos en el apartado
anterior:
a) Requisitos a valorar por la Misión diplomática u Oficina consular:
1º. Si el extranjero fuera menor de edad, y cuando no venga acompañado de sus
padres o tutores y no se encuentre bajo el supuesto del artículo 186, estar
autorizado por éstos para el desplazamiento a España a efectos de realizar la
actividad de que se trate, con constancia del centro, organización, entidad y
organismo responsable de la actividad y del periodo de estancia previsto.
d) Realización de prácticas no laborales en un organismo o entidad pública o
privada.
e) Prestación de un servicio de voluntariado dentro de un programa que persiga
objetivos de interés general.
2. El visado de estudios incorporada la autorización de estancia y habilitará al
extranjero a permanecer en España en situación de estancia para la realización de
la actividad respecto a la que se haya concedido.
3. La duración de la estancia será igual a la de la actividad respecto a la que se
concedió la autorización, con el límite máximo de un año.
Artículo 38. Requisitos para obtener el visado.
Son requisitos para la obtención del visado de estudios:
1. Con carácter general y para todos los supuestos previstos en el apartado
anterior:
a) Requisitos a valorar por la Misión diplomática u Oficina consular:
1º. Si el extranjero fuera menor de edad, y cuando no venga acompañado de sus
padres o tutores y no se encuentre bajo el supuesto del artículo 186, estar
autorizado por éstos para el desplazamiento a España a efectos de realizar la
actividad de que se trate, con constancia del centro, organización, entidad y
organismo responsable de la actividad y del periodo de estancia previsto.
a) Realización o ampliación de estudios en un centro de enseñanza reconocido
oficialmente en España, en un programa a tiempo completo, que conduzca a la
obtención de un título.
b) Realización de actividades de investigación o formación.
c) Participación en un programa de intercambio de alumnos, para seguir un
programa de enseñanza secundaria en un centro docente o científico oficialmente
reconocido.
2º. Tener garantizados los medios económicos necesarios para sufragar los gastos
de estancia y regreso a su país, y, en su caso, los de sus familiares, de acuerdo
con las siguientes cuantías:
Para su sostenimiento, una cantidad que represente mensualmente el 100% del
IPREM, salvo que se acredite debidamente tener abonado de antemano el
alojamiento por todo el tiempo que haya de durar la estancia.
32
Para el sostenimiento de los familiares que estén a su cargo, durante su estancia
en España: una cantidad que represente mensualmente el 75% del IPREM, para el
primer familiar, y el 50% del IPREM para cada una de las restantes personas que
vayan a integrar la unidad familiar en España, salvo que se acredite debidamente
tener abonado de antemano el alojamiento por todo el tiempo que haya de durar la
estancia.
No se computarán, a los efectos de garantizar ese sostenimiento, las cuantías
utilizadas o a utilizar para sufragar, en su caso, el coste de los estudios, del
programa de intercambio o de las prácticas no laborales.
3º. Haber abonado la tasa por tramitación del procedimiento.
4º. Contar con un seguro, público o privado, de enfermedad que cubra los riesgos
normalmente asegurados a los ciudadanos españoles
5º. Cuando la duración de la estancia supere los seis meses, se requerirá, además:
No padecer ninguna de las enfermedades que pueden tener repercusiones de
salud pública graves de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Sanitario
Internacional de 2005.
Cuando se trate de solicitantes mayores de edad penal, carecer de antecedentes
penales en sus países anteriores de residencia durante los últimos cinco años, por
delitos previstos en el ordenamiento español.
b) Requisito a valorar por la Oficina de Extranjería: cuando se trate de solicitantes
mayores de edad penal y para estancias superiores a seis meses, que carecen de
antecedentes penales en España, durante los últimos cinco años
2. Además de los requisitos de carácter general establecidos en el apartado
anterior, será necesario cumplir, para cada uno de los supuestos de estancia
previstos, los siguientes requisitos específicos, a valorar por la Oficina de
Extranjería:
a) Realización o ampliación de estudios: haber sido admitido en un centro de
enseñanza reconocido en España, para la realización de un programa a tiempo
completo, que conduzca a la obtención de un título.
b) Realización de actividades de investigación o formación: haber sido admitido en
un centro docente reconocido en España para la realización de dichas actividades.
c) Participación en un programa de intercambio de alumnos, para seguir un
programa de enseñanza secundaria en un centro docente o científico oficialmente
reconocido:
1º. Haber sido admitido en un centro de enseñanza secundaria o científico
oficialmente reconocido.
33
2º. Haber sido admitido como participante en un programa de intercambio de
alumnos, llevado a cabo por una organización oficialmente reconocida para ello.
3º. Que la organización de intercambio de alumnos se haga responsable del
alumno durante su estancia, en particular en cuanto al coste de sus estudios, así
como los gastos de estancia y regreso a su país.
4º. Ser acogido por una familia o institución durante su estancia, en las condiciones
normativamente establecidas, y que habrá sido seleccionada por la organización
responsable del programa de intercambio de alumnos en que participa.
d) Realización de prácticas no laborales, en el marco de un convenio firmado con
un organismo o entidad pública o privada: haber sido admitido para la realización
de prácticas no remuneradas, en base a la firma de un convenio, en una empresa
pública o privada o en un centro de formación profesional reconocido oficialmente.
e) Prestación de un servicio de voluntariado:
1º. Presentar un convenio firmado con la organización encargada del programa de
voluntariado, que incluya una descripción de las actividades y de las condiciones
para realizarlas, del horario a cumplir, así como de los recursos disponibles para
cubrir su viaje, manutención y alojamiento durante su estancia.
2º. Que la organización haya suscrito un seguro de responsabilidad por sus
actividades.
Artículo 39. Procedimiento.
1. La solicitud deberá presentarse personalmente, en modelo oficial, en la misión
diplomática u oficina consular española en cuya demarcación resida el extranjero.
2. A la solicitud se acompañarán los siguientes documentos:
a) Pasaporte en vigor o título de viaje, reconocido como válido en España, con una
vigencia mínima del periodo para el que se solicita la estancia.
b) La documentación que acredite el cumplimiento de todos los requisitos previstos
en el artículo anterior, en función del supuesto concreto en que se fundamente la
solicitud.
Sin perjuicio de ello, la inexistencia de antecedentes penales en España será
comprobada de oficio por la Administración.
3. La oficina consular requerirá, por medios telemáticos, resolución de la
Delegación o Subdelegación del Gobierno competente sobre la autorización de
estancia.
34
Con carácter previo a dictar resolución sobre la autorización de estancia, la
Delegación o Subdelegación del Gobierno requerirá informe policial, cuyo
contenido valorará en el marco de su decisión.
Será competente la Delegación o Subdelegación del Gobierno en la provincia en la
que vaya a iniciarse la actividad.
El plazo máximo para resolver sobre la autorización será de siete días desde la
recepción de la solicitud, transcurridos los cuales sin haber obtenido respuesta se
4. Si la resolución sobre la autorización de estancia es desfavorable, la misión
diplomática u oficina consular notificará al interesado el sentido de la resolución,
informándole por escrito en el mismo documento de los recursos administrativos y
judiciales que procedan contra la misma, las autoridades ante los que deban
interponerse y los plazos previstos para ello. Igualmente, la misión diplomática u
oficina consular resolverá el archivo del procedimiento relativo al visado.
5. Concedida, en su caso, la autorización de estancia, la misión diplomática u
oficina consular resolverá y expedirá, en su caso, el visado. La duración del visado
será igual al periodo de estancia autorizado, salvo en los supuestos en los que
proceda la emisión de Tarjeta de Identidad de Extranjero.
El visado será denegado:
a) En su caso, cuando consten antecedentes penales del solicitante en sus países
anteriores de residencia durante los últimos cinco años por delitos previstos en el
ordenamiento español.
b) Cuando, para fundamentar la petición, se hayan presentado documentos falsos
o formulado alegaciones inexactas, y medie mala fe.
c) Cuando concurra una causa prevista legalmente de inadmisión a trámite que no
hubiera sido apreciada en el momento de la recepción de la solicitud.
6. En el supuesto de concesión del visado, el extranjero deberá recogerlo en el
plazo de dos
entenderá que su sentido es favorable.
meses desde su notificación. De no efectuarse en el plazo
mencionado la recogida, se entenderá que el interesado ha renunciado al visado
concedido y se producirá el archivo del procedimiento.
7. Si la estancia tuviera una duración superior a seis meses, el extranjero deberá
solicitar la correspondiente Tarjeta de Identidad de Extranjero en el plazo de un
mes desde la entrada efectiva en España.
35
Artículo 40. Prorroga.
1. La autorización de estancia podrá prorrogarse anualmente cuando el interesado
acredite que sigue reuniendo los requisitos previstos en el artículo 38, tanto de
carácter general como específicos respecto a la actividad para cuya realización fue
autorizado a permanecer en España.
En su caso, habrá de acreditar igualmente que ha superado las pruebas o
requisitos pertinentes para la continuidad de sus estudios o que la investigación
desarrollada por el extranjero progresa. Este requisito podrá acreditarse a través de
la realización de estudios o investigaciones en el territorio de otro Estado miembro
de la Unión Europea, en el marco de programas temporales promovidos por la
propia Unión.
2. La prórroga deberá solicitarse, en modelo oficial, durante los 60 días naturales
previos a la fecha de expiración de la vigencia de su autorización. La presentación
de la solicitud en este plazo prorrogará la validez de la autorización anterior hasta
la resolución del procedimiento. También se prorrogará hasta la resolución del
procedimiento en el supuesto en que la solicitud se presentase dentro de los 90
días naturales posteriores a la fecha en que hubiera finalizado la vigencia de la
anterior autorización, sin perjuicio de la incoación del correspondiente
procedimiento sancionador por la infracción en la que se hubiese incurrido.
La solicitud podrá presentarse de acuerdo con lo previsto en el artículo 38.4 de la
ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Artículo 41. Familiares del titular de una autorización de estancia.
1. Los familiares de extranjeros que hayan solicitado un visado de estudios o se
encuentren en España de acuerdo con lo regulado en este capítulo, podrán solicitar
los correspondientes visados de estancia para entrar y permanecer legalmente en
España durante la vigencia de su estancia, sin que se exija un período previo de
estancia al extranjero titular del visado de estudios.
2. El término familiar se entenderá referido, a estos efectos, al cónyuge, pareja de
hecho, e hijos menores de dieciocho años o que no sean objetivamente capaces
de proveer a sus propias necesidades debido a su estado de salud.
Los requisitos a acreditar para la concesión del visado a favor del familiar serán los
siguientes:
1º. Que el extranjero se encuentre en situación de estancia en vigor de acuerdo
con lo previsto en este Capítulo.
2º. Que dicho extranjero cuente con medios de vida suficiente para el
sostenimiento de la unidad familiar.
36
3º. Que se acredite el vínculo de parentesco entre ambos.
3. Los familiares dotados del visado referido podrán permanecer legalmente en
territorio español durante el mismo período y con idéntica situación que el titular de
la autorización principal. Su permanencia estará en todo caso vinculada a la
situación de estancia del titular de la autorización principal.
Si su estancia fuera superior a seis meses, deberán solicitar la correspondiente
tarjeta de identidad extranjero en el plazo de un mes desde su entrada en España.
4. Los familiares no podrán obtener la autorización para la realización de
actividades lucrativas a la que se refiere el artículo siguiente.
Artículo 42. Trabajo de titulares de una autorización de estancia.
1. Los extranjeros que dispongan de la correspondiente autorización de estancia
por estudios, investigación o formación, prácticas no laborales o servicios de
voluntariado podrán ser autorizados a realizar actividades laborales en instituciones
públicas o entidades privadas cuando el empleador como sujeto legitimado
presente la solicitud de autorización de trabajo y los requisitos previstos en el
artículo 64, excepto el apartado 2.b) y el apartado 3.a).
Asimismo, podrán ser autorizados a realizar actividades por cuenta propia, siempre
y cuando se cumplan los requisitos previstos en el artículo 103, excepto el apartado
2.b) y 3 e).
Dichas actividades deberán ser compatibles con la realización de aquéllas para las
que, con carácter principal, se concedió la autorización de estancia. Los ingresos
obtenidos no podrán tener el carácter de recurso necesario para su sustento o
estancia, ni serán considerados en el marco del procedimiento de prórroga de
estancia.
En su caso, no será preciso solicitar autorización para aquellas prácticas no
laborales en entidades públicas o privadas que formen parte del plan de estudios
para el que se otorgó la autorización de estancia y que se produzcan en el marco
de los correspondientes convenios de colaboración entre dichas entidades y el
centro docente o científico de que se trate.
2. Los contratos deberán formalizarse por escrito y se ajustarán a la modalidad de
contrato de trabajo a tiempo parcial. En el supuesto de ser a jornada completa, o
en caso de actividades por cuenta propia a jornada completa, su duración no podrá
superar los tres meses ni coincidir con los periodos en que se realicen los estudios,
la investigación, las prácticas no laborales o el servicio de voluntariado.
3. La autorización que se conceda no tendrá limitaciones geográficas, salvo que la
actividad lucrativa coincida con períodos en que se realicen los estudios, la
investigación, las prácticas no laborales, o el servicio de voluntariado.
37
No tendrá tampoco limitaciones geográficas la autorización cuando, pese a su
coincidencia con el periodo de realización de la actividad principal, se acredite que
la forma de organización de la actividad laboral permitirá su compatibilidad con la
consecución de aquélla por no requerir desplazamientos continuos.
La limitación del ámbito geográfico de la autorización para trabajar, de ser
establecida, coincidirá con carácter general con el ámbito territorial de estancia de
su titular.
la
Podrá excepcionarse la coincidencia de ámbito geográfico de las autorizaciones
siempre que la localización del centro de trabajo o del centro en que se desarrolle
continuos
competencia
la autorización de estancia.
sanitario.
Los extranjeros que
actividad por cuenta propia no implique desplazamientos que
supongan la ruptura del requisito de compatibilidad con la finalidad principal para la
que se concedió la autorización de estancia.
Cuando la relación laboral se inicie y desarrolle en el ámbito territorial de una sola
Comunidad Autónoma y ésta haya asumido la ejecutiva de
tramitación y resolución de las autorizaciones iniciales de trabajo por cuenta propia
y ajena corresponderá a los órganos competentes de la Comunidad Autónoma la
admisión, tramitación, resolución de solicitudes y, eventualmente, de los recursos
administrativos.
4. La vigencia de la autorización para trabajar coincidirá con la duración del
contrato de trabajo o, en su caso, con la proyectada para la actividad por cuenta
propia. Dicha vigencia no podrá ser en ningún caso superior a la de la duración de
la autorización de estancia. La pérdida de vigencia de la autorización de estancia
será causa de extinción de la autorización para trabajar.
Las autorizaciones para trabajar se prorrogarán si subsisten las circunstancias que
motivaron la concesión anterior, siempre y cuando se haya obtenido la prórroga de
Artículo 43. Régimen especial de los estudios de especialización en el ámbito
ostenten un título español de licenciado o graduado en
medicina, farmacia, enfermería u otros títulos universitarios que habiliten para
participar en las convocatorias anuales de pruebas selectivas para el acceso a
plazas de formación sanitaria especializada, podrán realizar, si obtienen plaza, las
actividades laborales derivadas de lo previsto en el Real Decreto 1146/2006, de 6
de octubre, por el que se regula la relación laboral especial de residencia para la
formación de especialistas en Ciencias de la Salud, sin que sea necesario que
dispongan de la correspondiente autorización de trabajo.
Lo previsto en el párrafo anterior se entenderá sin perjuicio de la necesidad de
comunicación de esta circunstancia a la Oficina de Extranjería competente.
38
Igual posibilidad se establece en relación con los extranjeros que ostenten un título
extranjero debidamente reconocido u homologado a los previstos en el párrafo
anterior, así como los requisitos mencionados.
La Oficina Consular de su lugar de residencia podrá expedir el visado de estudios
tras la verificación de que han sido adjudicatarios de plaza en los estudios de
especialización mencionados en el párrafo anterior.
Artículo 44. Movilidad dentro de la Unión Europea.
1. para la realización
no siendo exigible la
de enseñanza,
otro Estado miembro de la Unión Europea.
artículo 38, apartados 1 y 2.a).
el plazo máximo de un mes.
Todo estudiante extranjero que haya sido admitido o
ampliación de estudios en otro Estado miembro de la Unión Europea podrá solicitar
cursar o completar parte de sus estudios en España,
obtención de visado.
El estudiante extranjero podrá ser acompañado por los miembros de su familia en
los términos establecidos en el artículo 41 de este Reglamento.
2. La solicitud podrá ser presentada en cualquier momento anterior a la entrada en
territorio español y, a más tardar, en el plazo de un mes desde que se efectúe la
misma.
Se presentará, dirigida a la Oficina de Extranjería correspondiente a la provincia en
que esté situado el centro ante la oficina consular española
correspondiente al lugar previo de residencia en la Unión Europea o ante la propia
Oficina de Extranjería.
3. A la solicitud se acompañará la siguiente documentación.
a) Documentación acreditativa de su condición de admitido como estudiante en
b) Documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos establecidos en el
4. La Oficina de Extranjería resolverá sobre la solicitud y notificará la resolución en
5. Concedida, en su caso, la autorización, el extranjero deberá entrar en España en
el plazo máximo de tres meses desde la notificación de la resolución, de no
encontrarse ya en territorio español.
6. En caso de autorizaciones de estancia de duración superior a seis meses, el
extranjero habrá de solicitar personalmente la tarjeta de identidad de extranjero,
ante la Oficina de Extranjería correspondiente, en el plazo de un mes desde la
notificación de la resolución o, en su caso, de la entrada en España.
39
TÍTULO IV. RESIDENCIA TEMPORAL
Artículo 45. Definición y supuestos de residencia temporal.
1. Se halla en la situación de residencia temporal el extranjero que se encuentre
autorizado a permanecer en España, por un período superior a noventa días e
inferior a cinco años, sin perjuicio de lo establecido en materia de estancia por
estudios, intercambio de alumnos, prácticas no laborales o servicios de
voluntariado.
2. Los extranjeros en situación de residencia temporal serán titulares de uno de los
siguientes tipos de autorización:
a) Autorización de residencia temporal no lucrativa.
b) Autorización de residencia temporal por reagrupación familiar.
c) Autorización de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena.
d) Autorización de residencia temporal y trabajo para investigación.
e) Autorización de residencia temporal y trabajo de profesionales altamente
cualificados.
f) Autorización de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena de duración
determinada.
g) Autorización de residencia temporal y trabajo por cuenta propia.
h) Autorización de residencia temporal y trabajo en el marco de prestaciones
transnacionales de servicios.
i) Autorización de residencia temporal con excepción de la autorización de trabajo.
CAPÍTULO I. Residencia temporal no lucrativa
Artículo 46. Requisitos.
Para la concesión de una autorización inicial de residencia temporal sin realizar
actividades laborales o profesionales, así como del correspondiente visado, el
extranjero solicitante deberá cumplir los siguientes requisitos:
a) No encontrarse irregularmente en territorio español.
b) En el caso de que el solicitante sea mayor de edad penal, carecer de
antecedentes penales en España y en los países anteriores donde haya
40
residido durante los últimos cinco años, por delitos previstos en el ordenamiento
español.
c) No figurar como rechazable en el espacio territorial de países con los que
España tenga firmado un convenio en tal sentido.
d) Contar con medios de vida suficientes para atender sus gastos de manutención
y estancia, incluyendo, en su caso, los de su familia, durante el período de
tiempo por el que se desee residir en España, y sin necesidad de desarrollar
ninguna actividad laboral o profesional, de conformidad con lo dispuesto en esta
sección.
e) Contar con un seguro, público o privado, de enfermedad, que cubra los riesgos
normalmente asegurados a los ciudadanos españoles.
f) No encontrarse, en su caso, dentro del plazo de compromiso de no retorno a
España que el extranjero haya asumido al retornar voluntariamente a su país de
origen.
g) No padecer ninguna de las enfermedades que pueden tener repercusiones de
salud pública graves de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento
Sanitario Internacional de 2005.
h) Haber abonado la tasa por tramitación de los procedimientos.
Artículo 47. Medios económicos a acreditar para la obtención o renovación de
una autorización de residencia temporal.
1. Los extranjeros que deseen residir en España sin realizar una actividad laboral
o lucrativa, deberán contar con medios de vida suficientes para el período de
residencia que solicitan, o acreditar una fuente de percepción periódica de
ingresos, para sí mismo y su familia, en las siguientes cuantías, que se
establecen con carácter de mínimas y referidas al momento de solicitud del
visado o de renovación de la autorización:
a) Para su sostenimiento, durante su residencia en España, una cantidad que
represente mensualmente en euros el 400% del IPREM, o su equivalente
legal en moneda extranjera.
b) Para el sostenimiento de cada uno de los familiares a su cargo, durante su
residencia en España, una cantidad que represente mensualmente en euros
el 100% del IPREM, o su equivalente legal en moneda extranjera, cantidad a
acreditar de forma adicional a la referida en el guión anterior de este
apartado.
41
En los casos en que los familiares a cargo sean titulares de una autorización
de residencia por reagrupación familiar, les serán de aplicación, para la
renovación de sus solicitudes, las cuantías requeridas en dicho ámbito.
2.
En ambos casos, la cuantía global bruta de medios económicos habrá de
suponer la disposición de la cuantía mensual calculada con base a lo
establecido en el apartado anterior, en relación con el tiempo de vigencia de la
autorización solicitada.
3. La disponibilidad de medios de vida suficientes se acreditará mediante la
presentación de la documentación que permita verificar la tenencia de un
patrimonio o la percepción de ingresos periódicos, suficientes y adecuados.
La disponibilidad se podrá acreditar por cualquier medio de prueba admitido en
Derecho, incluyendo la aportación de títulos de propiedad, cheques certificados
o tarjetas de crédito, que deberán ir acompañados de una certificación bancaria
que acredite la cantidad disponible como crédito de la citada tarjeta.
Si los medios de vida proceden de acciones o participaciones en empresas
españolas, mixtas o extranjeras, radicadas en España, el interesado acreditará,
mediante certificación de las mismas, que no ejerce actividad laboral alguna en
dichas empresas, y presentará declaración jurada en tal sentido.
En el caso de que pretenda certificarse la disponibilidad de medios de vida
mediante la tenencia de un patrimonio, deberá acreditarse que dicho patrimonio
garantiza la percepción de ingresos periódicos, suficientes y adecuados.
Artículos 48. Procedimiento.
1. El extranjero que desee residir temporalmente en España sin realizar actividades
laborales o profesionales, deberá solicitar, personalmente, el correspondiente
visado, según el modelo oficial, en la misión diplomática u oficina consular
española de su demarcación de residencia. El Ministerio de Asuntos Exteriores y
de Cooperación, si media causa que lo justifique, podrá determinar otra misión
diplomática u oficina consular en la que corresponda presentar la solicitud.
La solicitud del visado conllevará la de la autorización de residencia temporal no
lucrativa.
2. A la solicitud deberá acompañar:
a) Pasaporte en vigor o título de viaje, reconocido como válido en España, con una
vigencia mínima de un año.
b) Certificado de antecedentes penales, o documento equivalente, en el caso de
solicitante mayor de edad penal, expedido por las autoridades del país de origen o
42
del país o países en que haya residido durante los últimos cinco años, y que
acredite el cumplimiento del requisito previsto en el apartado b) del artículo 46.
c) Los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos previstos en los
apartados d) y e) del artículo 46.
d) Certificado médico que acredite el cumplimiento del requisito previsto en el
apartado g) del artículo 46.
3. Presentada la solicitud, será grabada en el sistema de visados de la aplicación
correspondiente, de forma que la Delegación o Subdelegación del Gobierno en
cuya demarcación solicite la residencia el extranjero tenga constancia de la
solicitud presentada, así como de la documentación que la acompaña en lo relativo
a los requisitos que le corresponde valorar.
4. La Delegación o Subdelegación del Gobierno, en el plazo máximo de un mes
desde la recepción de la solicitud, resolverá la concesión o denegación de la
autorización de residencia, previa valoración del cumplimiento de los requisitos
previstos en el apartado f) del artículo 46, así como del previsto en su apartado b)
en lo que respecta a la carencia de antecedentes penales en España.
A dichos efectos, recabará de oficio el informe de los de los servicios competentes
de la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil en materia de seguridad y
orden público, así como el del Registro Central de Penados y Rebeldes.
La Delegación o Subdelegación del Gobierno grabará la resolución en la aplicación
correspondiente, para su conocimiento por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación y por la oficina consular o misión diplomática correspondiente, y la
eficacia de la autorización quedará supeditada a la expedición, en su caso, del
visado y a la efectiva entrada del extranjero en territorio nacional.
5. Si la resolución es desfavorable, y así se entenderá si en el plazo de un mes no
se comunica, la misión diplomática u oficina consular notificará al interesado el
sentido de la resolución, informándole por escrito en el mismo documento de los
recursos administrativos y judiciales que procedan contra la misma, las autoridades
ante los que deban interponerse y los plazos previstos para ello. Igualmente, la
misión diplomática u oficina consular resolverá el archivo del procedimiento relativo
al visado.
6. Concedida, en su caso, la autorización, la misión diplomática u oficina consular
resolverá y expedirá, en su caso, el visado, previa valoración del cumplimiento de
los requisitos previstos en los apartados a), c), d), e) y g) del artículo 46, así como
del previsto en su apartado b) en lo que respecta a la carencia de antecedentes
penales en anteriores países de residencia del extranjero.
El visado será denegado:
43
7. Notificada, en su caso, la concesión del visado, el solicitante deberá recogerlo
personalmente en el plazo de un mes. En caso de no hacerlo así, se entenderá que
el interesado ha renunciado al visado concedido, y se producirá el archivo del
8. Asimismo, una vez recogido el visado, el solicitante deberá entrar en el territorio
español, de conformidad con lo establecido en el título I, en el plazo de vigencia del
Una vez efectuada la entrada, deberá solicitar personalmente, en el plazo de un
extranjero. Dicha tarjeta será expedida por el plazo de validez de la autorización de
residencia temporal y será retirada por el extranjero.
Artículo 49. Efectos del visado y duración de la autorización inicial de
1. El visado que se expida incorporará la autorización inicial de residencia, y la
vigencia de ésta comenzará desde la fecha
España, la cual deberá hacerse constar obligatoriamente en el pasaporte o título de
Artículo 50.
extraordinario.
El Ministerio
7. Notificada, en su caso, la concesión del visado, el solicitante deberá recogerlo
personalmente en el plazo de un mes. En caso de no hacerlo así, se entenderá que
el interesado ha renunciado al visado concedido, y se producirá el archivo del
8. Asimismo, una vez recogido el visado, el solicitante deberá entrar en el territorio
español, de conformidad con lo establecido en el título I, en el plazo de vigencia del
Una vez efectuada la entrada, deberá solicitar personalmente, en el plazo de un
extranjero. Dicha tarjeta será expedida por el plazo de validez de la autorización de
residencia temporal y será retirada por el extranjero.
Artículo 49. Efectos del visado y duración de la autorización inicial de
1. El visado que se expida incorporará la autorización inicial de residencia, y la
vigencia de ésta comenzará desde la fecha
España, la cual deberá hacerse constar obligatoriamente en el pasaporte o título de
Artículo 50.
extraordinario.
El Ministerio
a) Cuando no se acredite el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo
46 cuya valoración corresponda a la misión diplomática u oficina consular.
b) Cuando, para fundamentar la petición de visado, se hayan presentado
documentos falsos o formulado alegaciones inexactas, o medie mala fe.
c) Cuando concurra una causa prevista legalmente de inadmisión a trámite que no
hubiera sido apreciada en el momento de la recepción de la solicitud.
procedimiento.
visado, que en ningún caso será superior a tres meses.
mes, ante la Oficina de Extranjería correspondiente, la tarjeta de identidad de
residencia.
en que se efectúe la entrada en
viaje.
2. La autorización inicial de residencia temporal tendrá la duración de un año.
Visados y autorizaciones de residencia de carácter
1. de Asuntos Exteriores y de Cooperación, para atender
circunstancias extraordinarias y en atención al cumplimiento de los fines de la
política exterior del Reino de España y de otras políticas públicas españolas o de la
Unión Europea, en especial la política de inmigración, la política económica y la de
seguridad nacional, la salud pública o las relaciones internacionales de España,
podrá ordenar a una misión diplomática u oficina consular la expedición de un
visado de residencia.
44
2. La Dirección General de Asuntos Consulares y Migratorios informará de dicha
expedición a la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración y remitirá copia
de los documentos a), b) y d) del artículo 48.2 de este Reglamento, a los efectos de
concesión al interesado, previo informe del titular de la Secretaría de Estado de
Seguridad, de una autorización extraordinaria de residencia.
Artículo 51. Renovación de la autorización de residencia temporal no
lucrativa.
1. El extranjero que desee renovar su autorización de residencia temporal deberá
solicitarla a la Oficina de Extranjería competente para su tramitación, durante los
sesenta días naturales previos a la fecha de expiración de la vigencia de su
autorización. La presentación de la solicitud en este plazo prorroga la validez de la
autorización anterior hasta la resolución del procedimiento. También se prorrogará
hasta la resolución del procedimiento en el supuesto en que la solicitud se
presentase dentro de los noventa días naturales posteriores a la fecha en que
hubiera finalizado la vigencia de la anterior autorización, sin perjuicio de la
incoación del correspondiente procedimiento sancionador por la infracción en que
se hubiese incurrido.
2. Para la renovación de una autorización de residencia temporal no lucrativa, el
extranjero solicitante deberá cumplir los siguientes requisitos:
a) Ser titular de una autorización de residencia temporal no lucrativa en vigor o
hallarse dentro del plazo de los 90 días naturales posteriores a la caducidad de
ésta.
b) Contar con medios de vida suficientes para atender sus gastos de manutención
y estancia, incluyendo, en su caso, los de su familia, durante el período de tiempo
por el que corresponda la renovación, sin necesidad de desarrollar ninguna
actividad laboral o profesional.
c) Contar con un seguro, público o privado, de enfermedad, que cubra los riesgos
normalmente asegurados a los ciudadanos españoles.
d) Haber mantenido escolarizados a los menores a su cargo en edad de
escolarización obligatoria durante la permanencia de éstos en España.
e) Haber abonado la tasa por tramitación del procedimiento.
3. A la solicitud, en modelo oficial, deberá acompañar la documentación que
acredite que se reúnen los requisitos señalados en el apartado anterior, como son:
a) Copia del pasaporte completo en vigor o título de viaje, reconocido como válido
en España.
45
b) Los documentos que acrediten los recursos económicos o los medios de vida
suficientes para atender su gastos de manutención, así como el seguro médico,
durante el período de tiempo por el que se pretenda renovar la residencia en
España sin necesidad de desarrollar ninguna actividad laboral o profesional.
c) En su caso, informe emitido por las autoridades autonómicas competentes que
acredite la escolarización de los menores en edad de escolarización obligatoria que
estén a su cargo.
4. Para la renovación de la autorización, se valorará, en su caso, previa solicitud de
oficio de los correspondientes informes:
a) La posibilidad de renovar la autorización de residencia a los extranjeros que
hubieren sido condenados por la comisión de un delito y hayan cumplido la
condena, los que hubieran sido indultados o se hallasen en situación de remisión
condicional de la pena o de suspensión de la pena.
b) El incumplimiento de las obligaciones del extranjero en materia tributaria y de
seguridad social.
Igualmente se valorará, teniendo en consideración el informe positivo de la
Comunidad Autónoma de su lugar de residencia, el esfuerzo de integración del
extranjero.
Dicho esfuerzo de integración podrá ser alegado por el extranjero como
información a valorar en caso de no acreditar el cumplimiento de alguno de los
requisitos previstos para la renovación de la autorización.
El informe tendrá como contenido mínimo la certificación, en su caso, de la
participación activa del extranjero en acciones formativas destinadas al
conocimiento y respeto de los valores constitucionales de España y los de la Unión
Europea, así como los valores consagrados en el Estatuto de autonomía de la
Comunidad Autónoma en la que resida. Se tendrá en especial consideración la
formación en materia de derechos humanos, libertades públicas, democracia,
tolerancia e igualdad entre mujeres y hombres, así como la relativa al conocimiento
de las lenguas oficiales y la orientada al empleo. En este sentido, la certificación
hará expresa mención al tiempo de formación dedicado a los ámbitos señalados.
El informe tendrá en consideración las acciones formativas desarrolladas por
entidades públicas o privadas debidamente acreditadas.
5. La autorización de residencia temporal renovada tendrá una vigencia de dos
años, salvo que corresponda obtener una autorización de residencia de larga
duración o de larga duración-UE.
6. La resolución se notificará al interesado. En el supuesto de que la administración
no resuelva expresamente en el plazo de tres meses desde la presentación de la
solicitud, se entenderá que la resolución es favorable.
46
Se halla en situación de residencia temporal, por razón de reagrupación familiar, el
extranjero que haya sido autorizado a permanecer en España en virtud del derecho
a la reagrupación familiar ejercido por un extranjero residente.
Artículo 53. Familiares reagrupables.
El extranjero podrá reagrupar con él en España a los siguientes familiares:
a) Su cónyuge, siempre que no se encuentre separado de hecho o de derecho y
que el matrimonio no se haya celebrado en fraude de ley.
En ningún caso podrá reagruparse a más de un cónyuge, aunque la ley personal
del extranjero admita esta modalidad matrimonial.
El extranjero residente que se encuentre separado de su cónyuge y casado en
segundas o posteriores nupcias sólo podrá reagrupar con él al nuevo cónyuge y
sus familiares si acredita que la separación de sus anteriores matrimonios ha
tenido lugar tras un procedimiento jurídico que fije la situación del cónyuge anterior
y sus familiares en cuanto a la vivienda común, la pensión al cónyuge y los
alimentos para los menores dependientes.
b) La persona que mantenga con el reagrupante una relación de afectividad
análoga a la conyugal. A los efectos previstos en esta sección, se considerará que
existe relación de análoga afectividad a la conyugal cuando:
1º. Dicha relación se encuentre inscrita en un registro público establecido a esos
efectos, y no se haya cancelado dicha inscripción; o
Se halla en situación de residencia temporal, por razón de reagrupación familiar, el
extranjero que haya sido autorizado a permanecer en España en virtud del derecho
a la reagrupación familiar ejercido por un extranjero residente.
Artículo 53. Familiares reagrupables.
El extranjero podrá reagrupar con él en España a los siguientes familiares:
a) Su cónyuge, siempre que no se encuentre separado de hecho o de derecho y
que el matrimonio no se haya celebrado en fraude de ley.
En ningún caso podrá reagruparse a más de un cónyuge, aunque la ley personal
del extranjero admita esta modalidad matrimonial.
El extranjero residente que se encuentre separado de su cónyuge y casado en
segundas o posteriores nupcias sólo podrá reagrupar con él al nuevo cónyuge y
sus familiares si acredita que la separación de sus anteriores matrimonios ha
tenido lugar tras un procedimiento jurídico que fije la situación del cónyuge anterior
y sus familiares en cuanto a la vivienda común, la pensión al cónyuge y los
alimentos para los menores dependientes.
b) La persona que mantenga con el reagrupante una relación de afectividad
análoga a la conyugal. A los efectos previstos en esta sección, se considerará que
existe relación de análoga afectividad a la conyugal cuando:
1º. Dicha relación se encuentre inscrita en un registro público establecido a esos
efectos, y no se haya cancelado dicha inscripción; o
7. En el plazo de un mes desde la notificación de la resolución por la que se
renueva la autorización, su titular deberá solicitar la renovación de la tarjeta de
identidad de extranjero.
CAPÍTULO II Residencia temporal por reagrupación familiar
Artículo 52. Definición.
2º. Se acredite la vigencia de una relación no registrada, constituida con carácter
previo al inicio de la residencia del reagrupante en España. A dichos efectos, sin
perjuicio de la posible utilización de cualquier medio de prueba admitido en
derecho, tendrán prevalencia los documentos emitidos por una autoridad pública.
Resultará de aplicación a este supuesto lo previsto, en relación con el cónyuge, en
los párrafos segundo y tercero del apartado anterior. Serán incompatibles a efectos
de lo previsto en esta sección las situaciones de matrimonio y de análoga relación
de afectividad.
47
En el supuesto de hijos adoptivos deberá acreditarse que la resolución por la que
se acordó la adopción reúne los elementos necesarios para producir efecto en
España.
d) Los representados legalmente por el reagrupante, cuando sean menores de
dieciocho años en el momento de la solicitud de la autorización de residencia a su
favor o no sean objetivamente capaces de proveer a sus propias necesidades,
debido a su estado de salud, cuando el acto jurídico del que surgen las facultades
representativas no sea contrario a los principios del ordenamiento español.
e) Sus ascendientes en primer grado, o los de su cónyuge o pareja, cuando estén a
su cargo, sean mayores de sesenta y cinco años, y existan razones que justifiquen
la necesidad de autorizar su residencia en España.
Excepcionalmente, cuando concurran razones de carácter humanitario, se podrá
reagrupar a los ascendientes que reúnan los requisitos establecidos en el párrafo
anterior, salvo el relativo a la edad.
Se considerará que concurren razones humanitarias, entre otros casos, cuando el
ascendiente formara parte de la familia ya constituida en el país de origen en el
momento en que el extranjero residente obtuvo su autorización; cuando el
ascendiente sea incapaz y su tutela esté otorgada por la autoridad competente en
el país de origen al extranjero residente o a su cónyuge o pareja reagrupada; o
cuando el ascendiente no sea objetivamente capaz de proveer a sus propias
necesidades.
Igualmente, se considerará que concurren razones humanitarias cuando el
ascendiente sea cónyuge o pareja del otro ascendiente, siendo este último mayor
de 65 años. En este caso, las solicitudes de autorización de residencia por
reagrupación familiar podrán ser presentadas de forma conjunta, si bien la
En el supuesto de hijos adoptivos deberá acreditarse que la resolución por la que
se acordó la adopción reúne los elementos necesarios para producir efecto en
España.
d) Los representados legalmente por el reagrupante, cuando sean menores de
dieciocho años en el momento de la solicitud de la autorización de residencia a su
favor o no sean objetivamente capaces de proveer a sus propias necesidades,
debido a su estado de salud, cuando el acto jurídico del que surgen las facultades
representativas no sea contrario a los principios del ordenamiento español.
e) Sus ascendientes en primer grado, o los de su cónyuge o pareja, cuando estén a
su cargo, sean mayores de sesenta y cinco años, y existan razones que justifiquen
la necesidad de autorizar su residencia en España.
Excepcionalmente, cuando concurran razones de carácter humanitario, se podrá
reagrupar a los ascendientes que reúnan los requisitos establecidos en el párrafo
anterior, salvo el relativo a la edad.
Se considerará que concurren razones humanitarias, entre otros casos, cuando el
ascendiente formara parte de la familia ya constituida en el país de origen en el
momento en que el extranjero residente obtuvo su autorización; cuando el
ascendiente sea incapaz y su tutela esté otorgada por la autoridad competente en
el país de origen al extranjero residente o a su cónyuge o pareja reagrupada; o
cuando el ascendiente no sea objetivamente capaz de proveer a sus propias
necesidades.
Igualmente, se considerará que concurren razones humanitarias cuando el
ascendiente sea cónyuge o pareja del otro ascendiente, siendo este último mayor
de 65 años. En este caso, las solicitudes de autorización de residencia por
reagrupación familiar podrán ser presentadas de forma conjunta, si bien la
c) Sus hijos o los de su cónyuge o pareja, incluidos los adoptados, siempre que
sean menores de dieciocho años en el momento de la solicitud de la autorización
de residencia a su favor o no sean objetivamente capaces de proveer a sus propias
necesidades debido a su estado de salud.
Cuando se trate de hijos de uno solo de los cónyuges o miembros de la pareja, se
requerirá, además, que éste ejerza en solitario la patria potestad o que se le haya
otorgado la custodia y estén efectivamente a su cargo.
aplicación de la excepción del requisito de la edad respecto al ascendiente menor
de 65 años estará condicionada a que la autorización del otro ascendiente sea
concedida.
Cuando el órgano competente para resolver el procedimiento tuviera dudas sobre
si la concurrencia de otra razón de excepción del requisito, elevará consulta previa
a la Dirección General de Inmigración.
48
Artículo 54. Medios económicos a acreditar por un extranjero para la
obtención o renovación de una autorización de residencia por reagrupación a
favor de sus familiares.
1. El extranjero que solicite autorización de residencia para la reagrupación de sus
familiares, deberá adjuntar en el momento de presentar la solicitud de dicha
autorización, la documentación que acredite que se cuenta con medios económicos
suficientes para atender las necesidades de la familia, incluyendo la asistencia
sanitaria en el supuesto de no estar cubierta por la Seguridad Social, en la cuantía
que, con carácter de mínima y referida al momento de solicitud de la autorización,
se expresa a continuación, en euros, o su equivalente legal en moneda extranjera,
según el número de personas que solicite reagrupar, y teniendo en cuenta además
el número de familiares que ya conviven con él en España a su cargo:
a) En caso de unidades familiares que incluyan, computando al reagrupante y al
llegar a España la persona reagrupada, dos miembros: se exigirá una cantidad que
represente mensualmente el 175% del IPREM.
b) En caso de unidades familiares que incluyan, al llegar a España la persona
reagrupada, a más de dos personas: una cantidad que represente mensualmente
el 50% del IPREM por cada miembro adicional, sobre la base del 225% del IPREM
en los casos de unidades familiares de tres miembros.
2. La cuantía global de medios económicos a acreditar por el solicitante habrá de
suponer la acreditación de la posibilidad efectiva de disponer de la cuantía mensual
calculada con base a lo establecido en el apartado anterior. En dicha valoración se
tendrá en consideración la perspectiva de mantenimiento de una fuente de
ingresos en el año inmediatamente posterior a la presentación de la solicitud de
autorización.
Artículo 54. Medios económicos a acreditar por un extranjero para la
obtención o renovación de una autorización de residencia por reagrupación a
favor de sus familiares.
1. El extranjero que solicite autorización de residencia para la reagrupación de sus
familiares, deberá adjuntar en el momento de presentar la solicitud de dicha
autorización, la documentación que acredite que se cuenta con medios económicos
suficientes para atender las necesidades de la familia, incluyendo la asistencia
sanitaria en el supuesto de no estar cubierta por la Seguridad Social, en la cuantía
que, con carácter de mínima y referida al momento de solicitud de la autorización,
se expresa a continuación, en euros, o su equivalente legal en moneda extranjera,
según el número de personas que solicite reagrupar, y teniendo en cuenta además
el número de familiares que ya conviven con él en España a su cargo:
a) En caso de unidades familiares que incluyan, computando al reagrupante y al
llegar a España la persona reagrupada, dos miembros: se exigirá una cantidad que
represente mensualmente el 175% del IPREM.
b) En caso de unidades familiares que incluyan, al llegar a España la persona
reagrupada, a más de dos personas: una cantidad que represente mensualmente
el 50% del IPREM por cada miembro adicional, sobre la base del 225% del IPREM
en los casos de unidades familiares de tres miembros.
2. La cuantía global de medios económicos a acreditar por el solicitante habrá de
suponer la acreditación de la posibilidad efectiva de disponer de la cuantía mensual
calculada con base a lo establecido en el apartado anterior. En dicha valoración se
tendrá en consideración la perspectiva de mantenimiento de una fuente de
ingresos en el año inmediatamente posterior a la presentación de la solicitud de
autorización.
Se entenderá que los familiares están a cargo del reagrupante cuando acredite
que, al menos durante el último año de su residencia en España, ha transferido
fondos o soportado gastos de su familiar, que representen al menos el 51% del
producto interior bruto per capita, en cómputo anual, del país de residencia de éste,
según lo establecido, en materia de Indicadores sobre renta y actividad económica
por país y tipo de indicador, por el Instituto Nacional de Estadística.
3. La exigencia de dicha cuantía podrá ser minorada cuando el familiar reagrupable
sea menor de edad, cuando concurran circunstancias excepcionales acreditadas
que aconsejen dicha minoración en base al principio del interés superior del menor,
según lo establecido en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección
Jurídica del Menor, y se reúnan los restantes requisitos legales y reglamentarios
para la concesión de la autorización de residencia por reagrupación familiar.
49
Igualmente, la cuantía podrá ser minorada en relación con la reagrupación de otros
familiares por razones humanitarias apreciadas en relación con supuestos
individualizados y previo informe favorable de la Dirección General de Inmigración.
4. No serán computables a estos efectos los ingresos provenientes del sistema de
asistencia social, pero sí los aportados por el cónyuge o pareja del extranjero
reagrupante, así como por otro familiar en línea directa en primer grado, con
condición de residente en España y que conviva con éste.
5. Sin perjuicio de la presentación de cualquier documento o medio de prueba que,
a juicio del solicitante, justifique la disposición de los medios, podrá aportar la
siguiente documentación:
a) En caso de realizar actividad lucrativa por cuenta ajena:
1º. Copia del contrato de trabajo.
2º. Declaración, en su caso, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
correspondiente al año anterior (penúltimo año, en el caso de que no haya expirado
el plazo para dicha declaración).
b) En caso de realizar actividad lucrativa por cuenta propia:
1º. Acreditación de la actividad que desarrolla.
2º. Declaración, en su caso, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
correspondiente al año anterior (penúltimo año, en el caso de que no haya expirado
el plazo para dicha declaración).
c) En caso de no realizarse ninguna actividad lucrativa en España: cheques
certificados, cheques de viaje, cartas de pago o tarjetas de crédito, acompañadas
de una certificación bancaria de la cantidad disponible como crédito de la citada
tarjeta o certificación bancaria, o de la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio
correspondiente al ejercicio anterior.
6. De alegarse la realización de una actividad por cuenta ajena o por cuenta propia,
la Oficina de Extranjería competente comprobará, de oficio, la información relativa
a la afiliación y alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social del
solicitante, y, en su caso, las bases de datos de cotización.
Artículo 55. Requisito sobre vivienda adecuada a acreditar por un extranjero
para la obtención o renovación de una autorización de residencia por
reagrupación a favor de sus familiares
1. El extranjero que solicite autorización de residencia para la reagrupación de sus
familiares, deberá adjuntar en el momento de presentar la solicitud de dicha
autorización, informe expedido por las autoridades competentes de la Comunidad
50
Autónoma a la que pertenezca el lugar de residencia del reagrupante, a los efectos
de acreditar que cuenta con una vivienda adecuada para atender sus necesidades
y las de su familia.
2. La Comunidad Autónoma deberá emitir el informe y notificarlo al interesado en el
plazo máximo de quince días desde que le sea solicitado. Simultáneamente y por
medios telemáticos, deberá dar traslado del informe a la Oficina de Extranjería
competente.
3. El informe anterior podrá ser emitido por la Corporación local en la que el
extranjero tenga su lugar de residencia, en los siguientes casos:
a) Cuando así haya sido establecido por la Comunidad Autónoma competente,
siempre que ello haya sido previamente puesto en conocimiento de la Secretaría
de Estado de Inmigración y Emigración; o
b) Cuando, transcurridos quince días desde la solicitud de informe, la Comunidad
Autónoma no se hubiera pronunciado sobre la cuestión.
El informe de la Corporación local habrá de ser emitido en el plazo de 15 días
desde la fecha de la solicitud.
4. En caso de inacción de las Administraciones anteriores, que habrá de ser
debidamente acreditada por el interesado, podrá justificarse este requisito por
cualquier medio de prueba admitido en derecho.
5. En todo caso, el informe o la documentación que se presente en su sustitución
debe hacer referencia, al menos, a los siguientes extremos: título que habilite para
la ocupación de la vivienda, número de habitaciones, uso al que se destina cada
una de las dependencias de la vivienda, número de personas que la habitan y
condiciones de habitabilidad y equipamiento.
Artículo 56. Procedimiento para la autorización de residencia por
reagrupación familiar.
1. La solicitud de reagrupación familiar se podrá presentar cuando el extranjero
reagrupante tenga autorización para residir en España durante un año como
mínimo y solicitado la autorización para residir por, al menos, otro año, con las
siguientes excepciones:
a) El reagrupante tendrá que ser titular de una autorización de residencia de larga
duración o de larga duración-UE concedida en España para la reagrupación de
sus ascendientes o de los ascendientes de su cónyuge o pareja de hecho.
La solicitud podrá presentarse cuando se haya solicitado la autorización de
residencia de larga duración o de residencia de larga duración-UE.
51
para el ejercicio del derecho, no se haya producido la efectiva renovación de la
autorización del reagrupante, concedido su autorización de residencia de larga
duración o de residencia de larga duración-UE o concedido su autorización inicial
de residencia en España.
2. El extranjero que desee ejercer el derecho de reagrupación familiar deberá
solicitar, personalmente ante la Oficina de Extranjería competente para su
tramitación, una autorización de residencia temporal a favor de los miembros de su
familia que desee reagrupar.
La reagrupación de los familiares de extranjeros residentes larga duración-UE en
otro Estado miembro de la Unión Europea, podrá ser presentada por los propios
familiares, aportando prueba de residencia como miembro de la familia del
residente de larga duración-UE en el primer Estado miembro.
3. La solicitud, que deberá cumplimentarse en modelo oficial, deberá acompañarse
de la siguiente documentación:
a) Relativos al reagrupante:
1º. Copia del pasaporte, documento de viaje o cédula de inscripción del solicitante
en vigor, previa exhibición del documento original.
2º. Copia compulsada de documentación que acredite que cuenta con empleo y/o
recursos económicos suficientes para atender las necesidades de la familia,
incluyendo la asistencia sanitaria, en el supuesto de no estar cubierta por la
Seguridad Social, de acuerdo con lo establecido en el artículo 54 de este
Reglamento.
3º. Documentación original que acredite la disponibilidad, por parte del
reagrupante, de una vivienda adecuada para atender las necesidades del
para el ejercicio del derecho, no se haya producido la efectiva renovación de la
autorización del reagrupante, concedido su autorización de residencia de larga
duración o de residencia de larga duración-UE o concedido su autorización inicial
de residencia en España.
2. El extranjero que desee ejercer el derecho de reagrupación familiar deberá
solicitar, personalmente ante la Oficina de Extranjería competente para su
tramitación, una autorización de residencia temporal a favor de los miembros de su
familia que desee reagrupar.
La reagrupación de los familiares de extranjeros residentes larga duración-UE en
otro Estado miembro de la Unión Europea, podrá ser presentada por los propios
familiares, aportando prueba de residencia como miembro de la familia del
residente de larga duración-UE en el primer Estado miembro.
3. La solicitud, que deberá cumplimentarse en modelo oficial, deberá acompañarse
de la siguiente documentación:
a) Relativos al reagrupante:
1º. Copia del pasaporte, documento de viaje o cédula de inscripción del solicitante
en vigor, previa exhibición del documento original.
2º. Copia compulsada de documentación que acredite que cuenta con empleo y/o
recursos económicos suficientes para atender las necesidades de la familia,
incluyendo la asistencia sanitaria, en el supuesto de no estar cubierta por la
Seguridad Social, de acuerdo con lo establecido en el artículo 54 de este
Reglamento.
3º. Documentación original que acredite la disponibilidad, por parte del
reagrupante, de una vivienda adecuada para atender las necesidades del
b) Los extranjeros residentes en España en base a su previa condición de
residentes de larga duración-UE en otro Estado miembro de la Unión Europea,
titulares de una tarjeta azul-UE o beneficiarios del régimen especial de
investigadores, podrán presentar la solicitud de autorización a favor de sus
familiares sin estar sometidos al requisito de haber residido legalmente en
España, con carácter previo, durante un año.
En todo caso, no podrá concederse la autorización de residencia al familiar
reagrupable hasta que, en función de la situación que deba ostentar el reagrupante
reagrupante y la familia, y que habrá de ser su vivienda habitual, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 55 de este Reglamento.
4º. En los casos de reagrupación de cónyuge o pareja, declaración jurada del
reagrupante de que no reside con él en España otro cónyuge o pareja.
b) Relativos al familiar a reagrupar:
1º. Copia completa del pasaporte o título de viaje, en vigor.
52
2º. Copia de la documentación acreditativa de los vínculos familiares y, en su caso,
de la dependencia legal y económica.
4. Presentada la solicitud en forma o subsanados los defectos, el órgano
competente la tramitará y resolverá lo que proceda. A dichos efectos, recabará de
oficio el informe de los servicios competentes de la Dirección General de la Policía
y la Guardia Civil en materia de seguridad y orden público, así como el del Registro
Central de Penados y Rebeldes.
concesiones de autorizaciones iniciales de residencia por
reagrupación familiar a favor de menores extranjeros en edad de escolarización
obligatoria a las Autoridades educativas competentes en la correspondiente
Comunidad Autónoma. La información será remitida con periodicidad trimestral y
desglosada por nacionalidad y edad del menor y municipio en el que el reagrupante
haya declarado tener su vivienda habitual.
5. En el supuesto de que se cumpla con los requisitos establecidos para la
reagrupación familiar, el órgano competente resolverá la concesión de la
autorización de residencia por reagrupación, y se suspenderá la eficacia de la
autorización hasta:
a) Con carácter general, la expedición del visado, y la efectiva entrada del
extranjero en territorio nacional durante el tiempo de vigencia de éste. En este
caso, la resolución de concesión hará mención expresa a que la autorización no
desplegará sus efectos hasta que no se produzca la obtención del visado y la
posterior entrada en España de su titular.
b) En el supuesto de familiares de residentes de larga duración-UE, titulares de una
tarjeta azul-UE o beneficiarios del régimen especial de investigadores, en otro
Estado miembro de la Unión Europea en el que la familia ya esté constituida, la
eficacia de la autorización estará condicionada a la efectiva entrada del familiar en
territorio nacional, si dicha entrada se produjera tras la concesión de la
autorización. En este caso, la entrada deberá producirse en el plazo máximo de un
mes desde la notificación de la concesión de la autorización, lo que habrá de
constar en la resolución.
6. La resolución se grabará en la aplicación correspondiente, de forma que tenga
acceso a ella la misión diplomática u oficina consular en cuya demarcación resida
el extranjero.
7. Los procedimientos regulados en este artículo, así como los relativos al
correspondiente visado y a la renovación de autorizaciones de residencia por
reagrupación familiar tendrán tratamiento preferente.
8. Las Delegaciones del Gobierno remitirán información estadística sobre las
solicitudes y
53
Artículo 57. Tramitación del visado en el procedimiento de reagrupación
familiar.
1. En el plazo de dos meses desde la notificación al reagrupante de la concesión
de la autorización, el familiar que vaya a ser reagrupado deberá, en su caso,
solicitar personalmente el visado en la misión diplomática u oficina consular en
cuya demarcación resida. El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, si
media causa que lo justifique, podrá determinar la misión diplomática u oficina
consular diferente a la anterior en la que corresponda presentar la solicitud de
visado.
Excepcionalmente, en aplicación de lo dispuesto en el primer párrafo del apartado
2 de la disposición adicional tercera de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, la
misión diplomática u oficina consular aceptará la presentación por representante
legalmente acreditado cuando existan motivos fundados que obstaculicen el
desplazamiento del solicitante, como la lejanía de la misión u oficina, dificultades
de transporte que hagan el viaje especialmente gravoso o razones acreditadas de
enfermedad o condición física que dificulten sensiblemente su movilidad. En el
caso de tratarse de un menor, podrá solicitarlo un representante debidamente
acreditado. Constituirá causa de inadmisión a trámite de la solicitud de visado y, en
su caso, de denegación, el hecho de que el extranjero se hallase en España en
situación irregular, evidenciado por el poder de representación o por datos que
consten en la Administración.
2. Sin perjuicio de que el interesado añada otros documentos que considere
oportunos, la solicitud de visado deberá ir acompañada de:
a) Pasaporte ordinario o título de viaje, reconocido como válido en España, con una
vigencia mínima de cuatro meses.
b) Certificado de antecedentes penales o documento equivalente, en el caso de
solicitante mayor de edad penal, que debe ser expedido por las autoridades del
país de origen o del país o países en que haya residido durante los últimos cinco
años y en el que no deben constar condenas por delitos previstos en el
ordenamiento español.
c) Documentación original que acredite los vínculos familiares y, en su caso, la
edad y la dependencia legal.
d) Certificado médico con el fin de acreditar que no padece ninguna de las
enfermedades que pueden tener repercusiones de salud pública graves de
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Sanitario Internacional de 2005.
3. La misión diplomática u oficina consular denegará el visado en los siguientes
supuestos:
54
a) Cuando no se acredite el cumplimiento de los requisitos previstos para su
obtención, tras la valoración de la documentación acreditativa de éstos, prevista en
el apartado anterior.
b) Cuando, para fundamentar la petición, se hayan presentado documentos falsos
o formulado alegaciones inexactas, o medie mala fe.
c) Cuando concurra una causa prevista legalmente de inadmisión a trámite que no
hubiera sido apreciada en el momento de la recepción de la solicitud.
en que será solicitada por su representante.
la autorización de
hasta la misma fecha
momento
4. La misión diplomática u oficina consular, en atención al cumplimiento de los
requisitos exigidos, notificará la concesión del visado, en su caso, en el plazo
máximo de dos meses, y deberá ser recogido por el solicitante, personalmente,
salvo en el caso de menores, en que podrá ser recogido por su representante. De
no efectuarse en el plazo mencionado la recogida, se entenderá que el interesado
ha renunciado al visado concedido, y se producirá el archivo del procedimiento.
Artículo 58. Entrada en territorio español.
1. Recogido el visado, el solicitante deberá entrar en el territorio español durante el
plazo de vigencia de aquél, que en ningún caso será superior a tres meses, de
conformidad con lo establecido en el capítulo I de este Reglamento.
2. En el plazo de un mes desde la entrada en España o, en su caso, desde la
notificación de la concesión de la autorización, el extranjero deberá solicitar
personalmente la tarjeta de identidad de extranjero, salvo en el caso de menores,
3. Cuando el reagrupante sea titular de una autorización de residencia temporal, la
vigencia de residencia de los familiares reagrupados se
extenderá que la autorización de que sea titular el
reagrupante en el momento de la entrada del familiar en España.
Cuando el reagrupante tenga la condición de residente de larga duración o de
residencia de larga duración-UE en España, la vigencia de la primera autorización
de residencia de los familiares reagrupados se extenderá hasta la fecha de validez
de la tarjeta de identidad de extranjero de que sea titular el reagrupante en el
de la entrada del familiar en España. La posterior autorización de
residencia del reagrupado será de larga duración.
4. La autorización de residencia por reagrupación familiar del cónyuge, la pareja de
hecho o el hijo reagrupado habilitará a su titular a trabajar, siempre que sea mayor
de edad laboral, sin necesidad de realizar ningún trámite administrativo.
El cónyuge, pareja de hecho o hijo reagrupado, mayor de edad laboral, podrá
trabajar por cuenta ajena o por cuenta propia, en cualquier parte del territorio
español, ocupación o sector de actividad.
55
Artículo 59. Residencia de los familiares reagrupados, independiente de la del
reagrupante.
1. El cónyuge o pareja reagrupado podrá obtener una autorización de residencia y
trabajo independiente, cuando reúna los siguientes requisitos y no tenga deudas
con la Administración tributaria o de Seguridad Social:
a) Contar con medios de vida suficientes para la concesión de una autorización de
residencia temporal de carácter no lucrativo.
b) Contar con uno o varios contratos de trabajo de duración mínima, desde el
momento de la solicitud, de un año, y de los que se derive una retribución no
inferior al Salario Mínimo Interprofesional mensual, a tiempo completo, por catorce
pagas.
c) Cumplir los requisitos exigibles de cara a la concesión de una autorización de
residencia temporal y trabajo por cuenta propia.
En los supuestos de los apartados b) y c) anteriores, la eficacia de la autorización
de residencia y trabajo independiente estará condicionada a que se produzca el
alta del trabajador en Seguridad Social, en el plazo de un mes desde la fecha de
notificación de la resolución por la que se concede aquélla.
2. Asimismo, el cónyuge o pareja reagrupado podrá obtener una autorización de
residencia y trabajo independiente, cuando se dé alguno de los siguientes
supuestos:
a) Cuando se rompa el vínculo conyugal que dio origen a la situación de residencia,
por separación de derecho o divorcio o por cancelación de la inscripción o
finalización de la vida en pareja, siempre y cuando acredite la convivencia en
España con el cónyuge o pareja reagrupante durante al menos dos años.
b) Cuando fuera víctima de violencia de género, una vez dictada a su favor una
orden judicial de protección o, en su defecto, exista un informe del Ministerio Fiscal
que indique la existencia de indicios del delito. Este supuesto será igualmente de
aplicación cuando fuera víctima de un delito por conductas violentas ejercidas en el
entorno familiar.
c) Por causa de muerte del reagrupante.
3. En los casos previstos en el apartado anterior, cuando, además del cónyuge o
pareja, se haya reagrupado a otros familiares, éstos conservarán la autorización de
residencia concedida y dependerán, a efectos de la renovación de la autorización
de residencia por reagrupación familiar, del miembro de la familia con el que
convivan.
56
4. Los hijos y menores sobre los que el reagrupante ostente la representación
legal, obtendrán una autorización de residencia independiente cuando alcancen la
mayoría de edad y acrediten encontrarse en alguna de las situaciones descritas en
el apartado 1 de este artículo, o bien cuando hayan alcanzado la mayoría de edad
y residido en España durante cinco años.
5. Los ascendientes reagrupados podrán obtener una autorización de residencia
independiente del reagrupante cuando hayan obtenido una autorización para
trabajar, sin perjuicio de que los efectos de dicha autorización de residencia
independiente, para el ejercicio de la reagrupación familiar, queden supeditados a
lo dispuesto en el artículo 17.3 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero.
6. La autorización independiente tendrá la duración que corresponda, en función
del tiempo previo de vigencia de la situación de residencia por reagrupación
familiar. En todo caso, la autorización independiente tendrá una vigencia mínima de
un año.
Artículo 60. Reagrupación familiar por residentes reagrupados.
1. Los extranjeros que hubieran adquirido la residencia temporal en virtud de una
previa reagrupación familiar podrán, a su vez, ejercer el derecho de reagrupación
respecto de sus propios familiares, siempre que cuenten con una autorización de
residencia y trabajo obtenidos independientemente de la autorización del
reagrupante y reúnan los requisitos establecidos para el ejercicio del derecho a la
reagrupación familiar.
2. En el supuesto de los ascendientes, éstos sólo podrán ejercitar, a su vez, el
derecho de reagrupación familiar tras haber obtenido la condición de residente de
larga duración y acrediten solvencia económica para atender las necesidades de
los miembros de su familia que pretendan reagrupar.
3. Excepcionalmente, el ascendiente reagrupado que tenga a su cargo uno o más
hijos menores de edad o que no sean objetivamente capaces de proveer a sus
propias necesidades debido a su estado de salud, podrá ejercer el derecho de
reagrupación en los términos dispuestos en el apartado 1 de este artículo.
Artículo 61. Renovación de las autorizaciones de residencia en virtud de
reagrupación familiar.
1. La renovación de las autorizaciones de residencia por reagrupación deberá
solicitarse en modelo oficial en el plazo de 60 días antes de su expiración.
La presentación de la solicitud en este plazo prorrogará la validez de la
autorización anterior hasta la resolución del procedimiento. También se prorrogará
hasta la resolución del procedimiento en el supuesto en que la solicitud se
57
presentase dentro de los 90 días naturales posteriores a la fecha en que hubiera
finalizado la vigencia de la anterior autorización, sin perjuicio de la incoación del
correspondiente procedimiento sancionador por la infracción en la que se hubiese
incurrido.
2. La renovación de la autorización de residencia por reagrupación familiar de
descendientes, menores tutelados o ascendientes podrá ser solicitada por el
cónyuge o pareja del reagrupante, siempre que dicho cónyuge o pareja sea
residente en España, forme parte de la misma unidad familiar, y el reagrupante
original no reúna los requisitos exigibles para la renovación de la autorización por
reagrupación familiar.
Ello será igualmente de aplicación, en el caso de descendientes o menores
tutelados, respecto a su otro progenitor o tutor, siempre éste tenga la condición de
residente en España y sin perjuicio de que forme parte o no de la unidad familiar.
En este caso, la naturaleza y duración de la autorización renovada se vinculará a la
del cónyuge o pareja, que asumirán la condición de reagrupante.
3. Para la renovación de una autorización de residencia por reagrupación familiar,
se deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Relativos al reagrupado:
1º. Que sea titular de una autorización de residencia por reagrupación familiar en
vigor o se halle dentro del plazo de los 90 días naturales posteriores a la caducidad
de ésta.
2º. Que se mantenga el vínculo de parentesco en que se fundamentó la concesión
de la autorización a renovar.
3º. Haber mantenido escolarizados a los menores a su cargo en edad de
escolarización obligatoria durante la permanencia de éstos en España.
4º. Haber abonado la tasa por tramitación del procedimiento.
b) Relativos al reagrupante:
1º. Que sea titular de una autorización de residencia en vigor o se halle dentro del
plazo de los 90 días naturales posteriores a la caducidad de ésta.
2º. Que cuente con empleo y/o recursos económicos suficientes para atender las
necesidades de la familia, incluyendo la asistencia sanitaria, de no estar cubierta
por la Seguridad Social, de acuerdo con lo establecido en el artículo 54 de este
Reglamento.
3º. Que disponga de una vivienda adecuada para atender sus necesidades y las de
su familia, y que habrá de ser su vivienda habitual, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 55 de este Reglamento.
58
4. A la solicitud, en modelo oficial, deberá acompañar la documentación que
acredite que se reúnen los requisitos señalados en el apartado anterior, como son:
a) Copia del pasaporte completo en vigor o título de viaje, reconocido como válido
en España, del reagrupado y del reagrupante.
b) En su caso, documentación acreditativa de la vigencia del matrimonio o de la
relación de análoga afectividad a la conyugal.
c) los requisitos
teniendo en
de integración podrá
El informe tendrá como
participación activa del
formación en
Los documentos que acrediten que el reagrupante cumple
establecidos en los puntos 2º y 3º del anterior apartado 3.b).
d) En su caso, informe emitido por las autoridades autonómicas competentes que
acredite la escolarización de los menores en edad de escolarización obligatoria que
estén a su cargo.
5. Para la renovación de la autorización, se valorará, en su caso, previa solicitud de
oficio de los correspondientes informes:
a) La posibilidad de renovar la autorización de residencia a los extranjeros que
hubieran sido indultados o se hallasen en situación de remisión condicional de la
pena o de suspensión de la pena privativa de libertad.
b) El incumplimiento de las obligaciones del solicitante en materia tributaria y de
seguridad social.
Igualmente se valorará, consideración el informe positivo de la
Comunidad Autónoma de su lugar de residencia, el esfuerzo de integración del
extranjero.
Dicho esfuerzo ser alegado por el extranjero como
información a valorar en caso de no acreditar el cumplimiento de alguno de los
requisitos previstos para la renovación de la autorización.
contenido mínimo la certificación, en su caso, de la
extranjero en acciones formativas destinadas al
conocimiento y respeto de los valores constitucionales de España y los de la Unión
Europea, así como los valores consagrados en el Estatuto de autonomía de la
Comunidad Autónoma en la que resida. Se tendrá en especial consideración la
materia de derechos humanos, libertades públicas, democracia,
tolerancia e igualdad entre mujeres y hombres, así como la relativa al conocimiento
de las lenguas oficiales y la orientada al empleo. En este sentido, la certificación
hará expresa mención al tiempo de formación dedicado a los ámbitos señalados.
El informe tendrá en consideración las acciones formativas desarrolladas por
entidades públicas o privadas debidamente acreditadas.
6. Las solicitudes de renovación de los familiares reagrupados se presentarán y se
tramitarán conjuntamente con la del reagrupante, salvo causa que lo justifique.
59
7. Se entenderá que la resolución es favorable en el supuesto de que la
Administración no resuelva expresamente en el plazo de tres meses desde la
presentación de la solicitud.
8. La resolución favorable se notificará al interesado.
9. La autorización de residencia por reagrupación familiar renovada se extenderá
hasta la misma fecha que la autorización de que sea titular el reagrupante en el
momento de la renovación.
trabajar por cuenta ajena en España.
CAPÍTULO III. Residencia temporal y trabajo por cuenta ajena
Artículo 62. Definición.
Se halla en situación de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena el
extranjero mayor de 16 años autorizado a permanecer en España por un periodo
superior a 90 días e inferior a cinco años, y a ejercer una actividad laboral por
cuenta ajena.
Artículo 63. Autorización inicial de residencia temporal y trabajo por cuenta
ajena.
1. La autorización inicial de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena
habilitará a los extranjeros que residen fuera de España, siempre que hayan
obtenido el correspondiente visado, y hayan sido dados de alta en Seguridad
Social dentro del plazo de tres meses desde su entrada legal en España, a residir y
Salvo en los casos en los que no resulte aplicable el requisito de que la situación
nacional de empleo permita la contratación del trabajador, la autorización inicial se
limitará a un ámbito geográfico provincial y a una ocupación.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en caso de no aplicación del
requisito de que la situación nacional de empleo permita la contratación del
trabajador en base a los apartados a), b) y d) del el artículo 40.2 de la Ley Orgánica
4/2000, la autorización inicial se limitará al tipo de relación laboral para la cual se
haya concedido.
2. En los supuestos previstos en el título XII de este Reglamento no será exigible el
visado.
3. El acceso a la autorización inicial de residencia temporal y trabajo por cuenta
ajena de quienes sean titulares de un visado de búsqueda de empleo se regirá por
las disposiciones específicas de este Reglamento y por la Orden ministerial de
gestión colectiva de contrataciones en origen.
60
4. Los extranjeros que obtengan una autorización deberán solicitar la tarjeta de
identidad de extranjero correspondiente en el plazo de un mes desde su alta en el
régimen correspondiente de la Seguridad Social, de acuerdo con lo previsto en el
presente capítulo.
5. La autorización inicial de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena tendrá
una duración de un año y se limitará, en lo relativo al ejercicio de la actividad
laboral y salvo en los casos previstos por la Ley y los Convenios Internacionales
firmados por España, a un ámbito geográfico y a una ocupación determinada.
Cuando la Comunidad Autónoma tuviera reconocidas competencias en materia de
autorización inicial de trabajo podrá fijar el ámbito geográfico de la autorización
dentro de su territorio.
Artículo 64. Requisitos.
1. Para la concesión de una autorización inicial de residencia temporal y trabajo por
cuenta ajena será necesario cumplir los requisitos que se establecen en este
artículo, relativos a la residencia y el trabajo, respectivamente.
2. En relación con la residencia de los extranjeros que se pretende contratar, será
necesario que:
a) No se encuentren irregularmente en territorio español.
b) Carezcan de antecedentes penales, tanto en España como en sus países
anteriores de residencia durante los últimos cinco años, por delitos previstos en el
ordenamiento español.
c) No figuren como rechazables en el espacio territorial de países con los que
España tenga firmado un convenio en tal sentido.
d) Haya transcurrido el plazo de compromiso de no regreso a España del
extranjero, asumido por éste en el marco de su retorno voluntario al país de origen.
e) Se haya abonado la tasa por tramitación de la autorización de residencia
temporal.
3. En relación con la actividad laboral a desarrollar por los extranjeros que se
pretende contratar, será necesario que:
a) La situación nacional de empleo no impida la contratación del trabajador
extranjero en los términos previstos en el artículo 65 de este Reglamento.
b) El empleador presente un contrato de trabajo firmado por el trabajador y por él
mismo y que garantice al trabajador una actividad continuada durante el período de
vigencia de la autorización inicial de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena.
61
La fecha de comienzo del contrato deberá estar condicionada al momento de
eficacia de la autorización de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena.
c) Las condiciones fijadas en el contrato de trabajo se ajusten a las establecidas
por la normativa vigente y el convenio colectivo aplicable para la misma actividad,
categoría profesional y localidad.
En el caso de que la contratación fuera a tiempo parcial, la retribución deberá ser
igual
d) Que el empleador solicitante haya formalizado su inscripción en el
correspondiente régimen del sistema de Seguridad Social y se encuentre al
corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad
Social.
e) El empleador cuente con medios económicos, materiales o personales,
suficientes para su proyecto empresarial y para hacer frente a las obligaciones
asumidas en el contrato frente al trabajador en los términos establecidos en el
artículo 66 de este Reglamento.
f) El trabajador posea la titulación, en su caso, debidamente homologada o que se
acredite la capacitación o cualificación exigida para el ejercicio de la profesión.
g) Se haya abonado la tasa relativa a la autorización de trabajo por cuenta ajena.
4. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado anterior, no se tendrá en cuenta la
situación nacional de empleo en los supuestos establecidos en el artículo 40 de la
Ley Orgánica 4/2000 o por Convenio internacional.
o superior al salario mínimo interprofesional para jornada completa y en
cómputo anual.
Igualmente, se autorizará a trabajar sin atender a la situación nacional de empleo a
los nacionales de Estados con los que se hayan suscrito convenios internacionales
a tal efecto, así como a los nacionales de Estados no pertenecientes a la Unión
Europea ni al Espacio Económico Europeo enrolados en buques españoles en
virtud de acuerdos internacionales de pesca marítima. En este caso, se concederá
validez de autorización para trabajar al duplicado de la notificación de embarque o
renovación del contrato de tripulantes extranjeros en buques españoles.
Artículo 65. Determinación de la situación nacional de empleo.
1. A los efectos de determinar dicha situación nacional de empleo, el Servicio
Público de Empleo Estatal elaborará, con periodicidad trimestral, de acuerdo con la
información suministrada por los Servicios público de empleo autonómicos y previa
consulta de la Comisión Laboral Tripartita de Inmigración, un Catálogo de
ocupaciones de difícil cobertura, para cada provincia o demarcación territorial que,
en su caso, establezca la correspondiente Administración autonómica así como
62
para Ceuta y Melilla. En las provincias insulares, el Catálogo podrá establecerse
para cada isla o agrupación de ellas.
El procedimiento de elaboración del Catálogo de ocupaciones de difícil cobertura
será establecido por el Ministerio de Trabajo e Inmigración, previo informe de la
Comisión laboral tripartita de inmigración.
Este Catálogo estará basado en la información disponible sobre la gestión de las
ofertas presentadas por los empleadores en los Servicios públicos de Empleo.
También tendrá en consideración las estadísticas elaboradas por las
Administraciones Públicas y, especialmente, la relativa a personas inscritas como
demandantes de empleo en los Servicios públicos de empleo.
Se considerarán como ocupaciones las consignadas en la Clasificación Nacional
de Ocupaciones que esté en vigor.
La concreción del detalle con que una ocupación se debe incluir en el Catálogo de
ocupaciones de difícil cobertura se realizará teniendo en cuenta el grado de
especialización requerido para el desempeño de la actividad.
Podrán no ser incluidas en Catálogo aquellas ocupaciones que por su naturaleza
podrían ser cubiertas por personas inscritas como demandantes de empleo tras su
participación en actuaciones formativas programadas por los Servicios públicos de
empleo.
La calificación de una ocupación como de difícil cobertura implica la posibilidad de
tramitar la autorización inicial de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena
dirigida al extranjero.
2. Asimismo, se considerará que la situación nacional de empleo permite la
contratación en las ocupaciones no calificadas como de difícil cobertura cuando el
empleador acredite la dificultad de cubrir los puestos de trabajo vacantes con
trabajadores ya incorporados en el mercado laboral interno.
Para ello, deberá presentar una oferta de empleo en los Servicios Públicos de
Empleo, que estará formulada de forma precisa y ajustada a los requerimientos del
puesto de trabajo, sin contener requisitos que no tengan relación directa con su
desempeño.
El Servicio Público de Empleo en el que se haya presentado la oferta de empleo,
en el marco de sus competencias en materia de intermediación laboral, la
gestionará promoviendo el contacto entre el empleador y los demandantes de
empleo que se adecúen a los requerimientos de la misma. Asimismo, durante un
periodo de tiempo de al menos 15 días, dará publicidad a la oferta de empleo en
cualquiera de los espacios públicos destinados a la difusión de ofertas de que
disponga el Servicio Público de Empleo, a fin de que los trabajadores que residen
en cualquier parte del territorio español puedan concurrir a su cobertura.
63
Transcurridos 25 días desde la presentación de la oferta por el empleador, éste
deberá comunicar al Servicio Público de Empleo el resultado de la selección de
candidatos que se ha presentado para cubrir los puestos de trabajo vacantes.
El Servicio Público de Empleo emitirá, si procede, la certificación de insuficiencia
de demandantes en un plazo máximo de 5 días contados a partir de la
comunicación por parte del empleador del resultado de la selección.
El certificado emitido por el Servicio público de empleo competente deberá
contener información que identifique al empleador y la oferta y sobre el número de
puestos de trabajo ofertados y de trabajadores puestos a disposición del
empleador. Incluirá igualmente la cifra de personas inscritas en la provincia como
demandantes de empleo para la ocupación de que se trate. Incluirá también una
valoración sobre si se trata de una ocupación que podría ser cubierta por personas
inscritas como demandantes de empleo tras su participación en actuaciones
formativas programadas por los Servicios públicos de empleo.
La Comisión laboral tripartita de inmigración informará la normativa de desarrollo
de lo dispuesto en este Reglamento sobre el contenido mínimo de los Certificados
de los Servicios Públicos de Empleo.
En la valoración del certificado, la Oficina de Extranjería competente para la
tramitación de la solicitud de autorización inicial de residencia temporal y trabajo
por cuenta ajena tendrá en consideración, especialmente, la relación entre el
número de trabajadores puestos a disposición del empleador y el de puestos de
trabajo ofertados por éste, así como la valoración de si el puesto podría ser
cubierto tras una actividad formativa impulsada por el Servicio Público de Empleo.
Artículo 66. Medios económicos, materiales y personales a acreditar por el
empleador para hacer frente a las obligaciones dimanantes del contrato de
trabajo.
1. La cuantía a acreditar por el empleador, en relación con que cuenta con medios
materiales o personales, suficientes para su proyecto empresarial y para hacer
frente a las obligaciones contractuales frente al trabajador, deberá incluir el pago
del salario convenido con éste y reflejado en el contrato que obre en el
procedimiento.
2. Cuando el empleador requerido sea una persona física, deberá acreditar que
cuenta con medios de vida suficientes para atender sus necesidades y las de su
familia. La cuantía mínima exigible, se basará en porcentajes del indicador público
de renta de efectos múltiples, IPREM, según el número de personas a su cargo,
descontado el pago del salario convenido con el trabajador extranjero y reflejado en
el contrato de trabajo que obre en el procedimiento, y que deberá ajustarse a las
establecidas por la normativa vigente para la misma actividad, categoría
profesional y localidad:
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a) En caso de no existir familiares a cargo del empleador: una cantidad que
represente mensualmente el 100% del IPREM.
b) En caso de unidades familiares que incluyan dos miembros, contando al
empleador solicitante: una cantidad que represente mensualmente el 200% del
IPREM.
c) En caso de unidades familiares que incluyan más de dos personas, contando al
empleador
de identidad.
solicitante: una cantidad que represente mensualmente el 50% del
IPREM por cada miembro adicional.
En los casos de unidades familiares que incluyan dos o más miembros, los medios
a acreditar resultarán de la suma de aquéllos con los que cuente cada una de las
personas que integren la unidad familiar.
Artículo 67. Procedimiento.
1. El empleador deberá presentar personalmente, o a través de quien válidamente
tenga atribuida la representación legal empresarial, la correspondiente solicitud de
autorización inicial de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena ante el órgano
competente para su tramitación, de la provincia donde se vaya a ejercer la
actividad laboral.
2. Con la solicitud de autorización inicial de residencia temporal y trabajo por
cuenta ajena en modelo oficial deberá acompañarse la siguiente documentación:
a) El NIF y, en el caso de que la empresa esté constituida como persona jurídica,
documento público que otorgue su representación legal en favor de la persona
física que formule la solicitud.
Si el empleador fuera persona física, no se le exigirá la presentación del NIF si
accede a la verificación de sus datos a través del Sistema de verificación de datos
b) Original y copia del contrato de trabajo, en el modelo oficial establecido.
La Oficina de Extranjería sellará la copia del contrato a los efectos de su posterior
presentación por el extranjero junto a la correspondiente solicitud de visado de
residencia y trabajo.
c) En su caso, certificado del Servicio Público de Empleo competente sobre la
insuficiencia de demandantes de empleo para cubrir el puesto de trabajo.
d) Los documentos acreditativos de los medios económicos, materiales o
personales de los que dispone para su proyecto empresarial y para hacer frente a
dichas obligaciones, de acuerdo con lo establecido en el artículo 66.
65
La disponibilidad de medios no podrá acreditarse mediante la referencia a ingresos
procedentes de subvenciones, subsidios y ayudas de carácter no contributivo o
asistencial otorgadas por Administraciones Públicas españolas, salvo en el ámbito
de la asistencia domiciliaria y el cuidado de menores o personas dependientes.
Cuando el empleador tenga la condición de empresa, podrá acreditar el
cumplimiento de este requisito a través de, entre otros medios de prueba admitidos
en Derecho, la presentación o la comprobación de la información relativa a su cifra
de negocios, con el límite de los últimos tres años, y al promedio anual de personal
contratado, teniendo en consideración las contrataciones realizadas, así como los
despidos o bajas que se hayan producido. También podrá presentar, sin perjuicio
de la utilización de otros medios de prueba admitidos en Derecho, una declaración
relativa a los servicios o trabajos realizados anteriormente, con el límite de los tres
últimos años y/o un extracto de las cuentas anuales referido a balance.
e) Copia del pasaporte completo, o documento de viaje, en vigor, del trabajador
extranjero.
f) La titulación o acreditación de que se posee la capacitación exigida para el
ejercicio de la profesión, cuando proceda, debidamente homologada.
g) Aquellos documentos que acrediten, de ser alegada por el interesado, la
concurrencia de un supuesto específico de no consideración de la situación
nacional de empleo, establecido en el artículo 40 de la Ley Orgánica 4/2000 o por
Convenio internacional.
3. Recibida la solicitud, el órgano competente la registrará, dejando constancia
inmediata de su presentación, y la grabará en la aplicación informática
correspondiente, de tal manera que permita que los órganos competentes para
resolver puedan tener conocimiento de la solicitud en tiempo real.
4. La autoridad competente para resolver comprobará si concurre o no alguna de
las causas de inadmisión a tramite que se recogen en la Ley Orgánica 4/2000, y si
apreciara su concurrencia resolverá de forma motivada declarando la inadmisión a
trámite de la solicitud.
5. Admitida a trámite la solicitud, se procederá a la instrucción del procedimiento y
a su inmediata tramitación y se comprobará de oficio la información de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria y de la Tesorería General de la Seguridad
Social respecto al cumplimiento de las obligaciones en materia tributaria y de
Seguridad Social, así como los informes de los servicios competentes de la
Dirección General de la Policía y la Guardia Civil y del Registro Central de Penados
y Rebeldes. En el caso de que sea necesario solicitar informes en el marco de este
apartado, éstos serán emitidos en el plazo máximo de diez días.
Asimismo, la autoridad competente para resolver comprobará si con la solicitud se
acompaña la documentación exigida, y si estuviera incompleta, formulará al
solicitante el oportuno requerimiento a fin de que se subsanen los defectos
66
observados en el plazo de diez días, advirtiéndole que de no subsanarse los
mismos en el indicado plazo se le tendrá por desistido de su solicitud y se
procederá al archivo de su expediente, dictándose al efecto la oportuna resolución.
La solicitud y emisión de los informes a que se refiere este apartado se realizarán
por medios telemáticos.
6. La autoridad competente, a la vista de la documentación presentada y de los
informes obtenidos, resolverá de forma motivada en el plazo máximo de tres
meses, atendiendo a los requisitos previstos en esta sección, sobre la autorización
solicitada.
La autoridad competente grabará de inmediato la resolución en la aplicación
informática correspondiente, de manera que las autoridades de los organismos
afectados, incluido el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y la Misión
diplomática u Oficina consular española correspondiente al lugar de residencia del
trabajador, tengan conocimiento de la misma en tiempo real.
Cuando la Misión diplomática u Oficina consular competente no disponga, por
razón de su ubicación geográfica, de los medios técnicos necesarios para el
acceso en tiempo real a la resolución mencionada en el párrafo anterior, los
servicios centrales del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, le darán
traslado de la misma en el plazo de veinticuatro horas desde su recepción.
7. Concedida la autorización, su eficacia quedará suspendida hasta la obtención
del visado y posterior alta del trabajador en el régimen correspondiente de
Seguridad Social, en el plazo de tres meses desde su entrada legal en España y
por el empleador que solicitó la autorización. Estas circunstancias constarán en la
resolución por la que se conceda la autorización.
8. En caso de fallecimiento del empleador o de desaparición del empleador que
tenga la condición de empresa, el órgano que concedió la autorización podrá
permitir el alta del trabajador por otro empleador, siempre que ésta se produzca
dentro de los tres meses desde su entrada legal en España.
A dichos efectos, el nuevo empleador deberá acreditar que cumple los requisitos
previstos en los apartados b), c), d) y e) del artículo 64.3 de este Reglamento. El
alta en Seguridad Social deberá realizarse en el ámbito territorial y la ocupación a
los que esté limitada, en su caso, la autorización. De no estar limitada la
autorización y producirse un cambio de ocupación, el nuevo empleador deberá
acreditar, además, que se cumple el requisito previsto en el apartado f) de dicho
precepto.
9. El trabajador extranjero comunicará a la Oficina de Extranjería competente el
fallecimiento o desaparición del empleador, para debida constancia. Igualmente, en
caso de que habiéndose dirigido al empleador que solicitó la autorización éste le
hubiera comunicado su intención de no darle de alta en el correspondiente régimen
67
de Seguridad Social en el plazo establecido al efecto, el trabajador extranjero
comunicará dicha circunstancia a la Oficina de Extranjería competente.
Artículo 68. Asunción de competencias ejecutivas en materia de autorización
inicial de trabajo por cuenta ajena por Comunidades Autónomas.
1. Todo procedimiento relativo a una autorización inicial de residencia temporal y
trabajo por cuenta ajena supondrá la presentación de una única solicitud y
finalizará con una única resolución administrativa.
2. En el caso de que la Comunidad Autónoma donde se vaya a desarrollar la
actividad laboral hubiera asumido competencias en materia de autorización inicial
de trabajo por cuenta ajena para extranjeros, la solicitud de autorización inicial de
residencia temporal y trabajo por cuenta ajena se presentará ante el órgano
autonómico que sea competente de acuerdo con la normativa autonómica.
3. El órgano autonómico ante el que se deba presentar la solicitud de autorización
inicial de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena será competente para
resolver la inadmisión a trámite o para declarar el desistimiento y el archivo de las
actuaciones.
Deberá resolver, en todo caso, de acuerdo con el informe preceptivo y vinculante
de la Administración General del Estado sobre la concurrencia o no de las
indicadas causas de inadmisión a trámite, cuando afecten a la residencia.
Las resoluciones que dicte el órgano autonómico en base al párrafo anterior se
notificarán por éste al interesado en la forma prevista en la normativa en vigor, y se
introducirán en la aplicación informática correspondiente, de tal manera que
permita el conocimiento de las mismas por parte de la Administración General del
Estado en tiempo real.
Los recursos que se pueden interponer contra las resoluciones que dicte el órgano
autonómico sobre inadmisión a trámite y desistimiento y archivo de actuaciones
serán resueltos por éste, de acuerdo con el informe preceptivo y vinculante emitido
por la Administración General del Estado sobre la concurrencia o no de las causas
de inadmisión cuando afecten a la residencia. En todo caso, el citado órgano
deberá introducir los recursos y las resoluciones adoptadas en la aplicación
informática correspondiente.
4. Será el órgano autonómico competente el que comprobará el abono de las tasas
correspondientes, y recabará los informes de la Administración Tributaria, incluida,
en su caso, el de la propia Comunidad Autónoma, y el de la Seguridad Social, con
el fin de comprobar que el empleador está al corriente en el pago de sus
obligaciones tributarias y de Seguridad Social.
68
El órgano competente de la Administración General del Estado solicitará,
simultáneamente, los informes de la Dirección General de la Policía y de la Guardia
Civil y del Registro Central de Penados y Rebeldes.
5. A la vista de la documentación aportada y de los informes obtenidos, los órganos
competentes de la Administración General del Estado y de la Comunidad
Autónoma correspondiente deberán dictar, de manera coordinada y concordante,
una resolución conjunta denegando o concediendo la correspondiente autorización
inicial de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena, que será firmada por los
titulares de los órganos competentes de cada una de las Administraciones y
expedida y notificada a los interesados por el órgano autonómico.
En todo caso, la resolución conjunta será desfavorable si concurre alguna causa de
denegación referida bien a los aspectos laborales o bien a los de residencia,
debiendo recogerse en la misma todas las causas específicas de denegación así
como los órganos que, en su caso, deban conocer de un eventual recurso
administrativo o judicial contra la resolución.
6. La resolución conjunta a que se hace referencia anteriormente podrá ser
impugnada ante cualquiera de los órganos que la firmen, si bien se resolverá de
forma conjunta y concordante por los titulares de los órganos competentes de
ambas Administraciones y se notificará a los interesados por el órgano competente
de la Comunidad Autónoma.
Artículo 69. Denegación de las autorizaciones iniciales de residencia
temporal y trabajo por cuenta ajena.
1. La autoridad o autoridades competentes denegarán las autorizaciones iniciales
de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena en los supuestos siguientes:
a) Cuando no se acredite cumplir alguno de los requisitos establecidos en el
artículo 64.
b) Cuando en los 12 meses inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud el
empleador haya amortizado los puestos de trabajo que pretende cubrir por despido
improcedente o nulo, declarado por sentencia o reconocido como tal en acto de
conciliación, o por las causas previstas en los artículos 50, 51 y 52.c) del Estatuto
de los Trabajadores, excepto en los supuestos de fuerza mayor.
c) Cuando el empleador solicitante haya sido sancionado mediante resolución firme
en los últimos 12 meses por infracciones calificadas como graves o muy graves en
la Ley Orgánica 4/2000, o por infracciones en materia de extranjería calificadas
como graves o muy graves en el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y
Sanciones en el Orden Social, aprobada por el Real Decreto Legislativo 5/2000.
69
d) Cuando, para fundamentar la petición, se hayan presentado documentos falsos
o formulado alegaciones inexactas, o medie mala fe.
e) De así valorarlo el órgano competente para resolver, cuando conste un informe
policial desfavorable.
f) Cuando concurra una causa prevista legalmente de inadmisión a trámite que no
hubiera sido apreciada en el momento de la recepción de la solicitud.
g) Cuando el empleador solicitante haya sido condenado mediante sentencia firme
por delitos contra los derechos de los trabajadores o contra extranjeros, así como
contra la Hacienda Pública o la Seguridad Social, salvo que los antecedentes
penales hubieran sido cancelados.
h) De así entenderlo oportuno la autoridad competente para la resolución del
procedimiento a la vista de las circunstancias concurrentes, que en los doce meses
inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud el empleador
solicitante haya decidido la extinción del contrato que motivó la concesión de una
autorización inicial de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena con carácter
previo a la finalización de la vigencia de la autorización.
De así entenderlo oportuno la autoridad competente para la resolución del
procedimiento, será igualmente causa de denegación de una autorización que en
los tres años inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud
el empleador solicitante haya sido sancionado por comisión de la infracción
prevista en el artículo 53.2.a) de la Ley Orgánica 4/2000.
2. La denegación habrá de ser motivada y expresará los recursos que contra ella
procedan, el órgano administrativo o judicial ante el que hubieran de presentarlo y
el plazo para interponerlos.
Artículo 70. Visado de residencia y trabajo.
1. Serán requisitos para la concesión del visado:
a) Que el extranjero sea titular de una autorización inicial de residencia temporal y
trabajo por cuenta ajena.
b) En el caso de que el solicitante sea mayor de edad penal, que carezca de
antecedentes penales en su país de origen o en sus países anteriores de
residencia durante los últimos cinco años, por delitos previstos en el ordenamiento
español.
c) Que el extranjero no padezca ninguna de las enfermedades que pueden tener
repercusiones de salud pública graves de conformidad con lo dispuesto en el
Reglamento Sanitario Internacional de 2005.
70
d) Que el extranjero haya abonado la tasa por tramitación del procedimiento.
2. En el plazo de un mes desde la notificación de la concesión de la autorización al
empleador interesado, el trabajador deberá solicitar personalmente el visado en la
Misión diplomática u Oficina consular en cuya demarcación resida. El Ministerio de
Asuntos Exteriores y de Cooperación, si media causa que lo justifique, podrá
determinar la misión diplomática u oficina consular diferente a la anterior en la que
corresponda presentar la solicitud de visado.
4/2000, podrá realizarse la presentación por un
acreditado cuando existan motivos fundados que obstaculicen el desplazamiento
De acuerdo con lo previsto por la disposición adicional tercera de la Ley Orgánica
representante legalmente
en el ordenamiento español.
c) Certificado médico
enfermedades
del solicitante, como la lejanía de la misión u oficina, dificultades de transporte que
hagan el viaje especialmente gravoso o razones acreditadas de enfermedad o
condición física que dificulten sensiblemente su movilidad, o cuando se trate de un
menor.
Sin perjuicio de lo anterior, cuando a través del poder de representación, de otros
documentos aportados en la solicitud o de datos que consten en la Administración,
se evidenciase que el extranjero para el que se solicita el visado se hallaba en
España en situación irregular en la fecha en que se presentó a su favor la solicitud
de autorización inicial de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena, se
inadmitirá a trámite o, si tal circunstancia se advirtiera en un momento posterior, se
denegará la solicitud de visado.
3. La solicitud de visado deberá ir acompañada de la siguiente documentación:
a) Pasaporte ordinario o título de viaje, reconocido como válido en España, con una
vigencia mínima de cuatro meses.
b) Certificado de antecedentes penales, que debe ser expedido por las autoridades
del país de origen o del país o países en que haya residido durante los últimos
cinco años, en el que no deben constar condenas por delitos existentes previstos
con el fin de acreditar que no padece ninguna de las
que pueden tener repercusiones de salud pública graves de
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Sanitario Internacional de 2005.
d) Copia del contrato en relación con el cual se ha concedido la autorización inicial
de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena, sellada por la Oficina de
Extranjería.
De oficio, la misión diplomática u oficina consular verificará, en la aplicación
informática correspondiente, que se ha concedido la autorización inicial de
residencia temporal y trabajo por cuenta ajena condicionada.
71
4. La misión diplomática u oficina consular denegará el visado en los siguientes
supuestos:
a) Cuando el extranjero se encontrara en situación irregular en España en la fecha
en que se presentó a su favor la solicitud de autorización inicial de residencia
temporal y trabajo por cuenta ajena.
b) Cuando no se acredite el cumplimiento de los requisitos previstos en este
artículo.
c) Cuando, para fundamentar la petición de visado, se hayan presentado
documentos falsos o formulado alegaciones inexactas, o medie mala fe.
e) Cuando concurra una causa prevista legalmente de inadmisión a trámite que no
hubiera sido apreciada en el momento de la recepción de la solicitud.
f) Cuando la copia del contrato presentada no coincida con la información
proporcionada por la Oficina de Extranjería sobre el contrato original.
5. La misión diplomática u oficina consular resolverá sobre la solicitud y expedirá,
en su caso, el visado de residencia y trabajo, en el plazo máximo de un mes.
Notificada la concesión del visado, el trabajador deberá recogerlo personalmente
en el plazo de un mes desde la fecha de notificación. De no efectuarse la recogida
en el plazo mencionado, se entenderá que el interesado ha renunciado al visado
concedido, y se producirá el archivo del expediente.
6. Una vez recogido el visado, el trabajador deberá entrar en el territorio español,
de conformidad con lo establecido en el título I, durante la vigencia de éste, que
será de tres meses. El visado le habilitará para la entrada y la permanencia en
situación de estancia en España.
7. En el plazo de tres meses desde la entrada del trabajador extranjero en territorio
español, deberá producirse su afiliación, alta y posterior cotización, en los términos
establecidos por la normativa sobre el régimen de Seguridad Social que resulte de
aplicación; el trabajador podrá comenzar su actividad laboral; y el empleador
quedará obligado a comunicar el contenido del contrato de trabajo a los Servicios
Públicos de Empleo. El alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social
dotará de eficacia a la autorización inicial de residencia temporal y trabajo por
cuenta ajena.
8. En el plazo de un mes desde el alta del trabajador en la Seguridad Social, éste
deberá solicitar la tarjeta de identidad de extranjero, personalmente y ante la
Oficina de Extranjería correspondiente. Dicha tarjeta será expedida por el plazo de
validez de la autorización y será retirada por el extranjero.
9. Si finalizada la vigencia de la autorización de estancia no existiera constancia de
que el trabajador ha sido dado de alta en el régimen correspondiente de la
72
Seguridad Social, éste quedará obligado a salir del territorio nacional, incurriendo
en caso contrario en infracción grave por encontrarse irregularmente en España.
Asimismo, la autoridad competente requerirá al empleador que solicitó la
autorización para que alegue las razones por las que no se ha iniciado la relación
laboral y por las que no se ha cumplido la obligación de comunicación sobre dicha
incidencia a las autoridades competentes, prevista en el artículo 38.4 de la Ley
Orgánica 4/2000.
En dicho requerimiento, se hará constar que, de no recibirse contestación al mismo
en el plazo de diez días o de considerarse insuficientes las razones alegadas por el
empleador, la autoridad competente dará traslado del expediente a la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social, por posible concurrencia de una infracción grave de
las previstas en el artículo 53.2.a) de la Ley Orgánica 4/2000.
Igualmente, le advertirá que, de finalizar el posible procedimiento sancionador con
determinación de la concurrencia de la infracción señalada en el párrafo anterior,
podrán denegarse ulteriores solicitudes de autorización que presente por
considerar que no se garantiza la actividad continuada de los trabajadores.
Artículo 71. Renovación de las autorizaciones de residencia temporal y
trabajo por cuenta ajena.
1. La renovación de las autorizaciones de residencia temporal y trabajo por cuenta
ajena deberá solicitarse, en modelo oficial, durante los 60 días naturales previos a
la fecha de expiración de la vigencia de su autorización. La presentación de la
solicitud en este plazo prorrogará la validez de la autorización anterior hasta la
resolución del procedimiento. También se prorrogará hasta la resolución del
procedimiento en el supuesto en que la solicitud se presentase dentro de los 90
días naturales posteriores a la fecha en que hubiera finalizado la vigencia de la
anterior autorización, sin perjuicio de la incoación del correspondiente
procedimiento sancionador por la infracción en la que se hubiese incurrido.
2. La autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena se renovará a su
expiración en los siguientes supuestos:
a) Cuando se acredite la continuidad en la relación laboral que dio lugar a la
concesión de la autorización cuya renovación se pretende.
b) Cuando se acredite la realización habitual de la actividad laboral para la que se
concedió la autorización durante un mínimo de seis meses por año y el trabajador
se encuentre en alguna de las siguientes situaciones:
1º. Haya suscrito un contrato de trabajo con un nuevo empleador acorde con las
características de su autorización para trabajar, y figure en situación de alta o
asimilada al alta en el momento de solicitar la renovación.
73
2º. Disponga de un nuevo contrato que reúna los requisitos establecidos en el
artículo 64 y con inicio de vigencia condicionado a la concesión de la renovación.
c) Cuando el trabajador haya tenido un período de actividad laboral de al menos
tres meses por año, siempre y cuando acredite, acumulativamente:
1º. Que la relación laboral que dio lugar a la autorización cuya renovación se
pretende se interrumpió por causas ajenas a su voluntad.
Público de Empleo competente como demandante de empleo.
3º. Que en el momento de solicitud de la renovación tiene un contrato de trabajo en
2º. Que ha buscado activamente empleo, mediante su inscripción en el Servicio
por causas ajenas
cónyuge cumpliera con los
trabajador. Se procederá igualmente
familiar.
3. Junto con
vigor.
d) Cuando el trabajador se encuentre en alguna de las situaciones previstas en el
artículo 38.6 b) y c) de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, o en la prevista en
su apartado d) en relación con supuestos de extinción del contrato de trabajo o
suspensión de la relación laboral como consecuencia de que la trabajadora sea
víctima de violencia de género.
e) En desarrollo del artículo el artículo 38.6.d) de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de
enero, cuando:
1º. El trabajador acredite que se ha encontrado trabajando y en alta en Seguridad
Social durante un mínimo de nueve meses en un periodo de doce, o de dieciocho
meses en un periodo de veinticuatro, siempre que su última relación laboral se
hubiese interrumpido a su voluntad, y haya buscado
activamente empleo.
2º. El requisitos económicos para reagrupar al
a la renovación, cuando el requisito sea
cumplido por la persona con la que el extranjero mantenga una relación de análoga
afectividad a la conyugal en los términos previstos en materia de reagrupación
la solicitud de renovación deberán presentarse los documentos
acreditativos de que se reúnen las condiciones para su concesión, de acuerdo con
lo establecido en el apartado anterior, así como informe emitido por la autoridades
autonómicas competentes que acredite la escolarización de los menores a cargo
en edad de escolarización obligatoria.
4. Para la renovación de la autorización se valorará, en su caso, previa solicitud de
oficio de los respectivos informes:
a) Que el extranjero haya sido indultado o se halle en situación de remisión
condicional de la pena o de suspensión de la pena privativa de libertad.
74
b) Que el extranjero haya incumplido sus obligaciones en materia tributaria y de
seguridad social.
Igualmente se valorará, teniendo en consideración el informe positivo de la
Comunidad Autónoma de su lugar de residencia, el esfuerzo de integración del
extranjero.
Dicho esfuerzo de integración podrá ser alegado por el extranjero como
información a valorar en caso de no acreditar el cumplimiento de alguno de los
requisitos previstos para la renovación de la autorización.
El informe tendrá como contenido mínimo la certificación, en su caso, de la
participación activa del extranjero en acciones formativas destinadas al
conocimiento y respeto de los valores constitucionales de España y los de la Unión
Europea, así como los valores consagrados en el Estatuto de autonomía de la
Comunidad Autónoma en la que resida. Se tendrá en especial consideración la
formación en materia de derechos humanos, libertades públicas, democracia,
tolerancia e igualdad entre mujeres y hombres, así como la relativa al conocimiento
de las lenguas oficiales y la orientada al empleo. En este sentido, la certificación
hará expresa mención al tiempo de formación dedicado a los ámbitos señalados.
El informe tendrá en consideración las acciones formativas desarrolladas por
entidades públicas o privadas debidamente acreditadas.
5. Los descubiertos en la cotización a la Seguridad Social no impedirán la
renovación de la autorización, siempre que se acredite la realización habitual de la
actividad. La autoridad competente pondrá en conocimiento de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social la situación de descubierto de cotización, a los efectos
de que se lleven a cabo las actuaciones que procedan.
6. Será causa de denegación de las solicitudes de renovación, además del
incumplimiento de algunos de los requisitos previstos en este artículo, la
concurrencia de alguno de los supuestos de denegación previstos en el artículo 69
de este Reglamento, excepto el relativo a que la situación nacional de empleo
permita la contratación.
7. Transcurrido el plazo de tres meses para resolver sobre una solicitud de
renovación de autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena, ésta se
entenderá estimada. La autoridad competente para conceder la autorización
vendrá obligada, previa solicitud por parte del interesado, a expedir el certificado
que acredite la renovación por este motivo y, en el plazo de un mes desde la
notificación del mismo, su titular deberá solicitar la expedición de la tarjeta de
identidad de extranjero.
75
Artículo 72. Efectos de la renovación de la autorización de residencia
temporal y trabajo por cuenta ajena.
1. La renovación de la autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena se
hará por un período de dos años, salvo que corresponda una autorización de
residencia de larga duración, y permitirá el ejercicio de cualquier actividad en
cualquier parte del territorio nacional. Los efectos de la autorización renovada se
retrotraerán al día inmediatamente siguiente al de la caducidad de la autorización
anterior.
2. Notificada la resolución favorable, el extranjero deberá solicitar en el plazo de un
mes la tarjeta de identidad de extranjero.
Capítulo IV. Residencia temporal y trabajo para investigación
Artículo 73. Definición.
Se halla en situación de residencia temporal y trabajo para investigación, el
investigador extranjero cuya permanencia en España tiene como fin único o
principal realizar proyectos de investigación, en el marco de un convenio de
acogida firmado con una entidad u organismo de investigación.
El contenido de este capítulo se entenderá sin perjuicio de lo establecido sobre las
situaciones de residencia temporal con excepción de la autorización de trabajo y de
estancia por estudios, intercambio de alumnos, prácticas no laborales o servicios
de voluntariado.
Artículo 74. Autorización de residencia temporal y trabajo para investigación.
1. La autorización inicial de residencia temporal y trabajo para investigación habilita
a los extranjeros que residen fuera de España y que han obtenido el
correspondiente visado de investigación, a iniciar un proyecto de investigación
dentro del marco de un convenio de acogida firmado con una entidad u organismo
de investigación.
No será requerible la obtención de visado de investigación, en casos de ejercicio
del derecho a la movilidad por un investigador extranjero, tras haber iniciado su
investigación en otro Estado miembro de la Unión Europea.
2. La duración de la autorización inicial de residencia temporal y trabajo para
investigación será siempre superior a tres meses y, como máximo, coincidente con
la de la duración del proyecto de investigación en relación con el cual se conceda.
Se limitará al ejercicio de la actividad investigadora para la que fue concedida.
76
Artículo 75. Convenio de acogida.
1. Para la firma del convenio de acogida será necesario cumplir las siguientes
condiciones:
a) Que el proyecto de investigación haya sido aceptado por los órganos
competentes de la entidad u organismo, y que esté adecuadamente determinado
su objeto y duración, así como los medios materiales y financieros necesarios para
su realización.
b) Que el investigador extranjero acredite estar en posesión de una titulación
superior que le permita el acceso a programas de doctorado, relacionada con el
proyecto de investigación para cuyo desarrollo se solicita la autorización de
residencia temporal y trabajo. Dicha titulación habrá de estar, en su caso,
debidamente homologada o reconocida.
2. El Convenio de acogida incorporará el contrato de trabajo firmado por la entidad
u organismo y el investigador extranjero, con fecha de inicio de vigencia
condicionada a la concesión de la autorización.
3. Serán causas de resolución del convenio de acogida la denegación de la
autorización de residencia y trabajo para investigación, así como la resolución del
contrato.
Artículo 76. Requisitos para la concesión de la autorización de residencia
temporal y trabajo para investigación.
Para la concesión de una autorización de residencia temporal y trabajo para
investigación será necesario cumplir el cumplimiento de las siguientes condiciones:
1. En relación con la residencia de los extranjeros que se pretende contratar será
necesario que:
a) No se encuentren irregularmente en territorio español.
b) Carezcan de antecedentes penales, tanto en España como en sus países
anteriores de residencia durante los últimos cinco años, por delitos previstos en el
ordenamiento español.
c) No figuren como rechazables en el espacio territorial de países con los que
España tenga firmado un convenio en tal sentido.
d) Se haya abonado la tasa por tramitación de la autorización de residencia
temporal.
2. En relación con la actividad a desarrollar será necesario que:
77
a) La entidad u organismo de investigación esté autorizado para la firma de
convenios de acogida a los efectos previstos en la presente sección. A dichos
efectos, el Ministerio de Ciencia e Innovación mantendrá actualizado un listado de
las entidades u organismos autorizados para acoger a investigadores extranjeros,
ya hayan sido autorizadas por la Administración General del Estado ya, en su caso,
por las Comunidades Autónomas con competencia sobre la materia.
b) La entidad u organismo de investigación haya formalizado su inscripción en el
correspondiente régimen del sistema de Seguridad Social y se encuentre al
corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad
Social.
c) La entidad u organismo de investigación haya firmado con el investigador
extranjero un convenio de acogida que garantice al investigador una actividad
continuada durante el periodo de vigencia de la autorización, que incluirá el
correspondiente contrato de trabajo.
d) El investigador posea la titulación, en su caso, debidamente homologada,
exigida para el ejercicio de la profesión.
e) Se haya abonado la tasa por tramitación de la autorización de trabajo.
Artículo 77. Procedimiento.
1. La entidad u organismo de investigación que haya firmado un convenio de
acogida con un extranjero no residente en España, deberá presentar, en el modelo
oficial establecido al efecto, y a través de quien válidamente tenga atribuida la
representación legal, la correspondiente solicitud de autorización de residencia y
trabajo para investigación, ante el órgano competente para su tramitación de la
provincia donde se vaya a iniciar el proyecto de investigación.
2. Con la solicitud de autorización, deberá acompañarse la siguiente
documentación:
a) El NIF, y el documento público que otorgue la representación legal de la entidad
u organismo de investigación en favor de la persona física que formule la solicitud.
La inscripción de la entidad u organismo de investigación en la Seguridad Social
será comprobada de oficio por parte del órgano administrativo ante el que se
presente la solicitud.
b) Copia del pasaporte completo, o documento de viaje, en vigor, del investigador
extranjero, reconocido como válido en España.
c) El convenio de acogida firmado entre el investigador extranjero y la entidad u
organismo de investigación, que comprenderá memoria descriptiva del proyecto de
investigación, y el contrato de trabajo entre ambos.
78
d) La titulación exigida para el ejercicio de la profesión, debidamente homologada
cuando proceda.
Igualmente, el órgano competente para la tramitación verificará, de oficio, que la
entidad u organismo se encuentra incluida en el listado de entidades y organismos
autorizados para la firma de convenios de acogida.
3. Recibida la solicitud, el órgano competente la registrará, dejando constancia
inmediata de su presentación, y la introducirá en la correspondiente aplicación
informática, de tal manera que permita que los órganos competentes para resolver
puedan tener conocimiento de la solicitud en tiempo real.
4. Admitida a trámite la solicitud, se procederá a la instrucción del procedimiento y
a su inmediata tramitación y se comprobará de oficio la información respecto al
cumplimiento de las obligaciones en materia tributaria y de Seguridad Social, así
como se recabarán los informes de los servicios competentes de la Dirección
General de la Policía y la Guardia Civil y del Registro Central de Penados y
Rebeldes. Estos informes serán emitidos en el plazo máximo de diez días.
La solicitud y emisión de los informes a que se refiere este apartado se realizarán
por medios telemáticos.
5. La autoridad competente, a la vista de la documentación presentada y de los
informes obtenidos, resolverá de forma motivada en el plazo de 45 días desde la
presentación de la solicitud, atendiendo a los requisitos previstos en este capítulo,
sobre la autorización de residencia y trabajo para investigación solicitada.
La autoridad competente grabará de inmediato la resolución en la aplicación
informática correspondiente, de manera que las autoridades de los organismos
afectados, incluido el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y la Misión
diplomática u Oficina consular española correspondiente al lugar de residencia del
investigador, tengan conocimiento de la misma en tiempo real.
Cuando la Misión diplomática u Oficina consular competente no disponga, por
razón de su ubicación geográfica, de los medios técnicos necesarios para el
acceso en tiempo real a la resolución mencionada en el párrafo anterior, los
servicios centrales del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, le darán
traslado de la misma en el plazo de veinticuatro horas desde su recepción.
Si la resolución es favorable se suspenderá su eficacia hasta la obtención del
visado y hasta la efectiva entrada del extranjero en España, y así se hará constar
en la propia resolución.
79
Artículo 78. Denegación de las autorizaciones de residencia y trabajo para
investigación.
Será causa de denegación de esta autorización el incumplimiento de alguno de los
requisitos previstos en este capítulo para su concesión, así como la concurrencia
de alguna circunstancia prevista en el artículo 69.1, excepto el apartado b).
Artículo 79. Requisitos para la obtención del visado de investigación.
Identidad de Extranjero,
1. El visado de investigación incorporará la autorización inicial de residencia
temporal y trabajo para investigación, y la vigencia de ésta comenzará desde la
fecha en que se efectúe la entrada en España, la cual deberá hacerse constar
obligatoriamente en el pasaporte o título de viaje.
2. Los requisitos y el procedimiento relativos al visado serán los previstos en el
artículo 70 respecto al visado de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena.
Artículo 80. Efectos del visado de investigación.
1. Una vez recogido el visado, el investigador deberá entrar en el territorio español,
de conformidad con lo establecido en el título I, en el plazo de vigencia del visado,
que no será superior a seis meses y cuya vigencia abarcará la duración de la
autorización en los casos en que no proceda la obtención de Tarjeta de Identidad
de Extranjero.
2. A partir de la entrada legal en España del investigador, éste podrá comenzar su
actividad y se producirá su alta y posterior cotización en los términos establecidos
por la normativa de Seguridad Social que resulte de aplicación.
3. Si la duración de la autorización inicial es superior a seis meses, el investigador
deberá solicitar, en el plazo de un mes desde su entrada en España, la Tarjeta de
personalmente y ante la Oficina de Extranjería
correspondiente. Dicha Tarjeta será expedida por el plazo de validez de la
autorización y será retirada por el extranjero.
4. Si en el momento de la solicitud de la Tarjeta de Identidad de Extranjero, o
transcurrido un mes desde su entrada en España, no existiera constancia de que el
investigador autorizado inicialmente a residir y trabajar ha sido afiliado y/o dado de
alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social, la autoridad competente
podrá resolver la extinción de la autorización, de conformidad con lo dispuesto por
el artículo 159.
Asimismo, dará traslado a la autoridad que hubiera autorizado a la entidad u
organismo de investigación de que se trate a la firma de convenios de acogida,
80
para debida constancia y determinación, en su caso, de los posibles efectos en
dicho ámbito, en caso de firma fraudulenta o negligente de convenios de acogida.
Artículo 81. Renovación de la autorización de residencia temporal y trabajo
para investigación.
1. La autorización de residencia y trabajo para investigación podrá renovarse a su
expiración, por periodos anuales, salvo que corresponda una autorización de
residencia de larga duración, cuando el investigador extranjero acredite cumplir los
requisitos exigibles de cara a la concesión de una autorización inicial, salvo el
relativo al visado.
2. Junto con la solicitud de renovación, en modelo oficial, deberán presentarse los
documentos acreditativos de que se reúnen las condiciones exigibles para la
concesión de una autorización inicial.
3. La renovación de las autorizaciones de residencia temporal y trabajo para
investigación deberá solicitarse, en modelo oficial, durante los 60 días naturales
previos a la fecha de expiración de la vigencia de su autorización. La presentación
de la solicitud en este plazo prorrogará la validez de la autorización anterior hasta
la resolución del procedimiento. También se prorrogará hasta la resolución del
procedimiento en el supuesto en que la solicitud se presentase dentro de los
noventa días naturales posteriores a la fecha en que hubiera finalizado la vigencia
de la anterior autorización, sin perjuicio de la incoación del correspondiente
procedimiento sancionador por la infracción en la que se hubiese incurrido.
4. Los efectos de la autorización renovada se retrotraerán al día inmediatamente
siguiente al de la caducidad de la autorización anterior.
5. Transcurrido el plazo de tres meses para resolver sobre una solicitud de
renovación de autorización de residencia temporal y trabajo para investigación,
ésta se entenderá estimada. La autoridad competente para conceder la
autorización vendrá obligada, previa solicitud por parte del interesado, a expedir el
certificado que acredite la renovación por este motivo y, en el plazo de un mes
desde su notificación del mismo, su titular deberá solicitar la renovación de la
tarjeta de identidad de extranjero.
Artículo 82. Familiares de los investigadores extranjeros.
Se podrá solicitar, simultáneamente a la presentación de la solicitud de
autorización de residencia temporal y trabajo para investigación, una autorización
de residencia temporal a favor de los miembros de su familia que desee reagrupar.
81
La autorización será concedida en caso de acreditación de que se cumplen los
requisitos reglamentariamente previstos en relación con la reagrupación familiar y
la situación del familiar en España será la de residencia por reagrupación familiar.
La solicitud a favor de los familiares podrá ser presentada tanto por la entidad u
organismo de investigación solicitante de la autorización principal, como por el
propio investigador extranjero.
Artículo 83. Movilidad de los extranjeros admitidos como investigadores en
Estados miembros de la Unión Europea.
1. Todo investigador extranjero que haya sido admitido como tal en un Estado
miembro de la Unión Europea podrá continuar, en España, el desarrollo del
proyecto de investigación iniciado en el mismo, por un periodo de hasta tres
meses.
2. En caso de que el investigador extranjero que haya sido admitido como tal en un
Estado de la Unión Europea, desee permanecer en territorio español, para
continuar el proyecto de investigación iniciado en el mismo, durante más de tres
meses, habrá de ser autorizado a dichos efectos por la autoridad competente, en
los términos establecidos en esta sección para la concesión de una autorización
inicial, salvo la necesidad de presentar una solicitud de visado de investigación.
En dicho supuesto, el cumplimiento de los requisitos generalmente exigidos de
cara a la concesión del visado deberá ser acreditado en el marco del procedimiento
de solicitud de la autorización inicial de residencia temporal y trabajo para
investigación.
3. El plazo de un mes para el alta del investigador extranjero en Seguridad Social y
posterior solicitud de la tarjeta de identidad de extranjero, será computado a partir
de la fecha de notificación de la resolución por la que le sea concedida la
autorización de residencia temporal y trabajo para investigación.
Capítulo V. Residencia temporal y trabajo de profesionales altamente
cualificados titulares de una tarjeta azul-UE
Artículo 84. Definición.
1. Se halla en situación de residencia temporal y trabajo de profesionales altamente
cualificados, aquel trabajador extranjero autorizado a desempeñar una actividad
laboral para la que se requiera contar con cualificación de enseñanza superior o,
excepcionalmente, acredite un mínimo de cinco años de experiencia profesional
que pueda considerarse equiparable a dicha cualificación, relacionada con la
actividad para cuyo desempeño se conceda la autorización.
82
2. A los efectos del presente capítulo, se entenderá por cualificación de enseñanza
superior aquélla derivada de una formación de enseñanza superior, de duración
mínima de 3 años y que proporcione el nivel de cualificación necesario para ejercer
una profesión que exija un alto nivel de capacitación o para ingresar en un
programa de investigación avanzada.
Artículo 85. Autorización de residencia y trabajo de profesionales altamente
cualificados.
1. La autorización inicial de residencia y trabajo de profesionales altamente
cualificados habilita a los extranjeros que residen fuera de España y han obtenido
el correspondiente visado de residencia y trabajo a iniciar, una vez se produzca la
eficacia de la autorización, la relación laboral para la que han sido autorizados.
No será requerible la obtención de visado de residencia y trabajo previo, en casos
de ejercicio del derecho a la movilidad, tras haber sido titular de una de dichas
autorizaciones en otro Estado miembro de la Unión Europea.
2. La autorización inicial de residencia y trabajo de profesionales altamente
cualificados tendrá una duración de un año.
3. Los extranjeros que obtengan una autorización deberán solicitar la tarjeta de
identidad de extranjero correspondiente, en el plazo de un mes desde el comienzo
de su vigencia. En la leyenda de la tarjeta expedida constará la mención “Tarjeta
Azul-UE”
Artículo 86. Requisitos.
Para la concesión de una autorización de residencia temporal y trabajo de
profesionales altamente cualificados será necesario cumplir los siguientes
requisitos:
1. En relación con la residencia de los extranjeros que se pretende contratar será
necesario que:
a) No se encuentren irregularmente en territorio español.
b) Carezcan de antecedentes penales, tanto en España como en sus países
anteriores de residencia durante los últimos cinco años, por delitos previstos en el
ordenamiento español.
c) No figuren como rechazables en el espacio territorial de países con los que
España tenga firmado un convenio en tal sentido.
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d) Se haya abonado la tasa por tramitación de la autorización de residencia
temporal.
2. En relación con la actividad a desarrollar será necesario que:
a) El empleador presente un contrato de trabajo que garantice al trabajador una
actividad continuada durante el período de vigencia de la autorización de
residencia temporal y trabajo.
b) Las condiciones fijadas en el contrato de trabajo se ajusten a las establecidas
por la normativa vigente y el convenio colectivo aplicable para la misma actividad,
categoría profesional y localidad, así como que el salario bruto anual especificado
en el contrato de trabajo sea, al menos, 1,5 veces el salario bruto anual medio.
No obstante, siempre que el contrato se ajuste a la normativa vigente y al convenio
colectivo aplicable, el umbral salarial podrá ser 1,2 veces el salario bruto anual
medio establecido para aquellas profesiones en las que haya una necesidad
particular de trabajadores nacionales de terceros países y que pertenezcan a
grupos 1 y 2 de la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones, CIUO.
La Dirección General de Inmigración informará anualmente a la Comisión Laboral
Tripartita de Inmigración sobre la evolución de las profesiones a las que resulte de
aplicación el párrafo anterior.
c) El empleador haya formalizado su inscripción en el correspondiente régimen del
sistema de Seguridad Social y se encuentre al corriente del cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.
d) El empleador cuente con medios económicos, materiales o personales,
suficientes para su proyecto empresarial y para hacer frente a las obligaciones
asumidas en el contrato frente al trabajador.
e) El extranjero posea la titulación, en su caso, debidamente homologada o
acredite su capacitación o cualificación para el ejercicio de la profesión.
f) Se haya abonado la tasa relativa a la autorización de trabajo.
g) Que la situación nacional de empleo no impida la contratación del trabajador
extranjero en los términos previstos en el artículo 65 de este Reglamento.
Artículo 87. Procedimiento.
1. El empleador que pretenda contratar a un trabajador extranjero no residente en
España, deberá presentar personalmente, o a través de quien válidamente tenga
atribuida la representación legal empresarial, la correspondiente solicitud de
autorización de residencia y trabajo de profesionales altamente cualificados, ante el
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órgano competente para su tramitación, de la provincia donde se vaya a ejercer la
actividad laboral.
2. Con la solicitud de autorización de residencia y trabajo, en modelo oficial, deberá
acompañarse la siguiente documentación:
a) El NIF y, en el caso de que la empresa esté constituida como persona jurídica,
documento público que otorgue su representación legal en favor de la persona
física que formule la solicitud.
Si el empleador fuera persona física, no se le exigirá la presentación del NIF si
accede a la verificación de sus datos a través del Sistema de verificación de datos
de identidad.
b) El contrato de trabajo, en el modelo oficial establecido.
c) Los documentos acreditativos de los medios económicos, materiales o
personales de los que dispone para su proyecto empresarial y para hacer frente a
dichas obligaciones, de acuerdo con lo establecido en el artículo 66.
d) Copia del pasaporte completo, o documento de viaje, en vigor, del trabajador
extranjero.
e) La titulación o acreditación de que se posee la capacitación exigida para el
ejercicio de la profesión, cuando proceda, debidamente homologada.
f) En su caso, certificado del Servicio Público de Empleo competente sobre la
insuficiencia de demandantes de empleo para cubrir el puesto de trabajo.
3. Recibida la solicitud, el órgano competente la registrará, dejando constancia
inmediata de su presentación, y la grabará en la aplicación correspondiente, de tal
manera que permita en todo caso que los órganos competentes para resolver
puedan tener conocimiento de la solicitud en tiempo real.
4. Admitida a trámite la solicitud, se procederá a la instrucción del procedimiento y
a su inmediata tramitación y se comprobará de oficio la información respecto al
cumplimiento de las obligaciones en materia tributaria y de Seguridad Social, así
como se recabarán los informes de los servicios competentes de la Dirección
General de la Policía y la Guardia Civil, y del Registro Central de Penados y
Rebeldes. Estos informes serán emitidos en el plazo máximo de diez días.
La solicitud y emisión de los informes a que se refiere este apartado se realizarán
por medios telemáticos.
5. La autoridad competente, a la vista de la documentación presentada y de los
informes obtenidos, resolverá de forma motivada en el plazo de 45 días desde la
presentación de la solicitud, atendiendo a los requisitos previstos en esta sección,
sobre la autorización solicitada.
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La autoridad competente grabará de inmediato la resolución en la aplicación
correspondiente, de manera que las autoridades de los organismos afectados,
incluido el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y la Misión
diplomática u Oficina consular española correspondiente al lugar de residencia del
trabajador, tengan conocimiento de la misma en tiempo real.
Cuando la Misión diplomática u Oficina consular competente no disponga, por
razón de su ubicación geográfica, de los medios técnicos necesarios para el
acceso en tiempo real a la resolución mencionada en el párrafo anterior, los
servicios centrales del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación le darán
traslado de la misma en el plazo de veinticuatro horas desde su recepción.
La resolución será debidamente notificada al empleador, sujeto legitimado en el
procedimiento y para, en su caso, la presentación de los recursos administrativos o
judiciales que legalmente procedan. Igualmente, será comunicada al trabajador
extranjero a favor del cual se haya solicitado la autorización. Los plazos para la
interposición de los recursos que procedan serán computados a partir de la fecha
de notificación al empleador o empresario.
Si la resolución es favorable, se suspenderá su eficacia hasta la obtención del
visado y posterior alta del trabajador por el empleador que solicitó la autorización
en el régimen correspondiente de la Seguridad Social, durante los tres meses
posteriores a la entrada legal de aquél en España, y así se hará constar en la
propia resolución.
Artículo 88. Denegación de las autorizaciones de residencia y trabajo de
profesionales altamente cualificados.
1. La autoridad competente denegará la concesión de la autorización, en los
supuestos siguientes:
a) Cuando se incumpla alguno de los requisitos previstos en esta sección para su
concesión.
b) Cuando, para fundamentar la petición, se hayan presentado documentos falsos
o formulando alegaciones inexactas, medie mala fe o los documentos presentados
hayan sido obtenidos fraudulentamente.
c) Cuando el empleador solicitante haya sido sancionado mediante resolución firme
en los últimos 12 meses por infracciones calificadas como graves o muy graves en
la Ley Orgánica 4/2000, salvo la prevista en su artículo 53.1.d), o por infracciones
en materia de extranjería calificadas como graves o muy graves en el Texto
Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobada
por el Real Decreto Legislativo 5/2000.
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d) Cuando el empresario solicitante haya sido condenado mediante sentencia firme
por delitos contra los derechos de los trabajadores o contra los extranjeros, así
como contra la Hacienda Pública o la Seguridad Social, salvo que los antecedentes
penales hubieran sido cancelados.
e) De así valorarlo el órgano competente para resolver, cuando conste un informe
policial desfavorable.
f) Cuando la contratación afecte a los sectores que en el país de origen del