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07 de Marzo, 2011    Noticias

Ley del Juego. Regulación de los Juegos en Internet - Año 2011

Ley del Juego  Proyecto 2011

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Proyecto de Ley de Regulación del Juego - 2011.

 

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Proyecto de Ley de regulación del juego.

 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
IX LEGISLATURA
Serie A: PROYECTOS DE LEY
11 de febrero de 2011

PROYECTO DE LEY

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(121) Proyecto de Ley.

121/000109

Autor: Gobierno.

Proyecto de Ley de regulación del juego.

 

 

José Valero Alarcón, Abogado ejerciente desde 1996, Experto en Derecho Penal y Procesos de Desahucio - 91 530 96 95

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Acuerdo:

1. Encomendar su aprobación con competencia legislativa plena y por el procedimiento de urgencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 148 y 93 del Reglamento, a la Comisión de Economía y Hacienda. Asimismo, publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, estableciendo plazo de enmiendas, por un período de ocho días hábiles, que finaliza el día 21 de febrero de 2011.


2. Comunicar al Parlamento de Canarias la recepción de este Proyecto de Ley, dando traslado del mismo, a los efectos de lo previsto en la disposición adicional tercera de la Constitución y en el artículo 46.3 del Estatuto de Autonomía de Canarias, en relación con los preceptos de dicho Proyecto que puedan suponer modificación del régimen económico-fiscal de Canarias.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero de 2011.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.


PROYECTO DE LEY DE REGULACIÓN DEL JUEGO


ÍNDICE

Título I. Objeto y ámbito de aplicación.


Artículo 1. Objeto.


Artículo 2. Ámbito de aplicación.


Artículo 3. Definiciones.


Artículo 4. Loterías.


Título II. Disposiciones generales.


Artículo 5. Regulación de los juegos.


Artículo 6. Prohibiciones objetivas y subjetivas.


Artículo 7. Publicidad, patrocinio y promoción de las actividades de juego.


Artículo 8. Gestión responsable del juego y políticas de juego responsables.


Título III. Títulos habilitantes.


Artículo 9. Sometimiento de la actividad del juego a la previa obtención de título habilitante.


Artículo 10. Licencias generales.


Artículo 11. Licencias singulares.


Artículo 12. Autorizaciones para la celebración de juegos de carácter ocasional.


Título IV. Control de la actividad.


Capítulo I. Operadores.


Artículo 13. Los operadores.


Artículo 14. Garantías exigibles a los operadores.


Capítulo II. Participantes.


Artículo 15. Derechos de los participantes en los juegos.


Capítulo III. Homologación de los sistemas técnicos de juego.


Artículo 16. Homologación de los sistemas técnicos de juego.


Artículo 17. Requisitos de los sistemas técnicos.


Artículo 18. Unidad Central de Juegos.


Título V. La administración del juego.


Capítulo I El Ministerio de Economía y Hacienda.


Artículo 19. Competencias.


Capítulo II. La Comisión Nacional del Juego.


Artículo 20. Objeto y naturaleza jurídica.


Artículo 21. Funciones.


Artículo 22. Los Registros del sector del juego.


Artículo 23. Competencia normativa.


Artículo 24. Inspección y control.


Artículo 25. Arbitraje de la Comisión Nacional del Juego.


Artículo 26. El Consejo. Nombramiento y mandato de los miembros del Consejo de la Comisión Nacional del Juego.


Artículo 27. El Presidente de la Comisión Nacional del Juego.


Artículo 28. Funciones de los miembros del Consejo.


Artículo 29. Causas de cese en el ejercicio del cargo.


Artículo 30. Régimen de contratación.


Artículo 31. Régimen de personal.


Artículo 32. Régimen presupuestario y de control.


Artículo 33. Régimen Económico-Financiero y recursos de la Comisión Nacional del Juego.


Capítulo III. El Consejo de Políticas de Juego.


Artículo 34. El Consejo de Políticas de Juego.


Artículo 35. Competencias.


Título VI. Régimen sancionador.


Artículo 36. Competencia.


Artículo 37. Infracciones.


Artículo 38. Sujetos infractores.


Artículo 39. Infracciones muy graves.


Artículo 40. Infracciones graves.


Artículo 41. Infracciones leves.


Artículo 42. Sanciones administrativas.


Artículo 43. Prescripción.


Artículo 44. Procedimiento sancionador.


Artículo 45. Régimen de recursos.


Artículo 46. Medidas cautelares.


Artículo 47. Medidas en relación con los prestadores de servicios de intermediación.


Título VII. Régimen fiscal.


Artículo 48. Impuesto sobre actividades de juego.


Artículo 49. Tasa por la gestión administrativa del juego.


Disposición adicional primera. Reserva de la actividad del juego de Loterías.


Disposición adicional segunda. Régimen jurídico especifico aplicable a la ONCE en materia de juego.


Disposición adicional tercera. Asignación financiera a la ONCE y de las Apuestas Deportivas del Estado.


Disposición adicional cuarta. Participación de las Comunidades Autónomas en la aprobación de nuevas modalidades de juego.


Disposición adicional quinta. Ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.


Disposición adicional sexta. Régimen de participación en la recaudación de las Apuestas Deportivas.


Disposición transitoria primera. Inicio de actividades de la Comisión Nacional del Juego.


Disposición transitoria segunda. Títulos habilitantes de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado

Disposición transitoria tercera. Normativa de los juegos.


Disposición transitoria cuarta. Régimen transitorio para los puntos de venta de la entidad pública empresarial Loterías y Apuestas del Estado.


Disposición transitoria quinta. Primer mandato de los Consejeros de la Comisión Nacional del Juego.


Disposición transitoria sexta. Régimen transitorio de la cesión del impuesto.


Disposición transitoria séptima. Convalidaciones y homologaciones de las Comunidades Autónomas.


Disposición transitoria octava. Régimen transitorio de los patrocinios deportivos sobre el juego.


Disposición derogatoria.


Disposición final primera. Título competencial.


Disposición final segunda. Facultad de desarrollo.


Disposición final tercera. Extinción de determinados Organismos Públicos.


Disposición final cuarta. Actualización del importe de las sanciones.


Disposición final quinta. Modificación de las tasas sobre el juego.


Disposición final sexta. Modificación de la disposición adicional décima de la Ley 6/1997, de 14 de Abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.


Disposiciones finales séptima. Exenciones en el Impuesto sobre el Valor Añadido, Impuesto General Indirecto Canario y referencia a los impuestos directos del Estado.


Disposiciones finales octava. Entrada en vigor.


Exposición de motivos

I

Desde la despenalización del juego en el Real Decreto Ley 16/1977, de 25 de febrero, por el que se regulan los Aspectos Penales, Administrativos y Fiscales de los Juegos de Suerte, Envite o Azar y Apuestas, y debido fundamentalmente a la irrupción de los nuevos servicios de comunicaciones electrónicas y a la utilización de los servicios de juego interactivos a través de Internet, ha cambiado de forma sustancial, tanto en España como en otros países de su entorno, la concepción tradicional del juego.


Durante muchos años, el régimen jurídico del juego ha sufrido pocos cambios. Sin embargo, recientemente, como consecuencia de la citada irrupción de las apuestas y juegos a través de Internet y al verse superados los límites territoriales de las relaciones comerciales tradicionales, la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha señalado la necesidad de establecer una oferta dimensionada de juego.


En paralelo a este proceso de cambio, han aparecido nuevos operadores en el mercado del juego para los que la normativa vigente no ofrece una respuesta regulatoria adecuada.


La carencia de los instrumentos normativos adecuados para dar respuesta a los interrogantes creados ante la nueva situación del mercado, ha generado en el sector del juego la necesidad de establecer nuevos mecanismos de regulación que ofrezcan seguridad jurídica a operadores y participantes en los diferentes juegos, sin olvidar la imprescindible protección de los menores de edad, de aquellas personas que hubieran solicitado voluntariamente la no participación, así como la protección del orden público y la prevención de los fenómenos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.


II

El avance en los servicios de comunicación y, como consecuencia de su aplicación a las actividades de juego, la desvinculación de este tipo de actividades del territorio, ha traído consigo la necesidad de iniciar un nuevo camino en la regulación del sector del juego asegurando mayor eficacia en el cumplimiento de los objetivos ineludibles de tutela y protección social de los menores y de los participantes en los juegos, al tiempo que se pretenden alcanzar otras importantes finalidades como son la prevención de actividades fraudulentas y de blanqueo de capitales, y todo ello a través de una oferta dimensionada del juego, de una regulación de la práctica de aquellos juegos que puedan ser autorizados, así como del control público del sector.


Las aludidas finalidades, así como la necesidad de dotar al sector del juego de una regulación adecuada, ha tenido su reflejo en distintas iniciativas parlamentarias y en mandatos al Gobierno como el establecido, en el ámbito nacional, en la disposición adicional vigésima de la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información y, en el ámbito comunitario, en la Resolución del Parlamento Europeo de 10 de marzo de 2009 sobre la integridad de los juegos de azar en línea.


En definitiva, con el más absoluto respeto al marco competencial definido por la Constitución y los Estatutos de autonomía, resulta de todo punto insoslayable la necesidad de dotar de un nuevo marco jurídico a las actividades de explotación y gestión de juegos de ámbito estatal y, particularmente, a aquellos juegos que se practican a través de medios electrónicos, informáticos, telemáticos e interactivos y en los que los medios presenciales tienen un carácter accesorio.


El desarrollo de un marco normativo que responda a las necesidades del sector del juego ha de realizarse sin perjuicio del reconocimiento pleno de las competencias en materia de juego que los Estatutos de autonomía atribuyen a las respectivas Comunidades entre las que se incluyen en algunos casos la capacidad de éstas para colaborar en el ejercicio de competencias estatales en relación con las actividades de juego. Esta circunstancia ha hecho preciso el diseño de procedimientos y mecanismos asimétricos que faciliten la necesaria colaboración y coordinación del Estado y las Comunidades Autónomas en el ejercicio de las competencias estatales en materia de juego.


III

En cumplimiento y desarrollo del mandato previsto en la ya citada disposición adicional vigésima de la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información y a los efectos de controlar las actividades de juego de ámbito estatal, especialmente si se realizan a través de medios electrónicos, informáticos, telemáticos e interactivos, ha sido necesario establecer un sistema de planificación y acceso al desarrollo de la actividad, determinar las competencias estatales en materia de regulación y control, y definir un régimen de infracciones y sanciones que garantice la efectividad del marco regulatorio.


Estos objetivos constituyen, en consecuencia, una de las finalidades esenciales de esta ley que ha de ser la norma sectorial de referencia en materia de explotación de juegos a través de medios electrónicos, informáticos, telemáticos e interactivos en el ámbito estatal, procurando, al mismo tiempo, la coordinación o integración de la regulación que ahora se aprueba con el marco normativo general de la actividad de juego en nuestro país y con otras normas sectoriales sobre las que esta ley pueda tener incidencia, tales como, a título de ejemplo, la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y demás normativa complementaria, y la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico.


Esta ley, sobre la base de la existencia de una oferta dimensionada, pretende regular la forma de acceder a la explotación de las actividades de juego de ámbito nacional, permitiendo asimismo la apertura del sector a una pluralidad de operadores de juego. Se trata, no obstante, de una apertura del sector que debe ser controlada al objeto de garantizar la tutela de todos los intereses involucrados y preservar el orden público con pleno respeto a los principios inspiradores del Derecho Comunitario.


El gran volumen de juego asociado a las loterías, así como la posibilidad de que el carácter de documentos de pago al portador de sus boletos y billetes pueda ser empleado como instrumento de blanqueo de capitales, requiere una reserva de esta actividad a determinados operadores, públicos o privados, que han de quedar sujetos a un estricto control público, asegurándose de este modo la protección de los intereses del Estado contra los riesgos de fraude y criminalidad, evitando asimismo los efectos perniciosos del juego sobre los consumidores.


En este sentido, se hace plenamente necesario mantener la reserva en exclusiva de la actividad del juego de loterías de ámbito estatal a favor de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado y de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), como operadores de juego que vienen explotando de forma controlada hasta la fecha estas loterías.


La sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado continuará sometida a un régimen de control público de su actividad dado el gran volumen de juego gestionado por esta y su extensa red comercial, de gran raigambre en la sociedad española desde hace más de 250 años. Por otra parte, la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), que desde 1938 se ha consolidado en España como una institución social singular en el objetivo de atención a las personas con discapacidad, seguirá manteniendo su singularidad jurídica en materia de juego en las actividades sujetas a reserva, tal y como se establece en las disposiciones adicionales primera, segunda y tercera de esta ley.


Con esta finalidad, se encomienda al Ministerio de Economía y Hacienda y a la Comisión Nacional del Juego, el establecimiento de los procedimientos de autorizaciones y la adopción de aquellas medidas que permitan el seguimiento y control de los operadores que realicen actividades de Juego sujetas a reserva en virtud de esta ley y del control del cumplimiento, por parte de éstos, de las condiciones que se establezcan, en especial, en relación con la protección del orden público y la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.


IV

Desde el máximo respeto a las competencias de las Comunidades Autónomas, esta ley se fundamenta en los números 6, 11, 13, 14 y 21 del apartado primero del artículo 149 de la Constitución Española y en la reiterada doctrina del Tribunal Constitucional, manifestada en numerosas sentencias, entre las que cabe destacar, la número 163/1994, de 26 de mayo, que declara la existencia de una competencia estatal en materia de juego que ha de ser ejercida por el Estado en nombre del interés general, sin perjuicio de las competencias que en materia de juego tienen reconocidas las Comunidades Autónomas en sus respectivos Estatutos de autonomía.


La regulación de los juegos de ámbito estatal se ha plasmado de conformidad con el mandato recogido en el apartado sexto de la disposición adicional vigésima de la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información. Las competencias estatales en materia de juego han de ser entendidas, no obstante, sin perjuicio del reconocimiento pleno de las competencias que, en esta materia atribuyen los Estatutos de autonomía a las respectivas Comunidades Autónomas lo que ha hecho preciso el diseño de procedimientos y mecanismos de coordinación entre el Estado y las Comunidades Autónomas.
A estos efectos, se crea el Consejo de Políticas de Juego, como órgano colegiado que asegurará la participación de las Comunidades Autónomas en la fijación de los principios de la normativa de los juegos y de las medidas de protección a los menores, personas dependientes. En todo caso, a través del Consejo de Políticas de Juego se coordinará la actuación del Estado y Comunidades Autónomas en materia de otorgamiento de licencias.


Esta ley establece la regulación de las actividades de juego que se realizan a través de canales electrónicos, informáticos, telemáticos e interactivos y en las que los medios presenciales deberán tener un carácter accesorio, salvo las actividades presenciales de juego sujetas a reserva desarrolladas por las entidades designadas por la ley que, por su naturaleza, son exclusivamente de competencia estatal.


Con la finalidad de respetar íntegramente las competencias de las Comunidades Autónomas sobre el juego presencial, la ley ha introducido la obligación de que las Comunidades Autónomas emitan preceptivamente un informe sobre las solicitudes de títulos habilitantes que puedan afectar a su territorio. La concesión de cualquier título habilitante exigirá, para la instalación o apertura de locales presenciales abiertos al público o de equipos que permitan la participación de los juegos, autorización administrativa de la Comunidad Autónoma, que se otorgará de acuerdo con las políticas propias de dimensionamiento de juego de cada una de ellas.


V

La presente ley se divide en siete títulos, con cuarenta y nueve artículos, cinco disposiciones adicionales, siete disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y siete disposiciones finales.


En el Título I, "Objeto y ámbito de aplicación", se regula el objeto y ámbito de aplicación de la ley, tanto desde una perspectiva objetiva (actividad regulada) como territorial (ámbito de la actividad). De esta forma, el alcance de esta norma se extiende a toda actividad de organización, explotación y desarrollo de actividades de juego de ámbito estatal realizadas a través de medios electrónicos, informáticos, telemáticos e interactivos, en la que los medios presenciales tienen carácter accesorio, así como a la actividad publicitaria conectada con la misma, siempre que tales actividades se dirijan a todo el territorio del Estado, adoptando el criterio de distribución competencial establecido en otras normas sectoriales como la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de Información. Asimismo, se incorporan las diferentes definiciones de juegos, incluidos los de carácter esporádico, y se establece la reserva y el régimen de control de la actividad de loterías.


En el Título II, "Disposiciones Generales", se recogen los requisitos de los juegos, así como las prohibiciones objetivas y subjetivas a las actividades objeto de regulación, previéndose la creación o adecuación de los instrumentos administrativos necesarios para garantizar el cumplimiento de las prohibiciones subjetivas. Igualmente, se regula la publicidad del juego al amparo de las competencias del Estado previstas en el número 6, del apartado primero del artículo 149 de la Constitución Española, singularmente en lo que se refiere a la protección de la juventud y de la infancia, garantizada en el apartado cuarto del artículo 20 de la Constitución Española. Además, se recogen los principios y prácticas a adoptar con objeto de proteger el orden público, garantizando la integridad del juego, así como previniendo y mitigando la participación desordenada en los juegos de azar y los efectos nocivos que pudiere provocar, optimizando simultáneamente los beneficios para la Sociedad.


En el Título III, "Títulos Habilitantes", se establecen las características de las diferentes clases de títulos habilitantes, licencias y autorizaciones, y el régimen de autorización aplicable a los operadores como explotadores de juegos, previendo un sistema de adjudicación respetuoso con los principios generales del Derecho Comunitario.


En el Título IV, "Control de la actividad", se establecen los requisitos técnicos mínimos, susceptibles de mayor concreción mediante un posterior desarrollo reglamentario específico, que deberán cumplir los equipos y sistemas técnicos que sirvan como soporte de la actividad de juegos autorizados.


En el Título V, "La Administración del Juego", se establecen las competencias que corresponden al Ministerio de Economía y Hacienda en materia de juego. Se crea un órgano regulador, La Comisión Nacional del Juego, al que se le atribuyen todas las competencias necesarias para velar y asegurar la integridad, seguridad, fiabilidad y transparencia de las operaciones de juego, así como el cumplimiento de la normativa vigente y de las condiciones establecidas para su explotación. Además, este órgano regulador único canalizará la demanda dimensionando la oferta de actividades de juego, evitando la explotación de las actividades de juego con fines fraudulentos y estableciendo el marco apropiado para proteger a los menores y prevenir el desarrollo de fenómenos de dependencia. Por último, se establece el Consejo de Políticas de Juego como el órgano de participación de las Comunidades Autónomas.


En el Título VI, "Régimen Sancionador", se establece el régimen de infracciones y sanciones en relación con las actividades objeto de esta ley, así como el procedimiento sancionador, incluyendo previsiones para poder actuar contra el juego no autorizado por medio del bloqueo de la actividad que pueda realizarse a través de medios electrónicos, informáticos, telemáticos e interactivos.


Y finalmente, en el Título VII, "Régimen Fiscal", se determina, de acuerdo con las previsiones establecidas en la disposición adicional vigésima de la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información, el régimen impositivo aplicable al desarrollo de las actividades de juego reguladas en esta ley, sin perjuicio del mantenimiento de lo establecido en los artículos 36 y siguientes del Decreto 3059/1966, de 1 diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de Tasas Fiscales y en el Real Decreto-ley 16/1977, de 25 de febrero, por el que se regulan los aspectos penales, administrativos y fiscales de los juegos de suerte, envite o azar, que continuarán en vigor en lo que se refiere al gravamen cedido en su ámbito competencial.


Este nuevo impuesto, en el ámbito estatal, grava las operaciones de juego, así como a las combinaciones aleatorias con fines publicitarios o promocionales, aunque no sean estrictamente juego.


Además de lo anterior, se regula la participación de las Comunidades Autónomas en el nuevo impuesto del juego mediante la cesión de la recaudación obtenida por el gravamen correspondiente a los ingresos por el juego de los residentes en cada Comunidad, reservándose el Estado lo recaudado por cuenta de los jugadores no residentes en España y por lo que corresponda a las apuestas mutuas deportivas estatales y las apuestas mutuas hípicas estatales.


El nuevo impuesto, como se ha dicho, no afecta a las tasas vigentes sobre el juego, siendo incompatible con las mismas, que siguen siendo gravámenes cedidos a las Comunidades Autónomas en su totalidad.


Por último, se establece una tasa fiscal sobre las actividades y servicios prestados a los operadores por la Comisión Nacional del Juego.


TÍTULO I

Objeto y ámbito de aplicación

Artículo 1. Objeto.


El objeto de esta ley es la regulación de la actividad de juego, en sus distintas modalidades, que se desarrolle
en el ámbito del Estado con el fin de garantizar la protección del orden público, luchar contra el fraude y salvaguardar los derechos de los participantes en los juegos.


La ley regula, en particular, la actividad de juego a que se refiere el párrafo anterior cuando se realice a través de canales electrónicos, informáticos, telemáticos e interactivos, en la que los medios presenciales deberán tener un carácter accesorio, salvo para los juegos desarrollados por las entidades designadas por esta ley para la realización de actividades sujetas a reserva.


Artículo 2. Ámbito de aplicación.


Dentro del objeto definido en el artículo anterior, se incluyen en el ámbito de aplicación de esta ley las siguientes actividades de juego cuando la actividad desarrollada tenga ámbito estatal:

a) Las actividades de juego de loterías, apuestas y otras cualesquiera, en las que se arriesguen cantidades de dinero u objetos económicamente evaluables en cualquier forma, sobre resultados futuros e inciertos, y que permitan su transferencia entre los participantes, con independencia de que predomine en ellos el grado de destreza de los jugadores o sean exclusiva o fundamentalmente de suerte, envite o azar.


b) Las rifas y concursos, en los que la participación se realiza mediante una contraprestación económica.


c) Los juegos de carácter ocasional, que se diferencian del resto de los juegos previstos en los apartados anteriores por su carácter esporádico.


d) Las actividades de juego transfronterizas, esto es, las realizadas por las personas físicas o jurídicas radicadas fuera de España que organicen u ofrezcan actividades de juegos a residentes en España.


Se incluyen asimismo en el ámbito de aplicación de esta ley las actividades de publicidad, promoción y patrocinio relativas a las actividades de juego relacionadas en el presente apartado.


2. Quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta ley:

a) Los juegos o competiciones de puro ocio, pasatiempo o recreo que constituyan usos sociales y se desarrollen en el ámbito estatal, siempre que éstas no produzcan transferencias económicamente evaluables, salvo el precio por la utilización de los medios precisos para su desarrollo y cuando éste no constituya en medida alguna beneficio económico para el promotor o los operadores.


b) Las actividades de juego realizadas a través de medios electrónicos, informáticos o telemáticos cuyo ámbito no sea estatal.


c) Las combinaciones aleatorias con fines promocionales o publicitarios, sin perjuicio de lo establecido en el Título VII de esta ley.


Artículo 3. Definiciones.


A efectos de esta ley, los términos que en ella se emplean tendrán el sentido que se establece en el presente artículo.


a) Juego. Se entiende por juego toda actividad en la que se arriesguen cantidades de dinero u objetos económicamente evaluables en cualquier forma sobre resultados futuros e inciertos, dependientes en alguna medida del azar, y que permitan su transferencia entre los participantes, con independencia de que predomine en ellos el grado de destreza de los jugadores o sean exclusiva o fundamentalmente de suerte, envite o azar.
Los premios podrán ser en metálico o especie dependiendo de la modalidad de juego.


b) Loterías. Se entiende por loterías las actividades de juego en las que se otorgan premios en los casos en que el número o combinación de números o signos, expresados en el billete, boleto o su equivalente electrónico, coinciden en todo o en parte con el determinado mediante un sorteo o evento celebrado en una fecha previamente determinada o en un programa previo, en el caso de las instantáneas o presorteadas. Las loterías se comercializarán en billetes, boletos o cualquier otra forma de participación cuyo soporte sea material, informático, telemático, telefónico o interactivo.


c) Apuestas. Se entiende por apuesta, cualquiera que sea su modalidad, aquella actividad de juego en la que se arriesgan cantidades de dinero sobre los resultados de un acontecimiento previamente determinado cuyo desenlace es incierto y ajeno a los participantes, determinándose la cuantía del premio que se otorga en función de las cantidades arriesgadas u otros factores fijados previamente en la regulación de la concreta modalidad de apuesta.


En función del acontecimiento sobre cuyo resultado se realiza la apuesta, ésta puede ser:

1. Apuesta deportiva: es el concurso de pronósticos sobre el resultado de uno o varios eventos deportivos, incluidos en los programas previamente establecidos por la entidad organizadora, o sobre hechos o actividades deportivas que formen parte o se desarrollen en el marco de tales eventos o competiciones por el operador de juego.


2. Apuesta hípica: es el concurso de pronósticos sobre el resultado de una o varias carreras de caballos incluidas en los programas previamente establecidos por la entidad organizadora.


3. Otras apuestas: es el concurso de pronósticos sobre el resultado de uno o varios eventos distintos de los anteriores incluidos en los programas previamente establecidos por el operador de juego.

Según la organización y distribución de las sumas apostadas, la apuesta puede ser:

1. Apuesta mutua: es aquella en la que un porcentaje de la suma de las cantidades apostadas se distribuye entre aquellos apostantes que hubieran acertado el resultado a que se refiera la apuesta.


2. Apuesta de contrapartida: es aquella en la que el apostante apuesta contra un operador de juego, siendo el premio a obtener el resultante de multiplicar el importe de los pronósticos ganadores por el coeficiente que el operador haya validado previamente para los mismos.


3. Apuesta cruzada: es aquella en que un operador actúa como intermediario y garante de las cantidades apostadas entre terceros, detrayendo las cantidades o porcentajes que previamente el operador hubiera fijado.


d) Rifas. Se entiende por rifa aquella modalidad de juego consistente en la adjudicación de uno o varios premios mediante la celebración de un sorteo o selección en la que intervenga el azar, entre los adquirientes de billetes, papeletas u otros documentos o soportes de participación, diferenciados entre si, ya sean de carácter material, informático, telemático o interactivo, en una fecha previamente determinada, y siempre que para participar sea preciso realizar una aportación económica. El objeto de la rifa puede ser un bien mueble, inmueble, semoviente o derechos ligados a los mismos, siempre que no sean premios dinerarios.


e) Concursos. Se entiende por concursos aquella modalidad de juego en la que su oferta, desarrollo y resolución se desarrolla por un medio de comunicación ya sea de televisión, radio, Internet u otro, siempre que la actividad de juego esté conexa o subordinada a la actividad principal. En esta modalidad de juego para tener derecho a la obtención de un premio, en metálico o en especie, la participación se realiza, bien directamente mediante un desembolso económico, o bien mediante llamadas telefónicas, envío de mensajes de texto o cualquier otro procedimiento electrónico, informático o telemático, en el que exista una tarificación adicional, siendo indiferente el hecho de que en la adjudicación de los premios intervenga, no solamente el azar, sino también la superación de pruebas de competición o de conocimiento o destreza.


A los efectos de la presente definición, no se entenderán por concurso aquellos programas en las que aún existiendo premio el concursante no realice ningún tipo de desembolso económico para participar, ya sea directamente o por medio de llamadas telefónicas, envío de mensajes de texto o cualquier otro procedimiento electrónico, informático o telemático, en el que exista una tarificación adicional.


f) Otros Juegos. Son todos aquellos juegos que no tienen cabida en las definiciones anteriores, en los que exista un componente de aleatoriedad o azar y en los que se arriesguen cantidades de dinero u objetos económicamente evaluables.


g) Juegos a través de medios presenciales. Son aquellos en los que las apuestas, pronósticos o combinaciones deben formularse en un establecimiento de un operador de juego a través de un terminal en línea, bien mediante la presentación de un boleto, octavilla o un documento establecido al efecto en el que se hayan consignado los pronósticos, combinaciones o apuestas, bien tecleando los mismos en el terminal correspondiente, o bien mediante su solicitud automática al terminal, basada en el azar. Cualquiera de las fórmulas antes citadas serán transmitidas a un sistema central y, a continuación, el terminal expedirá uno o varios resguardos en los que constarán, al menos, los siguientes datos: tipo de juego, pronósticos efectuados, fecha de la jornada, evento o período en el que participa, número de apuestas o combinaciones jugadas y números de control. Además del resguardo o resguardos referidos, existirá un resguardo único expedido por el terminal ubicado en el punto de venta autorizado de que se trate, en el que constarán, al menos, los datos antes citados, y que constituye el único instrumento válido para solicitar el pago de premios y la única prueba de participación en los concursos.


h) Juego por medios electrónicos, informáticos, telemáticos e interactivos. Son aquellos en los que se emplea cualquier mecanismo, instalación, equipo o sistema que permita producir, almacenar o transmitir documentos, datos e informaciones, incluyendo cualesquiera redes de comunicación abiertas o restringidas como televisión, Internet, telefonía fija y móvil o cualesquiera otras, o comunicación interactiva, ya sea ésta en tiempo real o en diferido.


i) Combinaciones aleatorias con fines publicitarios y promocionales. Se entienden por tales aquellos sorteos que, con finalidad exclusivamente publicitaria o de promoción de un producto o servicio, y teniendo como única contraprestación el consumo del producto o servicio, sin sobreprecio ni tarificación adicional alguna, ofrecen premios en metálico, especie o servicios, exigiendo, en su caso, la condición de cliente de la entidad objeto de la publicidad o promoción.


Artículo 4. Loterías.


1. Las loterías de ámbito estatal quedarán reservadas a los operadores designados por la ley.


2. Corresponde al titular del Ministerio de Economía y Hacienda la autorización para la comercialización de loterías de ámbito estatal. La autorización fijará las condiciones de gestión de los juegos en:

a) El porcentaje mínimo y máximo destinado a premios.


b) Las condiciones y requisitos para la celebración de sorteos, cuando procedan y la fijación del número de los mismos.

c) Los derechos de los participantes y los procedimientos de reclamación.


d) Las condiciones en las que podrán realizar actividades de publicidad y patrocinio de las actividades autorizadas.


e) Las medidas de protección a los menores, personas dependientes y para la prevención del fraude y del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en los términos de los dispuesto en la Ley 10/2010 de 28 de abril.


3. En la explotación y comercialización de las loterías, los operadores autorizados cooperarán con el Estado en la erradicación de los juegos ilegales, en la persecución del fraude y la criminalidad y en la evitación de los efectos perniciosos de los juegos.


4. Los operadores autorizados, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones a las que se refiere el artículo 8 de esta ley, notificarán a la Comisión Nacional del Juego un Plan de Medidas en el que se concreten los compromisos adicionales adquiridos por el operador en la gestión responsable del juego, la participación en la reparación de los efectos negativos del mismo y la contribución del operador autorizado a planes, proyectos o actuaciones en beneficio de la sociedad.


TÍTULO II

Disposiciones generales

Artículo 5. Regulación de los juegos.


1. El Ministerio de Economía y Hacienda establecerá, por Orden Ministerial, la reglamentación básica para el desarrollo de cada juego o, en el caso de juegos esporádicos, las bases generales para la aprobación de su práctica o desarrollo.


2. El establecimiento de requisitos para el desarrollo de los juegos o su modificación, se entenderá, según corresponda, como autorización de nuevas modalidades de juegos o como modificación de las existentes.


3. Cualquier modalidad de juego no regulada se considerará prohibida.


4. La regulación o las bases preverán, dependiendo de la naturaleza del juego, los requisitos para evitar su acceso a los menores e incapacitados, evitando la utilización de imágenes, mensajes u objetos que puedan vulnerar, directa o indirectamente, la dignidad de las personas y los derechos y libertades fundamentales, así como cualquier forma posible de discriminación racial o sexual, de incitación a la violencia o de realización de actividades delictivas.


Artículo 6. Prohibiciones objetivas y subjetivas.


1. Queda prohibida toda actividad relacionada con la organización, explotación y desarrollo de los juegos objeto de esta ley que, por su naturaleza o por razón del objeto sobre el que versen:

a) Atenten contra la dignidad de las personas, el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, contra los derechos de la juventud y de la infancia, o contra cualquier derecho o libertad reconocido constitucionalmente.


b) Se fundamenten en la comisión de delitos, faltas o infracciones administrativas.


c) Recaigan sobre eventos prohibidos por la legislación vigente.


2. Desde un punto de vista subjetivo, se prohíbe la participación en los juegos objeto de esta ley a:

a) Los menores de edad y los incapacitados legalmente o por resolución judicial, de acuerdo con lo que establezca la normativa civil.


b) Las personas que voluntariamente hubieren solicitado que les sea prohibido el acceso al juego o que lo tengan prohibido por resolución judicial firme.


c) Los accionistas, propietarios, partícipes o titulares significativos del operador de juego, su personal directivo y empleados directamente involucrados en el desarrollo de los juegos, así como sus cónyuges o personas con las que convivan, ascendientes y descendientes en primer grado, en los juegos que gestionen o exploten aquéllos, con independencia de que la participación en los juegos, por parte de cualquiera de los anteriores, se produzca de manera directa o indirecta, a través de terceras personas físicas o jurídicas.


d) Los deportistas, entrenadores u otros participantes directos en el acontecimiento o actividad deportiva sobre la que se realiza la apuesta.


e) Los directivos de las entidades deportivas participantes u organizadoras respecto del acontecimiento o actividad deportiva sobre la que se realiza la apuesta.


f) Los jueces o árbitros que ejerzan sus funciones en el acontecimiento o actividad deportiva sobre la que se realiza la apuesta, así como las personas que resuelvan los recursos contra las decisiones de aquellos.


g) El Presidente, los consejeros y directores de la Comisión Nacional del Juego, así como a sus cónyuges o personas con las que convivan, ascendientes y descendientes en primer grado y a todo el personal de la Comisión Nacional del Juego que tengan atribuidas funciones de inspección y control en materia de juego.


h) Cualesquiera otras personas que una norma pueda establecer.


3. Con el fin de garantizar la efectividad de las anteriores prohibiciones subjetivas, la Comisión Nacional del Juego establecerá las medidas que, de acuerdo con la naturaleza del juego y potencial perjuicio para el participante, puedan exigirse a los operadores para la efectividad de las mismas. Asimismo, creará el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego, de ámbito estatal, y el Registro de Personas Vinculadas a Operadores de Juego.


Artículo 7. Publicidad, patrocinio y promoción de las actividades de juego.


1. De conformidad con la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, queda prohibida la publicidad, patrocinio o promoción, bajo cualquier forma, de los juegos de suerte, envite o azar y la publicidad o promoción de los operadores de juego, cuando carezcan del titulo habilitante correspondiente para su práctica y que autorice a la realización de publicidad de juego o del operador que desarrolla esta actividad.


Se entenderá que el operador de juegos necesita título habilitante para todos aquellos programas emitidos en medios audiovisuales, publicaciones en medios de comunicación o páginas web en los que se desarrollen cualquier tipo de juego, ya sea total o parcialmente, incluidos aquellos en los que el medio para acceder a un premio consista en la utilización de servicios de tarificación adicional prestados a través de llamadas telefónicas o basados en el envío de mensajes, están sometidas, en lo que se refiere al ejercicio de actividades de juego, a autorización previa por parte de la Comisión Nacional del Juego.


2. Reglamentariamente se establecerán las condiciones que se incluirán en los respectivos títulos habilitantes de la autorización de la actividad publicitaria y sus límites y, en particular, respecto a:

a) El envío de comunicaciones publicitarias o promocionales por correo electrónico o por cualquier otro medio de comunicación electrónica equivalente, que sólo será posible si ha sido previamente autorizado por su destinatario, de acuerdo con lo previsto en el apartado primero del artículo 21 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico.


b) La inclusión de anuncios u otras modalidades publicitarias de los juegos en medios de comunicación.


c) La actividad de patrocinio en acontecimientos deportivos que sean objeto de apuestas.


d) La inserción de carteles publicitarios en los lugares en que se celebren acontecimientos que sean objeto de juego.


e) El desarrollo de los concursos televisivos y las obligaciones de información sobre los requisitos esenciales del juego.


f) Cualesquiera otras que se establezcan reglamentariamente.


3. Cualquier entidad, agencia de publicidad, operador audiovisual, medio de comunicación o servicio de la sociedad de la información que difunda la publicidad y promoción directa o indirecta de juegos o de sus operadores, deberá requerir a quien solicite la inserción de los anuncios o reclamos publicitarios la tenencia del correspondiente título habilitante expedido por la Comisión Nacional del Juego que autorice a la realización de la publicidad solicitada, absteniéndose de su práctica si carece de ella. La Comisión Nacional del Juego expedirá certificación sobre los extremos antes citados, a requerimiento de los interesados en donde incluirá las limitaciones básicas para la emisión de la publicidad.


4. La Comisión Nacional del Juego en el ejercicio de la potestad administrativa de requerir el cese de la publicidad de las actividades de juego, se dirigirá a la entidad, agencia de publicidad, operador audiovisual, medio de comunicación o servicio de la sociedad de la información correspondiente indicándole motivadamente la infracción de la normativa aplicable.


La entidad, agencia de publicidad, operador audiovisual, medio de comunicación o servicio de la sociedad de la información deberá, en los dos días naturales siguientes a su recepción, comunicar el cumplimiento del requerimiento. En caso de que el mensaje publicitario cuente con un informe de consulta previa positivo emitido por un sistema de autorregulación publicitaria con el que la Comisión Nacional del Juego tenga un convenio de colaboración de los previstos en el punto 5 del artículo 24 de esta ley, se entenderá que se actuó de buena fe si se hubiese sujetado a dicho informe de consulta previa positivo, para el supuesto de actuación administrativa realizada en el marco de un expediente sancionador.


Artículo 8. Gestión responsable del juego y políticas de juego responsable.


1. La Gestión responsable del juego es el conjunto de principios y prácticas a adoptar con objeto de proteger el orden público garantizando la integridad del juego, así como previniendo y mitigando la participación desordenada en los juegos de azar y los efectos nocivos que pudiere provocar, optimizando simultáneamente los beneficios para la Sociedad.


2. El ejercicio de las actividades de juego se abordará desde una política integral de responsabilidad social corporativa que contemple el juego como un fenómeno complejo donde se han de combinar acciones preventivas, de sensibilización, intervención y de control, así como de reparación de los efectos negativos producidos.


Las acciones preventivas se dirigirán a la sensibilización, información y difusión de las buenas prácticas del juego, así como de los posibles efectos que una práctica no adecuada del juego puede producir.


Los operadores de juego deberán elaborar un plan de medidas en relación con la mitigación de los posibles efectos perjudiciales que pueda producir el juego sobre las personas e incorporarán las reglas básicas de política del juego responsable.


3. Los operadores habilitados para realizar actividades de juego deberán asumir como compromisos:

a) Asegurar el cumplimiento de las leyes y reglamentaciones vigentes, especialmente, las obligaciones establecidas en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.


b) Asegurar la integridad y seguridad de los juegos, garantizando la participación, transparencia de los sorteos y eventos, del cálculo y del pago de premios y el uso profesional diligente de los fondos, en su más amplio sentido.


c) Canalizar adecuadamente la demanda de participación.


d) Reducir cualquier riesgo de daño potencial a la sociedad prestando la debida atención a los grupos en riesgo. Esta reducción de riesgo incluye la lucha contra el juego ilegal y las actividades delictivas asociadas.


e) Colaborar activamente de acuerdo con la normativa vigente, con las autoridades encargadas de la prevención del blanqueo de capitales.


f) Proporcionar al público la información necesaria para que pueda hacer una selección consciente de sus actividades de juego, promocionando actitudes de juego moderado y responsable.


g) Informar de acuerdo con la naturaleza y medios utilizados en cada juego de la prohibición de participar a los menores de edad o a las personas incluidas en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego o en el Registro de Personas Vinculadas a Operadores de Juego.


4. Los operadores no podrán conceder préstamos ni cualquier otra modalidad de crédito o asistencia financiera a los participantes.


5. La Comisión Nacional del Juego verificará el cumplimiento por los operadores de su compromiso con la gestión de juego responsable y la implementación de prácticas adecuadas en todos los aspectos de sus actividades y de su red de ventas, sin perjuicio de las competencias de supervisión del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias en materia de prevención de blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo establecidas por el artículo 45.4 f) de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.


TÍTULO III

Títulos habilitantes


Artículo 9. Sometimiento de la actividad del juego a la previa obtención de título habilitante.


1. El ejercicio de las actividades no reservadas que son objeto de esta ley queda sometido a la previa obtención del correspondiente título habilitante, en los términos previstos en los artículos siguientes. De conformidad con esta ley son títulos habilitantes las licencias y autorizaciones de actividades de juego.


Las Comunidades Autónomas emitirán informe preceptivo sobre las solicitudes de títulos habilitantes formuladas ante la Comisión Nacional del Juego que puedan afectar a su territorio. A estos efectos, se considerará que las actividades de juego afectan a una Comunidad Autónoma, cuando los operadores de juego tengan en la misma su residencia, domicilio social o, en caso de no coincidir con éstos, el lugar en que esté efectivamente centralizada la gestión administrativa y la dirección de sus negocios.


La instalación o apertura de locales presenciales abiertos al público o de equipos que permitan la participación en los juegos exigirá, en todo caso autorización administrativa de la Comunidad Autónoma, cuya legislación así lo requiera.


La Comisión Nacional del Juego comunicará a los órganos autonómicos competentes el otorgamiento de los títulos habilitantes de juego que afecten a su territorio. El mismo procedimiento se seguirá en caso de modificación, transmisión, revocación y extinción de los títulos habilitantes, así como en los supuestos de sanción de las actividades sujetas a los mismos.


2. Toda actividad incluida en el ámbito de esta ley que se realice sin el preceptivo título habilitante o incumpliendo las condiciones y requisitos establecidos en el mismo, tendrá la consideración legal de prohibida, quedando sujetos quienes la promuevan o realicen a las sanciones previstas en el Título VI de esta ley.


3. Los títulos habilitantes exigibles para el ejercicio de las actividades de juego sometidas a esta ley no podrán ser objeto de cesión o de explotación por terceras personas. Únicamente podrán llevarse a cabo la transmisión del título, previa autorización de la Comisión Nacional del Juego, en los casos de fusión, escisión o aportación de rama de actividad, motivados por una reestructuración empresarial.


4. Los títulos habilitantes otorgados por otros Estados no serán válidos en España. Los operadores reconocidos por otros Estados miembros de la Unión Europea, deberán cumplir con los requisitos y con la tramitación establecida por la legislación vigente. Reglamentariamente se establecerá el procedimiento por el que la Comisión Nacional del Juego podrá convalidar aquella documentación ya presentada por un operador autorizado en el espacio económico europeo, eximiendo de su nueva presentación en España

5. Las licencias y autorizaciones reguladas en esta ley se extinguirán en los siguientes supuestos:

a) Por renuncia expresa del interesado manifestada por escrito.


b) Por el transcurso de su período de vigencia sin que se solicite o conceda su renovación, cuando dicha renovación se hubiera previsto en las bases de la convocatoria del concurso correspondiente.


c) Por resolución de la Comisión Nacional del Juego, en la que expresamente se constate la concurrencia de alguna de las causas de resolución siguientes:

1.º La pérdida de todas o alguna de las condiciones que determinaron su otorgamiento.


2.º La muerte o incapacidad sobrevenida del titular de la autorización, cuando sea persona física, la disolución o extinción de la sociedad titular de la licencia o autorización, así como el cese definitivo de la actividad objeto de dichos títulos habilitantes o la falta de su ejercicio durante al menos un año, en los supuestos de licencia.


3.º La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro procedimiento.


4.º La imposición como sanción en el correspondiente procedimiento sancionador.


5.º El incumplimiento de las condiciones esenciales de la autorización o licencia.


6.º La cesión o transmisión del título habilitante a través de fusión, escisión o aportación de rama de actividad, sin la previa autorización.


7.º La obtención del título habilitante con falsedad o alteración de las condiciones que determinaron su otorgamiento, previa audiencia del interesado, cuando ello proceda.


Artículo 10. Licencias generales.


1. Los interesados en desarrollar actividades de juego no ocasional deberán obtener, con carácter previo al desarrollo de cualquier tipo de juego, una licencia de carácter general por cada modalidad de juego definida en el artículo 3, letra c), d), e), y f), en función del tipo de juego que pretendan comercializar. La Comisión Nacional del Juego promoverá, de oficio o a instancia de parte, un procedimiento concurrencial para la adjudicación de nuevas licencias generales para la explotación y comercialización de juegos que no tengan carácter ocasional.


2. Las licencias generales que al amparo de esta ley pueda conceder la Comisión Nacional del Juego, se otorgarán mediante concurso público que se regirá por el pliego de bases que, a propuesta de la Comisión Nacional del Juego, sea aprobado por el titular del Ministerio de Economía y Hacienda y publicado en el Boletín Oficial del Estado. El procedimiento de adjudicación se ajustará a los principios de publicidad, concurrencia, igualdad, transparencia, objetividad y no discriminación.


En el supuesto en el que la convocatoria del concurso público limitara el número de operadores a los cuales se puede adjudicar una licencia, este hecho deberá ser expresamente motivado con base a informes técnicos que justifiquen la necesidad de dimensionar la oferta de juego a los que es objeto de la convocatoria y las razones de interés público que justifican la citada limitación.


En las bases de la convocatoria se podrán incluir como criterios que habrán de ser tenidos en cuenta en la adjudicación, la experiencia de los concurrentes licitadores, su solvencia y los medios con que cuenten para la explotación de la licencia.


3. El pliego de bases del concurso público al que se refiere el número anterior establecerá el capital social mínimo, total y desembolsado, necesario para la participación en la licitación. Junto con la solicitud para participar, el solicitante deberá presentar un plan operativo que tenga en cuenta los principios del juego responsable, la formación de empleados, los canales de distribución, el diseño de juegos y los demás aspectos de su actividad que reglamentariamente se establezcan.


4. El otorgamiento de las licencias generales recogerá el contenido que se determine reglamentariamente y, en todo caso, el siguiente:

a) Denominación, duración, domicilio y capital social, y en su caso, el porcentaje de participación del capital no comunitario.


b) Relación de miembros del consejo de administración, directivos, gerentes o apoderados si los hubiere.


c) Naturaleza, modalidades y tipos de actividad sometidas a licencia, así como los acontecimientos sobre cuyos resultados se realicen aquellos.


d) Ámbito territorial en el que vaya a desarrollarse la actividad sometida a licencia.


e) Condiciones de los premios a otorgar por juego o apuesta y cuantía de los mismos que en ningún caso podrá superar el porcentaje que al efecto se establezca.


f) Relación de los sistemas, equipos, aplicaciones e instrumentos técnicos que serán empleados para la explotación de la actividad.


g) Autorización para la realización de la actividad publicitaria, de patrocinio o promoción.


h) Mecanismos de prevención para evitar el fraude y sistemas de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo a los que se refiere la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.


i) Plazo de vigencia, posibilidad de prórroga y causas de extinción de la licencia.


j) Los sistemas, procedimientos o mecanismos establecidos, de acuerdo con la naturaleza del juego, para evitar el acceso por parte de las personas incursas en alguna de las prohibiciones subjetivas establecidas en el artículo 6 de esta ley y especialmente los dirigidos a garantizar que se ha comprobado la edad de los participantes .


5. Los licenciatarios tendrán los siguientes derechos y obligaciones:

a) Desarrollar la actividad de juego en el ámbito estatal, con los derechos y obligaciones reconocidos en el pliego de bases y en la resolución de adjudicación.


b) Satisfacer las tasas que se establezcan derivadas de la actividad de regulación del juego.


c) Obtener la licencia singular de explotación para cada modalidad y tipo de juego.


6. Las licencias generales tendrán una duración de 15 años, prorrogables por un periodo de idéntica duración.


La prórroga de la licencia no tendrá lugar y deberá procederse a su adjudicación en régimen de libre concurrencia en el caso de que concurran los siguientes requisitos:

a) Que exista un tercero o terceros que pretendan la concesión de la licencia.


b) Que lo hayan solicitado con un plazo de antelación de al menos 24 meses respecto de la fecha de vencimiento.


c) Que el solicitante o solicitantes cumplan los mismos requisitos que fueron tenidos en cuenta para la obtención de la licencia por parte del adjudicatario o adjudicatarios.


Artículo 11. Licencias singulares.


1. La explotación de cada uno de los tipos de juego incluidos en el ámbito de cada licencia general requerirá el otorgamiento de una licencia singular de explotación.


2. El otorgamiento de las licencias singulares y su prórroga estará sujeta a los requisitos y condiciones que determine la Comisión Nacional del Juego en el marco de la regulación de cada una de las modalidades de juego.


3. Los operadores habilitados con la licencia general podrán solicitar licencias singulares. Sólo podrá solicitarse la licencia singular de aquella actividad de juego de la que haya sido publicada, con carácter previo, su regulación. En el caso de no hallarse regulada, el operador de juego podrá solicitar su regulación al órgano competente que podrá, en su caso, desestimar motivadamente dicha solicitud.


4. Reglamentariamente se desarrollará el procedimiento de obtención de licencias singulares. Los requisitos que se establezcan en el marco del procedimiento para la obtención de licencias singulares respetarán los principios de transparencia, objetividad y no discriminación, y serán proporcionales a los fines de protección de la salud pública, los menores y personas dependientes y a los de la prevención del fraude y del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.


5. Las licencias singulares tendrán una duración mínima de un año y máxima de cinco y serán prorrogables por periodos sucesivos de idéntica duración. La regulación de cada una de los tipos de juego determinará la duración de las correspondientes licencias singulares y las condiciones y requisitos que hubieren de cumplirse para su prórroga.


6. La perdida de la licencia general conllevará la perdida de las licencias singulares vinculadas a la misma.


Artículo 12. Autorizaciones para la celebración de juegos de carácter ocasional.


1. La celebración de cualesquiera actividades de juego objeto de esta ley que tenga carácter ocasional o esporádico queda sometida a autorización previa, conforme al procedimiento que se determine reglamentariamente.


2. El otorgamiento de autorizaciones para la celebración de juegos de carácter ocasional le corresponde a la Comisión Nacional del Juego que podrá establecer la limitación en la cuantía de los premios.


3. Las personas o entidades que soliciten la autorización deberán satisfacer las tasas correspondientes.


4. Transcurridos tres meses desde la solicitud de autorización sin que se haya notificado su otorgamiento, se entenderá desestimada por silencio.


TÍTULO IV

Control de la actividad

CAPÍTULO I

Operadores

Artículo 13. Los operadores.


1. La organización y explotación de las actividades objeto de esta ley podrá ser, según cada caso, efectuada por personas físicas o jurídicas, entidades públicas o privadas, con nacionalidad española o de un país perteneciente al Espacio Económico Europeo y que tengan al menos un representante permanente en España.


Únicamente podrán participar en el procedimiento concurrencial de adjudicación de licencias generales para la explotación y comercialización de juegos que no tengan carácter ocasional, las personas jurídicas con forma de sociedad anónima que tengan como único objeto social la organización, comercialización y explotación de juegos, constituyéndose, a dicho efecto, como operadores de juegos o apuestas.


Las empresas que soliciten la explotación u organización de los juegos previstos en esta ley deberán acreditar solvencia técnica, económica y financiera, en los términos que reglamentariamente se establezcan.


La participación directa o indirecta del capital no comunitario tendrá como límite lo establecido en la legislación vigente sobre inversiones extranjeras en España.


2. No podrán ser titulares de las licencias y autorizaciones previstas en el Título III de esta ley, las personas físicas o jurídicas en quienes concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme dentro de los cuatro años anteriores a la fecha de la solicitud del título habilitante, por delito contra la salud pública, de falsedad, de asociación ilícita, de contrabando, contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico, contra la Administración Pública o contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, así como por cualquier infracción penal derivada de la gestión o explotación de juegos para los que no hubieran sido habilitados.


b) Haber solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido declaradas insolventes en cualquier procedimiento, hallarse declaradas en concurso, salvo que en éste haya adquirido la eficacia un convenio, estar sujetas a intervención judicial o haber sido inhabilitadas conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.


c) Haber sido sancionada la persona física, la persona jurídica o sus socios, directivos o administradores, mediante resolución administrativa firme por dos o más infracciones muy graves en los últimos cuatro años, por incumplimiento de la Normativa de juego del Estado o de las Comunidades Autónomas.


d) Haber dado lugar la persona física o la persona jurídica, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración General del Estado.


e) Estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma o en la normativa autonómica que regule estas materias.


f) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.


g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.


h) Haber sido sancionada la persona física o la persona jurídica mediante resolución firme, con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones según Ley 38/2003, de 17 noviembre, General de Subvenciones o la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.


i) Haber sido sancionada la persona física o jurídica mediante resolución definitiva por infracciones muy graves recogidas en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.


j) Las entidades participantes u organizadoras de eventos deportivos u otro cualquier acontecimiento sobre el que se realicen las apuestas.


Estas prohibiciones alcanzan a las personas jurídicas cuyos administradores o representantes, vigente su cargo o representación, se encuentren en dicha situación por actuaciones realizadas en nombre o en beneficio de dichas personas jurídicas, o en las que concurran las condiciones, cualidades o relaciones que requiera la correspondiente figura del tipo para ser sujeto activo del mismo.


Las prohibiciones de obtención del título habilitante afectarán también a aquellas empresas de las que, por razón de las personas que las rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que son continuación o que derivan, por transformación, fusión o sucesión, de otras empresas en las que hubiesen concurrido aquéllas.


Reglamentariamente se determinará el modo de apreciación y alcance de las prohibiciones, así como la justificación por parte de las personas o entidades de no estar incursos en las prohibiciones.


3. Las personas jurídicas que pretendan organizar, explotar y desarrollar las actividades de juego objeto de esta ley solicitando una licencia general, deberán solicitar su inscripción provisional en el Registro General de Licencias y Autorizaciones de Juego, en los términos que reglamentariamente se establezcan.


Artículo 14. Garantías exigibles a los operadores.


1. Los operadores que obtengan una licencia general deberán constituir una garantía en los términos, modalidades y las cuantías que reglamentariamente se establezca.


2. La garantía a la que se refiere el número anterior quedará afecta al cumplimiento de las obligaciones establecidas en esta ley y especialmente al abono de los premios, a las responsabilidades derivadas del régimen sancionador y al pago de las tasas devengadas en materia de juego cuando, transcurrido el período que reglamentariamente se establezca, no se hubieran hecho efectivas. Una vez desaparecidas las causas de su constitución y siempre que no se tenga conocimiento de obligaciones o responsabilidades pendientes a las que estuviera afecta, se procederá a su devolución, a petición del interesado, previa la liquidación oportuna cuando proceda.


3. Podrán establecerse garantías adicionales ligadas a la concesión de licencias singulares que serán determinadas por la Comisión Nacional del Juego para cada tipo de juego en las condiciones y con los límites establecidos en las Órdenes Ministeriales que establez

can la normativa básica de los juegos, quedando afectas al cumplimiento de las específicas obligaciones de abono de los premios y el cumplimiento de cualquier otra obligación del operador.


4. Las garantías deberán mantenerse actualizadas. Si en el plazo de un mes a contar desde la fecha del requerimiento no se llevase a cabo la actualización, el interesado podrá incurrir en causa de revocación del título habilitante.


CAPÍTULO II

Participantes

Artículo 15. Derechos de los participantes en los juegos.


1. Los participantes en los juegos tienen los siguientes derechos:

a) A obtener información clara y veraz sobre las reglas del juego en el que deseen participar.


b) A cobrar los premios que les pudieran corresponder en el tiempo y forma establecidos, de conformidad con la normativa específica de cada juego.


c) A formular ante la Comisión Nacional del Juego las reclamaciones contra las decisiones del operador que afecten a sus intereses.


d) Al tiempo de uso correspondiente al precio de la partida de que se trate.


e) A jugar libremente, sin coacciones o amenazas provenientes de otros jugadores o de cualquier otra tercera persona.


f) A conocer en cualquier momento el importe que ha jugado o apostado, así como en el caso de disponer de una cuenta de usuario abierta en el operador de juego, a conocer el saldo de la misma.


g) A identificarse de modo seguro mediante el documento nacional de identidad, pasaporte o documento equivalente o mediante sistema de firma electrónica reconocida, así como a la protección de sus datos personales conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo.


h) A conocer en todo momento la identidad del operador de juego, especialmente en el caso de juegos telemáticos, así como a conocer, y, en el caso de reclamaciones o posibles infracciones, la identidad del personal que interactúe con los participantes.


i) A recibir información sobre la práctica responsable del juego.


2. La relación entre el participante y el operador habilitado constituye una relación de carácter privado, y por tanto, las disputas o controversias que pudieran surgir entre ellos estarán sujetas a los Juzgados y Tribunales del orden jurisdiccional civil, sin perjuicio del ejercicio de la potestad sancionadora ejercida por la Comisión Nacional del Juego dentro de las competencias reconocidas en esta ley.


3. Los operadores habilitados establecerán los procedimientos adecuados para mantener la privacidad de los datos de los usuarios de conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa complementaria.


Los operadores únicamente tratarán los datos de los participantes que fueran necesarios para el adecuado desarrollo de la actividad de juego para la que hubieran sido autorizados y para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en esta ley. Los datos serán cancelados una vez cumplidas las finalidades que justificaron su tratamiento.


En todo caso, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los operadores deberán informar a los usuarios acerca del tratamiento de sus datos de carácter personal y las finalidades para las que se produce el tratamiento, así como los derechos que les corresponden de conformidad con la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal.


Los operadores deberán asimismo implantar sobre los ficheros y tratamientos las medidas de seguridad establecidas en la normativa vigente en materia de protección de datos y dar cumplimiento al deber de secreto impuesto por dicha normativa.


CAPÍTULO III

Homologación de los sistemas técnicos de juego

Artículo 16. Homologación de los sistemas técnicos de juego.


1. Las entidades que lleven a cabo la organización, explotación y desarrollo de juegos regulados en esta ley dispondrán del material software, equipos, sistemas, terminales, e instrumentos en general necesarios para el desarrollo de estas actividades, debidamente homologados.


2. La homologación de los sistemas técnicos de juego, así como el establecimiento de las especificaciones necesarias para su funcionamiento, corresponde a la Comisión Nacional del Juego, que aprobará en el marco de los criterios fijados el Ministerio de Economía y Hacienda y el Consejo de Políticas del Juego, el procedimiento de certificación de los sistemas técnicos de juego incluyendo, en su caso, las homologaciones de material de juego. La Comisión Nacional del Juego velará para que el establecimiento de las especificaciones, así como los procedimientos de certificación y homologación de material de juego, no introduzcan obstáculos que pudieren distorsionar injustificadamente la competencia en el mercado.

3. Las homologaciones y certificaciones validadas por los órganos competentes de las Comunidades Autónomas para la concesión de títulos habilitantes de ámbito autonómico, podrán tener efectos en los procedimientos regulados en esta ley en los términos que reglamentariamente se establezcan.


4. En los procedimientos de homologación de los sistemas técnicos de juego que puedan afectar de manera relevante al tratamiento de datos de carácter personal por parte de los operadores, la Comisión Nacional del Juego solicitará informe a la Agencia Española de Protección de Datos.


Artículo 17. Requisitos de los sistemas técnicos.


1. El sistema técnico para la organización, explotación y desarrollo de los juegos por medios electrónicos, informáticos, telemáticos e interactivos, con independencia de lo previsto en el artículo 24 de esta ley a efectos de la Inspección y Control, quedará conformado por la Unidad Central de Juegos y el conjunto de sistemas e instrumentos técnicos o telemáticos que posibiliten la organización, comercialización y celebración de juegos por estos medios.


2. El sistema técnico que reunirá las condiciones que se establezcan por la Comisión Nacional del Juego, deberá disponer de los mecanismos de autenticación suficientes para garantizar, entre otros:

a) La confidencialidad e integridad en las comunicaciones.


b) La identidad de los participantes, en el supuesto de los juegos desarrollados a través de medios telemáticos e interactivos.


c) La autenticidad y cómputo de las apuestas.


d) El control de su correcto funcionamiento.


e) El cumplimiento de las prohibiciones subjetivas reguladas en el artículo 6 de esta ley.


f) El acceso a los componentes del sistema informático exclusivamente del personal autorizado o de la propia Comisión Nacional del Juego, en las condiciones que ésta pudiera establecer.


Artículo 18. Unidad Central de Juegos.


1. Los operadores habilitados para la organización, explotación y desarrollo de los juegos de carácter permanente objeto de esta ley, deberán disponer de una Unidad Central de Juegos que cumplirá las especificaciones que, a dicho efecto, establezca la Comisión Nacional del Juego, y que permitirá:

a) Registrar todas las actuaciones u operaciones realizadas desde los equipos y usuarios conectados a la misma.


b) Garantizar el correcto funcionamiento de las actividades de juego.


c) Comprobar en todo momento, si así fuera necesario, las operaciones realizadas, los participantes en las mismas y sus resultados, si la naturaleza del juego así lo permite, así como reconstruir de manera fiable todas las actuaciones u operaciones realizadas a través de ella.


2. Los operadores deberán asegurar la existencia de las copias de seguridad necesarias y de que se apliquen las medidas técnicas y los planes de contingencia que permitan garantizar la recuperación de datos ante cualquier clase de incidencia.


3. Los operadores deberán disponer de una réplica de su Unidad Central de Juegos, que permitirá el normal desarrollo de la actividad de los juegos, con todas las garantías, en los supuestos en que la Unidad Principal se hallare fuera de servicio.


4. Tanto la Unidad Central de Juegos como su réplica, incorporarán conexiones informáticas seguras y compatibles con los sistemas de la Comisión Nacional del Juego, que permitan a ésta realizar un control y seguimiento, en tiempo real si así se requiriera, de la actividad de juego llevada a cabo, de los premios otorgados y en su caso, de la devolución de premios que eventualmente se produzca con motivo de la anulación de los juegos, todo ello sin perjuicio de la posibilidad de realizar inspecciones presenciales. La Unidad Central deberá poder ser monitorizada desde territorio español por la Comisión Nacional del Juego, con independencia de su ubicación. La Comisión Nacional del Juego podrá requerir que unidades secundarias de los sistemas del operador se ubiquen en España con la finalidad de verificación y control de la información.


TÍTULO V

De la administración del juego

CAPÍTULO I

El Ministerio de Economía y Hacienda

Artículo 19. Competencias del Ministerio de Economía y Hacienda.


Corresponderá al titular del Ministerio de Economía y Hacienda las siguientes competencias:

1. Establecer la reglamentación básica de cada juego y en el caso de juegos esporádicos, las bases generales para su práctica o desarrollo, con base en los criterios fijados por el Consejo de Políticas del Juego.


2. Aprobar los pliegos de bases de los concursos públicos a los que se refiere el artículo 10.2 de esta ley, de acuerdo con el marco establecido en el reglamento de licencias y su normativa de desarrollo.


3. Elaborar y modificar las normas en materia de juego que se consideren necesarias para el cumplimiento de las finalidades de esta ley.


4. Autorizar la realización de actividades de lotería sujetas a reserva.


5. Proponer el nombramiento del Presidente y de los consejeros de la Comisión Nacional del Juego.


6. Instruir el expediente de cese de los miembros de la Comisión del Juego al que se refiere el artículo 29.f) de esta ley.


7. Cuantas otras se establezcan en esta ley.


CAPÍTULO II

La Comisión Nacional del Juego

Artículo 20. Objeto y naturaleza jurídica.


1. Se crea la Comisión Nacional del Juego que tendrá por objeto velar por el adecuado funcionamiento del sector del juego y garantizar la efectiva disponibilidad y prestación de servicios competitivos en beneficio de los usuarios. Su finalidad es autorizar, supervisar, controlar y, en su caso, sancionar, el desarrollo, explotación y comercialización de los juegos y demás actividades previstas en el ámbito de aplicación de esta ley.


Como principio rector, deberá velar por la integridad, seguridad, fiabilidad y transparencia de las operaciones de juego, así como por el cumplimiento de la normativa vigente y de las condiciones establecidas para la explotación de las actividades de juego.


Asimismo, canalizará la demanda dimensionando la oferta de actividades de juego, evitando la explotación de las actividades de juego con fines fraudulentos y estableciendo el marco apropiado para proteger a los menores y prevenir el desarrollo de fenómenos de dependencia.


2. La Comisión Nacional del Juego se configura como un Organismo Regulador, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, de los previstos en la disposición adicional décima de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.


3. La Comisión Nacional del Juego es un organismo funcionalmente independiente de la Administración General del Estado, si bien se encuentra adscrita al Ministerio de Economía y Hacienda a través de la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos, que asume el ejercicio de las funciones de coordinación entre la Comisión y el Ministerio.


4. Mediante Real Decreto acordado en Consejo de Ministros, se aprobará el Estatuto de la Comisión Nacional del Juego, en el que se establecerá su organización, estructura, funcionamiento, así como cualesquiera otros aspectos que fueran precisos para el cumplimiento de sus funciones y que en todo caso, deberá tener el siguiente contenido:

a) Las funciones a desarrollar y, en su caso, las facultades decisorias correspondientes a las competencias que asume de la Administración General del Estado y de sus Organismos Públicos, y cualesquiera otras que se le atribuyan.


b) La determinación de la sede, estructura orgánica y régimen de funcionamiento.


c) Los medios personales, materiales, económico-financieros y patrimoniales que se adscriben la Comisión Nacional del Juego.


d) La forma de participación de las Comunidades Autónomas o de otras Administraciones Públicas en la Comisión Nacional del Juego.


5. En el ejercicio de sus funciones públicas, y en defecto de lo dispuesto en esta ley y en las normas que la completen o desarrollen, la Comisión Nacional del Juego actuará con arreglo a lo establecido en su legislación específica y supletoriamente por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y por la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.


Artículo 21. Funciones.


Son funciones de la Comisión Nacional del Juego, las siguientes:

1. Desarrollar la regulación básica de los juegos y las bases generales de los juegos esporádicos cuando así se determine en la Orden Ministerial que las apruebe.


2. Proponer al titular del Ministerio de Economía y Hacienda los pliegos de bases de los concursos públicos a los que se refiere el artículo 10.2 de esta ley y conceder los títulos habilitantes necesarios para la práctica de las actividades reguladas objeto de esta ley.


3. Informar, con carácter preceptivo, la autorización de las actividades de lotería sujetas a reserva.


4. Dictar instrucciones de carácter general a los operadores de juego.


5. Establecer los requisitos técnicos y funcionales necesarios de los juegos, los estándares de operaciones tecnológicas y certificaciones de calidad, y los procesos, procedimientos, planes de recuperación de desastres, planes de continuidad del negocio y seguridad de la información, de acuerdo con las previsiones contenidas en los reglamentos correspondientes y los criterios fijados por el Consejo de Políticas del Juego.


6. Homologar el software y los sistemas técnicos, informáticos o telemáticos precisos para la realización de los juegos, así como los estándares de los mismos.


7. Vigilar, controlar, inspeccionar y, en su caso, sancionar las actividades relacionadas con los juegos, en especial las relativas a las actividades de juego reservadas a determinados operadores en virtud de esta ley.


8. Perseguir el juego no autorizado, ya se realice en el ámbito del Estado español, ya desde fuera de España y que se dirija al territorio del Estado, pudiendo requerir a cualquier proveedor de servicios de pago, entidades de prestación de servicios de comunicación audiovisual, servicios de la sociedad de la información o de comunicaciones electrónicas, información relativa a las operaciones realizadas por los distintos operadores o por organizadores que carezcan de título habilitante o el cese de los servicios que estuvieran prestando.


9. Asegurar que los intereses de los participantes y de los grupos vulnerables sean protegidos, así como el cumplimiento de las leyes, reglamentaciones y principios que los regulan, para defender el orden público y evitar el juego no autorizado.


10. Establecer los cauces apropiados para proporcionar al participante una información precisa y adecuada sobre las actividades de juego y procedimientos eficaces de reclamación.


11. Resolver las reclamaciones que puedan ser presentadas por los participantes contra los operadores.


12. Gestionar los registros previstos en esta ley.


13. Promover y realizar estudios y trabajos de investigación en materia de juego, así como sobre su incidencia o impacto en la sociedad.


14. Colaborar en el cumplimiento de la legislación de prevención de blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, y vigilar el cumplimiento de la misma.


15. Ejercer la función arbitral de conformidad con el artículo 25 de esta ley.


16. Cualquier otra competencia de carácter público y las potestades administrativas que en materia de juegos actualmente ostenta la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos, con la salvedad de las funciones policiales que correspondan a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.


17. Cualquier otra función que se le atribuya por el ordenamiento jurídico.


Artículo 22. Los Registros del sector del juego.


1. La Comisión Nacional del Juego constituirá, bajo su dependencia y control, los siguientes Registros de ámbito estatal:

a) El Registro General de Licencias de Juego, en el que se practicarán las inscripciones de carácter provisional de las empresas que participen en los concursos de licencias generales, así como las inscripciones de carácter definitivo de las entidades que hayan obtenido una licencia para desarrollar la actividad de juego.


b) El Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego, en el que se inscribirá la información necesaria para hacer efectivo el derecho de los ciudadanos a que les sea prohibida la participación en las actividades de juegos en los casos en que sea necesaria la identificación para la participación en las mismas. Asimismo se inscribirá la información relativa aquellas otras personas que, por resolución judicial tengan prohibido el acceso al juego o se hallarán incapacitados legalmente. Los requisitos de carácter subjetivo preceptivos para la inscripción en este registro serán determinados por la Comisión Nacional del Juego. La información de este registro se facilitará a los operadores de juego con la finalidad de impedir el acceso al juego de las personas inscritas en este registro.


Reglamentariamente se establecerá el procedimiento para coordinar la comunicación de datos entre los Registros de Interdicción de Acceso al Juego de las distintas Comunidades Autónomas y el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego.


c) Registro de Personas Vinculadas a Operadores de Juego, en el que se inscribirán los datos de los accionistas, partícipes o titulares significativos de la propia empresa de juego, su personal directivo y empleados directamente involucrados en el desarrollo de los juegos, así como sus cónyuges o personas con las que convivan, ascendientes y descendientes en primer grado.


2. El tratamiento de los datos de carácter personal en los ficheros y registros a los que se refiere el apartado anterior, para los fines previstos en esta ley, no requerirá del consentimiento de sus titulares.


Reglamentariamente se determinará el contenido concreto de los registros a los que se refiere el presente artículo. Los registros no incluirán más datos que los estrictamente necesarios para el cumplimiento de las finalidades previstas para los mismos en esta ley.


El contenido de los registros referidos en el presente artículo no presenta carácter público, quedando limitada la comunicación de los datos contenidos en los mismos, única y exclusivamente, a las finalidades previstas en esta ley.


3. Reglamentariamente se establecerá la organización y funcionamiento de los registros del sector del juego. En este marco, la Comisión Nacional del Juego y los órganos competentes de las Comunidades Autónomas podrán acordar, mediante los oportunos convenios de colaboración, la interconexión de sus registros de juego y el intercambio de datos e información tributaria, con pleno respeto a la normativa reguladora de la protección de datos de carácter personal.


Artículo 23. Competencia regulatoria.


1. La Comisión Nacional del Juego podrá dictar aquellas disposiciones que exijan el desarrollo y ejecución de las normas contenidas en esta ley, en los Reales Decretos aprobados por el Gobierno o en las Órdenes del Ministerio de Economía y Hacienda, siempre que estas disposiciones le habiliten de modo expreso para ello. Estas disposiciones se elaborarán por la propia Comisión Nacional del Juego, previos los informes técnicos y jurídicos oportunos de los servicios competentes de la misma, y la consulta, en su caso, a las Comunidades Autónomas. Tales disposiciones serán aprobadas por el Consejo de la Comisión Nacional del Juego y no surtirán efectos hasta su publicación en el Boletín Oficial del Estado y entrarán en vigor conforme a lo dispuesto en el apartado primero del artículo 2 del Código Civil.


2. Cuando se dicten disposiciones que puedan incidir significativamente en las condiciones de competencia de los operadores de juego, la Comisión Nacional del Juego estará obligada a solicitar informe previo al órgano competente en materia de defensa de la competencia.


3. Las disposiciones o resoluciones que dicte la Comisión Nacional del Juego en el ejercicio de las potestades administrativas que se le confieren en esta ley pondrán fin a la vía administrativa y podrán ser recurridas potestativamente en reposición de a acuerdo con lo establecido en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común o impugnarse directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa de acuerdo con lo dispuesto en la ley reguladora de dicha jurisdicción.


Artículo 24. Inspección y Control.


1. Al objeto de garantizar lo dispuesto en esta ley y en las disposiciones que la complementen, corresponderá a la Comisión Nacional del Juego la auditoría, vigilancia, inspección y control de todos los aspectos y estándares administrativos, económicos, procedimentales, técnicos, informáticos, telemáticos y de documentación, relativos al desarrollo de las actividades previstas en esta ley.


Asimismo, corresponderá a la Comisión Nacional del Juego la investigación y persecución de los juegos ilegales, sin perjuicio de las facultades que correspondan a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes y al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias en los términos del artículo 45.4 f) de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. La Comisión Nacional del Juego establecerá los procedimientos necesarios en orden al cumplimiento de las funciones antes citadas.


Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de acuerdo con lo establecido en el punto 4 del apartado primero a) del artículo 12 de la Ley Orgánica 2/86 de 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, colaborarán con la Comisión Nacional del Juego en las funciones de vigilancia e inspección del cumplimiento de la normativa en materia de juego. Si como resultado de la actividad inspectora llevada a cabo por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el ejercicio de las funciones de colaboración con la Comisión Nacional del Juego se comprobara la existencia de indicios de la comisión de una infracción, se levantará el oportuno acta que será enviada a los órganos competentes para iniciar el procedimiento sancionador.


2. Por la Comisión Nacional del Juego se establecerán los procedimientos adicionales para el seguimiento y control de los operadores que realicen actividades de Juego sujetas a reserva en virtud de una ley y del cumplimiento de las condiciones que se establezcan a los mismos, en especial, en relación con la protección del orden público y la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. En el supuesto de que, en el ejercicio de su labor inspectora, la Comisión Nacional del Juego apreciara posibles infracciones de las obligaciones establecidas en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, informará a la Secretaría de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias en los términos del artículo 48.1 de la citada ley.


3. La Comisión Nacional del Juego podrá efectuar un control sobre la cuenta de usuario del participante en las actividades de juego objeto de esta ley, así como de los operadores o proveedores de servicios de juego.
La Comisión Nacional del Juego tendrá acceso a los datos de carácter personal recogidos en la cuenta de usuario de los participantes, respetando en todo momento lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos y su normativa de desarrollo.


4. Los operadores habilitados, sus representantes legales y el personal que en su caso se encuentre al frente de las actividades en el momento de la inspección, tendrán la obligación de facilitar a los inspectores y a su personal auxiliar el acceso a los locales y a sus diversas dependencias, así como el examen de los soportes técnicos e informáticos, libros, registros y documentos que solicite la inspección. El resultado de la inspección se hará constar en acta que tendrá la naturaleza de documento público y harán prueba, salvo que se acredite lo contrario, de los hechos y circunstancias que la motiven.


El acta deberá ser firmada por los funcionarios que las extiendan y por la persona o representante de la entidad fiscalizada quien podrá hacer constar cuantas observaciones estime convenientes. Se entregará copia del acta a la persona o representante de la entidad fiscalizada, dejando constancia, en su caso, de su negativa a firmarla o a estar presente en el desarrollo de la inspección.


En el ejercicio de las funciones de inspección el personal de la Comisión Nacional del Juego tendrá la condición de autoridad.El ejercicio de las facultades de inspección y control podrá ser objeto de convenio con las Comunidades Autónomas respecto de las actividades de los medios o instrumentos situados en su territorio, con excepción de las de carácter resolutorio.


La Comisión Nacional del Juego colaborará con otros organismos reguladores del Espacio Económico Europeo en la persecución del juego ilegal, mediante la adopción de medidas coordinadas para obtener la cesación en la prestación de servicios ilegales de juego y el intercambio de información.


5. La Comisión Nacional del Juego podrá firmar acuerdos de corregulación que coadyuven al cumplimiento de las obligaciones establecidas en esta ley, en particular en lo referido a la publicidad, en los términos que se determinen reglamentariamente. En la medida en que dichos acuerdos afecten a la publicidad efectuada por los prestadores del servicio de comunicación audiovisual, deberá recabarse informe del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales con carácter previo a la firma de los mismos. Los sistemas de autorregulación se dotarán de órganos independientes de control para asegurar el cumplimiento eficaz de los compromisos asumidos por las empresas adheridas. Sus códigos de conducta podrán incluir, entre otras, medidas individuales o colectivas de autocontrol previo de los contenidos publicitarios, y deberán establecer sistemas eficaces de resolución extrajudicial de reclamaciones que cumplan los requisitos establecidos en la normativa comunitaria y, como tales, sean notificados a la Comisión Europea, de conformidad con lo previsto en la Resolución del Consejo de 25 de mayo de 2000 relativo a la red comunitaria de órganos nacionales de solución extrajudicial de litigios en materia de consumo o cualquier disposición equivalente.


Artículo 25. Arbitraje de la Comisión Nacional del Juego.


1. La Comisión Nacional del Juego actuará como órgano arbitral en los conflictos que le sometan los operadores de juegos, en el marco del régimen establecido en la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, cuyas normas se aplicarán supletoriamente en lo no previsto en esta ley ni en sus normas de desarrollo.


2. La función arbitral no tendrá carácter público y será gratuita, salvo los gastos generados por la práctica de las pruebas.


3. El procedimiento, que se regulará en el Estatuto de la Comisión Nacional del Juego, se ajustará a los principios de igualdad entre las partes, audiencia y contradicción.


Artículo 26. El Consejo. Nombramiento y mandato de los miembros del Consejo de la Comisión Nacional del Juego.


1. El Consejo es el órgano colegiado de decisión en relación con las funciones atribuidas a la Comisión Nacional, sin perjuicio de las delegaciones que pueda acordar. Entre sus facultades indelegables se encuentran la aprobación de los presupuestos de la Comisión Nacional del Juego y de su memoria anual y sus planes anuales o plurianuales de actuación en que se definan sus objetivos y sus prioridades, así como las funciones de arbitraje y la potestad de dictar instrucciones de carácter general a los operadores de juego.


2. Serán miembros del Consejo, el Presidente de la Comisión Nacional del Juego, que también lo será del Consejo, y cuatro consejeros.


3. A las reuniones del Consejo podrá asistir, con voz pero sin voto, el personal directivo, así como el personal no directivo que determine el Presidente, de acuerdo con los criterios generales que a tal efecto acuerde el Consejo.


4. Corresponde a la presidencia del Consejo el ejercicio de las siguientes funciones:

a) Ejercer, en general, las competencias que a los Presidentes de los órganos colegiados administrativos atribuye la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común.


b) Convocar al Consejo por propia iniciativa o a petición de, al menos, la mitad de los consejeros, y presidirlo.


c) Establecer el criterio de distribución de asuntos entre los consejeros.


5. El Consejo se entenderá válidamente constituido con la asistencia del Presidente y dos consejeros. La asistencia de los consejeros a las reuniones del Consejo es obligatoria, salvo casos debidamente justificados.


6. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos de los asistentes. En caso de empate decidirá el voto de quien presida.


7. En caso de vacante, ausencia o enfermedad del Presidente, le suplirá el consejero de mayor antigüedad y, a igual antigüedad, el de mayor edad.


8. El Consejo, a propuesta del Presidente, elegirá un Secretario no consejero, que tendrá voz pero no voto, al que corresponderá asesorar al Consejo en derecho, informar sobre la legalidad de los asuntos sometidos a su consideración, así como las funciones propias de la secretaría de los órganos colegiados. El servicio jurídico de la Comisión Nacional del Juego dependerá de la Secretaría del Consejo.


9. El Consejo aprobará el Reglamento de funcionamiento interno de la Comisión Nacional del Juego, en el que se regulará la actuación de sus órganos, la organización del personal, el régimen de transparencia y de reserva de la información y, en particular, el funcionamiento del Consejo, incluyendo su régimen de convocatorias y sesiones, y el procedimiento interno para la elevación de asuntos para su consideración y su adopción. La aprobación del Reglamento requerirá el voto favorable de, al menos, tres de los miembros del Consejo.


10. El Presidente y los consejeros serán nombrados por el Gobierno, mediante Real Decreto, a propuesta del titular del Ministerio de Economía y Hacienda, entre personas de reconocido prestigio y competencia profesional, previa comparecencia oportuna de las personas propuestas como Presidente y Consejeros ante la Comisión correspondiente del Congreso de los Diputados, que versará sobre la capacidad de los candidatos. La comparecencia del Presidente, además, se extenderá a su proyecto de actuación sobre el organismo y sobre el sector regulado.


11. El mandato del Presidente y los consejeros será de seis años sin posibilidad de reelección como miembro del Consejo. La renovación de los consejeros se hará parcialmente para fomentar la estabilidad y continuidad del Consejo.


Artículo 27. El Presidente de la Comisión Nacional del Juego.


Corresponde al Presidente de la Comisión Nacional del Juego:

a) Representar legal e institucionalmente a la Comisión Nacional del Juego.


b) Velar por el adecuado desarrollo de las actuaciones de la Comisión, de acuerdo con el ordenamiento jurídico.


c) Mantener el buen orden y gobierno de la organización de la Comisión.


d) Impulsar la actuación de la Comisión y el cumplimiento de las funciones que tenga encomendadas. En particular, la elaboración de planes anuales o plurianuales de actuación en los que se definan sus objetivos y prioridades.


e) Ejercer funciones de dirección y coordinación en relación con los directivos y el resto del personal de la Comisión Nacional del Juego, de acuerdo con las competencias atribuidas por su legislación específica.


f) Dirigir, coordinar, evaluar y supervisar las distintas unidades de la Comisión.


g) Dar cuenta al titular del Ministerio de Economía y Hacienda de las vacantes que se produzcan en el Consejo de la Comisión Nacional del Juego.


h) Dirigir la ejecución de los presupuestos de la Comisión Nacional del Juego, así como la rendición de cuentas del mismo.


i) Dirigir la contratación de la Comisión.


j) Efectuar la rendición de cuentas de la Comisión Nacional del Juego.


k) Cuantas funciones le delegue el Consejo.


Artículo 28. Funciones de los miembros del Consejo.


1. El Presidente y los consejeros de la Comisión Nacional del Juego ejercerán su función con dedicación absoluta.


2. Sin perjuicio de su función como ponentes de los asuntos que les asigne el Presidente, en aplicación de lo previsto en la letra c) de apartado 4 del artículo 26 de esta ley, los consejeros no podrán asumir individualmente funciones ejecutivas o de dirección de áreas concretas de la Comisión Nacional del Juego, las cuales corresponderán al personal directivo.


3. El Presidente y los consejeros de la Comisión Nacional del Juego estarán sometidos al régimen de incompatibilidad de actividades establecido para los altos cargos de la Administración General del Estado en la Ley 5/2006, de 10 de abril, de Regulación de los Conflictos de Intereses de los Miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado y en sus disposiciones de desarrollo, así como en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 18 de febrero de 2005, por el que se aprueba el Código de Buen Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado.


Artículo 29. Causas de cese en el ejercicio del cargo.


El Presidente y los consejeros de la Comisión Nacional del Juego cesarán en su cargo:

a) Por renuncia.


b) Por expiración del término de su mandato.


c) Por incompatibilidad sobrevenida.


d) Por haber sido condenado por delito doloso.


e) Por incapacidad permanente.


f) Mediante separación acordada por el Gobierno por incumplimiento grave de los deberes de su cargo o el incumplimiento de las obligaciones sobre incompatibilidades, conflictos de interés, y del deber de reserva. La separación será acordada con independencia del régimen sancionador que en su caso pudiera corresponder y se adoptará por iniciativa del Gobierno, previa instrucción de expediente por el titular del Ministerio de Economía y Hacienda.


Artículo 30. Régimen de contratación.


Los contratos que celebre la Comisión Nacional del Juego se ajustarán a lo dispuesto en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público, Asimismo, podrá formalizar convenios o conciertos con cualesquiera entidades públicas o privadas, españolas o extranjeras, estando sometida en este último supuesto a las condiciones que pueda establecer el Ministerio de Economía y Hacienda y pudiendo incorporar a dicho efecto cláusulas de arbitraje a los citados convenios en orden a la resolución de las controversias que pudieren suscitarse.


Artículo 31. Régimen de personal.


1. El personal al servicio de la Comisión Nacional del Juego será funcionario o laboral en los términos establecidos para la Administración General del Estado, de acuerdo con su Estatuto.


2. El personal funcionario se regirá por lo dispuesto en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público y las demás normas aplicables al personal funcionario de la Administración General del Estado. El personal laboral se regirá, además de por la legislación laboral y por las demás normas convencionalmente aplicables, por los preceptos de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público que así lo dispongan.


3. La selección del personal al servicio de la Comisión Nacional del Juego se realizará mediante convocatoria pública, a través de procedimientos que garanticen los principios de igualdad, mérito y capacidad. La selección del personal directivo atenderá a principios de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad, y se llevará a cabo mediante procedimientos que garanticen la publicidad y concurrencia.


4. La Comisión Nacional del Juego contará con una relación de puestos de trabajo en la que constará, en su caso, los puestos que deban ser desempeñados por funcionarios de carrera porque conlleven el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas.


5. La provisión de puestos de trabajo se realizará de conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público y las demás normas aplicables al personal al servicio de la Administración General del Estado.


6. El personal que preste servicio en la Comisión Nacional del Juego estará sujeto a la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del Personal al servicio de las Administraciones Públicas.


Artículo 32. Régimen Presupuestario y de Control.


1. La Comisión Nacional del Juego elaborará anualmente un anteproyecto de presupuesto con la estructura que señale el Ministerio de Economía y Hacienda y lo remitirá a éste para su elevación al acuerdo del Gobierno y posterior remisión a las Cortes Generales, integrado en los Presupuestos Generales del Estado. Las variaciones en el presupuesto serán autorizadas por el titular del Ministerio de Economía y Hacienda, cuando su importe no exceda de un cinco por ciento del mismo, y por el Gobierno, en los demás casos.


2. El régimen de su control económico y financiero se ajustará a las previsiones contenidas en la Ley47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria para este tipo de entidades.


Artículo 33. Régimen Económico-Financiero y recursos de la Comisión Nacional del Juego.


1. La Comisión Nacional del Juego contará, para el cumplimiento de sus fines, con los siguientes recursos:

a) Las asignaciones que se establezcan anualmente con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.


b) Los bienes y derechos que constituyan su patrimonio, así como los productos y rentas del mismo.


c) Los ingresos obtenidos por la liquidación de las tasas previstas en esta ley.


d) Cualesquiera otros que legalmente puedan serle atribuidos.


2. El patrimonio de la Comisión Nacional del Juego estará sujeto a lo dispuesto en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.


CAPÍTULO III

Del Consejo de Políticas del Juego

Artículo 34. El Consejo de Políticas de Juego.


1. El Consejo de Políticas de Juego será el órgano de participación y coordinación de las Comunidades Autónomas y el Estado en materia de juego.


2. En el Estatuto de la Comisión Nacional del Juego se establecerán otros procedimientos a través de los cuales se materialice la participación y comunicación con las Comunidades Autónomas a través de la emisión de informes o formulación de propuestas que el Consejo de Políticas del Juego pueda considerar oportunas para una mejor coordinación en el ejercicio de las competencias estatales y autonómicas.


3. El Consejo de Políticas de Juego estará integrado por los consejeros que desempeñen las responsabilidades en materia de juego de todas las Comunidades y Ciudades Autónomas y por un número paritario de representantes de la Administración General del Estado. La presidencia del Consejo corresponderá al titular del Ministerio de Economía y Hacienda y la Secretaría permanente al Ministerio de Economía y Hacienda.


4. El Consejo de Políticas del Juego elaborará un reglamento de funcionamiento que determinará el régimen de convocatorias y de aprobación de acuerdos del mismo. Este reglamento de funcionamiento del Consejo de Políticas del Juego será aprobado por mayoría absoluta de sus miembros.


Artículo 35. Competencias.


El Consejo de Políticas del Juego entenderá de las siguientes materias:

a) Normativa básica de los diferentes juegos.


b) Desarrollo de la regulación básica de los juegos y de las bases generales de los juegos esporádicos.


c) Criterios para el otorgamiento de licencias.


d) Definición de los requisitos de los sistemas técnicos de juego y su homologación.


e) Principios para el reconocimiento de las certificaciones, y homologaciones de licencias otorgadas por los órganos de las Comunidades Autónomas competentes en materia de juego.


f) Coordinación de la normativa sobre las medidas de protección a los menores y personas dependientes.


g) En general, todo aspecto de las actividades de juego que, dada su naturaleza, precise de una actuación coordinada del Estado y las Comunidades Autónomas.


TÍTULO VI

Régimen sancionador

Artículo 36. Competencia.


1. La Comisión Nacional del Juego ejercerá la potestad sancionadora respecto de las infracciones administrativas cometidas en materia de juego objeto asa de operadores.cienda,e edad o a las personas incluidas en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego.??de esta ley.


2. En el caso de que la infracción sea realizada por una entidad sujeta a la vigilancia o inspección de un Organismo Regulador distinto a la Comisión Nacional de Juego o cuando por razón de la materia resultare competente otro órgano administrativo, la Comisión Nacional del Juego, a los efectos de la tramitación del correspondiente procedimiento sancionador, dará traslado a aquél de los hechos supuestamente constitutivos de infracción. En todo caso, la Comisión Nacional de Juego será competente para sancionar por la comisión de las infracciones previstas en la letra e) del artículo 40.


3. En particular, los prestadores de servicios de comunicación audiovisual o medios de comunicación social serán responsables administrativos de la promoción, patrocinio y publicidad de los juegos sujetos a esta ley cuando quienes los realicen carezcan de titulo habilitante o que se difundan sin disponer de la autorización para publicitarlos o al margen de los límites fijados en la misma o infringiendo las normas vigentes en esta materia. La competencia para instruir los procedimientos y sancionar a los prestadores de servicios de comunicación audiovisual corresponde al Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, aplicándose en estos casos el régimen sancionador previsto en la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, salvo la excepción prevista en el párrafo anterior, respecto de las infracciones del artículo 40 letra e).


4. Cuando la infracción sea cometida por una entidad intermediaria cuyo ámbito de actuación se limite al territorio de una Comunidad Autónoma o cuando la promoción, patrocinio y publicidad de los juegos a través de medios presenciales se realice en el territorio de una Comunidad Autónoma, será competente para ejercer la potestad sancionadora el órgano autonómico correspondiente.


Artículo 37. Infracciones.


1. Son infracciones administrativas las acciones u omisiones tipificadas en esta ley y que pueden ser especificadas en los reglamentos que la desarrollen.


2. Las infracciones administrativas en esta materia se clasifican en muy graves, graves y leves.


Artículo 38. Sujetos infractores.


1. Son sujetos infractores las personas físicas o jurídicas que realicen las acciones u omisiones tipificadas como infracciones en esta ley, las soporten, publiciten, promocionen u obtengan beneficio de las mismas.


2. Se consideran también sujetos infractores y organizadores de juego a los efectos del presente artículo, exigiéndoseles idéntica responsabilidad, a las personas físicas o jurídicas que obtuvieran un beneficio relevante vinculado directamente al desarrollo de actividades de juego como consecuencia de las acciones u omisiones referidas en el párrafo anterior.


Artículo 39. Infracciones muy graves.


Son infracciones muy graves:

a) La organización, celebración o explotación de las actividades incluidas en el ámbito de aplicación de esta ley careciendo del título habilitante correspondiente.


b) Realizar, promocionar, permitir o consentir, expresa o tácitamente, la organización, celebración o explotación de las actividades objeto de esta ley en medios o soportes o por canales de distribución no autorizados y, en particular, mediante el empleo de software, sistemas de comunicación, materiales o equipos no autorizados o no homologados.


c) La cesión del título habilitante, así como su transmisión en los supuestos previstos en el artículo 9.3, sin la previa autorización de la Comisión Nacional del Juego.


d) La obtención de las correspondientes autorizaciones o licencias mediante la aportación de documentos o datos falsos e inciertos.


e) El impago injustificado y reiterado de los premios que correspondieren a los participantes de los juegos.


f) La alteración o manipulación de los sistemas técnicos previamente homologados o de cualquier otro elemento relativo a la obtención de premios en perjuicio de los participantes.


g) La realización de actividades de juego infringiendo la reserva establecida en el artículo 4 de esta ley.


h) La comisión de dos infracciones graves en el plazo de dos años, con sanción definitiva en vía administrativa.


Artículo 40. Infracciones graves.


Son infracciones graves:

a) El incumplimiento de los requisitos y condiciones fijados en el título habilitante y, en particular, de los deberes de control para garantizar la seguridad de los juegos.


b) Permitir el acceso a la actividad de juego a las personas que lo tienen prohibido, de conformidad con el artículo 6 de esta ley, siempre que la entidad explotadora de juegos conozca o deba conocer la concurrencia de tales prohibiciones.


c) La concesión de préstamos o cualquier otra modalidad de crédito a los participantes por parte de los operadores.


d) Efectuar la promoción, patrocinio y publicidad de los juegos objeto de esta ley, o actuaciones de intermediación, cuando quienes lo realicen carezcan de título habilitante o se difundan con infracción de las condiciones y límites fijados en el mismo o infringiendo las normas vigentes en esta materia, cualquiera que sea el medio que se utilice para ello.


e) El incumplimiento de los requerimientos de información o de cese de prestación de servicios dictados por la Comisión Nacional del Juego que se dirijan a los proveedores de servicios de pago, prestadores de servicios de comunicación audiovisual, prestadores de servicios de la sociedad de la información o de comunicaciones electrónicas y medios de comunicación social.


f) La obstrucción, resistencia o excusa a la función de inspección y control así como la ocultación o destrucción de la información, documentos o soportes de la misma.


g) La negativa reiterada de los operadores u organizadores a facilitar la información que le sea requerida por la Comisión Nacional del Juego.


h) La negativa reiterada a atender las reclamaciones o quejas formuladas por los participantes o la Comisión Nacional del Juego.


i) El incumplimiento de las obligaciones de comunicación de aquellas modificaciones efectuadas en la composición, sede, capital y titularidad de las acciones o participaciones de las personas jurídicas habilitadas, en el plazo de tres meses desde que se hubieran realizado.


j) El incumplimiento de los requisitos técnicos de los reglamentos o del pliego de bases relativos al software y a los sistemas de comunicación.


k) La utilización de sistemas técnicos no homologados o no autorizados.


l) La fabricación, comercialización, mantenimiento o distribución de material de juego propiedad de los operadores que desarrollen actividades de juego objeto de reserva en el artículo 4 de esta ley.


m) La comisión de dos infracciones leves en el plazo de dos años, con sanción definitiva en vía administrativa.


Artículo 41. Infracciones leves.


Constituyen infracciones leves:

a) La participación en actividades de juego, contraviniendo las prohibiciones establecidas en artículo 6.2 letra c), d), e), f), g) y h) de esta ley.


b) Los incumplimientos de las obligaciones contenidas en esta ley, cuando no estuvieren expresamente tipificadas como infracciones graves o muy graves y, en general, aquellas que no perjudiquen a terceros ni generen beneficios al infractor o a personas relacionadas con éste ni redunden en perjuicio de los intereses de la Hacienda pública.


c) No colaborar con los inspectores o agentes de la autoridad en relación con el desarrollo de las actividades de juego o lo relacionado con la comprobación del sorteo o evento en cuya virtud se obtengan los premios.


d) No informar debidamente al público de la prohibición de participar a los menores de edad y a las personas incluidas en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego.


e) No informar al público sobre el contenido del título habilitante del operador de juego.


Artículo 42. Sanciones administrativas.


1. Las infracciones calificadas como leves serán sancionadas por la Comisión Nacional del Juego con:

a) Apercibimiento por escrito.


b) Multa de hasta cien mil euros.


2. Las infracciones calificadas como graves serán sancionadas por la Comisión Nacional del Juego con las siguientes sanciones:

a) Multa de cien mil a un millón de euros.


b) Suspensión de la actividad por un plazo máximo de seis meses.


3. Las infracciones calificadas como muy graves serán sancionadas por el titular del Ministerio de Economía y Hacienda, a propuesta de la Comisión Nacional del Juego, con multa de un millón a cincuenta millones de euros.
Además de la multa, podrá imponerse la pérdida del título habilitante, la inhabilitación para la realización de las actividades previstas en el artículo 1 de esta ley por un período máximo de cuatro años o la clausura de los medios por los que se presten servicios de la sociedad de la información que soporten las actividades de juego.


4. La Comisión Nacional del Juego en aquellos supuestos en los que el infractor careciera de título habilitante o éste le hubiere sido revocado, podrá acordar adicionalmente el comiso y la destrucción de cualquier elemento relativo al desarrollo de la actividad.


5. La cuantía de las sanciones se graduará atendiendo a la naturaleza de los derechos personales afectados, al volumen de las transacciones efectuadas, a los beneficios obtenidos, al grado de intencionalidad, a la reincidencia, a los daños y perjuicios causados a las personas interesadas y a terceras personas, y a cualquier otra circunstancia que sea relevante para determinar el grado de antijuridicidad y de culpabilidad presentes en la concreta actuación infractora.


6. Si en razón de las circunstancias concurrentes, se apreciara una cualificada disminución de la culpabilidad del imputado o de la antijuridicidad del hecho, el órgano sancionador establecerá la cuantía de la sanción aplicando la escala relativa a la clase de infracciones que preceda inmediatamente en gravedad a aquella en que se integra la considerada en el caso de que se trate.


Artículo 43. Prescripción.


1. Las infracciones muy graves prescribirán a los cuatro años, las graves a los dos años y las leves al año.


Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los cuatro años, las impuestas por faltas graves a los dos años, y las impuestas por faltas leves al año.


2. El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en que la infracción se hubiera cometido. En los casos de infracción continuada, se computará desde el día en que se realizó la última infracción. Dicho plazo se interrumpirá por la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador, reanudándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviera paralizado durante más de tres meses por causa no imputable el presunto responsable.


3. El plazo de prescripción de las sanciones se computará desde el día siguiente a aquél en que resulte firme la resolución por la que se impone la sanción. Se interrumpirá la prescripción de las sanciones, con conocimiento del interesado, por la iniciación del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir dicho plazo si aquél estuviere paralizado durante más de tres meses por causa no imputable al infractor.


Artículo 44. Procedimiento sancionador.


1. El procedimiento se iniciará de oficio por acuerdo de la Comisión Nacional del Juego, por propia iniciativa, por acta motivada de la Inspección, por petición razonada de otros órganos o por denuncia.


2. El procedimiento sancionador, que se resolverá en el plazo de seis meses a contar desde la fecha del acuerdo de inicio, se ajustará a lo previsto en la presente ley y su desarrollo reglamentario, siendo de aplicación las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora en la Administración General del Estado.


Artículo 45. Régimen de recursos.


Las resoluciones que dicte la Comisión Nacional del Juego en los expedientes sancionadores pondrán fin a la vía administrativa, y podrán ser recurridas potestativamente en reposición de a acuerdo con lo establecido en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común o impugnarse directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa de acuerdo con lo dispuesto en la ley reguladora de dicha jurisdicción.


Artículo 46. Medidas cautelares.


1. Durante la sustanciación del procedimiento o en el propio acuerdo de inicio, la Comisión Nacional del Juego podrá acordar alguna o algunas de las siguientes medidas provisionales:

a) Suspensión temporal de la actividad objeto del correspondiente título habilitante.


b) Decomiso o precinto, en su caso, si los hubiere, de cualquier bien o documentación relativa al desarrollo de la actividad objeto del correspondiente título habilitante.


2. Mediante acuerdo motivado la Comisión Nacional del Juego podrá, antes de la iniciación del procedimiento sancionador, tomar alguna de las medidas de carácter provisional señaladas en el apartado anterior, de conformidad con lo previsto en los artículos 72.2 y 136 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y que resulten necesarias para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, el buen fin del procedimiento o las exigencias de los intereses generales y, en general, las demás que pudieren declararse en otros órdenes.


3. Los funcionarios de inspección y control de la Comisión Nacional del Juego, en el momento de levantar el acta correspondiente, debidamente comisionados y autorizados, podrán adoptar las medidas cautelares a que se refiere el párrafo anterior, así como proceder al precintado y depósito de cualquiera de los elementos, equipos, bienes y documentación relativos a la actividad objeto de esta ley. Esta medida cautelar deberá ser confirmada o levantada por el órgano a quien compete la apertura del expediente sancionador, en los términos, plazos y efectos que se establecen en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento administrativo Común.


Artículo 47. Medidas en relación con los prestadores de servicios de intermediación.


1. La Comisión Nacional del Juego en el ejercicio de las competencias establecidas en esta ley evitará el ejercicio de actividades de juego ilegal realizadas por operadores de juego a través de prestadores de servicios de la sociedad de la información.


2. La Comisión Nacional del Juego podrá adoptar medidas cautelares o definitivas para que se interrumpan las actividades de juego ilegal realizadas por operadores de juegos mediante servicios de la sociedad de la información o para retirar los contenidos que constituyan actividades de juego realizadas sin el título habilitante correspondiente.


3. Si la ejecución de una Resolución por la que se adopte la interrupción de actividades de juego ilegal realizadas por operadores de juegos mediante servicios de la sociedad de la información o la retirada de determinados contenidos o promoción de actividades relacionadas con la actividad del juego ilegal exigiera la colaboración de los prestadores de servicios de intermediación, la Comisión Nacional del Juego podrá ordenar a los citados prestadores que suspendan el servicio de intermediación o retiren los contenidos en los términos previstos en los artículos 8, 11 y concordantes de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio.


4. Las medidas a las que hace referencia este artículo serán objetivas, proporcionadas y no discriminatorias y se adoptarán de forma cautelar o en ejecución de las resoluciones sancionadoras que correspondan.


TÍTULO VII

Régimen fiscal

Artículo 48. Impuesto sobre actividades de juego.


1. Hecho imponible.


Constituye el hecho imponible la autorización, celebración y organización de los juegos, rifas, concursos, apuestas y actividades de ámbito estatal, reguladas en el apartado 1 del artículo 2, así como las combinaciones aleatorias con fines publicitarios o promocionales, asimismo, de ámbito estatal, pese a la exclusión del concepto de juego, reguladas en la letra b) del apartado 2 del mismo artículo, sin perjuicio de los regímenes forales de Concierto y Convenio Económico vigentes en los Territorios Históricos del País Vasco y de Navarra, respectivamente y de lo dispuesto en los Tratados o Convenios Internacionales que hayan pasado a formar parte del ordenamiento interno.


2. Supuestos de no sujeción.


No estarán sujetos al impuesto los juegos de lotería de ámbito estatal, con independencia del operador, público o privado, que los organice o celebre.


3. Devengo.


El devengo del impuesto se producirá con la autorización, celebración u organización. Cuando se trate de autorizaciones, celebraciones u organizaciones que se extiendan a periodos temporales, el devengo se producirá el primer día de cada año natural, salvo el año en que se obtenga la autorización, en el que el devengo se producirá en la fecha de su autorización.


4. Sujetos pasivos a título de contribuyentes.


Serán sujetos pasivos a título de contribuyentes, las personas físicas, jurídicas o las entidades recogidas en el apartado 4 del artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria que operen, organicen o desarrollen las actividades gravadas por este impuesto.


5. Responsables.


a) Serán responsables solidarios del pago del impuesto los dueños o empresarios de las infraestructuras en que se celebren, los medios de comunicación a través de los que se difundan, los medios publicitarios y cualquier entidad que publicite de cualquier forma estas actividades, cuando no hubieran constatado que se celebran u organizan con los necesarios títulos habilitantes o comunicaciones.


En relación con el párrafo anterior, cualquier entidad podrá solicitar a la Comisión Nacional del Juego, la información necesaria para saber si una actividad cuenta con los títulos habilitantes o se han efectuado las comunicaciones necesarias para su desarrollo, de acuerdo con lo previsto en esta Ley y demás normativa aplicable.


La Comisión Nacional del Juego, a la vista de la solicitud anterior, certificará si el operador cuenta con el título habilitante o si ha comunicado su intención de organizar o celebrar actividades de juego o combinaciones aleatorias con fines publicitarios o promocionales, respectivamente, gravadas por este tributo.


No producirán efecto las certificaciones, cualquiera que sea su contenido, si la fecha de presentación de la solicitud resultase posterior a la de la publicidad efectuada

b) En el caso de actividades de juego transfronterizas, serán responsables solidarios del pago del impuesto, quienes ofrezcan, por cualquier medio, actividades de juego a personas con domicilio fiscal en España o quienes obtengan beneficios por el desarrollo del juego.


6. Base imponible.


La base imponible podrá estar constituida, según cada tipo de juego, por:

a) Los ingresos brutos, definidos como el importe total de las cantidades que se dediquen a la participación en el juego, así como cualquier otro ingreso que se pueda obtener, directamente derivado de su organización o celebración, o

b) Los ingresos netos, definidos como el importe total de las cantidades que se dediquen a la participación en el juego, así como cualquier otro ingreso que puedan obtener, directamente derivado de su organización o celebración, deducidos los premios satisfechos por el operador a los participantes.


Cuando se trate de apuestas cruzadas o de juegos en los que los sujetos pasivos no obtengan como ingresos propios los importes jugados, sino que, simplemente, efectúen su traslado a los jugadores que los hubieran ganado, se entenderá que los ingresos a que se refieren las letras anteriores son los definidos como tales en el artículo 3 del Real Decreto-ley 16/1977, de 25 de febrero, por el que se regulan los Aspectos Penales, Administrativos y Fiscales de los Juegos de Suerte, Envite o Azar y Apuestas.


En las combinaciones aleatorias con fines publicitarios o promocionales, la base imponible será el importe total del valor de mercado de los premios o ventajas concedidas a los participantes.


En el caso de que el importe sea satisfecho a través de instrumentos de tarificación adicional, se considerara que la cantidad dedicada a la participación en el juego es el valor total del servicio (llamada telefónica, SMS u otros) que deba satisfacer el participante, excluido el impuesto indirecto correspondiente.


7. Tipo de gravamen.


Los tipos aplicables serán:

1. Apuestas deportivas mutuas: 22 por ciento sobre la base imponible de la letra a) del apartado 6 de este artículo.


2. Apuestas deportivas de contrapartida: 25 por ciento sobre la base imponible de la letra b) del apartado 6 de este artículo.


3. Apuestas deportivas cruzadas: 25 por ciento sobre la base imponible de la letra b) del apartado 6 de este artículo.


4. Apuestas hípicas mutuas: 15 por ciento sobre la base imponible de la letra a) del apartado 6 de este artículo.


5. Apuestas hípicas de contrapartida: 25 por ciento sobre la base imponible de la letra b) del apartado 6 de este artículo.


6. Otras apuestas mutuas: 15 por ciento sobre la base imponible de la letra a) del apartado 6 de este artículo.


7. Otras apuestas de contrapartida: 25 por ciento sobre la base imponible de la letra b) del apartado 6 de este artículo.


8. Otras apuestas cruzadas: 25 por ciento sobre la base imponible de la letra b) del apartado 6 de este artículo.


9. Rifas: 20 por ciento sobre la base imponible de la letra a) del apartado 6 de este artículo. Las declaradas de utilidad pública o benéfica tributarán al 7 por ciento de la misma base imponible.


10. Concursos: 20 por ciento sobre la base imponible de la letra a) del apartado 6 de este artículo.


10. Otros Juegos. 25 por ciento sobre la base imponible de la letra b) del apartado 6 de este artículo.


11. Combinaciones aleatorias con fines publicitarios o promocionales, 10 por ciento sobre la base imponible determinada para las mismas en el apartado 6 de este artículo.


Las Comunidades Autónomas, respecto de las actividades que sean ejercidas por operadores, organizadores o por quienes desarrollen la actividad gravada por este impuesto con domicilio fiscal en su territorio, podrán elevar los tipos del impuesto, hasta un máximo del 20 por ciento de los tipos establecidos en este apartado, incremento que se aplicará, exclusivamente, sobre los importes jugados por quienes tengan su domicilio fiscal en su territorio.


8. Liquidación.


En los supuestos de autorización, celebración u organización que alcancen a periodos temporales, los obligados tributarios deberán efectuar la declaración y autoliquidar el impuesto. En particular, cuando se trate de actividades anuales o plurianuales, se deberá efectuar la declaración y autoliquidar el impuesto trimestralmente, en el plazo del mes siguiente al del final de cada trimestre.


En otro caso, el impuesto será objeto de liquidación administrativa. No obstante, en los supuestos de devengo con la celebración u organización de la actividad de que se trate, el obligado tributario deberá poner en conocimiento de la Administración su voluntad de llevarla a efecto, para la práctica de una liquidación provisional en función de los ingresos estimados susceptibles de obtención y que tendrá el carácter de a cuenta de la liquidación definitiva que se practique, una vez acreditado el importe definitivo de los ingresos obtenidos en el plazo de veinte días a partir de la finalización de la actividad. Esa obligación será igualmente exigible cuando no sea posible la liquidación definitiva en los supuestos de autorización.


El Ministro de Economía y Hacienda determinará, reglamentariamente, el lugar, forma, plazos e impresos para la autoliquidación y el pago de la deuda tributaria, así como los supuestos en que deba realizarse de forma telemática.


9. Gestión.


La gestión, recaudación, liquidación e inspección del impuesto corresponderá a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, sin perjuicio de lo dispuesto en los Estatutos de Autonomía de las Comunidades Autónomas.


10. Modificación en la Ley de Presupuestos.


La Ley de Presupuestos podrá modificar la base imponible y los tipos de gravamen del impuesto.


11. Distribución de la recaudación.


La recaudación obtenida por el gravamen de las actividades gravadas que se hayan efectuado mediante sistemas de medios electrónicos, informáticos o telemáticos, regulados en el artículo 3.h) de esta Ley se distribuirá a las Comunidades Autónomas, en proporción a las cantidades jugadas por los residentes de cada Comunidad Autónoma.


Corresponderá exclusivamente al Estado lo recaudado por el gravamen sobre las apuestas mutuas deportivas o hípicas estatales, incluso si se efectúan mediante medios electrónicos, informáticos o telemáticos.


La recaudación obtenida por las apuestas deportivas mutuas en el supuesto contemplado en el apartado 7.1 de este artículo, se afecta a las obligaciones establecidas en los apartados b), c) y d) del artículo 1º del Real Decreto 419/1991, de 27 de marzo, por el que se regula la distribución de la recaudación y premios de las Apuestas Deportivas del Estado, aplicándose al presupuesto de ingresos del Estado.


En el presupuesto de gastos del Estado y del Consejo Superior de Deportes se consignarán los correspondientes créditos para atender al pago de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior y de las obligaciones a que se refiere la Disposición Adicional Sexta.


La atribución de ingresos a cada Comunidad Autónoma se determinará en función de la residencia de los jugadores en su ámbito territorial, correspondiéndole, en exclusiva, el incremento de recaudación derivado de la aplicación a tales residentes de lo previsto en el último párrafo del apartado 7 de este artículo.


El importe de la recaudación se pondrá trimestralmente a disposición de las Comunidades Autónomas mediante operaciones de tesorería, cuyo procedimiento se determinará reglamentariamente.


Artículo 49. Tasa por la gestión administrativa del juego.


1. Fuentes normativas.


La tasa por la gestión administrativa del juego se regirá por la presente Ley y por las demás fuentes normativas establecidas por la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos.


2. Hecho imponible.


Constituye el hecho imponible de la tasa:

a) La emisión de certificaciones registrales.


b) La emisión de dictámenes técnicos de evaluación de la conformidad de sistemas de juego,

c) Las inscripciones en el Registro General de Licencias y Autorizaciones establecido en esta ley.


d) La solicitud de licencias y autorizaciones,

e) Las actuaciones inspectoras o de comprobación técnica que vengan establecidas, con carácter obligatorio, en esta Ley o en otras disposiciones con rango legal.


f) Las actuaciones regulatorias sobre las actividades de juego desarrolladas por los operadores de juego, destinadas a sufragar los gastos que se generen por la Comisión Nacional del Juego.


3. Sujetos pasivos.


Serán sujetos pasivos de la tasa:

En el supuesto de la letra f) del apartado anterior, los operadores, organizadores y quienes celebren actividades de juego, en los términos previstos en esta Ley.


En los restantes supuestos del apartado anterior, según los casos, la persona que solicite la correspondiente certificación registral, dictamen técnico de evaluación, inscripción en el Registro y tramitación de licencias o autorizaciones, así como a quien sea objeto de las actuaciones inspectoras o de comprobación técnica.


4. Devengo.


La tasa se devengará:

En el supuesto de la letra f) del apartado 2 de este artículo, el 31 de diciembre de cada año. No obstante, si por causa imputable al sujeto pasivo este perdiera la habilitación para actuar como operador en fecha anterior, la tasa se devengará en el día en que tal circunstancia se produzca.


En los restantes supuestos del apartado 2 de este artículo, con la solicitud de los correspondientes servicios o actividades y, en el caso de la letra f), con la comunicación de las actuaciones inspectoras o de comprobación a que se refiere.


5. Cuantías.


Las cuantías de la tasa serán, para cada supuesto previsto en las distintas letras del apartado 2 de este artículo, las siguientes:

a) 20 euros.


b) 38.000 euros.


c) 2.500 euros.


d) por cada licencia 10.000 y por cada autorización 100 euros.


e) 5.000 euros.


f) 1 por mil de los ingresos brutos de explotación.


Las cuantías fijadas en los casos de las letras b) y e) tendrán carácter de mínimas.


Por norma reglamentaria se podrán especificar las cuantías exigibles en función del número de horas y personal necesario para la prestación del servicio o actividad.


En relación con la letra f) anterior, se entiende por ingresos brutos de explotación el conjunto de ingresos que obtenga el operador derivados de la explotación de los juegos desarrollados en el ámbito de aplicación de esta Ley exceptuados los derivados de las loterías.


La Ley de Presupuestos Generales del Estado podrá establecer en su caso anualmente el porcentaje a aplicar sobre los ingresos brutos de explotación que obtenga el operador, tomando en consideración la relación entre los ingresos del cobro de la tasa y los gastos ocasionados por el funcionamiento de la Comisión Nacional del Juego.


Se tomará como objetivo conseguir el equilibrio entre los ingresos por la tasa y los gastos derivados de la citada actividad realizada por el regulador.


No obstante, en caso de ser reducido el porcentaje en la Ley de Presupuestos Generales del Estado al límite del 0,75 por mil del ingreso bruto, el superávit entre ingresos obtenidos y gastos, si lo hubiera, se ingresará por la Comisión Nacional del Juego en el Tesoro Público, en los plazos y condiciones que se establezcan reglamentariamente, teniendo en cuenta sus necesidades de financiación.


6. Modificación en Ley de Presupuestos.


Las cuantías podrán ser modificadas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para cada año.


7. Liquidación y pago.


La tasa se liquidará por el procedimiento que se apruebe en norma reglamentaria dictada por el Ministerio de Economía y Hacienda.


8. Afectación.


El rendimiento de la tasa se ingresará en las cuentas bancarias habilitadas al efecto por la Comisión Nacional del Juego o, en su caso, en el Tesoro Público, en la forma que reglamentariamente se determine.


Disposición adicional primera. Reserva de la actividad del juego de Loterías.


Uno. La Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado y la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) son los operadores designados para la comercialización de los juegos de loterías regulados en esta ley.


Dos. Las autorizaciones en virtud de las cuales la ONCE y la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado desarrollan las actividades de juego en la modalidad de loterías se inscribirán en una sección especial del Registro General de Licencias y Autorizaciones de Juego a efectos de mera publicidad.


Tres. Excepcionalmente, el titular del Ministerio de Economía y Hacienda podrá autorizar la gestión y comercialización de juegos de lotería, siempre que se desarrollen por entidades sin fines lucrativos con finalidad benéfica, tengan carácter esporádico y, en aras a garantizar la seguridad en los procesos y la colaboración con el Estado, acrediten que cumplen con los requisitos, que en su caso, reglamentariamente se establezcan.


Cuatro. Los juegos gestionados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado y la ONCE se comercializarán en billetes, boletos o cualquier otra forma de participación cuyo soporte pueda ser material, informático, telemático, telefónico o interactivo, directamente o a través de cualquier establecimiento de su red comercial externa.


Los juegos de loterías gestionados por las entidades a las que se refiere el párrafo anterior no estarán sujetos al cumplimiento de las obligaciones a las que se refiere el Título III de esta ley.


Cinco. La apertura de establecimientos accesibles al público destinados con carácter principal a la comercialización y desarrollo de los juegos reservados a la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado y la ONCE, no requerirán autorización de las Comunidades Autónomas.


Disposición adicional segunda. Régimen jurídico especifico aplicable a la ONCE en materia de juego.


Uno. El régimen jurídico de la ONCE en materia de juego viene determinado por las disposiciones de esta ley que específicamente resulten de aplicación en su condición de operador designado para la realización de actividades de lotería objeto de reserva, con las especificidades que se contienen en la presente disposición.


Dos. La ONCE, por la singularidad de su naturaleza de Corporación de Derecho Público y de carácter social, y como operador de juego de reconocido prestigio sujeto a un estricto control público, seguirá rigiéndose, respecto de los juegos y modalidades autorizados en cada momento y enmarcados en la reserva de actividad del juego de lotería, por la disposición adicional vigésima de la Ley 46/1985, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1986, desarrollada por el Acuerdo General entre el Gobierno de la Nación y la ONCE, así como por el Real Decreto 358/1991, de 15 de marzo, de reordenación de la ONCE; por sus vigentes Estatutos; por la presente disposición; por el Real Decreto 1336/2005, de 11 de noviembre y demás normativa específica aplicable a dicha Organización o que pudiera aprobarse al efecto.


Los títulos por los que se autoriza a la ONCE a realizar actividades de juego no podrán cederse a terceros.


Tres. Con el fin de preservar el estricto control público de la actividad de juego de la ONCE, las competencias que esta ley atribuye a la Comisión Nacional del Juego y al titular del Ministerio de Economía y Hacienda en relación con las actividades sujetas a reserva, serán ejercidas en relación con la ONCE por el Consejo del Protectorado, con la salvedad de las competencias que correspondan al Consejo de Ministros.


Disposición adicional tercera. Asignación financiera a la ONCE y de determinadas Apuestas Deportivas del Estado.


Uno. El Ministerio de Economía y Hacienda asumirá las obligaciones de abono de las asignaciones financieras a favor de la ONCE, que pudieran derivarse de la disposición adicional décimo octava de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.


Dos. El Ministerio de Economía y Hacienda asumirá las obligaciones derivadas del Real Decreto 419/1991 de 27 de marzo, por el que se regula la distribución de la recaudación y premios de las Apuestas Deportivas del Estado. Por Orden del Ministerio de Economía y Hacienda se establecerán las entidades beneficiarias de esas asignaciones y los porcentajes de asignación financiera.


Disposición adicional cuarta. Participación autonómica en la aprobación de nuevas modalidades de juego.


La aprobación de las Ordenes Ministeriales que establezcan nuevas modalidades de juego, o la modificación de las existentes, requiere la deliberación y pronunciamiento previo de órganos bilaterales autonómico-estatales, en los casos que así se prevea por los respectivos Estatutos de Autonomía.


Disposición adicional quinta. Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.


Las referencias que en esta ley se hacen a las Comunidades Autónomas incluirán, cuando proceda, a las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, en relación con las competencias que en materia de juego tienen atribuidas.


Disposición adicional sexta. Régimen de participación en la recaudación de las Apuestas Deportivas.


La Ley reguladora del Deporte Profesional fijará el porcentaje o su equivalente, aplicable a la recaudación obtenida de las Apuestas Deportivas para determinar la cantidad que será objeto de retorno al Deporte, sin perjuicio de lo previsto en el apartado dos de la Disposición Adicional Tercera. Asimismo, establecerá el régimen de participación y distribución que corresponda.


Disposición transitoria primera. Inicio de actividades de la Comisión Nacional del Juego.


Hasta la efectiva constitución de la Comisión Nacional del Juego, las competencias previstas para la misma, serán ejercidas por el órgano del Ministerio de Economía y Hacienda designado por Acuerdo del Consejo de Ministros, incluyendo las relacionadas con la gestión y recaudación de las tasas a las que se refiere el artículo 49 de esta ley.


El Registro de Prohibidos hasta ahora dependiente del Ministerio del Interior de conformidad con la orden ministerial de 9 de enero de 1979, será gestionado por el órgano administrativo al que se refiere el párrafo anterior hasta su integración en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego y el Registro de Personas Vinculadas a Operadores de Juego.


Disposición transitoria segunda. Títulos habilitantes de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado.


La Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado podrá seguir comercializando las modalidades y juegos que venía realizando hasta la entrada en vigor de esta ley, de acuerdo con la normativa, las habilitaciones y el régimen de explotación de puntos de venta presencial que se le venían aplicando hasta la entrada en vigor de esta ley.


En el plazo de un año, la Comisión Nacional del Juego transformará las habilitaciones de las que es titular la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado en relación con las apuestas deportivas e hípicas en una licencia general de apuestas, así como en las licencias singulares necesarias para la explotación de las mismas, en los mismos términos y con idéntico alcance a las habilitaciones que regían hasta la fecha de entrada en vigor de esta ley.


Disposición transitoria tercera. Normativa de los juegos.


La regulación aplicable a los distintos juegos continuará en vigor hasta que sea modificada por los órganos competentes.


Disposición transitoria cuarta. Régimen transitorio para los puntos de venta y delegaciones comerciales de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado.


A los puntos de venta de la red comercial de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado y sus delegaciones comerciales que, en virtud de la disposición adicional trigésima cuarta de la Ley 26/2009, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010, no se hubieran acogido al régimen de Derecho Privado en el plazo establecido en el apartado segundo de la citada disposición, les será de aplicación la correspondiente normativa administrativa hasta la extinción de los mismos por concurrir los supuestos previstos en la citada disposición.


Disposición transitoria quinta. Primer mandato de los consejeros de la Comisión Nacional del Juego.


No obstante lo dispuesto en el artículo 26 de esta ley, el primer mandato de tres de los integrantes del Consejo de la Comisión Nacional del Juego durará tres años.


En la primera sesión del Consejo de la Comisión Nacional del Juego se determinará por sorteo, o de forma voluntaria, qué dos consejeros cesarán transcurrido el plazo de tres años desde su nombramiento.


Disposición transitoria sexta. Régimen transitorio de la cesión del impuesto.


1. Las disposiciones de esta norma que supongan territorialización del rendimiento y competencias normativas o gestoras de las Comunidades Autónomas en este impuesto estatal solo serán aplicables cuando se produzcan los acuerdos en los marcos institucionales de cooperación en materia de financiación autonómica establecidos en nuestro ordenamiento, y las modificaciones normativas necesarias para su configuración y aplicación plena como tributo cedido.


2. En tanto no se produzcan las modificaciones del sistema de financiación arriba señaladas, el Estado hará llegar a las Comunidades Autónomas, previos los acuerdos en los marcos institucionales competentes, el importe acordado con las Comunidades autónomas, según lo establecido en el apartado 11 del artículo 48 de esta Ley, sin que resulte de aplicación lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 22/2009 relativo a la revisión del fondo de suficiencia global.


El cumplimiento de lo señalado en el párrafo anterior se instrumentará por el mismo procedimiento que el indicado en el apartado 11 de artículo 48 de esta Ley.


Disposición transitoria séptima. Convalidaciones y homologaciones de las Comunidades Autónomas.


Las homologaciones y certificaciones validadas por los órganos competentes de las Comunidades Autónomas para la concesión de títulos habilitantes de ámbito autonómico con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley surtirán efectos en los procedimientos para el otorgamiento de títulos habilitantes regulados en esta ley en los términos recogidos en las convocatorias para la otorgamiento de licencias o cuando así lo establezca la Comisión Nacional del Juego.


Disposición transitoria octava. Régimen transitorio de los patrocinios deportivos sobre el juego.


Los patrocinios deportivos de operadores de juegos que hubieran sido acordados en firme con anterioridad al 1 de enero de 2011, podrán seguir desplegando sus efectos en los términos contractuales pactados, hasta la resolución del primer concurso de licencias sobre las actividades de juego objeto del patrocinio.


Disposición derogatoria.


1. Quedan derogadas todas aquellas normas que se opongan a lo preceptuado en esta ley y cuantas disposiciones de igual o inferior rango contradigan lo establecido en la misma.


2. Se derogan expresamente:

1. Real Decreto 28 de febrero de 1924. (Presidencia del Directorio Militar, Gaceta del 29 de febrero)

2. Ley de 16 de julio de 1949, que establece las normas para la celebración de rifas.


3. Decreto 23 de marzo de 1956, aprueba la Instrucción General de Loterías.


4. Orden de 22 de marzo de 1960, por la que se regula con carácter provisional el procedimiento a que ha de ajustarse la solicitud de autorización para celebrar rifas y tómbolas.


5. Decreto 54/1964, de 16 de enero. Organiza el Servicio de Lotería Nacional.


6. Orden de 4 de noviembre de 1965. Nuevas Normas para el pago de premios de la Lotería Nacional.


7. El punto quinto 3 del artículo 3 del Real Decreto-ley 16/1977, de 25 de febrero, por el que se regulan los Aspectos Penales, Administrativos y Fiscales de los Juegos de Suerte, Envite o Azar y Apuestas.


8. Disposiciones adicionales decimoctava y decimonovena de la Ley 46/1985, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales para 1986.


9. Real Decreto 1082/1985, de 11 de junio, por el que se establece la clasificación, provisión, funcionamiento, traslado y supresión de las Administraciones de Loterías.


10. Real Decreto 2695/1986, de 19 de diciembre, por el que se establece la composición del Consejo Rector de Apuestas Deportivas del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado

11. Ley 34/1987, Potestad Sancionadora de la Administración Pública en materia de juegos de suerte, envite o azar. No obstante, las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla aplicarán esta ley hasta la aprobación, dentro de su ámbito competencial, de la normativa correspondiente a esta materia.


12. Real Decreto 1511/1992, de 11 de diciembre, por el que se regulan determinados aspectos administrativos y económicos del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado.


13. El Real Decreto 2069/1999, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto de la entidad pública empresarial Loterías y Apuestas del Estado.


14. Disposición adicional vigésima de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.


15. Artículo 88 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, que establece el Régimen sancionador de los titulares de los puntos de venta de la red comercial de Loterías y Apuestas del Estado.


16. Orden HAC/430/2004, de 19 de febrero, sobre creación de sucursales de la Red Básica de Loterías y Apuestas del Estado.


17. Real Decreto 176/2005, de 18 de febrero, por el que se regula el Patronato para la provisión de administraciones de Lotería Nacional.


Disposición final primera. Título competencial.


Esta ley se dicta en el ejercicio de las competencias exclusivas del Estado previstas en la reglas 6.ª, 11.ª, 13.ª, 14.ª y 21.ª del apartado 1, del artículo 149 de la Constitución Española.


Disposición final segunda. Facultad de desarrollo.


El Gobierno de la Nación aprobará el Estatuto de la Comisión Nacional del Juego en el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de esta ley.


Se autoriza al Gobierno de la Nación a adoptar, a propuesta del titular del Ministerio de Economía y Hacienda, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo e implementación de lo previsto en esta ley.


Disposición final tercera. Extinción de determinados Organismos Públicos.


Quedan extinguidos los siguientes organismos: el Patronato para la provisión de Administraciones de Lotería Nacional, el Consejo Rector de Apuestas Deportivas, ambos adscritos al Ministerio de Economía y Hacienda, y la Comisión Nacional del Juego, actualmente adscrita al Ministerio del Interior,

Disposición final cuarta. Actualización del importe de las sanciones.


La actualización de los importes relativos a las multas previstas en el artículo 42 de esta ley, podrá llevarse a cabo mediante Real Decreto, a propuesta del Ministerio de Economía y Hacienda.


Disposición final quinta. Modificación de las tasas sobre el juego.


1. El apartado 1.º del artículo 3 del Real Decreto-Ley 16/1977, de 25 de febrero, por el que se regulan los aspectos penales, administrativos y fiscales de los juegos de suerte, envite o azar, quedará redactado de la siguiente forma:

"1.º Constituye el hecho imponible la autorización, celebración u organización de juegos de suerte, envite o azar, salvo que estuvieran sujetas al Impuesto sobre las actividades de juego, establecido en la Ley XX/2010, de de 2010, de Regulación del Juego."

2. El artículo 36 del Decreto 3059/1966, de 1 de diciembre, quedará redactado de la siguiente forma:

"Artículo 36. Hecho imponible.


Se exigirán estas tasas por la autorización, celebración u organización de rifas, tómbolas, apuestas y combinaciones aleatorias, salvo que estuvieran sujetas al Impuesto sobre las actividades de juego, establecido en la Ley XX/2010, de de 2010, Regulación del Juego.


Su exacción corresponderá al Estado cuando el ámbito territorial de participación sea estatal."

Disposición final sexta. Modificación de la disposición adicional décima de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.


Se modifica el apartado 1 de la disposición adicional décima de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, el cual quedará redactado en los siguientes términos:

"1. La Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Consejo de Seguridad Nuclear, el Ente Público RTVE, las Universidades no transferidas, la Agencia de Protección de Datos, el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), el Consorcio de la Zona Especial Canaria, la Comisión Nacional de Energía, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, la Comisión Nacional de la Competencia, la Comisión Nacional del Sector Postal, el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales y la Comisión Nacional del Juego, se regirán por su legislación específica y supletoriamente por esta ley.


El Gobierno y la Administración General del Estado ejercerán respecto de tales Organismos las facultades que la normativa de cada uno de ellos les asigne, en su caso, con estricto respeto a sus correspondientes ámbitos de autonomía".


Disposición final séptima. Exenciones en el Impuesto sobre el Valor Añadido, Impuesto General Indirecto Canario y referencia a los impuestos directos del Estado.


1. Se modifica el artículo 20.Uno.19º de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, que quedará redactado de la siguiente forma:

"19.º Las loterías, apuestas y juegos organizados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado

y la Organización Nacional de Ciegos y, en su caso, por los órganos correspondientes de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como las actividades que constituyan los hechos imponibles de los tributos sobre el juego y combinaciones aleatorias.


La exención no se extiende a los servicios de gestión y demás operaciones de carácter accesorio o complementario de las incluidas en el párrafo anterior que no constituyan el hecho imponible de los tributos sobre el juego, con excepción de los servicios de gestión del bingo."

2. Se modifica el artículo 10.º1.19) de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen económico Fiscal de Canarias, que quedará redactado de la siguiente forma:

"19.º Las loterías, apuestas y juegos organizados por el Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado y la Organización Nacional de Ciegos y, en su caso, por los órganos correspondientes de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como las actividades que constituyan los hechos imponibles de los tributos sobre el juego y combinaciones aleatorias.


La exención no se extiende a los servicios de gestión y demás operaciones de carácter accesorio o complementario de las incluidas en el párrafo anterior que no constituyan el hecho imponible de los tributos sobre el juego, con excepción de los servicios de gestión del bingo."

3. Cualquier referencia a la entidad pública empresarial Loterías y Apuestas del Estado contenida en la regulación de los impuestos estatales de carácter directo se entenderá efectuada a la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado."

Disposición final octava. Entrada en vigor.


Esta ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado".

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Borrador del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su  reforma por Ley Orgánica 2/2009

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Borrador del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su  reforma por Ley Orgánica 2/2009

 

ÍNDICE

TÍTULO I. RÉGIMEN DE ENTRADA Y SALIDA DE TERRITORIO ESPAÑOL

Capítulo I. Puestos de entrada y salida

Capítulo II. Entrada: requisitos y prohibiciones

Capítulo III. Salidas: requisitos y prohibiciones

Capítulo IV. Devolución y salidas obligatorias

 

TÍTULO II. TRÁNSITO AEROPORTUARIO

 

 

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TÍTULO III. LA ESTANCIA EN ESPAÑA

Capítulo I. Residencia temporal no lucrativa

Capítulo I. Estancia de corta duración

Capítulo II. Estancia por estudios, intercambio de alumnos, prácticas no laborales o servicios de voluntariado

 

TÍTULO IV. RESIDENCIA TEMPORAL

 

Capítulo II. Residencia temporal por reagrupación familiar

Capítulo III. Residencia temporal y trabajo por cuenta ajena

Capítulo IV. Residencia temporal y trabajo para investigación

Capítulo V. Residencia temporal y trabajo de profesionales altamente cualificados titulares de una tarjeta azul-UE

Capítulo VI. Residencia temporal y trabajo por cuenta ajena de duración determinada

Capítulo VII. Residencia temporal y trabajo por cuenta propia

Capítulo VIII. Residencia temporal y trabajo en el marco de prestaciones transnacionales de servicios

Capítulo IX. Residencia temporal con excepción de la autorización de trabajo

Capítulo X. Residencia temporal del extranjero acogido a un programa de retorno

voluntario

TÍTULO V. RESIDENCIA POR CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES

Capítulo I. Residencia por circunstancias excepcionales por arraigo, protección

internacional, razones humanitarias, colaboración con autoridades, seguridad  nacional o interés público

Capítulo II. Residencia temporal y trabajo por circunstancias excepcionales de

mujeres extranjeras víctimas de violencia de género

Capítulo III. Residencia temporal y trabajo por circunstancias excepcionales por

colaboración contra redes organizadas

Capítulo IV. Residencia temporal y trabajo por circunstancias excepcionales de extranjeros víctimas de la trata de seres humanos

TÍTULO VI. RESIDENCIA DE LARGA DURACIÓN

Capítulo I. Residencia de larga duración

Capítulo II. Residencia de larga duración-CE

Capítulo III. Movilidad del residente de larga duración-CE en otro Estado miembro

Capítulo IV. Recuperación de la titularidad de una residencia de larga duración

TÍTULO VII. EXTINCIÓN DE LAS AUTORIZACIONES DE RESIDENCIA O DE

RESIDENCIA Y TRABAJO

TÍTULO VIII. GESTIÓN COLECTIVA DE CONTRATACIONES EN ORIGEN

TÍTULO IX. PROCEDIMIENTO PARA AUTORIZAR LA ENTRADA, RESIDENCIA YTRABAJO EN ESPAÑA, DE EXTRANJEROS EN CUYA ACTIVIDAD PROFESIONALCONCURRAN RAZONES DE INTERÉS ECONÓMICO, SOCIAL O LABORAL, O

RELATIVAS A LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN O


 

TÍTULO XIII. DOCUMENTACIÓN DE LOS EXTRANJEROS

Capítulo I. Derechos y deberes relativos a la documentación

Capítulo II. Acreditación de la situación de los extranjeros en España

Capítulo III. Indocumentados

Capítulo IV. Registro Central de Extranjeros

Capítulo V. Registro de menores extranjeros no acompañados

SANCIONADOR.

TÍTULO XIII. DOCUMENTACIÓN DE LOS EXTRANJEROS

Capítulo I. Derechos y deberes relativos a la documentación

Capítulo II. Acreditación de la situación de los extranjeros en España

Capítulo III. Indocumentados

Capítulo IV. Registro Central de Extranjeros

Capítulo V. Registro de menores extranjeros no acompañados

SANCIONADOR.

DESARROLLO O DOCENTES, QUE REQUIERAN ALTA CUALIFICACIÓN, O DEACTUACIONES ARTÍSTICAS DE ESPECIAL INTERÉS CULTURAL

 

TÍTULO X. TRABAJADORES TRANSFRONTERIZOS

 

TÍTULO XI. MENORES EXTRANJEROS

Capítulo I. Residencia del hijo de residente legal

Capítulo II. Desplazamiento temporal de menores extranjeros

Capítulo III. Menores extranjeros no acompañados

 

TÍTULO XII. MODIFICACIÓN DE LAS SITUACIONES DE LOS EXTRANJEROS EN

ESPAÑA

 

TÍTULO XIV. INFRACCIONES EN MATERIA DE EXTRANJERÍA Y SU RÉGIMEN

 

Capítulo I. Normas comunes del procedimiento sancionador

Capítulo II. Modalidades de tramitación del procedimiento sancionador

Capítulo III. Aspectos específicos en los procedimientos sancionadores para la imposición de las infracciones de expulsión y multa

Capítulo IV. Infracciones y sanciones en el orden social y vigilancia laboral

Capítulo V. Infracciones, sanciones y obligación de su comunicación interorgánica

Capítulo VI. Centros de Internamiento de Extranjeros

 

TÍTULO XV. OFICINAS DE EXTRANJERÍA Y CENTROS DE MIGRACIONES

Capítulo I. Las Oficinas de Extranjería

Capítulo II. Los Centros de migraciones

 

DISPOSICIONES ADICIONALES

TÍTULO I. Régimen de entrada y salida de territorio español

CAPÍTULO I. Puestos de entrada y salida

Artículo 1. Entrada por puestos habilitados.

 

1. Sin perjuicio de lo dispuesto por los convenios internacionales suscritos por

España, el extranjero que pretenda entrar en territorio español deberá hacerlo por

los puestos habilitados al efecto, hallarse provisto del pasaporte o documento de

viaje en vigor que acredite su identidad y que se considere válido para tal fin, estar

en posesión de un visado válido cuando éste sea exigible, y no estar sujeto a

prohibiciones expresas. Asimismo, deberá presentar los documentos determinados

en este Reglamento que justifiquen el objeto y condiciones de estancia, y acreditar

la posesión de los medios de vida suficientes para el tiempo que pretenda

permanecer en España o, en su caso, estar en condiciones de obtener legalmente

dichos medios.

2. Excepcionalmente, las autoridades o los funcionarios responsables del control

fronterizo podrán autorizar el cruce de fronteras, fuera de los puestos habilitados o

de los días y horas señalados, a quienes se encuentren en los casos siguientes:

a) Las personas a las que les haya sido expedida una autorización extraordinaria

para cruzar la frontera ante una necesidad concreta.

b) Los beneficiarios de acuerdos internacionales en tal sentido con países

limítrofes.

3. Los marinos que estén en posesión de un documento de identidad de la gente

del mar en vigor podrán circular mientras dure la escala del buque por el recinto del

puerto o por las localidades próximas, en un entorno de 10 kilómetros, sin la

obligación de presentarse en el puesto fronterizo, siempre que los interesados

figuren en la lista de tripulantes del buque al que pertenezcan, sometida

previamente a control y verificación de la identidad de los marinos por los

funcionarios mencionados en el apartado 2. Podrá denegarse el derecho a

desembarcar al marino que represente una amenaza para el orden público, la

salud pública o la seguridad nacional, o a aquel en el que concurran circunstancias

objetivas de las que pueda deducirse su incomparecencia en el buque antes de su

partida.

Artículo 2. Habilitación de puestos.

 

1. De conformidad con el interés nacional y lo dispuesto en los convenios

internacionales en los que España sea parte, la habilitación de un puesto en

frontera terrestre se adoptará, previo acuerdo con las autoridades del país limítrofe

correspondiente, mediante orden del titular del Ministerio de la Presidencia, a propuesta conjunta de los titulares de los Ministerios de Asuntos Exteriores y de

Cooperación, de Economía y Hacienda y del Interior.

 

2. Cuando se trate de la habilitación de puestos en puertos o aeropuertos, la orden

del titular del Ministerio de la Presidencia se adoptará a propuesta conjunta de los

titulares de los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Cooperación, de Economía y

Hacienda y del Interior, previo informe favorable del departamento ministerial u

órgano autonómico del que dependan el puerto o el aeropuerto.

 

Artículo 3. Cierre de puestos habilitados.

1. El cierre, con carácter temporal o indefinido, de los puestos habilitados para la

entrada y la salida de España se podrá acordar por orden del titular del Ministerio

de la Presidencia, a propuesta de los titulares de los Ministerios competentes,

cuando así resulte, bien de las disposiciones que deban regir a consecuencia de

los estados de alarma, excepción o sitio, bien en aplicación de leyes especiales, en

supuestos en que lo requieran los intereses de la defensa nacional, la seguridad

del Estado y la protección de la salud y seguridad de los ciudadanos, así como en

supuestos de elevada presión migratoria irregular, sin perjuicio de la posibilidad de

desconcentrar dicha competencia.

2. Podrá procederse al cierre o traslado de los puestos habilitados en supuestos

distintos de los previstos en el apartado anterior, siempre y cuando su ubicación

resultara innecesaria o inconveniente, a través de los trámites previstos

normativamente.

3. El cierre de los puestos habilitados deberá comunicarse a aquellos países con

los que España tenga obligación de hacerlo como consecuencia de los

compromisos internacionales suscritos con ellos.

CAPÍTULO II. Entrada: requisitos y prohibiciones

Artículo 4. Requisitos.

1. La entrada de un extranjero en territorio español estará condicionada al

cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Titularidad del pasaporte o documentos de viaje a los que se refiere el artículo

siguiente.

 

b) Titularidad del correspondiente visado, en los términos establecidos en el

artículo 7.

 

c) Justificación del objeto y las condiciones de la estancia en los términos

establecidos en el artículo 8.

 

 

7

 

 


 

d) Acreditación, en su caso, de los medios económicos suficientes para su

sostenimiento durante el período de permanencia en España, o de estar en

condiciones de obtenerlos, así como para el traslado a otro país o el retorno al de

procedencia, en los términos establecidos en el artículo 9.

 

e) Presentación, en su caso, de los certificados médicos a los que se refiere el

artículo 10.

 

f) No estar sujeto a una prohibición de entrada, en los términos del artículo 11.

 

g) No suponer un peligro para la salud pública, el orden público, la seguridad

nacional o las relaciones internacionales de España o de otros Estados con los que

España tenga un convenio en tal sentido.

2. La Comisaría General de Extranjería y Fronteras podrá autorizar la entrada en

España de los extranjeros que no reúnan los requisitos establecidos en el apartado

anterior cuando existan razones excepcionales de índole humanitaria, interés

público o cumplimiento de compromisos adquiridos por España. En estos casos, se

procederá a hacer entrega al extranjero de la resolución acreditativa de la

autorización de entrada por cualquiera de estas causas.

Sin perjuicio de la posible consideración de las causas que motivaron su concesión

en el marco del procedimiento relativo a la residencia por circunstancias

excepcionales, la autorización de la entrada en España en base a lo dispuesto en

el párrafo anterior no supondrá, por sí misma y de forma aislada a otras

circunstancias que pudieran ser alegadas, el cumplimiento de los requisitos a

acreditar de cara a la obtención de una autorización de residencia por

circunstancias excepcionales.

Artículo 5. Autorización de regreso.

1. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, se le expedirá al extranjero cuya

autorización de residencia o de estancia se encuentre en periodo de renovación o

prórroga, una autorización de regreso que le permita una salida de España y

posterior retorno al territorio nacional, siempre que el solicitante acredite que ha

iniciado los trámites de renovación o prórroga del título que le habilita para

permanecer en España dentro del plazo legal fijado al efecto.

Igualmente, el titular de una tarjeta de identidad de extranjero en vigor podrá

solicitar una autorización de regreso en caso de robo, extravío, destrucción o

inutilización de aquélla, siempre que acredite haber presentado solicitud de

duplicado de la tarjeta.

 

2. La autorización de regreso tendrá una vigencia no superior a 90 días desde la

caducidad de la autorización de residencia o de estancia, si se solicita con

anterioridad a esta última.

8

 

 


 

En caso de que se solicite en un momento posterior a la caducidad de la

autorización de residencia o de estancia, la autorización de regreso tendrá una

vigencia no superior a 90 días desde que sea concedida.

 

Cuando el viaje responda a una situación de necesidad, la autorización de regreso

se tramitará con carácter preferente.

 

3. Cuando el extranjero acredite que el viaje responde a una situación de

necesidad y concurran razones excepcionales, podrá expedirse la autorización de

regreso referida en el apartado anterior, con una vigencia no superior a 90 días

desde que se conceda la autorización de regreso, si se ha resuelto favorablemente

la solicitud inicial de autorización de residencia o de autorización de estancia y está

en trámite la expedición de la tarjeta de identidad de extranjero.

Artículo 6. Documentación para la entrada.

1. Para acreditar su identidad, el extranjero que pretenda entrar en España deberá

hallarse provisto de uno de los siguientes documentos:

a) Pasaporte, individual, familiar o colectivo, válidamente expedido y en vigor. Los

menores de 16 años podrán figurar incluidos en el pasaporte de su padre, madre o

tutor cuando tengan la misma nacionalidad del titular del pasaporte y viajen con

éste.

b) Título de viaje, válidamente expedido y en vigor.

c) Documento nacional de identidad, cédula de identificación o cualquier otro

documento en vigor que acredite su identidad, que hayan sido considerados

válidos para la entrada en territorio español, en virtud de compromisos

internacionales asumidos por España.

2. Tanto los pasaportes como los títulos de viaje y demás documentos que se

consideren válidos deberán estar expedidos por las autoridades competentes del

país de origen o de procedencia de sus titulares o por las organizaciones

internacionales habilitadas para ello por el derecho internacional y contener, en

todo caso, datos suficientes para la determinación de la identidad y la nacionalidad

de los titulares. Los pasaportes deberán permitir el retorno al país que los haya

expedido.

3. Las misiones diplomáticas u oficinas consulares españolas, previa autorización

expresa de la Dirección General de Asuntos Consulares y Migratorios del Ministerio

de Asuntos Exteriores y de Cooperación, podrán expedir documentos de viaje y

salvoconductos a extranjeros cuya protección internacional haya sido asumida por

España en aplicación de la legislación española o para proceder a su evacuación

hacia países con los que existan acuerdos de cooperación a tal efecto.

9

 

 


 

Asimismo, previa la autorización expresa mencionada en el párrafo anterior, podrán

expedir documentos de viaje o salvoconductos para promover el traslado del o de

los solicitantes de asilo a España para hacer posible la presentación de la solicitud

conforme al procedimiento previsto en la Ley 12/2009, de 30 de octubre,

reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria.

 

4. La admisión de pasaportes colectivos se ajustará a los convenios internacionales

que sobre ellos existan o se concierten por España. En ambos casos será preciso

contar con el informe previo del Ministerio del Interior.

Artículo 7. Exigencia de visado.

1. Los extranjeros que se propongan entrar en territorio español deberán ir

provistos del correspondiente visado, válidamente expedido y en vigor, extendido

en sus pasaportes o documentos de viaje o, en su caso, en documento aparte,

salvo lo dispuesto en el apartado siguiente.

2. Para estancias de hasta tres meses en un período de seis no necesitarán

visado:

a) Los nacionales de países exentos de dicho requisito en virtud de lo establecido

en la normativa de la Unión Europea.

b) Los titulares de pasaportes diplomáticos, de servicio u otros pasaportes oficiales

expedidos por países con los que se haya acordado su supresión, en la forma y

condiciones establecidas en el acuerdo correspondiente.

c) Los titulares de salvoconductos expedidos por determinadas organizaciones

internacionales intergubernamentales a sus funcionarios, cuando España haya

acordado la supresión de dicho requisito.

d) Los extranjeros que tengan la condición de refugiados y estén documentados

como tales por un país signatario del Acuerdo Europeo número 31, de 20 de abril

de 1959, relativo a la exención de los visados para refugiados.

e) Los miembros de las tripulaciones de barcos de pasaje y comerciales

extranjeros, cuando se hallen documentados con un documento de identidad de la

gente del mar en vigor y sólo durante la escala del barco o cuando se encuentre en

tránsito para embarcar hacia otro país.

f) Los miembros de las tripulaciones de aviones comerciales extranjeros que estén

documentados como tales mediante la tarjeta de miembro de la tripulación durante

la escala de su aeronave o entre dos escalas de vuelos regulares consecutivos de

la misma compañía aérea a que pertenezca la aeronave.

 

g) Los extranjeros titulares de una autorización de residencia, una autorización

provisional de residencia, un visado de larga duración o una tarjeta de acreditación

 

10

 

 


 

de trabajador transfronterizo respecto a la entrada en el territorio español que

forma frontera con el país del trabajador, siempre que las autorizaciones que

acreditan dichos documentos hayan sido expedidas por las autoridades españolas

y estén vigentes en el momento de solicitar la entrada.

Artículo 8. Justificación del motivo y condiciones de la entrada.

1. Los extranjeros deberán, si así se les requiere, especificar el motivo de su

solicitud de entrada en España.

Los funcionarios responsables del control de entrada en función, entre otras

circunstancias, del motivo y duración del viaje podrán exigirles la presentación de

documentos que justifiquen o establezcan la verosimilitud de la razón de entrada

invocada.

Los extranjeros que soliciten la entrada, para justificar la verosimilitud del motivo

invocado, podrán presentar cualquier documento o medio de prueba que, a su

juicio, justifique los motivos de entrada manifestados.

2. A estos efectos, podrá exigirse la presentación, entre otros, de los siguientes

documentos:

En relación con cualquiera de los motivos de de solicitud de entrada previstos en

este apartado, billete de vuelta o de circuito turístico.

a) Además, para los viajes de carácter profesional, alternativamente:

1º La invitación de una empresa o de una autoridad expedida, en los términos

fijados mediante Orden del titular del Ministerio de la Presidencia, a propuesta

conjunta de los titulares de los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Cooperación,

de trabajador transfronterizo respecto a la entrada en el territorio español que

forma frontera con el país del trabajador, siempre que las autorizaciones que

acreditan dichos documentos hayan sido expedidas por las autoridades españolas

y estén vigentes en el momento de solicitar la entrada.

Artículo 8. Justificación del motivo y condiciones de la entrada.

1. Los extranjeros deberán, si así se les requiere, especificar el motivo de su

solicitud de entrada en España.

Los funcionarios responsables del control de entrada en función, entre otras

circunstancias, del motivo y duración del viaje podrán exigirles la presentación de

documentos que justifiquen o establezcan la verosimilitud de la razón de entrada

invocada.

Los extranjeros que soliciten la entrada, para justificar la verosimilitud del motivo

invocado, podrán presentar cualquier documento o medio de prueba que, a su

juicio, justifique los motivos de entrada manifestados.

2. A estos efectos, podrá exigirse la presentación, entre otros, de los siguientes

documentos:

En relación con cualquiera de los motivos de de solicitud de entrada previstos en

este apartado, billete de vuelta o de circuito turístico.

a) Además, para los viajes de carácter profesional, alternativamente:

1º La invitación de una empresa o de una autoridad expedida, en los términos

fijados mediante Orden del titular del Ministerio de la Presidencia, a propuesta

conjunta de los titulares de los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Cooperación,

diplomática, expedidos por las autoridades de otro Estado con el que España haya

suscrito un acuerdo internacional que contemple esta posibilidad. Estas

autorizaciones habrán de tener una vigencia mínima igual al plazo de estancia, o

de la duración del tránsito, previsto en el momento de solicitar la entrada.

 

3. No precisarán visado para entrar en territorio español los extranjeros titulares de

una tarjeta de identidad de extranjero, de una tarjeta de acreditación diplomática, o

de la autorización de regreso prevista en el artículo 4 ni los titulares de una tarjeta

del Interior y de Trabajo e inmigración, para participar en reuniones de carácter

comercial, industrial o vinculadas a la actividad.

 

2º Documentos de los que se desprenda que existen relaciones comerciales o

vinculadas a la actividad.

 

3º Tarjetas de acceso a ferias y congresos.

 

b) Además, para los viajes de carácter turístico o privado, alternativamente:

 

11

 

 


 

1º Documento justificativo del establecimiento de hospedaje o carta de invitación

de un particular, expedida en los términos fijados mediante orden del titular del

Ministerio de la Presidencia, a propuesta conjunta de los titulares de los Ministerios

de Asuntos Exteriores y de Cooperación, del Interior y de Trabajo e inmigración,

cuyo contenido habrá de responder exclusivamente a que quede constancia de la

existencia de hospedaje cierto a disposición del extranjero.

 

En ningún caso, la carta de invitación suplirá la acreditación por el extranjero de los

 

demás requisitos exigidos para la entrada.

 

2º Confirmación de la reserva de un viaje organizado.

c) Además, para los viajes por motivos de estudios o formación: matrícula en un

centro de enseñanza.

d) Además, para los viajes por otros motivos, alternativamente:

1º Invitaciones, reservas o programas.

2º Certificados de participación en eventos relacionados con el viaje, tarjetas de

entrada o recibos.

Artículo 9. Acreditación de medios económicos.

El extranjero deberá acreditar, en el momento de la entrada, que dispone de

recursos económicos o medios de vida suficientes para su sostenimiento y el de las

personas a su cargo que viajen con él, durante el período de permanencia en

España, o que está en condiciones de obtener legalmente dichos medios, así como

para cubrir el traslado a otro país o el retorno al país de procedencia. Mediante

Orden del titular del Ministerio de la Presidencia, a propuesta de los titulares de los

Ministerios de Asuntos Exteriores y de Cooperación, del Interior y de Trabajo e

inmigración, se determinará la cuantía de los medios de vida exigibles a estos

efectos, así como el modo de acreditar su posesión.

Dicha regulación tendrá en consideración, en cuanto a las cuantías exigibles, la

circunstancias de que de la documentación del establecimiento de hospedaje o la

carta de invitación de un particular, aportada por el extranjero en el marco del

artículo 8, pueda derivarse que el alojamiento comprende toda o parte de su

manutención.

 

Artículo 10. Requisitos sanitarios.

 

Cuando así lo determine el Ministerio del Interior, de acuerdo con los Ministerios de

Sanidad, Política Social e Igualdad y de Trabajo e Inmigración, las personas que

pretendan entrar en territorio español deberán presentar en los puestos fronterizos

 

 

12

 

 


 

un certificado sanitario expedido en el país de procedencia por los servicios

médicos que designe la misión diplomática u oficina consular española, o

someterse a su llegada, en la frontera, a un reconocimiento médico por parte de los

servicios sanitarios españoles competentes, para acreditar que no padecen

ninguna de las enfermedades que pueden tener repercusiones de salud pública

graves de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Sanitario Internacional

de 2005, así como en los compromisos internacionales sobre la materia suscritos

por España, sin perjuicio de lo que se disponga, al efecto, por la normativa de la

 

Unión Europea.

 

Artículo 11. Prohibición de entrada.

Se considerará prohibida la entrada de los extranjeros, y se les impedirá el acceso

al territorio español, aunque reúnan los requisitos exigidos en los artículos

precedentes, cuando:

a) Hayan sido previamente expulsados de España y se encuentren dentro del plazo

de prohibición de entrada que se hubiera determinado en la resolución de

expulsión, o cuando haya recaído sobre ellos una resolución de expulsión, salvo

caducidad del procedimiento o prescripción de la infracción o de la sanción.

b) Hayan sido objeto de una medida de devolución y se encuentren dentro del

plazo de prohibición de entrada que se hubiera determinado en el correspondiente

acuerdo de devolución.

c) Se tenga conocimiento, por conductos diplomáticos, a través de Interpol o por

cualquier otra vía de cooperación internacional, judicial o policial, de que se

encuentran reclamados, en relación con causas criminales derivadas de delitos

comunes graves, por las autoridades judiciales o policiales de otros países,

siempre que los hechos por los que figuran reclamados constituyan delito en

España y sin perjuicio de su detención, en los casos en que ésta proceda.

d) Hayan sido objeto de prohibición expresa de entrada, en virtud de resolución del

titular del Ministerio del Interior, por sus actividades contrarias a los intereses

españoles o a los derechos humanos o por sus notorias conexiones con

organizaciones delictivas, nacionales o internacionales, u otras razones judiciales o

administrativas que justifiquen la adopción de esta medida, sin perjuicio de su

detención, en los casos en que ésta proceda.

e) Tengan prohibida la entrada en virtud de convenios internacionales en los que

España sea parte o de acuerdo con lo establecido en la normativa comunitaria,

salvo que se considere necesario establecer una excepción por motivos

humanitarios o de interés nacional.

 

 

13

 

 


 

Artículo 12. Forma de efectuar la entrada.

 

1. A su llegada al puesto habilitado para la entrada en España, los extranjeros

acreditarán con carácter prioritario ante los funcionarios responsables del control

que reúnen los requisitos previstos en los artículos de este capítulo para la

obligada comprobación de éstos.

2. Si la documentación presentada fuera hallada conforme y no existe ninguna

prohibición o impedimento para la entrada del titular, se estampará en el pasaporte

de diciembre, de protección de datos de carácter personal.

 

2. El sistema de registro de entradas en España será regulado mediante orden del

titular del Ministerio de la Presidencia dictada a propuesta de los titulares de los

Ministerios del Interior y de Trabajo e inmigración.

o título de viaje el sello, signo o marca de control establecido, salvo que las leyes

internas o los tratados internacionales en que España sea parte prevean la no

estampación, con lo que, previa devolución de la documentación, quedará franco el

paso al interior del país.

3. Si el acceso se efectúa con documento de identidad o de otra clase en los que

no se pueda estampar el sello de entrada, el interesado deberá cumplimentar el

impreso previsto para dejar constancia de la entrada, que deberá conservar en su

poder y presentar junto a la documentación identificativa, si le fuese requerida.

Artículo 13. Declaración de entrada.

1. Tendrán la obligación de declarar la entrada personalmente ante las autoridades

policiales españolas los extranjeros que accedan a territorio español procedentes

de un Estado con el que España haya firmado un acuerdo de supresión de

controles fronterizos.

2. Si no se hubiese efectuado en el momento de la entrada, dicha declaración

deberá efectuarse en el plazo de tres días hábiles a partir de aquélla, en cualquier

comisaría del Cuerpo Nacional de Policía u Oficina de Extranjería.

Art. 14. Registro de la entrada en el territorio español.

1. Las entradas realizadas en territorio español, de acuerdo con lo previsto en los

artículos 11 y 12, por extranjeros a los que no les sea de aplicación el régimen

comunitario de extranjería, podrán ser registradas por las autoridades competentes

en el Registro Central de Extranjeros, a los efectos de control de su período de

permanencia legal en España, de conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13

14

 

 


 

intérprete, que comenzará en el momento de efectuarse el control en el puesto

fronterizo.

La resolución contendrá, entre otros contenidos, el siguiente:

a) La determinación expresa de la causa por la que se deniega la entrada.

b) La información al interesado de que el efecto que puede conllevar la denegación

de entrada es el regreso a su punto de origen.

c) La información al interesado de su derecho a la asistencia jurídica, así como a la

asistencia de intérprete, si no comprende o habla las lenguas oficiales que se

utilicen, a partir del momento en que se dicte el acuerdo de iniciación del

procedimiento. Ambas asistencias serán gratuitas en el caso de que el interesado

carezca de recursos económicos suficientes, de acuerdo con lo previsto en la

normativa reguladora del derecho de asistencia jurídica gratuita.

La información, que se proporcionará tan pronto se inicie el procedimiento

administrativo, hará expresa mención a la necesidad de solicitar nuevamente el

reconocimiento del derecho de asistencia jurídica gratuita para el ejercicio de éste

en caso de que se decidiera impugnar la resolución en vía jurisdiccional

contencioso-administrativa, de conformidad con el artículo 22.3 de la Ley Orgánica

4/2000, de 11 de enero.

Cuando existiesen acuerdos que regulen la readmisión de las personas en

situación irregular suscritos por España, los funcionarios responsables del control,

tras facilitar la información a la que se refiere el artículo 26.2 de la Ley Orgánica

4/2000, de 11 de enero, denegarán, en los términos previstos en los citados

acuerdos, la entrada de las personas a las que les sean de aplicación, siempre que

la denegación se produzca dentro del plazo previsto en los mismos.

intérprete, que comenzará en el momento de efectuarse el control en el puesto

fronterizo.

La resolución contendrá, entre otros contenidos, el siguiente:

a) La determinación expresa de la causa por la que se deniega la entrada.

b) La información al interesado de que el efecto que puede conllevar la denegación

de entrada es el regreso a su punto de origen.

c) La información al interesado de su derecho a la asistencia jurídica, así como a la

asistencia de intérprete, si no comprende o habla las lenguas oficiales que se

utilicen, a partir del momento en que se dicte el acuerdo de iniciación del

procedimiento. Ambas asistencias serán gratuitas en el caso de que el interesado

carezca de recursos económicos suficientes, de acuerdo con lo previsto en la

normativa reguladora del derecho de asistencia jurídica gratuita.

La información, que se proporcionará tan pronto se inicie el procedimiento

administrativo, hará expresa mención a la necesidad de solicitar nuevamente el

reconocimiento del derecho de asistencia jurídica gratuita para el ejercicio de éste

en caso de que se decidiera impugnar la resolución en vía jurisdiccional

contencioso-administrativa, de conformidad con el artículo 22.3 de la Ley Orgánica

4/2000, de 11 de enero.

Cuando existiesen acuerdos que regulen la readmisión de las personas en

situación irregular suscritos por España, los funcionarios responsables del control,

tras facilitar la información a la que se refiere el artículo 26.2 de la Ley Orgánica

4/2000, de 11 de enero, denegarán, en los términos previstos en los citados

acuerdos, la entrada de las personas a las que les sean de aplicación, siempre que

la denegación se produzca dentro del plazo previsto en los mismos.

Artículo 15. Denegación de entrada.

 

1. Los funcionarios responsables del control denegarán la entrada en el territorio

español a los extranjeros que no reúnan los requisitos establecidos en este

capítulo. Dicha denegación se realizará mediante resolución motivada y notificada,

con información acerca de los recursos que puedan interponerse contra ella, el

plazo para hacerlo y la autoridad ante la que deban formalizarse, así como de su

derecho a la asistencia letrada, que podrá ser de oficio en el caso de que el

interesado carezca de recursos económicos suficientes y, en su caso, de

2. La resolución de denegación de entrada conllevará los efectos previstos en el

artículo 60 de la Ley 4/2000 y será recurrible con arreglo a lo dispuesto en las

leyes. Si el extranjero no se hallase en España, podrá interponer los recursos que

correspondan, tanto en vía administrativa como jurisdiccional, a través de las

representaciones diplomáticas u oficinas consulares correspondientes, que los

remitirán al órgano competente.

15

 

 


 

A los efectos previstos en el apartado 3 del artículo 22 de la Ley Orgánica 4/2000,

de 11 de enero, el extranjero que se hallase privado de libertad, podrá manifestar

su voluntad de interponer recurso contencioso-administrativo o de ejercitar la

acción correspondiente contra la resolución que ponga fin a la vía administrativa,

ante el instructor del expediente o el funcionario del Centro de Internamiento de

Extranjeros o del puesto fronterizo bajo cuyo control se encuentre, que lo harán

constar en acta que se incorporará al expediente.

 

3. El regreso se ejecutará de forma inmediata y, en todo caso, dentro del plazo de

72 horas desde que se hubiese acordado. Si no pudiera ejecutarse dentro de dicho

plazo, la autoridad gubernativa o, por delegación de ésta, el responsable del puesto

fronterizo habilitado, se dirigirá al juez de instrucción para que determine el lugar

donde haya de ser internado el extranjero, hasta que llegue el momento del

regreso, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de

enero.

4. Al extranjero al que le sea denegada la entrada en el territorio nacional por los

funcionarios responsables del control, de conformidad con lo dispuesto en los

acuerdos internacionales suscritos por España, se le estampará en el pasaporte un

sello de entrada tachado con una cruz de tinta indeleble negra, y deberá

permanecer en las instalaciones destinadas al efecto en el puesto fronterizo hasta

que, con la mayor brevedad posible, retorne al lugar de procedencia o continúe

viaje hacia otro país donde sea admitido.

La permanencia del extranjero en estas instalaciones tendrá como única finalidad

garantizar, en su caso, su regreso al lugar de procedencia o la continuación de su

viaje hacia otro país donde sea admitido. La limitación de la libertad ambulatoria del

extranjero responderá exclusivamente a esta finalidad en su duración y ámbito de

extensión.

Las instalaciones estarán dotadas de servicios sociales, jurídicos, culturales y

sanitarios acordes con la cifra media de personas detenidas en éstas.

5. Durante el tiempo en que el extranjero permanezca detenido en las instalaciones

del puesto fronterizo o en el lugar en que se haya acordado su internamiento, todos

los gastos de mantenimiento que se ocasionen serán a cargo de la compañía o

transportista que lo hubiese transportado, siempre que no concurra el supuesto

previsto en el apartado 3 del artículo 54 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero,

y sin perjuicio de la sanción que pueda llegar a imponerse.

Igualmente, la compañía o transportista se hará cargo inmediatamente del

extranjero al que se le haya denegado la entrada y serán a cuenta de ella todos los

gastos que se deriven del transporte para su regreso al Estado a partir del cual

haya sido transportado, al que haya expedido el documento de viaje con el que ha

viajado el extranjero o a cualquier otro donde esté garantizada su admisión. Lo

anterior será de aplicación sin perjuicio de que el regreso pueda ser realizado por

la misma compañía o por otra empresa de transporte.

 

16

 

 


 

través de las representaciones diplomáticas o consulares correspondientes, las

cuales los remitirán al organismo competente.

Artículo 16. Obligaciones de los transportistas de control de documentos.

1. La persona o personas que designe la empresa de transportes deberán requerir

a los extranjeros que presenten sus pasaportes, títulos de viaje o documentos de

identidad pertinentes, así como, en su caso, visado, cuando embarquen fuera del

territorio de los países en los que esté en vigor el Convenio de aplicación del

Acuerdo de Schengen, de 14 de junio de 1985, con destino o en tránsito al territorio

español. El requerimiento tendrá por objeto comprobar la validez y vigencia de los

documentos.

2. Los transportistas de viajeros por vía terrestre deberán adoptar las medidas que

estimen oportunas para que se compruebe la documentación de todos los

extranjeros que embarquen fuera del territorio de los países en los que esté en

vigor el Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen, de 14 de junio de 1985.

Tales comprobaciones podrán realizarse en las instalaciones de la estación o

parada en la que se vaya a producir el embarque, a bordo del vehículo antes de

iniciarse la marcha o, una vez iniciada, siempre que sea posible el posterior

desembarque en una estación o parada situada fuera del territorio de los países en

los que esté en vigor el Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen.

Cuando se constate que un extranjero no dispone de la documentación necesaria,

no deberá ser admitido a bordo del vehículo y, si hubiera iniciado la marcha,

deberá abandonarlo en la parada o lugar adecuado más próximos en el sentido de

la marcha fuera del territorio de los países en los que esté en vigor el Convenio de

aplicación del Acuerdo de Schengen.

través de las representaciones diplomáticas o consulares correspondientes, las

cuales los remitirán al organismo competente.

Artículo 16. Obligaciones de los transportistas de control de documentos.

1. La persona o personas que designe la empresa de transportes deberán requerir

a los extranjeros que presenten sus pasaportes, títulos de viaje o documentos de

identidad pertinentes, así como, en su caso, visado, cuando embarquen fuera del

territorio de los países en los que esté en vigor el Convenio de aplicación del

Acuerdo de Schengen, de 14 de junio de 1985, con destino o en tránsito al territorio

español. El requerimiento tendrá por objeto comprobar la validez y vigencia de los

documentos.

2. Los transportistas de viajeros por vía terrestre deberán adoptar las medidas que

estimen oportunas para que se compruebe la documentación de todos los

extranjeros que embarquen fuera del territorio de los países en los que esté en

vigor el Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen, de 14 de junio de 1985.

Tales comprobaciones podrán realizarse en las instalaciones de la estación o

parada en la que se vaya a producir el embarque, a bordo del vehículo antes de

iniciarse la marcha o, una vez iniciada, siempre que sea posible el posterior

desembarque en una estación o parada situada fuera del territorio de los países en

los que esté en vigor el Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen.

Cuando se constate que un extranjero no dispone de la documentación necesaria,

no deberá ser admitido a bordo del vehículo y, si hubiera iniciado la marcha,

deberá abandonarlo en la parada o lugar adecuado más próximos en el sentido de

la marcha fuera del territorio de los países en los que esté en vigor el Convenio de

aplicación del Acuerdo de Schengen.

6. La detención de un extranjero a efectos de proceder al regreso a consecuencia

de la denegación de entrada será comunicada a la embajada o consulado de su

país. No obstante, en caso de que dicha comunicación no haya podido realizarse o

la embajada o consulado del país de origen del extranjero no radique en España, la

detención será comunicada al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

7. La resolución no agota la vía administrativa y será recurrible con arreglo a lo

dispuesto en las leyes. Si el extranjero no se hallase en España, podrá interponer

los recursos que correspondan, tanto administrativos como jurisdiccionales, a

En el caso de que el extranjero con documentación aparentemente deficiente

decidiese embarcar o no abandonar el vehículo, el conductor o el acompañante, al

llegar a la frontera exterior, deberán comunicar a los agentes encargados del

control las deficiencias detectadas a fin de que adopten la decisión que resulte

procedente.

 

17

 

 


 

Artículo 17. Obligaciones de los transportistas de remisión de información.

 

1. En los términos establecidos en el artículo 66.1 y 2 de la Ley Orgánica 4/2000,

de 11 de enero, toda compañía, empresa de transporte o transportista deberá

remitir a las autoridades españolas encargadas del control de la entrada la

información sobre los pasajeros que vayan a ser trasladados, ya sea por vía aérea,

marítima o terrestre, con independencia de que el transporte sea en tránsito o

tenga como destino final al territorio español. Asimismo, las empresas de

transporte deberán suministrar la información comprensiva del número de billetes

de vuelta no utilizados por los pasajeros a los que previamente hubieran

transportado a España.

2. Por resolución conjunta del Ministerio de Trabajo e Inmigración y del Ministerio

del Interior, se determinarán las rutas procedentes de fuera del Espacio Schengen

respecto de las cuales sea necesario remitir a las autoridades españolas

encargadas del control de entrada, con la antelación suficiente, la información a la

que se refiere el artículo 66.1 y 2 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero. La

resolución indicará, entre otros aspectos, el plazo y la forma en la que dicha

información deba remitirse.

Artículo 18. Obligaciones de los transportistas en caso de denegación de

entrada.

1. Si se negara la entrada en el territorio español a un extranjero por deficiencias

en la documentación necesaria para el cruce de fronteras, el transportista que lo

hubiera traído a la frontera por vía aérea, marítima o terrestre estará obligado a

hacerse cargo de él inmediatamente. A petición de las autoridades encargadas del

control de entrada, deberá llevar al extranjero al tercer Estado a partir del cual le

hubiera transportado, al Estado que hubiese expedido el documento de viaje con el

que hubiera viajado, o a cualquier otro tercer Estado donde se garantice su

admisión, y un trato compatible con los derechos humanos. Esta misma obligación

deberá asumir el transportista que haya trasladado a un extranjero en tránsito

hasta una frontera del territorio español si el transportista que deba llevarlo a su

país de destino se negara a embarcarlo, o si las autoridades de este último país le

hubieran denegado la entrada y lo hubieran devuelto a la frontera española por la

que ha transitado.

En los supuestos de transporte aéreo, se entenderá por sujeto responsable del

transporte la compañía aérea o explotador u operador de la aeronave. La

responsabilidad será solidaria en el caso de que se utilice un régimen de código

compartido entre transportistas aéreos. En los casos en que se realicen viajes

sucesivos mediante escalas, el responsable será el transportista aéreo que efectúe

el último tramo de viaje hasta territorio español.

 

2. Las obligaciones de los transportistas en caso de denegación de entrada a las

que se refiere este artículo, así como las de control de documentos y remisión de

18

 

 


 

información a las que se refieren los dos artículos anteriores, serán igualmente

aplicables a los supuestos de transporte aéreo o marítimo que se realice desde

Ceuta o Melilla hasta cualquier otro punto del territorio español.

 

CAPÍTULO III. Salidas: requisitos y prohibiciones

 

Artículo 19. Requisitos.

 

1. En ejercicio de su libertad de circulación, los extranjeros podrán efectuar

libremente su salida del territorio español, salvo en los casos previstos en el

artículo 28.3 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, en los que la salida será

obligatoria, y salvo en los supuestos previstos en el artículo 57.7 de dicha Ley

Orgánica, en los que la salida requiere autorización judicial. Excepcionalmente, la

salida podrá ser prohibida por el titular del Ministerio del Interior, de conformidad

con el artículo 28.2 de dicha Ley Orgánica.

2. Las salidas mediante autorización judicial podrán ser instadas por las

autoridades legalmente competentes, sin perjuicio del derecho de los extranjeros

afectados a instar la salida por sí mismos.

3. A los efectos previstos en el apartado anterior y salvo en los casos en que lo

impida el carácter secreto, total o parcial, del sumario, las unidades o servicios de

policía judicial informarán a la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil

y al Delegado o Subdelegado del Gobierno de aquellos supuestos en los que

hubiera extranjeros incursos en procesos penales por delitos cometidos en España.

Artículo 20. Documentación y plazos.

1. Todas las salidas voluntarias del territorio nacional deberán realizarse,

cualquiera que sea la frontera que se utilice para tal fin, por los puestos habilitados

y previa exhibición del pasaporte, título de viaje o documento válido para la entrada

en el país.

2. También podrán realizarse las salidas, con documentación defectuosa o incluso

sin ella, si no existiese prohibición ni impedimento alguno a juicio de los servicios

policiales de control.

3. Los extranjeros en tránsito que hayan entrado en España con pasaporte o con

cualquier otro documento al que se atribuyan análogos efectos habrán de

abandonar el territorio español con tal documentación, y deberán hacerlo dentro del

plazo para el que hubiese sido autorizado el tránsito, del establecido por los

acuerdos internacionales relevantes o del plazo de validez de la estancia fijada en

el visado.

19

 

 


 

4. Los que se encuentren en situación de estancia o de prórroga de estancia

habrán de salir del territorio español dentro del tiempo de vigencia de dicha

situación. Su ulterior entrada y permanencia en España habrán de someterse a los

trámites establecidos.

5. Quienes disfruten de una autorización de residencia pueden salir y volver a

entrar en territorio español cuantas veces lo precisen, mientras la autorización y el

pasaporte o documento análogo se encuentren en vigor.

Artículo 21. Forma de efectuar la salida.

1. A su salida del territorio español, los extranjeros presentarán a los funcionarios

responsables del control en los puestos habilitados para ello la documentación

señalada para su obligada comprobación.

2. Si la documentación fuera hallada conforme y no existiese ninguna prohibición o

impedimento para la salida del titular o de los titulares, se estampará en el

pasaporte o título de viaje el sello de salida, salvo que las leyes internas o

acuerdos internacionales en que España sea parte prevean la no estampación.

Previa devolución de la documentación, quedará franco el paso al exterior del país.

3. Si la salida se hiciera con documentación defectuosa, sin documentación o con

documento de identidad en el que no se pueda estampar el sello de salida, el

extranjero cumplimentará, en los servicios policiales de control, el impreso previsto

para dejar constancia de la salida.

4. Las salidas de territorio español de los extranjeros a los que no les sea de

aplicación el régimen comunitario de extranjería podrán ser registradas por las

autoridades competentes en el Registro Central de Extranjeros, a los efectos de

control de su período de permanencia legal en España, de conformidad con la Ley

Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter

personal.

El sistema de registro de salidas de España será regulado en la orden prevista en

el artículo 14.2 de este Reglamento.

Artículo 22. Prohibiciones de salida.

1. De conformidad con lo previsto en el artículo 28.2 de la Ley Orgánica 4/2000, de

11 de enero, el titular del Ministerio del Interior podrá acordar la prohibición de

salida de extranjeros del territorio nacional, en los casos siguientes:

a) Los de extranjeros incursos en un procedimiento judicial por la comisión de

delitos en España, salvo los supuestos del artículo 57.7 de la Ley Orgánica 4/2000,

de 11 de enero, cuando la autoridad judicial autorizase su salida o expulsión.

 

20

 

 


 

b) Los de extranjeros condenados por la comisión de delitos en España a pena de

privación de libertad y reclamados, cualquiera que fuera el grado de ejecución de la

condena, salvo los supuestos del artículo 57.7, de la Ley Orgánica 4/2000, de 11

de enero, y los de aplicación de convenios sobre cumplimiento de penas en el país

de origen de los que España sea parte.

 

c) Los de extranjeros reclamados y, en su caso, detenidos para extradición por los

respectivos países, hasta que se dicte la resolución procedente.

 

a) Los extranjeros que contravengan la prohibición de entrada en España.

d) Los supuestos de padecimiento de enfermedad contagiosa que, con arreglo a la

legislación española o a los convenios internacionales, impongan la inmovilización

o el internamiento obligatorio en establecimiento adecuado.

2. Las prohibiciones de salida se adoptarán con carácter individual por el titular del

Ministerio del Interior, según los casos, a iniciativa propia, a propuesta del

Secretario de Estado de Inmigración y Emigración, del Secretario de Estado de

Seguridad, del Delegado o Subdelegado del Gobierno, de las autoridades

sanitarias o a instancias de los ciudadanos españoles y de los extranjeros

residentes legales en España que pudieran resultar perjudicados, en sus derechos

y libertades, por la salida de los extranjeros del territorio español. Las prohibiciones

de salida deberán notificarse formalmente al interesado y deberán expresar los

recursos que procedan contra ellas, el órgano ante el que deberán presentarse y el

plazo para interponerlos.

Capítulo IV. Devolución y salidas obligatorias

Artículo 23. Devoluciones.

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 58.3 de la Ley Orgánica 4/2000,

de 11 de enero, no será necesario un expediente de expulsión para la devolución,

en virtud de resolución del Subdelegado del Gobierno, o del Delegado del Gobierno

en las Comunidades Autónomas uniprovinciales, de los extranjeros que se hallaran

en alguno de los siguientes supuestos:

 

A estos efectos, se considerará contravenida la prohibición de entrada en España

cuando así conste, independientemente de si fue adoptada por las autoridades

españolas o por las de alguno de los Estados con los que España tenga suscrito

convenio en ese sentido.

 

b) Los extranjeros que pretendan entrar irregularmente en el país. Se considerarán

incluidos, a estos efectos, a los extranjeros que sean interceptados en la frontera o

en sus inmediaciones.

 

2. En el supuesto del párrafo b) del apartado anterior, las Fuerzas y Cuerpos de

Seguridad del Estado encargadas de la custodia de costas y fronteras que hayan

21

 

 


 

interceptado a los extranjeros que pretenden entrar irregularmente en España los

conducirán con la mayor brevedad posible a la correspondiente comisaría del

Cuerpo Nacional de Policía, para que pueda procederse a su identificación y, en su

caso, a su devolución.

 

3. En cualquiera de los supuestos del apartado 1, el extranjero respecto del cual se

sigan trámites para adoptar una resolución de devolución tendrá derecho a la

asistencia jurídica, así como a la asistencia de intérprete, si no comprende o habla

las lenguas oficiales que se utilicen. Ambas asistencias serán gratuitas en el caso

de que el interesado carezca de recursos económicos suficientes, de acuerdo con

lo previsto en la normativa reguladora del derecho de asistencia jurídica gratuita.

4. Cuando la devolución no se pudiera ejecutar en el plazo de 72 horas, se

solicitará de la autoridad judicial la medida de internamiento prevista para los

expedientes de expulsión.

A los efectos previstos en el apartado 3 del artículo 22 de la Ley Orgánica 4/2000,

si durante la situación de privación de libertad el extranjero manifestase su voluntad

de interponer recurso contencioso-administrativo o ejercitar la acción

correspondiente contra la resolución de devolución una vez agotada la vía

administrativa, el instructor del expediente, el jefe de la Oficina de Extranjería o el

funcionario del Centro de Internamiento de Extranjeros bajo cuyo control se

encuentre, lo hará constar en acta que se incorporará al expediente.

5. La ejecución de la devolución conllevará el nuevo inicio del cómputo del plazo de

prohibición de entrada contravenida, cuando se hubiese adoptado en virtud de una

resolución de expulsión dictada por las autoridades españolas.

Asimismo, toda devolución acordada en aplicación del párrafo b) del artículo 58.3

de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, llevará consigo la prohibición de

entrada en territorio español por un plazo máximo de tres años.

6. Aun cuando se haya adoptado una resolución de devolución, ésta no podrá

llevarse a cabo y quedará en suspenso su ejecución cuando:

a) Se trate de mujeres embarazadas y la medida pueda suponer un riesgo para la

gestación o para la salud de la madre; o se trate de personas enfermas y la medida

pueda suponer un riesgo para su salud.

b) Se formalice una solicitud de protección internacional, hasta que se resuelva

sobre la solicitud o ésta no sea admitida conforme con lo dispuesto en el artículo

19.1 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la

protección subsidiaria.

La admisión a trámite de la solicitud de protección internacional llevará aparejada la

autorización de entrada y la permanencia provisional del solicitante.

 

22

 

 


 

7. El plazo de prescripción de la resolución de devolución será de cinco años si se

hubiera acordado en aplicación del apartado a) del artículo 58.3 de la Ley Orgánica

4/2000, de 11 de enero; y de dos años si se hubiera acordado en aplicación del

apartado b) del artículo 58.3 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero.

La prescripción de la resolución de devolución no empezará a contar hasta que

haya transcurrido el período de prohibición de entrada fijado en la resolución por la

que ésta se determine o, en su caso, hasta que transcurra el período de prohibición

 

de entrada que se haya reiniciado.

El plazo de prescripción de la resolución de devolución comenzará a contarse

desde el día siguiente a aquél en que adquiera firmeza la resolución por la que se

declare ésta. La prescripción se aplicará de oficio por los órganos competentes.

8. Cuando en el marco de un procedimiento relativo a autorizaciones de residencia

por circunstancias excepcionales, se comprobase que consta contra el solicitante

una resolución de devolución no ejecutada, ésta será revocada, siempre que del

análisis de la solicitud derive la procedencia de la concesión de la autorización de

residencia por circunstancias excepcionales.

En caso de que la autoridad competente para resolver sobre la solicitud de

autorización no fuera la misma que dictó la resolución de devolución a revocar,

instará de oficio su revocación a la autoridad competente para ello. En el escrito

por el que se inste la revocación se hará constar el tipo de autorización solicitada y

expresa mención a la procedencia de la concesión de la misma, por cumplimiento

de los requisitos exigibles para ello, salvo el relativo a la existencia de la resolución

de devolución no ejecutada.

Artículo 24. Salidas obligatorias.

1. En los supuestos de falta de autorización para encontrarse en España, en

especial por no cumplir o haber dejado de cumplir los requisitos de entrada o de

estancia, o en los de denegación administrativa de solicitudes de prórrogas de

estancia, de autorizaciones de residencia o de cualquier otro documento necesario

para la permanencia de extranjeros en territorio español, así como de las

renovaciones de las propias autorizaciones o documentos, la resolución

administrativa dictada al efecto contendrá la advertencia al interesado de la

obligatoriedad de su salida del país, sin perjuicio de que, igualmente, se materialice

dicha advertencia mediante diligencia en el pasaporte o documento análogo o en

documento aparte, si se encontrase en España amparado en documento de

identidad en el que no se pueda estampar dicha diligencia.

 

No contendrán orden de salida obligatoria las resoluciones de inadmisión a trámite

de solicitudes dictadas de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional

cuarta de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero.

 

23

 

 


 

2. La salida obligatoria habrá de realizarse dentro del plazo establecido en la

resolución denegatoria de la solicitud formulada, o, en su caso, en el plazo máximo

de quince días contado desde el momento en que se notifique la resolución

denegatoria, salvo que concurran circunstancias excepcionales y se justifique que

se cuenta con medios de vida suficientes; en tal caso, se podrá prorrogar el plazo

hasta un máximo de noventa días. Una vez transcurrido el plazo indicado sin que

se haya efectuado la salida, se aplicará lo previsto en este Reglamento para los

supuestos a que se refiere el artículo 53.1.a) de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de

enero.

3. Si los extranjeros a que se refiere este artículo realizasen efectivamente su

salida del territorio español conforme a lo dispuesto en los apartados anteriores, no

serán objeto de prohibición de entrada en el país y eventualmente podrán volver a

España, con arreglo a las normas que regulan el acceso al territorio español.

4. Se exceptúan del régimen de salidas obligatorias los casos de los solicitantes de

protección internacional que hayan visto rechazado el examen de su solicitud por

no corresponder a España su estudio a tenor de lo dispuesto en el Reglamento

(CE) No 343/2003 del Consejo, de 18 de febrero de 2003, por el que se establecen

los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del

examen de una solicitud de asilo presentada en uno de los Estados miembros por

un nacional de un tercer país. Una vez notificada la resolución de inadmisión a

trámite o de denegación, se deberá proceder a su traslado, escoltado por

funcionarios, al territorio del Estado responsable del examen de su solicitud de

asilo, sin necesidad de incoar expediente de expulsión, siempre y cuando dicho

traslado se produzca dentro de los plazos en los que el Estado responsable tiene la

obligación de proceder al examen de dicha solicitud, sin perjuicio de lo dispuesto

en el artículo 16.1.e) del citado Reglamento comunitario.

24

 

 


 

TÍTULO II. Tránsito aeroportuario.

Artículo 25. Definición.

Se encuentran en tránsito aeroportuario aquellos extranjeros habilitados para

permanecer en la zona de tránsito internacional de un aeropuerto español, sin

acceder al territorio nacional, durante las escalas o enlaces de vuelos.

 

 

Artículo 26. Exigencia y clases de visado de tránsito.

 

1. El régimen de exigencia de visado de tránsito aeroportuario será el establecido

transitar

zona de tránsito internacional

por el derecho de la Unión Europea.

2. El visado de tránsito aeroportuario podrá permitir una, dos o,

excepcionalmente, varias veces, y habilita al extranjero específicamente sometido

a esta exigencia a permanecer en la de un

aeropuerto español, sin acceder al territorio nacional, durante escalas o enlaces del

vuelo.

Artículo 27. Procedimiento.

 

1. El procedimiento y condiciones para la expedición del visado de tránsito

aeroportuario se regulará por lo establecido en el derecho de la Unión Europea.

2. En la tramitación del procedimiento, la misión diplomática u oficina consular

podrá requerir la comparecencia del solicitante y, cuando lo estime necesario,

mantener una entrevista personal para comprobar su identidad, la validez de su

documentación personal o de la documentación aportada, el motivo, el itinerario, la

duración del viaje, la prueba de su continuidad hasta el destino final, las garantías

de retorno al país de residencia o de procedencia, así como que no tiene intención

de entrar en el territorio de los Estados Schengen. En todo caso, si transcurridos 15

días desde el requerimiento el solicitante no comparece personalmente, se le

tendrá por desistido de su solicitud y se producirá el archivo del procedimiento.

3. Presentada en forma o subsanada la solicitud de visado y una vez instruido el

procedimiento, la misión diplomática u oficina consular ante la que se presente la

solicitud resolverá y expedirá, en su caso, el visado.

4. En el supuesto de resolución denegatoria por incumplimiento de algunos de los

requisitos de tránsito aeroportuario, incluido el de figurar como persona no

admisible, ésta se notificará mediante el impreso normalizado previsto por la

normativa de la Unión Europea y expresará el recurso que contra ella proceda, así

como el órgano ante el que hubiese de plantearse y el plazo de interposición.

25

 

 


 

5. En el supuesto de concesión del visado, el extranjero deberá recogerlo en el

plazo de un mes desde su notificación, personalmente o mediante representante

debidamente acreditado. De no efectuarse la recogida en el plazo mencionado, se

entenderá que el interesado ha renunciado al visado concedido y se producirá el

archivo del expediente.

26

 

 


 

TÍTULO III. LA ESTANCIA EN ESPAÑA

CAPÍTULO I. Estancia de corta duración

Artículo 28. Definición.

 

1. Se halla en situación de estancia de corta duración el extranjero que no sea

titular de una autorización de residencia y se encuentre autorizado para

permanecer en España por un período ininterrumpido o suma de períodos

sucesivos cuya duración total no exceda de noventa días por semestre a partir de

la fecha de la primera entrada, sin perjuicio de lo dispuesto en el Capítulo II de este

Título para la admisión a efectos de estudios, intercambio de alumnos, prácticas no

laborales o servicios de voluntariado.

Si se trata de una estancia con fines de tránsito, la duración de la estancia

autorizada corresponderá al tiempo necesario para efectuar el tránsito.

2. El régimen de exigencia de visado de estancia será el establecido por el derecho

de la Unión Europea o, para los titulares de pasaportes diplomáticos, oficiales o de

servicio, el que dispongan los acuerdos internacionales suscritos por España.

3. En los supuestos en que la situación de estancia exija visado, ésta deberá

realizarse dentro de su período de validez.

Sección 1ª. Requisitos y procedimiento

Artículo 29. Visados de estancia de corta duración. Clases.

Los visados de estancia de corta duración pueden ser:

a) Visado uniforme: válido para el tránsito por el Espacio Schengen durante un

periodo no superior al tiempo necesario para realizar dicho tránsito o para la

estancia en dicho Espacio Schengen hasta un máximo de tres meses por

semestre. Podrá permitir uno, dos o múltiples tránsitos o estancias cuya duración

total no podrá exceder de tres meses por semestre.

 

Únicamente en los supuestos previstos en el artículo 39 de la Ley Orgánica 4/2000,

de 11 de enero, el visado de estancia autorizará al titular para buscar empleo y

solicitar la autorización de residencia y trabajo en España durante su vigencia en

los términos y condiciones establecidos en este Reglamento, que el Gobierno

completará mediante acuerdo al respecto.

 

b) Visado de validez territorial limitada: valido para el tránsito o la estancia en el

territorio de uno o más de los Estados que integran el Espacio Schengen, pero no

para todos ellos. La duración total del tránsito o de la estancia no podrá exceder de

tres meses por semestre.

 

27

 

 


 

Artículo 30. Solicitud de visado de estancia de corta duración.

 

1. El procedimiento y condiciones para la expedición de visados uniformes y de

validez territorial limitada se regulan por lo establecido en el derecho de la Unión

Europea.

2. En la tramitación del procedimiento, la misión diplomática u oficina consular

Artículo 31. Visados expedidos en las fronteras exteriores.

 

1. En supuestos excepcionales debidamente acreditados o por encomienda del

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, los responsables de los

servicios policiales del Ministerio del Interior a cargo del control de entrada de

personas en territorio español podrán expedir en frontera visados uniformes o de

validez territorial limitada.

podrá requerir la comparecencia del solicitante y, cuando lo estime necesario,

mantener una entrevista personal para comprobar la identidad del solicitante, la

validez de su documentación personal o de la documentación aportada, la

regularidad de la estancia o residencia en el país de solicitud, el motivo, itinerario,

duración del viaje y las garantías de que el solicitante tiene intención de abandonar

el territorio de los Estados miembros antes de la expiración del visado solicitado.

En todo caso, si transcurridos quince días desde el requerimiento el solicitante no

comparece personalmente, se le tendrá por desistido de su solicitud y se producirá

el archivo del procedimiento.

3. Presentada en forma o subsanada la solicitud de visado y una vez instruido el

procedimiento, la misión diplomática u oficina consular ante la que se presente la

solicitud resolverá y expedirá, en su caso, el visado.

4. En el supuesto de resolución denegatoria por incumplimiento de algunos de los

requisitos, ésta se notificará mediante el impreso normalizado previsto por la

normativa de la Unión Europea y expresará el recurso que contra ella proceda, el

órgano ante el que hubiese de plantearse y el plazo para la interposición.

5. En el supuesto de concesión del visado, el extranjero deberá recogerlo en el

plazo de un mes desde su notificación, personalmente o mediante representante

debidamente acreditado. De no efectuarse la recogida en el plazo mencionado, se

entenderá que el interesado ha renunciado al visado concedido y se producirá el

archivo del expediente.

2. Asimismo se podrá expedir un visado uniforme o de validez territorial limitada

con fines de tránsito al marino que pretenda embarcar o desembarcar en un buque

en el que vaya a trabajar o haya trabajo como marino.

28

 

 


 

3. Los visados mencionados en los dos apartados anteriores se tramitarán según lo

establecido en el derecho de la Unión Europea.

Sección 2ª. Prórroga y extinción de la estancia de corta duración.

 

Artículo 32. Prórroga de estancia sin visado. Procedimiento.

 

la presentación de la solicitud o en el momento de la tramitación en que a tal efecto

fuera requerido por el órgano competente.

 

4. La prórroga de estancia podrá ser concedida por los Subdelegados del

Gobierno, por los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas

uniprovinciales, y por el Comisario General de Extranjería y Fronteras de la

1. El extranjero que haya entrado en España para fines que no sean de trabajo o

residencia, salvo en los casos de ser titular de un visado para búsqueda de

empleo, y se encuentre en el período de estancia que señala el artículo 30 de la

Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, podrá solicitar una prórroga de estancia de

corta duración, con el límite temporal previsto en dicho artículo.

2. La solicitud se formalizará en los modelos oficiales, determinados por la

Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, y a ella se acompañarán los

siguientes documentos:

a) Pasaporte ordinario o documento de viaje, con vigencia superior a la de la

prórroga de estancia que se solicite, que se anotará en el expediente y se

devolverá al interesado.

b) Acreditación de las razones alegadas para la solicitud, que deberán ser

excepcionales, en el supuesto de nacionales de Estados a los que no se exige

visado para su entrada en España.

c) Prueba suficiente de que dispone de medios de vida adecuados para el tiempo

de prórroga que solicita, en los términos que establece el título I.

d) Un seguro de viaje con la misma cobertura que el necesario para la solicitud del

visado de estancia de corta duración, y con una vigencia igual o superior a la

prórroga solicitada.

e) Las garantías de retorno al país de procedencia o, en su caso, de admisión en el

Estado tercero de destino, con anterioridad a la fecha de finalización de la prórroga

que se solicita. Podrá servir como medio para acreditar dicha circunstancia la

aportación de un billete adquirido a nombre del solicitante con fecha de retorno

cerrada anterior a la finalización del período de prórroga de estancia solicitada.

3. El solicitante deberá identificarse personalmente ante la Oficina de Extranjería,

jefatura superior o comisaría de policía de la localidad donde se encuentre, al hacer

29

 

 


 

Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, previo informe de la jefatura

superior o comisaría de policía, si concurren las siguientes circunstancias:

a) Que la documentación se adapte a lo preceptuado en este artículo.

b) Que el solicitante no esté incurso en ninguna de las causas:

1ª De prohibición de entrada determinadas en el título I, porque no se hubieran

 

 

conocido en el momento de su entrada o porque hubieran acontecido durante su

estancia en España.

2ª De expulsión o devolución.

5. La prórroga de estancia se hará constar en el pasaporte o título de viaje, o en

documento aparte si el interesado hubiera entrado en España con otro tipo de

documentación, y amparará a su titular y a los familiares que, en su caso, figuren

en dichos documentos y se encuentren en España.

6. Las resoluciones denegatorias sobre la prórroga de estancia habrán de ser

motivadas y deberán notificarse formalmente al interesado, con las garantías de

recurso previstas legalmente, y dispondrán su salida del mismo del territorio

nacional, que deberá realizarse antes de que finalice el período de estancia inicial

o, de haber transcurrido éste, en el plazo fijado en la resolución denegatoria, que

no podrá ser superior a setenta y dos horas, en la forma regulada en este

Reglamento. El plazo de salida se hará constar, conforme a lo dispuesto en este

Reglamento, en el pasaporte o título de viaje o en el impreso correspondiente

previsto para dejar constancia de la salida del territorio nacional.

Artículo 33. Extinción de la prórroga de estancia.

La vigencia de la prórroga de estancia se extinguirá por las siguientes causas:

a) El transcurso del plazo para el que hubiera sido concedida.

b) Hallarse el extranjero incurso en alguna de las causas de prohibición de entrada

previstas en el título I.

Artículo 34. Prórroga del visado de estancia de corta duración.

 

1. La prórroga de un visado expedido o de la duración de la estancia autorizada se

llevará a cabo según lo establecido en el derecho de la Unión Europea.

2. Será competente para la tramitación del procedimiento de prórroga del visado la

Oficina de Extranjería de la provincia donde vaya a permanecer el extranjero. La

prórroga concedida se plasmará en una etiqueta de visado que se expedirá en las

30

 

 


 

Artículo 35. Anulación y retirada del visado de estancia de corta duración.

1. La anulación y retirada del visado uniforme o de validez territorial limitada se

llevará a cabo según lo establecido en la normativa de la Unión europea.

2. La competencia para la anulación y retirada del visado de estancia de corta

duración corresponderá a los Subdelegados del Gobierno, o a los Delegados del

Gobierno en las Comunidades Autónomas uniprovinciales.

Tramitado el correspondiente procedimiento por la Oficina de Extranjería de la

Delegación o Subdelegación del Gobierno competente, dicha unidad notificará la

resolución al interesado en el impreso normalizado establecido por la normativa de

la Unión Europea, expresando el recurso que contra ella proceda, el órgano ante el

que hubiese de plantearse y el plazo para su interposición.

Sección 3ª. Supuestos excepcionales de estancia de corta duración.

Artículo 36. Estancia en supuestos de entrada o documentación irregulares.

Excepcionalmente, y siempre que existan motivos humanitarios, de interés público

u obligaciones internacionales, el titular del Ministerio del Interior o el titular del

Ministerio de Trabajo e Inmigración podrán autorizar la estancia en territorio

español, por un máximo de tres meses en un período de seis, a los extranjeros que

hubieran entrado en él con documentación defectuosa o incluso sin ella o por

lugares no habilitados al efecto.

Artículo 35. Anulación y retirada del visado de estancia de corta duración.

1. La anulación y retirada del visado uniforme o de validez territorial limitada se

llevará a cabo según lo establecido en la normativa de la Unión europea.

2. La competencia para la anulación y retirada del visado de estancia de corta

duración corresponderá a los Subdelegados del Gobierno, o a los Delegados del

Gobierno en las Comunidades Autónomas uniprovinciales.

Tramitado el correspondiente procedimiento por la Oficina de Extranjería de la

Delegación o Subdelegación del Gobierno competente, dicha unidad notificará la

resolución al interesado en el impreso normalizado establecido por la normativa de

la Unión Europea, expresando el recurso que contra ella proceda, el órgano ante el

que hubiese de plantearse y el plazo para su interposición.

Sección 3ª. Supuestos excepcionales de estancia de corta duración.

Artículo 36. Estancia en supuestos de entrada o documentación irregulares.

Excepcionalmente, y siempre que existan motivos humanitarios, de interés público

u obligaciones internacionales, el titular del Ministerio del Interior o el titular del

Ministerio de Trabajo e Inmigración podrán autorizar la estancia en territorio

español, por un máximo de tres meses en un período de seis, a los extranjeros que

hubieran entrado en él con documentación defectuosa o incluso sin ella o por

lugares no habilitados al efecto.

unidades policiales que determine la Dirección General de la Policía y de la

Guardia Civil.

 

3. La Dirección General de Asuntos Consulares y Migratorios será competente para

prorrogar los visados de estancia de corta duración expedidos a los titulares de

pasaportes diplomáticos, oficiales o de servicio por razones de cortesía

internacional.

CAPÍTULO II. Autorización de estancia por estudios, intercambio de alumnos,

prácticas no laborales o servicios de voluntariado

 

Artículo 37. Definición.

 

1. Será titular de una autorización de estancia el extranjero que haya sido

habilitado a permanecer en España por un periodo superior a noventa días con el

fin único o principal de llevar a cabo alguna de las siguientes actividades de

carácter no laboral:

31

 

 


 

d) Realización de prácticas no laborales en un organismo o entidad pública o

privada.

e) Prestación de un servicio de voluntariado dentro de un programa que persiga

objetivos de interés general.

2. El visado de estudios incorporada la autorización de estancia y habilitará al

extranjero a permanecer en España en situación de estancia para la realización de

la actividad respecto a la que se haya concedido.

3. La duración de la estancia será igual a la de la actividad respecto a la que se

concedió la autorización, con el límite máximo de un año.

Artículo 38. Requisitos para obtener el visado.

Son requisitos para la obtención del visado de estudios:

1. Con carácter general y para todos los supuestos previstos en el apartado

anterior:

a) Requisitos a valorar por la Misión diplomática u Oficina consular:

1º. Si el extranjero fuera menor de edad, y cuando no venga acompañado de sus

padres o tutores y no se encuentre bajo el supuesto del artículo 186, estar

autorizado por éstos para el desplazamiento a España a efectos de realizar la

actividad de que se trate, con constancia del centro, organización, entidad y

organismo responsable de la actividad y del periodo de estancia previsto.

d) Realización de prácticas no laborales en un organismo o entidad pública o

privada.

e) Prestación de un servicio de voluntariado dentro de un programa que persiga

objetivos de interés general.

2. El visado de estudios incorporada la autorización de estancia y habilitará al

extranjero a permanecer en España en situación de estancia para la realización de

la actividad respecto a la que se haya concedido.

3. La duración de la estancia será igual a la de la actividad respecto a la que se

concedió la autorización, con el límite máximo de un año.

Artículo 38. Requisitos para obtener el visado.

Son requisitos para la obtención del visado de estudios:

1. Con carácter general y para todos los supuestos previstos en el apartado

anterior:

a) Requisitos a valorar por la Misión diplomática u Oficina consular:

1º. Si el extranjero fuera menor de edad, y cuando no venga acompañado de sus

padres o tutores y no se encuentre bajo el supuesto del artículo 186, estar

autorizado por éstos para el desplazamiento a España a efectos de realizar la

actividad de que se trate, con constancia del centro, organización, entidad y

organismo responsable de la actividad y del periodo de estancia previsto.

a) Realización o ampliación de estudios en un centro de enseñanza reconocido

oficialmente en España, en un programa a tiempo completo, que conduzca a la

obtención de un título.

 

b) Realización de actividades de investigación o formación.

 

c) Participación en un programa de intercambio de alumnos, para seguir un

programa de enseñanza secundaria en un centro docente o científico oficialmente

reconocido.

 

2º. Tener garantizados los medios económicos necesarios para sufragar los gastos

de estancia y regreso a su país, y, en su caso, los de sus familiares, de acuerdo

con las siguientes cuantías:

 

Para su sostenimiento, una cantidad que represente mensualmente el 100% del

IPREM, salvo que se acredite debidamente tener abonado de antemano el

alojamiento por todo el tiempo que haya de durar la estancia.

 

32

 

 


 

Para el sostenimiento de los familiares que estén a su cargo, durante su estancia

en España: una cantidad que represente mensualmente el 75% del IPREM, para el

primer familiar, y el 50% del IPREM para cada una de las restantes personas que

vayan a integrar la unidad familiar en España, salvo que se acredite debidamente

tener abonado de antemano el alojamiento por todo el tiempo que haya de durar la

estancia.

 

No se computarán, a los efectos de garantizar ese sostenimiento, las cuantías

 

utilizadas o a utilizar para sufragar, en su caso, el coste de los estudios, del

programa de intercambio o de las prácticas no laborales.

3º. Haber abonado la tasa por tramitación del procedimiento.

4º. Contar con un seguro, público o privado, de enfermedad que cubra los riesgos

normalmente asegurados a los ciudadanos españoles

5º. Cuando la duración de la estancia supere los seis meses, se requerirá, además:

No padecer ninguna de las enfermedades que pueden tener repercusiones de

salud pública graves de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Sanitario

Internacional de 2005.

Cuando se trate de solicitantes mayores de edad penal, carecer de antecedentes

penales en sus países anteriores de residencia durante los últimos cinco años, por

delitos previstos en el ordenamiento español.

b) Requisito a valorar por la Oficina de Extranjería: cuando se trate de solicitantes

mayores de edad penal y para estancias superiores a seis meses, que carecen de

antecedentes penales en España, durante los últimos cinco años

2. Además de los requisitos de carácter general establecidos en el apartado

anterior, será necesario cumplir, para cada uno de los supuestos de estancia

previstos, los siguientes requisitos específicos, a valorar por la Oficina de

Extranjería:

a) Realización o ampliación de estudios: haber sido admitido en un centro de

enseñanza reconocido en España, para la realización de un programa a tiempo

completo, que conduzca a la obtención de un título.

b) Realización de actividades de investigación o formación: haber sido admitido en

un centro docente reconocido en España para la realización de dichas actividades.

 

c) Participación en un programa de intercambio de alumnos, para seguir un

programa de enseñanza secundaria en un centro docente o científico oficialmente

reconocido:

 

1º. Haber sido admitido en un centro de enseñanza secundaria o científico

oficialmente reconocido.

 

33

 

 


 

2º. Haber sido admitido como participante en un programa de intercambio de

alumnos, llevado a cabo por una organización oficialmente reconocida para ello.

 

3º. Que la organización de intercambio de alumnos se haga responsable del

alumno durante su estancia, en particular en cuanto al coste de sus estudios, así

como los gastos de estancia y regreso a su país.

 

4º. Ser acogido por una familia o institución durante su estancia, en las condiciones

 

normativamente establecidas, y que habrá sido seleccionada por la organización

responsable del programa de intercambio de alumnos en que participa.

d) Realización de prácticas no laborales, en el marco de un convenio firmado con

un organismo o entidad pública o privada: haber sido admitido para la realización

de prácticas no remuneradas, en base a la firma de un convenio, en una empresa

pública o privada o en un centro de formación profesional reconocido oficialmente.

e) Prestación de un servicio de voluntariado:

1º. Presentar un convenio firmado con la organización encargada del programa de

voluntariado, que incluya una descripción de las actividades y de las condiciones

para realizarlas, del horario a cumplir, así como de los recursos disponibles para

cubrir su viaje, manutención y alojamiento durante su estancia.

2º. Que la organización haya suscrito un seguro de responsabilidad por sus

actividades.

Artículo 39. Procedimiento.

1. La solicitud deberá presentarse personalmente, en modelo oficial, en la misión

diplomática u oficina consular española en cuya demarcación resida el extranjero.

2. A la solicitud se acompañarán los siguientes documentos:

a) Pasaporte en vigor o título de viaje, reconocido como válido en España, con una

vigencia mínima del periodo para el que se solicita la estancia.

b) La documentación que acredite el cumplimiento de todos los requisitos previstos

en el artículo anterior, en función del supuesto concreto en que se fundamente la

solicitud.

Sin perjuicio de ello, la inexistencia de antecedentes penales en España será

comprobada de oficio por la Administración.

 

3. La oficina consular requerirá, por medios telemáticos, resolución de la

Delegación o Subdelegación del Gobierno competente sobre la autorización de

estancia.

34

 

 


 

Con carácter previo a dictar resolución sobre la autorización de estancia, la

Delegación o Subdelegación del Gobierno requerirá informe policial, cuyo

contenido valorará en el marco de su decisión.

 

Será competente la Delegación o Subdelegación del Gobierno en la provincia en la

que vaya a iniciarse la actividad.

 

El plazo máximo para resolver sobre la autorización será de siete días desde la

recepción de la solicitud, transcurridos los cuales sin haber obtenido respuesta se

4. Si la resolución sobre la autorización de estancia es desfavorable, la misión

diplomática u oficina consular notificará al interesado el sentido de la resolución,

informándole por escrito en el mismo documento de los recursos administrativos y

judiciales que procedan contra la misma, las autoridades ante los que deban

interponerse y los plazos previstos para ello. Igualmente, la misión diplomática u

oficina consular resolverá el archivo del procedimiento relativo al visado.

5. Concedida, en su caso, la autorización de estancia, la misión diplomática u

oficina consular resolverá y expedirá, en su caso, el visado. La duración del visado

será igual al periodo de estancia autorizado, salvo en los supuestos en los que

proceda la emisión de Tarjeta de Identidad de Extranjero.

El visado será denegado:

a) En su caso, cuando consten antecedentes penales del solicitante en sus países

anteriores de residencia durante los últimos cinco años por delitos previstos en el

ordenamiento español.

b) Cuando, para fundamentar la petición, se hayan presentado documentos falsos

o formulado alegaciones inexactas, y medie mala fe.

c) Cuando concurra una causa prevista legalmente de inadmisión a trámite que no

hubiera sido apreciada en el momento de la recepción de la solicitud.

6. En el supuesto de concesión del visado, el extranjero deberá recogerlo en el

plazo de dos

entenderá que su sentido es favorable.

 

meses desde su notificación. De no efectuarse en el plazo

mencionado la recogida, se entenderá que el interesado ha renunciado al visado

concedido y se producirá el archivo del procedimiento.

 

7. Si la estancia tuviera una duración superior a seis meses, el extranjero deberá

solicitar la correspondiente Tarjeta de Identidad de Extranjero en el plazo de un

mes desde la entrada efectiva en España.

35

 

 


 

Artículo 40. Prorroga.

 

1. La autorización de estancia podrá prorrogarse anualmente cuando el interesado

acredite que sigue reuniendo los requisitos previstos en el artículo 38, tanto de

carácter general como específicos respecto a la actividad para cuya realización fue

autorizado a permanecer en España.

En su caso, habrá de acreditar igualmente que ha superado las pruebas o

 

requisitos pertinentes para la continuidad de sus estudios o que la investigación

desarrollada por el extranjero progresa. Este requisito podrá acreditarse a través de

la realización de estudios o investigaciones en el territorio de otro Estado miembro

de la Unión Europea, en el marco de programas temporales promovidos por la

propia Unión.

2. La prórroga deberá solicitarse, en modelo oficial, durante los 60 días naturales

previos a la fecha de expiración de la vigencia de su autorización. La presentación

de la solicitud en este plazo prorrogará la validez de la autorización anterior hasta

la resolución del procedimiento. También se prorrogará hasta la resolución del

procedimiento en el supuesto en que la solicitud se presentase dentro de los 90

días naturales posteriores a la fecha en que hubiera finalizado la vigencia de la

anterior autorización, sin perjuicio de la incoación del correspondiente

procedimiento sancionador por la infracción en la que se hubiese incurrido.

La solicitud podrá presentarse de acuerdo con lo previsto en el artículo 38.4 de la

ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Artículo 41. Familiares del titular de una autorización de estancia.

1. Los familiares de extranjeros que hayan solicitado un visado de estudios o se

encuentren en España de acuerdo con lo regulado en este capítulo, podrán solicitar

los correspondientes visados de estancia para entrar y permanecer legalmente en

España durante la vigencia de su estancia, sin que se exija un período previo de

estancia al extranjero titular del visado de estudios.

2. El término familiar se entenderá referido, a estos efectos, al cónyuge, pareja de

hecho, e hijos menores de dieciocho años o que no sean objetivamente capaces

de proveer a sus propias necesidades debido a su estado de salud.

Los requisitos a acreditar para la concesión del visado a favor del familiar serán los

siguientes:

 

1º. Que el extranjero se encuentre en situación de estancia en vigor de acuerdo

con lo previsto en este Capítulo.

 

2º. Que dicho extranjero cuente con medios de vida suficiente para el

sostenimiento de la unidad familiar.

 

36

 

 


 

3º. Que se acredite el vínculo de parentesco entre ambos.

 

3. Los familiares dotados del visado referido podrán permanecer legalmente en

territorio español durante el mismo período y con idéntica situación que el titular de

la autorización principal. Su permanencia estará en todo caso vinculada a la

situación de estancia del titular de la autorización principal.

Si su estancia fuera superior a seis meses, deberán solicitar la correspondiente

 

tarjeta de identidad extranjero en el plazo de un mes desde su entrada en España.

4. Los familiares no podrán obtener la autorización para la realización de

actividades lucrativas a la que se refiere el artículo siguiente.

Artículo 42. Trabajo de titulares de una autorización de estancia.

1. Los extranjeros que dispongan de la correspondiente autorización de estancia

por estudios, investigación o formación, prácticas no laborales o servicios de

voluntariado podrán ser autorizados a realizar actividades laborales en instituciones

públicas o entidades privadas cuando el empleador como sujeto legitimado

presente la solicitud de autorización de trabajo y los requisitos previstos en el

artículo 64, excepto el apartado 2.b) y el apartado 3.a).

Asimismo, podrán ser autorizados a realizar actividades por cuenta propia, siempre

y cuando se cumplan los requisitos previstos en el artículo 103, excepto el apartado

2.b) y 3 e).

Dichas actividades deberán ser compatibles con la realización de aquéllas para las

que, con carácter principal, se concedió la autorización de estancia. Los ingresos

obtenidos no podrán tener el carácter de recurso necesario para su sustento o

estancia, ni serán considerados en el marco del procedimiento de prórroga de

estancia.

En su caso, no será preciso solicitar autorización para aquellas prácticas no

laborales en entidades públicas o privadas que formen parte del plan de estudios

para el que se otorgó la autorización de estancia y que se produzcan en el marco

de los correspondientes convenios de colaboración entre dichas entidades y el

centro docente o científico de que se trate.

2. Los contratos deberán formalizarse por escrito y se ajustarán a la modalidad de

contrato de trabajo a tiempo parcial. En el supuesto de ser a jornada completa, o

en caso de actividades por cuenta propia a jornada completa, su duración no podrá

superar los tres meses ni coincidir con los periodos en que se realicen los estudios,

la investigación, las prácticas no laborales o el servicio de voluntariado.

 

3. La autorización que se conceda no tendrá limitaciones geográficas, salvo que la

actividad lucrativa coincida con períodos en que se realicen los estudios, la

investigación, las prácticas no laborales, o el servicio de voluntariado.

37

 

 


 

No tendrá tampoco limitaciones geográficas la autorización cuando, pese a su

coincidencia con el periodo de realización de la actividad principal, se acredite que

la forma de organización de la actividad laboral permitirá su compatibilidad con la

consecución de aquélla por no requerir desplazamientos continuos.

 

La limitación del ámbito geográfico de la autorización para trabajar, de ser

establecida, coincidirá con carácter general con el ámbito territorial de estancia de

su titular.

 

la

Podrá excepcionarse la coincidencia de ámbito geográfico de las autorizaciones

siempre que la localización del centro de trabajo o del centro en que se desarrolle

continuos

competencia

la autorización de estancia.

sanitario.

Los extranjeros que

actividad por cuenta propia no implique desplazamientos que

supongan la ruptura del requisito de compatibilidad con la finalidad principal para la

que se concedió la autorización de estancia.

 

Cuando la relación laboral se inicie y desarrolle en el ámbito territorial de una sola

Comunidad Autónoma y ésta haya asumido la ejecutiva de

tramitación y resolución de las autorizaciones iniciales de trabajo por cuenta propia

y ajena corresponderá a los órganos competentes de la Comunidad Autónoma la

admisión, tramitación, resolución de solicitudes y, eventualmente, de los recursos

administrativos.

 

4. La vigencia de la autorización para trabajar coincidirá con la duración del

contrato de trabajo o, en su caso, con la proyectada para la actividad por cuenta

propia. Dicha vigencia no podrá ser en ningún caso superior a la de la duración de

la autorización de estancia. La pérdida de vigencia de la autorización de estancia

será causa de extinción de la autorización para trabajar.

Las autorizaciones para trabajar se prorrogarán si subsisten las circunstancias que

motivaron la concesión anterior, siempre y cuando se haya obtenido la prórroga de

 

Artículo 43. Régimen especial de los estudios de especialización en el ámbito

 

ostenten un título español de licenciado o graduado en

medicina, farmacia, enfermería u otros títulos universitarios que habiliten para

participar en las convocatorias anuales de pruebas selectivas para el acceso a

plazas de formación sanitaria especializada, podrán realizar, si obtienen plaza, las

actividades laborales derivadas de lo previsto en el Real Decreto 1146/2006, de 6

de octubre, por el que se regula la relación laboral especial de residencia para la

formación de especialistas en Ciencias de la Salud, sin que sea necesario que

dispongan de la correspondiente autorización de trabajo.

 

Lo previsto en el párrafo anterior se entenderá sin perjuicio de la necesidad de

comunicación de esta circunstancia a la Oficina de Extranjería competente.

 

38

 

 


 

Igual posibilidad se establece en relación con los extranjeros que ostenten un título

extranjero debidamente reconocido u homologado a los previstos en el párrafo

anterior, así como los requisitos mencionados.

 

La Oficina Consular de su lugar de residencia podrá expedir el visado de estudios

tras la verificación de que han sido adjudicatarios de plaza en los estudios de

especialización mencionados en el párrafo anterior.

 

Artículo 44. Movilidad dentro de la Unión Europea.

 

1. para la realización

no siendo exigible la

de enseñanza,

otro Estado miembro de la Unión Europea.

artículo 38, apartados 1 y 2.a).

el plazo máximo de un mes.

Todo estudiante extranjero que haya sido admitido o

ampliación de estudios en otro Estado miembro de la Unión Europea podrá solicitar

cursar o completar parte de sus estudios en España,

obtención de visado.

El estudiante extranjero podrá ser acompañado por los miembros de su familia en

los términos establecidos en el artículo 41 de este Reglamento.

 

2. La solicitud podrá ser presentada en cualquier momento anterior a la entrada en

territorio español y, a más tardar, en el plazo de un mes desde que se efectúe la

misma.

Se presentará, dirigida a la Oficina de Extranjería correspondiente a la provincia en

que esté situado el centro ante la oficina consular española

correspondiente al lugar previo de residencia en la Unión Europea o ante la propia

Oficina de Extranjería.

 

3. A la solicitud se acompañará la siguiente documentación.

a) Documentación acreditativa de su condición de admitido como estudiante en

 

b) Documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos establecidos en el

 

4. La Oficina de Extranjería resolverá sobre la solicitud y notificará la resolución en

5. Concedida, en su caso, la autorización, el extranjero deberá entrar en España en

el plazo máximo de tres meses desde la notificación de la resolución, de no

encontrarse ya en territorio español.

6. En caso de autorizaciones de estancia de duración superior a seis meses, el

extranjero habrá de solicitar personalmente la tarjeta de identidad de extranjero,

ante la Oficina de Extranjería correspondiente, en el plazo de un mes desde la

notificación de la resolución o, en su caso, de la entrada en España.

39

 

 


 

TÍTULO IV. RESIDENCIA TEMPORAL

 

Artículo 45. Definición y supuestos de residencia temporal.

 

1. Se halla en la situación de residencia temporal el extranjero que se encuentre

autorizado a permanecer en España, por un período superior a noventa días e

inferior a cinco años, sin perjuicio de lo establecido en materia de estancia por

estudios, intercambio de alumnos, prácticas no laborales o servicios de

voluntariado.

2. Los extranjeros en situación de residencia temporal serán titulares de uno de los

siguientes tipos de autorización:

a) Autorización de residencia temporal no lucrativa.

b) Autorización de residencia temporal por reagrupación familiar.

c) Autorización de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena.

d) Autorización de residencia temporal y trabajo para investigación.

e) Autorización de residencia temporal y trabajo de profesionales altamente

cualificados.

f) Autorización de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena de duración

determinada.

g) Autorización de residencia temporal y trabajo por cuenta propia.

h) Autorización de residencia temporal y trabajo en el marco de prestaciones

transnacionales de servicios.

i) Autorización de residencia temporal con excepción de la autorización de trabajo.

CAPÍTULO I. Residencia temporal no lucrativa

Artículo 46. Requisitos.

Para la concesión de una autorización inicial de residencia temporal sin realizar

actividades laborales o profesionales, así como del correspondiente visado, el

extranjero solicitante deberá cumplir los siguientes requisitos:

 

a) No encontrarse irregularmente en territorio español.

 

b) En el caso de que el solicitante sea mayor de edad penal, carecer de

antecedentes penales en España y en los países anteriores donde haya

 

40

 

 


 

residido durante los últimos cinco años, por delitos previstos en el ordenamiento

español.

 

c) No figurar como rechazable en el espacio territorial de países con los que

España tenga firmado un convenio en tal sentido.

 

d) Contar con medios de vida suficientes para atender sus gastos de manutención

y estancia, incluyendo, en su caso, los de su familia, durante el período de

tiempo por el que se desee residir en España, y sin necesidad de desarrollar

 

ninguna actividad laboral o profesional, de conformidad con lo dispuesto en esta

sección.

e) Contar con un seguro, público o privado, de enfermedad, que cubra los riesgos

normalmente asegurados a los ciudadanos españoles.

f) No encontrarse, en su caso, dentro del plazo de compromiso de no retorno a

España que el extranjero haya asumido al retornar voluntariamente a su país de

origen.

g) No padecer ninguna de las enfermedades que pueden tener repercusiones de

salud pública graves de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento

Sanitario Internacional de 2005.

h) Haber abonado la tasa por tramitación de los procedimientos.

Artículo 47. Medios económicos a acreditar para la obtención o renovación de

una autorización de residencia temporal.

1. Los extranjeros que deseen residir en España sin realizar una actividad laboral

o lucrativa, deberán contar con medios de vida suficientes para el período de

residencia que solicitan, o acreditar una fuente de percepción periódica de

ingresos, para sí mismo y su familia, en las siguientes cuantías, que se

establecen con carácter de mínimas y referidas al momento de solicitud del

visado o de renovación de la autorización:

a) Para su sostenimiento, durante su residencia en España, una cantidad que

represente mensualmente en euros el 400% del IPREM, o su equivalente

legal en moneda extranjera.

b) Para el sostenimiento de cada uno de los familiares a su cargo, durante su

residencia en España, una cantidad que represente mensualmente en euros

el 100% del IPREM, o su equivalente legal en moneda extranjera, cantidad a

acreditar de forma adicional a la referida en el guión anterior de este

apartado.

 

 

41

 

 


 

En los casos en que los familiares a cargo sean titulares de una autorización

de residencia por reagrupación familiar, les serán de aplicación, para la

renovación de sus solicitudes, las cuantías requeridas en dicho ámbito.

 

2.

En ambos casos, la cuantía global bruta de medios económicos habrá de

suponer la disposición de la cuantía mensual calculada con base a lo

establecido en el apartado anterior, en relación con el tiempo de vigencia de la

autorización solicitada.

3. La disponibilidad de medios de vida suficientes se acreditará mediante la

presentación de la documentación que permita verificar la tenencia de un

patrimonio o la percepción de ingresos periódicos, suficientes y adecuados.

La disponibilidad se podrá acreditar por cualquier medio de prueba admitido en

Derecho, incluyendo la aportación de títulos de propiedad, cheques certificados

o tarjetas de crédito, que deberán ir acompañados de una certificación bancaria

que acredite la cantidad disponible como crédito de la citada tarjeta.

Si los medios de vida proceden de acciones o participaciones en empresas

españolas, mixtas o extranjeras, radicadas en España, el interesado acreditará,

mediante certificación de las mismas, que no ejerce actividad laboral alguna en

dichas empresas, y presentará declaración jurada en tal sentido.

En el caso de que pretenda certificarse la disponibilidad de medios de vida

mediante la tenencia de un patrimonio, deberá acreditarse que dicho patrimonio

garantiza la percepción de ingresos periódicos, suficientes y adecuados.

Artículos 48. Procedimiento.

1. El extranjero que desee residir temporalmente en España sin realizar actividades

laborales o profesionales, deberá solicitar, personalmente, el correspondiente

visado, según el modelo oficial, en la misión diplomática u oficina consular

española de su demarcación de residencia. El Ministerio de Asuntos Exteriores y

de Cooperación, si media causa que lo justifique, podrá determinar otra misión

diplomática u oficina consular en la que corresponda presentar la solicitud.

La solicitud del visado conllevará la de la autorización de residencia temporal no

lucrativa.

2. A la solicitud deberá acompañar:

a) Pasaporte en vigor o título de viaje, reconocido como válido en España, con una

vigencia mínima de un año.

 

b) Certificado de antecedentes penales, o documento equivalente, en el caso de

solicitante mayor de edad penal, expedido por las autoridades del país de origen o

 

 

42

 

 


 

del país o países en que haya residido durante los últimos cinco años, y que

acredite el cumplimiento del requisito previsto en el apartado b) del artículo 46.

 

c) Los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos previstos en los

apartados d) y e) del artículo 46.

 

d) Certificado médico que acredite el cumplimiento del requisito previsto en el

apartado g) del artículo 46.

 

3. Presentada la solicitud, será grabada en el sistema de visados de la aplicación

correspondiente, de forma que la Delegación o Subdelegación del Gobierno en

cuya demarcación solicite la residencia el extranjero tenga constancia de la

solicitud presentada, así como de la documentación que la acompaña en lo relativo

a los requisitos que le corresponde valorar.

4. La Delegación o Subdelegación del Gobierno, en el plazo máximo de un mes

desde la recepción de la solicitud, resolverá la concesión o denegación de la

autorización de residencia, previa valoración del cumplimiento de los requisitos

previstos en el apartado f) del artículo 46, así como del previsto en su apartado b)

en lo que respecta a la carencia de antecedentes penales en España.

A dichos efectos, recabará de oficio el informe de los de los servicios competentes

de la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil en materia de seguridad y

orden público, así como el del Registro Central de Penados y Rebeldes.

La Delegación o Subdelegación del Gobierno grabará la resolución en la aplicación

correspondiente, para su conocimiento por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de

Cooperación y por la oficina consular o misión diplomática correspondiente, y la

eficacia de la autorización quedará supeditada a la expedición, en su caso, del

visado y a la efectiva entrada del extranjero en territorio nacional.

5. Si la resolución es desfavorable, y así se entenderá si en el plazo de un mes no

se comunica, la misión diplomática u oficina consular notificará al interesado el

sentido de la resolución, informándole por escrito en el mismo documento de los

recursos administrativos y judiciales que procedan contra la misma, las autoridades

ante los que deban interponerse y los plazos previstos para ello. Igualmente, la

misión diplomática u oficina consular resolverá el archivo del procedimiento relativo

al visado.

6. Concedida, en su caso, la autorización, la misión diplomática u oficina consular

resolverá y expedirá, en su caso, el visado, previa valoración del cumplimiento de

los requisitos previstos en los apartados a), c), d), e) y g) del artículo 46, así como

del previsto en su apartado b) en lo que respecta a la carencia de antecedentes

penales en anteriores países de residencia del extranjero.

 

El visado será denegado:

 

43

 

 


 

7. Notificada, en su caso, la concesión del visado, el solicitante deberá recogerlo

personalmente en el plazo de un mes. En caso de no hacerlo así, se entenderá que

el interesado ha renunciado al visado concedido, y se producirá el archivo del

8. Asimismo, una vez recogido el visado, el solicitante deberá entrar en el territorio

español, de conformidad con lo establecido en el título I, en el plazo de vigencia del

Una vez efectuada la entrada, deberá solicitar personalmente, en el plazo de un

extranjero. Dicha tarjeta será expedida por el plazo de validez de la autorización de

residencia temporal y será retirada por el extranjero.

Artículo 49. Efectos del visado y duración de la autorización inicial de

1. El visado que se expida incorporará la autorización inicial de residencia, y la

vigencia de ésta comenzará desde la fecha

España, la cual deberá hacerse constar obligatoriamente en el pasaporte o título de

Artículo 50.

extraordinario.

El Ministerio

7. Notificada, en su caso, la concesión del visado, el solicitante deberá recogerlo

personalmente en el plazo de un mes. En caso de no hacerlo así, se entenderá que

el interesado ha renunciado al visado concedido, y se producirá el archivo del

8. Asimismo, una vez recogido el visado, el solicitante deberá entrar en el territorio

español, de conformidad con lo establecido en el título I, en el plazo de vigencia del

Una vez efectuada la entrada, deberá solicitar personalmente, en el plazo de un

extranjero. Dicha tarjeta será expedida por el plazo de validez de la autorización de

residencia temporal y será retirada por el extranjero.

Artículo 49. Efectos del visado y duración de la autorización inicial de

1. El visado que se expida incorporará la autorización inicial de residencia, y la

vigencia de ésta comenzará desde la fecha

España, la cual deberá hacerse constar obligatoriamente en el pasaporte o título de

Artículo 50.

extraordinario.

El Ministerio

a) Cuando no se acredite el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo

46 cuya valoración corresponda a la misión diplomática u oficina consular.

 

b) Cuando, para fundamentar la petición de visado, se hayan presentado

documentos falsos o formulado alegaciones inexactas, o medie mala fe.

 

c) Cuando concurra una causa prevista legalmente de inadmisión a trámite que no

hubiera sido apreciada en el momento de la recepción de la solicitud.

 

procedimiento.

 

 

visado, que en ningún caso será superior a tres meses.

mes, ante la Oficina de Extranjería correspondiente, la tarjeta de identidad de

 

 

residencia.

 

en que se efectúe la entrada en

viaje.

 

2. La autorización inicial de residencia temporal tendrá la duración de un año.

Visados y autorizaciones de residencia de carácter

 

1. de Asuntos Exteriores y de Cooperación, para atender

circunstancias extraordinarias y en atención al cumplimiento de los fines de la

política exterior del Reino de España y de otras políticas públicas españolas o de la

Unión Europea, en especial la política de inmigración, la política económica y la de

seguridad nacional, la salud pública o las relaciones internacionales de España,

podrá ordenar a una misión diplomática u oficina consular la expedición de un

visado de residencia.

 

44

 

 


 

2. La Dirección General de Asuntos Consulares y Migratorios informará de dicha

expedición a la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración y remitirá copia

de los documentos a), b) y d) del artículo 48.2 de este Reglamento, a los efectos de

concesión al interesado, previo informe del titular de la Secretaría de Estado de

Seguridad, de una autorización extraordinaria de residencia.

Artículo 51. Renovación de la autorización de residencia temporal no

 

lucrativa.

1. El extranjero que desee renovar su autorización de residencia temporal deberá

solicitarla a la Oficina de Extranjería competente para su tramitación, durante los

sesenta días naturales previos a la fecha de expiración de la vigencia de su

autorización. La presentación de la solicitud en este plazo prorroga la validez de la

autorización anterior hasta la resolución del procedimiento. También se prorrogará

hasta la resolución del procedimiento en el supuesto en que la solicitud se

presentase dentro de los noventa días naturales posteriores a la fecha en que

hubiera finalizado la vigencia de la anterior autorización, sin perjuicio de la

incoación del correspondiente procedimiento sancionador por la infracción en que

se hubiese incurrido.

2. Para la renovación de una autorización de residencia temporal no lucrativa, el

extranjero solicitante deberá cumplir los siguientes requisitos:

a) Ser titular de una autorización de residencia temporal no lucrativa en vigor o

hallarse dentro del plazo de los 90 días naturales posteriores a la caducidad de

ésta.

b) Contar con medios de vida suficientes para atender sus gastos de manutención

y estancia, incluyendo, en su caso, los de su familia, durante el período de tiempo

por el que corresponda la renovación, sin necesidad de desarrollar ninguna

actividad laboral o profesional.

c) Contar con un seguro, público o privado, de enfermedad, que cubra los riesgos

normalmente asegurados a los ciudadanos españoles.

d) Haber mantenido escolarizados a los menores a su cargo en edad de

escolarización obligatoria durante la permanencia de éstos en España.

e) Haber abonado la tasa por tramitación del procedimiento.

 

3. A la solicitud, en modelo oficial, deberá acompañar la documentación que

acredite que se reúnen los requisitos señalados en el apartado anterior, como son:

a) Copia del pasaporte completo en vigor o título de viaje, reconocido como válido

en España.

 

 

45

 

 


 

b) Los documentos que acrediten los recursos económicos o los medios de vida

suficientes para atender su gastos de manutención, así como el seguro médico,

durante el período de tiempo por el que se pretenda renovar la residencia en

España sin necesidad de desarrollar ninguna actividad laboral o profesional.

 

c) En su caso, informe emitido por las autoridades autonómicas competentes que

acredite la escolarización de los menores en edad de escolarización obligatoria que

estén a su cargo.

 

4. Para la renovación de la autorización, se valorará, en su caso, previa solicitud de

oficio de los correspondientes informes:

a) La posibilidad de renovar la autorización de residencia a los extranjeros que

hubieren sido condenados por la comisión de un delito y hayan cumplido la

condena, los que hubieran sido indultados o se hallasen en situación de remisión

condicional de la pena o de suspensión de la pena.

b) El incumplimiento de las obligaciones del extranjero en materia tributaria y de

seguridad social.

Igualmente se valorará, teniendo en consideración el informe positivo de la

Comunidad Autónoma de su lugar de residencia, el esfuerzo de integración del

extranjero.

Dicho esfuerzo de integración podrá ser alegado por el extranjero como

información a valorar en caso de no acreditar el cumplimiento de alguno de los

requisitos previstos para la renovación de la autorización.

El informe tendrá como contenido mínimo la certificación, en su caso, de la

participación activa del extranjero en acciones formativas destinadas al

conocimiento y respeto de los valores constitucionales de España y los de la Unión

Europea, así como los valores consagrados en el Estatuto de autonomía de la

Comunidad Autónoma en la que resida. Se tendrá en especial consideración la

formación en materia de derechos humanos, libertades públicas, democracia,

tolerancia e igualdad entre mujeres y hombres, así como la relativa al conocimiento

de las lenguas oficiales y la orientada al empleo. En este sentido, la certificación

hará expresa mención al tiempo de formación dedicado a los ámbitos señalados.

El informe tendrá en consideración las acciones formativas desarrolladas por

entidades públicas o privadas debidamente acreditadas.

5. La autorización de residencia temporal renovada tendrá una vigencia de dos

años, salvo que corresponda obtener una autorización de residencia de larga

duración o de larga duración-UE.

6. La resolución se notificará al interesado. En el supuesto de que la administración

no resuelva expresamente en el plazo de tres meses desde la presentación de la

solicitud, se entenderá que la resolución es favorable.

46

 

 


 

Se halla en situación de residencia temporal, por razón de reagrupación familiar, el

extranjero que haya sido autorizado a permanecer en España en virtud del derecho

a la reagrupación familiar ejercido por un extranjero residente.

Artículo 53. Familiares reagrupables.

El extranjero podrá reagrupar con él en España a los siguientes familiares:

a) Su cónyuge, siempre que no se encuentre separado de hecho o de derecho y

que el matrimonio no se haya celebrado en fraude de ley.

En ningún caso podrá reagruparse a más de un cónyuge, aunque la ley personal

del extranjero admita esta modalidad matrimonial.

El extranjero residente que se encuentre separado de su cónyuge y casado en

segundas o posteriores nupcias sólo podrá reagrupar con él al nuevo cónyuge y

sus familiares si acredita que la separación de sus anteriores matrimonios ha

tenido lugar tras un procedimiento jurídico que fije la situación del cónyuge anterior

y sus familiares en cuanto a la vivienda común, la pensión al cónyuge y los

alimentos para los menores dependientes.

b) La persona que mantenga con el reagrupante una relación de afectividad

análoga a la conyugal. A los efectos previstos en esta sección, se considerará que

existe relación de análoga afectividad a la conyugal cuando:

1º. Dicha relación se encuentre inscrita en un registro público establecido a esos

efectos, y no se haya cancelado dicha inscripción; o

Se halla en situación de residencia temporal, por razón de reagrupación familiar, el

extranjero que haya sido autorizado a permanecer en España en virtud del derecho

a la reagrupación familiar ejercido por un extranjero residente.

Artículo 53. Familiares reagrupables.

El extranjero podrá reagrupar con él en España a los siguientes familiares:

a) Su cónyuge, siempre que no se encuentre separado de hecho o de derecho y

que el matrimonio no se haya celebrado en fraude de ley.

En ningún caso podrá reagruparse a más de un cónyuge, aunque la ley personal

del extranjero admita esta modalidad matrimonial.

El extranjero residente que se encuentre separado de su cónyuge y casado en

segundas o posteriores nupcias sólo podrá reagrupar con él al nuevo cónyuge y

sus familiares si acredita que la separación de sus anteriores matrimonios ha

tenido lugar tras un procedimiento jurídico que fije la situación del cónyuge anterior

y sus familiares en cuanto a la vivienda común, la pensión al cónyuge y los

alimentos para los menores dependientes.

b) La persona que mantenga con el reagrupante una relación de afectividad

análoga a la conyugal. A los efectos previstos en esta sección, se considerará que

existe relación de análoga afectividad a la conyugal cuando:

1º. Dicha relación se encuentre inscrita en un registro público establecido a esos

efectos, y no se haya cancelado dicha inscripción; o

7. En el plazo de un mes desde la notificación de la resolución por la que se

renueva la autorización, su titular deberá solicitar la renovación de la tarjeta de

identidad de extranjero.

CAPÍTULO II Residencia temporal por reagrupación familiar

 

Artículo 52. Definición.

 

2º. Se acredite la vigencia de una relación no registrada, constituida con carácter

previo al inicio de la residencia del reagrupante en España. A dichos efectos, sin

perjuicio de la posible utilización de cualquier medio de prueba admitido en

derecho, tendrán prevalencia los documentos emitidos por una autoridad pública.

 

Resultará de aplicación a este supuesto lo previsto, en relación con el cónyuge, en

los párrafos segundo y tercero del apartado anterior. Serán incompatibles a efectos

de lo previsto en esta sección las situaciones de matrimonio y de análoga relación

de afectividad.

 

47

 

 


 

En el supuesto de hijos adoptivos deberá acreditarse que la resolución por la que

se acordó la adopción reúne los elementos necesarios para producir efecto en

España.

d) Los representados legalmente por el reagrupante, cuando sean menores de

dieciocho años en el momento de la solicitud de la autorización de residencia a su

favor o no sean objetivamente capaces de proveer a sus propias necesidades,

debido a su estado de salud, cuando el acto jurídico del que surgen las facultades

representativas no sea contrario a los principios del ordenamiento español.

e) Sus ascendientes en primer grado, o los de su cónyuge o pareja, cuando estén a

su cargo, sean mayores de sesenta y cinco años, y existan razones que justifiquen

la necesidad de autorizar su residencia en España.

Excepcionalmente, cuando concurran razones de carácter humanitario, se podrá

reagrupar a los ascendientes que reúnan los requisitos establecidos en el párrafo

anterior, salvo el relativo a la edad.

Se considerará que concurren razones humanitarias, entre otros casos, cuando el

ascendiente formara parte de la familia ya constituida en el país de origen en el

momento en que el extranjero residente obtuvo su autorización; cuando el

ascendiente sea incapaz y su tutela esté otorgada por la autoridad competente en

el país de origen al extranjero residente o a su cónyuge o pareja reagrupada; o

cuando el ascendiente no sea objetivamente capaz de proveer a sus propias

necesidades.

Igualmente, se considerará que concurren razones humanitarias cuando el

ascendiente sea cónyuge o pareja del otro ascendiente, siendo este último mayor

de 65 años. En este caso, las solicitudes de autorización de residencia por

reagrupación familiar podrán ser presentadas de forma conjunta, si bien la

En el supuesto de hijos adoptivos deberá acreditarse que la resolución por la que

se acordó la adopción reúne los elementos necesarios para producir efecto en

España.

d) Los representados legalmente por el reagrupante, cuando sean menores de

dieciocho años en el momento de la solicitud de la autorización de residencia a su

favor o no sean objetivamente capaces de proveer a sus propias necesidades,

debido a su estado de salud, cuando el acto jurídico del que surgen las facultades

representativas no sea contrario a los principios del ordenamiento español.

e) Sus ascendientes en primer grado, o los de su cónyuge o pareja, cuando estén a

su cargo, sean mayores de sesenta y cinco años, y existan razones que justifiquen

la necesidad de autorizar su residencia en España.

Excepcionalmente, cuando concurran razones de carácter humanitario, se podrá

reagrupar a los ascendientes que reúnan los requisitos establecidos en el párrafo

anterior, salvo el relativo a la edad.

Se considerará que concurren razones humanitarias, entre otros casos, cuando el

ascendiente formara parte de la familia ya constituida en el país de origen en el

momento en que el extranjero residente obtuvo su autorización; cuando el

ascendiente sea incapaz y su tutela esté otorgada por la autoridad competente en

el país de origen al extranjero residente o a su cónyuge o pareja reagrupada; o

cuando el ascendiente no sea objetivamente capaz de proveer a sus propias

necesidades.

Igualmente, se considerará que concurren razones humanitarias cuando el

ascendiente sea cónyuge o pareja del otro ascendiente, siendo este último mayor

de 65 años. En este caso, las solicitudes de autorización de residencia por

reagrupación familiar podrán ser presentadas de forma conjunta, si bien la

c) Sus hijos o los de su cónyuge o pareja, incluidos los adoptados, siempre que

sean menores de dieciocho años en el momento de la solicitud de la autorización

de residencia a su favor o no sean objetivamente capaces de proveer a sus propias

necesidades debido a su estado de salud.

 

Cuando se trate de hijos de uno solo de los cónyuges o miembros de la pareja, se

requerirá, además, que éste ejerza en solitario la patria potestad o que se le haya

otorgado la custodia y estén efectivamente a su cargo.

 

aplicación de la excepción del requisito de la edad respecto al ascendiente menor

de 65 años estará condicionada a que la autorización del otro ascendiente sea

concedida.

 

Cuando el órgano competente para resolver el procedimiento tuviera dudas sobre

si la concurrencia de otra razón de excepción del requisito, elevará consulta previa

a la Dirección General de Inmigración.

 

48

 

 


 

Artículo 54. Medios económicos a acreditar por un extranjero para la

obtención o renovación de una autorización de residencia por reagrupación a

favor de sus familiares.

1. El extranjero que solicite autorización de residencia para la reagrupación de sus

familiares, deberá adjuntar en el momento de presentar la solicitud de dicha

autorización, la documentación que acredite que se cuenta con medios económicos

suficientes para atender las necesidades de la familia, incluyendo la asistencia

sanitaria en el supuesto de no estar cubierta por la Seguridad Social, en la cuantía

que, con carácter de mínima y referida al momento de solicitud de la autorización,

se expresa a continuación, en euros, o su equivalente legal en moneda extranjera,

según el número de personas que solicite reagrupar, y teniendo en cuenta además

el número de familiares que ya conviven con él en España a su cargo:

a) En caso de unidades familiares que incluyan, computando al reagrupante y al

llegar a España la persona reagrupada, dos miembros: se exigirá una cantidad que

represente mensualmente el 175% del IPREM.

b) En caso de unidades familiares que incluyan, al llegar a España la persona

reagrupada, a más de dos personas: una cantidad que represente mensualmente

el 50% del IPREM por cada miembro adicional, sobre la base del 225% del IPREM

en los casos de unidades familiares de tres miembros.

2. La cuantía global de medios económicos a acreditar por el solicitante habrá de

suponer la acreditación de la posibilidad efectiva de disponer de la cuantía mensual

calculada con base a lo establecido en el apartado anterior. En dicha valoración se

tendrá en consideración la perspectiva de mantenimiento de una fuente de

ingresos en el año inmediatamente posterior a la presentación de la solicitud de

autorización.

Artículo 54. Medios económicos a acreditar por un extranjero para la

obtención o renovación de una autorización de residencia por reagrupación a

favor de sus familiares.

1. El extranjero que solicite autorización de residencia para la reagrupación de sus

familiares, deberá adjuntar en el momento de presentar la solicitud de dicha

autorización, la documentación que acredite que se cuenta con medios económicos

suficientes para atender las necesidades de la familia, incluyendo la asistencia

sanitaria en el supuesto de no estar cubierta por la Seguridad Social, en la cuantía

que, con carácter de mínima y referida al momento de solicitud de la autorización,

se expresa a continuación, en euros, o su equivalente legal en moneda extranjera,

según el número de personas que solicite reagrupar, y teniendo en cuenta además

el número de familiares que ya conviven con él en España a su cargo:

a) En caso de unidades familiares que incluyan, computando al reagrupante y al

llegar a España la persona reagrupada, dos miembros: se exigirá una cantidad que

represente mensualmente el 175% del IPREM.

b) En caso de unidades familiares que incluyan, al llegar a España la persona

reagrupada, a más de dos personas: una cantidad que represente mensualmente

el 50% del IPREM por cada miembro adicional, sobre la base del 225% del IPREM

en los casos de unidades familiares de tres miembros.

2. La cuantía global de medios económicos a acreditar por el solicitante habrá de

suponer la acreditación de la posibilidad efectiva de disponer de la cuantía mensual

calculada con base a lo establecido en el apartado anterior. En dicha valoración se

tendrá en consideración la perspectiva de mantenimiento de una fuente de

ingresos en el año inmediatamente posterior a la presentación de la solicitud de

autorización.

Se entenderá que los familiares están a cargo del reagrupante cuando acredite

que, al menos durante el último año de su residencia en España, ha transferido

fondos o soportado gastos de su familiar, que representen al menos el 51% del

producto interior bruto per capita, en cómputo anual, del país de residencia de éste,

según lo establecido, en materia de Indicadores sobre renta y actividad económica

por país y tipo de indicador, por el Instituto Nacional de Estadística.

 

3. La exigencia de dicha cuantía podrá ser minorada cuando el familiar reagrupable

sea menor de edad, cuando concurran circunstancias excepcionales acreditadas

que aconsejen dicha minoración en base al principio del interés superior del menor,

según lo establecido en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección

Jurídica del Menor, y se reúnan los restantes requisitos legales y reglamentarios

para la concesión de la autorización de residencia por reagrupación familiar.

49

 

 


 

Igualmente, la cuantía podrá ser minorada en relación con la reagrupación de otros

familiares por razones humanitarias apreciadas en relación con supuestos

individualizados y previo informe favorable de la Dirección General de Inmigración.

 

4. No serán computables a estos efectos los ingresos provenientes del sistema de

asistencia social, pero sí los aportados por el cónyuge o pareja del extranjero

reagrupante, así como por otro familiar en línea directa en primer grado, con

condición de residente en España y que conviva con éste.

5. Sin perjuicio de la presentación de cualquier documento o medio de prueba que,

a juicio del solicitante, justifique la disposición de los medios, podrá aportar la

siguiente documentación:

a) En caso de realizar actividad lucrativa por cuenta ajena:

1º. Copia del contrato de trabajo.

2º. Declaración, en su caso, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

correspondiente al año anterior (penúltimo año, en el caso de que no haya expirado

el plazo para dicha declaración).

b) En caso de realizar actividad lucrativa por cuenta propia:

1º. Acreditación de la actividad que desarrolla.

2º. Declaración, en su caso, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

correspondiente al año anterior (penúltimo año, en el caso de que no haya expirado

el plazo para dicha declaración).

c) En caso de no realizarse ninguna actividad lucrativa en España: cheques

certificados, cheques de viaje, cartas de pago o tarjetas de crédito, acompañadas

de una certificación bancaria de la cantidad disponible como crédito de la citada

tarjeta o certificación bancaria, o de la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio

correspondiente al ejercicio anterior.

6. De alegarse la realización de una actividad por cuenta ajena o por cuenta propia,

la Oficina de Extranjería competente comprobará, de oficio, la información relativa

a la afiliación y alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social del

solicitante, y, en su caso, las bases de datos de cotización.

Artículo 55. Requisito sobre vivienda adecuada a acreditar por un extranjero

para la obtención o renovación de una autorización de residencia por

reagrupación a favor de sus familiares

 

1. El extranjero que solicite autorización de residencia para la reagrupación de sus

familiares, deberá adjuntar en el momento de presentar la solicitud de dicha

autorización, informe expedido por las autoridades competentes de la Comunidad

50

 

 


 

Autónoma a la que pertenezca el lugar de residencia del reagrupante, a los efectos

de acreditar que cuenta con una vivienda adecuada para atender sus necesidades

y las de su familia.

 

2. La Comunidad Autónoma deberá emitir el informe y notificarlo al interesado en el

plazo máximo de quince días desde que le sea solicitado. Simultáneamente y por

medios telemáticos, deberá dar traslado del informe a la Oficina de Extranjería

competente.

3. El informe anterior podrá ser emitido por la Corporación local en la que el

extranjero tenga su lugar de residencia, en los siguientes casos:

a) Cuando así haya sido establecido por la Comunidad Autónoma competente,

siempre que ello haya sido previamente puesto en conocimiento de la Secretaría

de Estado de Inmigración y Emigración; o

b) Cuando, transcurridos quince días desde la solicitud de informe, la Comunidad

Autónoma no se hubiera pronunciado sobre la cuestión.

El informe de la Corporación local habrá de ser emitido en el plazo de 15 días

desde la fecha de la solicitud.

4. En caso de inacción de las Administraciones anteriores, que habrá de ser

debidamente acreditada por el interesado, podrá justificarse este requisito por

cualquier medio de prueba admitido en derecho.

5. En todo caso, el informe o la documentación que se presente en su sustitución

debe hacer referencia, al menos, a los siguientes extremos: título que habilite para

la ocupación de la vivienda, número de habitaciones, uso al que se destina cada

una de las dependencias de la vivienda, número de personas que la habitan y

condiciones de habitabilidad y equipamiento.

Artículo 56. Procedimiento para la autorización de residencia por

reagrupación familiar.

1. La solicitud de reagrupación familiar se podrá presentar cuando el extranjero

reagrupante tenga autorización para residir en España durante un año como

mínimo y solicitado la autorización para residir por, al menos, otro año, con las

siguientes excepciones:

a) El reagrupante tendrá que ser titular de una autorización de residencia de larga

duración o de larga duración-UE concedida en España para la reagrupación de

sus ascendientes o de los ascendientes de su cónyuge o pareja de hecho.

 

La solicitud podrá presentarse cuando se haya solicitado la autorización de

residencia de larga duración o de residencia de larga duración-UE.

 

51

 

 


 

para el ejercicio del derecho, no se haya producido la efectiva renovación de la

autorización del reagrupante, concedido su autorización de residencia de larga

duración o de residencia de larga duración-UE o concedido su autorización inicial

de residencia en España.

2. El extranjero que desee ejercer el derecho de reagrupación familiar deberá

solicitar, personalmente ante la Oficina de Extranjería competente para su

tramitación, una autorización de residencia temporal a favor de los miembros de su

familia que desee reagrupar.

La reagrupación de los familiares de extranjeros residentes larga duración-UE en

otro Estado miembro de la Unión Europea, podrá ser presentada por los propios

familiares, aportando prueba de residencia como miembro de la familia del

residente de larga duración-UE en el primer Estado miembro.

3. La solicitud, que deberá cumplimentarse en modelo oficial, deberá acompañarse

de la siguiente documentación:

a) Relativos al reagrupante:

1º. Copia del pasaporte, documento de viaje o cédula de inscripción del solicitante

en vigor, previa exhibición del documento original.

2º. Copia compulsada de documentación que acredite que cuenta con empleo y/o

recursos económicos suficientes para atender las necesidades de la familia,

incluyendo la asistencia sanitaria, en el supuesto de no estar cubierta por la

Seguridad Social, de acuerdo con lo establecido en el artículo 54 de este

Reglamento.

3º. Documentación original que acredite la disponibilidad, por parte del

reagrupante, de una vivienda adecuada para atender las necesidades del

para el ejercicio del derecho, no se haya producido la efectiva renovación de la

autorización del reagrupante, concedido su autorización de residencia de larga

duración o de residencia de larga duración-UE o concedido su autorización inicial

de residencia en España.

2. El extranjero que desee ejercer el derecho de reagrupación familiar deberá

solicitar, personalmente ante la Oficina de Extranjería competente para su

tramitación, una autorización de residencia temporal a favor de los miembros de su

familia que desee reagrupar.

La reagrupación de los familiares de extranjeros residentes larga duración-UE en

otro Estado miembro de la Unión Europea, podrá ser presentada por los propios

familiares, aportando prueba de residencia como miembro de la familia del

residente de larga duración-UE en el primer Estado miembro.

3. La solicitud, que deberá cumplimentarse en modelo oficial, deberá acompañarse

de la siguiente documentación:

a) Relativos al reagrupante:

1º. Copia del pasaporte, documento de viaje o cédula de inscripción del solicitante

en vigor, previa exhibición del documento original.

2º. Copia compulsada de documentación que acredite que cuenta con empleo y/o

recursos económicos suficientes para atender las necesidades de la familia,

incluyendo la asistencia sanitaria, en el supuesto de no estar cubierta por la

Seguridad Social, de acuerdo con lo establecido en el artículo 54 de este

Reglamento.

3º. Documentación original que acredite la disponibilidad, por parte del

reagrupante, de una vivienda adecuada para atender las necesidades del

b) Los extranjeros residentes en España en base a su previa condición de

residentes de larga duración-UE en otro Estado miembro de la Unión Europea,

titulares de una tarjeta azul-UE o beneficiarios del régimen especial de

investigadores, podrán presentar la solicitud de autorización a favor de sus

familiares sin estar sometidos al requisito de haber residido legalmente en

España, con carácter previo, durante un año.

 

En todo caso, no podrá concederse la autorización de residencia al familiar

reagrupable hasta que, en función de la situación que deba ostentar el reagrupante

 

reagrupante y la familia, y que habrá de ser su vivienda habitual, de acuerdo con lo

 

 

establecido en el artículo 55 de este Reglamento.

4º. En los casos de reagrupación de cónyuge o pareja, declaración jurada del

reagrupante de que no reside con él en España otro cónyuge o pareja.

 

 

b) Relativos al familiar a reagrupar:

1º. Copia completa del pasaporte o título de viaje, en vigor.

 

 

52

 

 


 

2º. Copia de la documentación acreditativa de los vínculos familiares y, en su caso,

de la dependencia legal y económica.

 

4. Presentada la solicitud en forma o subsanados los defectos, el órgano

competente la tramitará y resolverá lo que proceda. A dichos efectos, recabará de

oficio el informe de los servicios competentes de la Dirección General de la Policía

y la Guardia Civil en materia de seguridad y orden público, así como el del Registro

Central de Penados y Rebeldes.

concesiones de autorizaciones iniciales de residencia por

reagrupación familiar a favor de menores extranjeros en edad de escolarización

obligatoria a las Autoridades educativas competentes en la correspondiente

Comunidad Autónoma. La información será remitida con periodicidad trimestral y

desglosada por nacionalidad y edad del menor y municipio en el que el reagrupante

haya declarado tener su vivienda habitual.

 

5. En el supuesto de que se cumpla con los requisitos establecidos para la

reagrupación familiar, el órgano competente resolverá la concesión de la

autorización de residencia por reagrupación, y se suspenderá la eficacia de la

autorización hasta:

a) Con carácter general, la expedición del visado, y la efectiva entrada del

extranjero en territorio nacional durante el tiempo de vigencia de éste. En este

caso, la resolución de concesión hará mención expresa a que la autorización no

desplegará sus efectos hasta que no se produzca la obtención del visado y la

posterior entrada en España de su titular.

b) En el supuesto de familiares de residentes de larga duración-UE, titulares de una

tarjeta azul-UE o beneficiarios del régimen especial de investigadores, en otro

Estado miembro de la Unión Europea en el que la familia ya esté constituida, la

eficacia de la autorización estará condicionada a la efectiva entrada del familiar en

territorio nacional, si dicha entrada se produjera tras la concesión de la

autorización. En este caso, la entrada deberá producirse en el plazo máximo de un

mes desde la notificación de la concesión de la autorización, lo que habrá de

constar en la resolución.

6. La resolución se grabará en la aplicación correspondiente, de forma que tenga

acceso a ella la misión diplomática u oficina consular en cuya demarcación resida

el extranjero.

7. Los procedimientos regulados en este artículo, así como los relativos al

correspondiente visado y a la renovación de autorizaciones de residencia por

reagrupación familiar tendrán tratamiento preferente.

8. Las Delegaciones del Gobierno remitirán información estadística sobre las

solicitudes y

53

 

 


 

Artículo 57. Tramitación del visado en el procedimiento de reagrupación

familiar.

 

1. En el plazo de dos meses desde la notificación al reagrupante de la concesión

de la autorización, el familiar que vaya a ser reagrupado deberá, en su caso,

solicitar personalmente el visado en la misión diplomática u oficina consular en

cuya demarcación resida. El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, si

media causa que lo justifique, podrá determinar la misión diplomática u oficina

consular diferente a la anterior en la que corresponda presentar la solicitud de

visado.

Excepcionalmente, en aplicación de lo dispuesto en el primer párrafo del apartado

2 de la disposición adicional tercera de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, la

misión diplomática u oficina consular aceptará la presentación por representante

legalmente acreditado cuando existan motivos fundados que obstaculicen el

desplazamiento del solicitante, como la lejanía de la misión u oficina, dificultades

de transporte que hagan el viaje especialmente gravoso o razones acreditadas de

enfermedad o condición física que dificulten sensiblemente su movilidad. En el

caso de tratarse de un menor, podrá solicitarlo un representante debidamente

acreditado. Constituirá causa de inadmisión a trámite de la solicitud de visado y, en

su caso, de denegación, el hecho de que el extranjero se hallase en España en

situación irregular, evidenciado por el poder de representación o por datos que

consten en la Administración.

2. Sin perjuicio de que el interesado añada otros documentos que considere

oportunos, la solicitud de visado deberá ir acompañada de:

a) Pasaporte ordinario o título de viaje, reconocido como válido en España, con una

vigencia mínima de cuatro meses.

b) Certificado de antecedentes penales o documento equivalente, en el caso de

solicitante mayor de edad penal, que debe ser expedido por las autoridades del

país de origen o del país o países en que haya residido durante los últimos cinco

años y en el que no deben constar condenas por delitos previstos en el

ordenamiento español.

c) Documentación original que acredite los vínculos familiares y, en su caso, la

edad y la dependencia legal.

d) Certificado médico con el fin de acreditar que no padece ninguna de las

enfermedades que pueden tener repercusiones de salud pública graves de

conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Sanitario Internacional de 2005.

 

3. La misión diplomática u oficina consular denegará el visado en los siguientes

supuestos:

54

 

 


 

a) Cuando no se acredite el cumplimiento de los requisitos previstos para su

obtención, tras la valoración de la documentación acreditativa de éstos, prevista en

el apartado anterior.

 

b) Cuando, para fundamentar la petición, se hayan presentado documentos falsos

 

o formulado alegaciones inexactas, o medie mala fe.

c) Cuando concurra una causa prevista legalmente de inadmisión a trámite que no

 

hubiera sido apreciada en el momento de la recepción de la solicitud.

en que será solicitada por su representante.

la autorización de

hasta la misma fecha

momento

 

4. La misión diplomática u oficina consular, en atención al cumplimiento de los

requisitos exigidos, notificará la concesión del visado, en su caso, en el plazo

máximo de dos meses, y deberá ser recogido por el solicitante, personalmente,

salvo en el caso de menores, en que podrá ser recogido por su representante. De

no efectuarse en el plazo mencionado la recogida, se entenderá que el interesado

ha renunciado al visado concedido, y se producirá el archivo del procedimiento.

Artículo 58. Entrada en territorio español.

 

1. Recogido el visado, el solicitante deberá entrar en el territorio español durante el

plazo de vigencia de aquél, que en ningún caso será superior a tres meses, de

conformidad con lo establecido en el capítulo I de este Reglamento.

2. En el plazo de un mes desde la entrada en España o, en su caso, desde la

notificación de la concesión de la autorización, el extranjero deberá solicitar

personalmente la tarjeta de identidad de extranjero, salvo en el caso de menores,

3. Cuando el reagrupante sea titular de una autorización de residencia temporal, la

vigencia de residencia de los familiares reagrupados se

extenderá que la autorización de que sea titular el

reagrupante en el momento de la entrada del familiar en España.

Cuando el reagrupante tenga la condición de residente de larga duración o de

residencia de larga duración-UE en España, la vigencia de la primera autorización

de residencia de los familiares reagrupados se extenderá hasta la fecha de validez

de la tarjeta de identidad de extranjero de que sea titular el reagrupante en el

de la entrada del familiar en España. La posterior autorización de

 

residencia del reagrupado será de larga duración.

 

4. La autorización de residencia por reagrupación familiar del cónyuge, la pareja de

hecho o el hijo reagrupado habilitará a su titular a trabajar, siempre que sea mayor

de edad laboral, sin necesidad de realizar ningún trámite administrativo.

El cónyuge, pareja de hecho o hijo reagrupado, mayor de edad laboral, podrá

trabajar por cuenta ajena o por cuenta propia, en cualquier parte del territorio

español, ocupación o sector de actividad.

 

55

 

 


 

Artículo 59. Residencia de los familiares reagrupados, independiente de la del

reagrupante.

 

1. El cónyuge o pareja reagrupado podrá obtener una autorización de residencia y

trabajo independiente, cuando reúna los siguientes requisitos y no tenga deudas

con la Administración tributaria o de Seguridad Social:

a) Contar con medios de vida suficientes para la concesión de una autorización de

residencia temporal de carácter no lucrativo.

b) Contar con uno o varios contratos de trabajo de duración mínima, desde el

momento de la solicitud, de un año, y de los que se derive una retribución no

inferior al Salario Mínimo Interprofesional mensual, a tiempo completo, por catorce

pagas.

c) Cumplir los requisitos exigibles de cara a la concesión de una autorización de

residencia temporal y trabajo por cuenta propia.

En los supuestos de los apartados b) y c) anteriores, la eficacia de la autorización

de residencia y trabajo independiente estará condicionada a que se produzca el

alta del trabajador en Seguridad Social, en el plazo de un mes desde la fecha de

notificación de la resolución por la que se concede aquélla.

2. Asimismo, el cónyuge o pareja reagrupado podrá obtener una autorización de

residencia y trabajo independiente, cuando se dé alguno de los siguientes

supuestos:

a) Cuando se rompa el vínculo conyugal que dio origen a la situación de residencia,

por separación de derecho o divorcio o por cancelación de la inscripción o

finalización de la vida en pareja, siempre y cuando acredite la convivencia en

España con el cónyuge o pareja reagrupante durante al menos dos años.

b) Cuando fuera víctima de violencia de género, una vez dictada a su favor una

orden judicial de protección o, en su defecto, exista un informe del Ministerio Fiscal

que indique la existencia de indicios del delito. Este supuesto será igualmente de

aplicación cuando fuera víctima de un delito por conductas violentas ejercidas en el

entorno familiar.

c) Por causa de muerte del reagrupante.

 

3. En los casos previstos en el apartado anterior, cuando, además del cónyuge o

pareja, se haya reagrupado a otros familiares, éstos conservarán la autorización de

residencia concedida y dependerán, a efectos de la renovación de la autorización

de residencia por reagrupación familiar, del miembro de la familia con el que

convivan.

56

 

 


 

4. Los hijos y menores sobre los que el reagrupante ostente la representación

legal, obtendrán una autorización de residencia independiente cuando alcancen la

mayoría de edad y acrediten encontrarse en alguna de las situaciones descritas en

el apartado 1 de este artículo, o bien cuando hayan alcanzado la mayoría de edad

y residido en España durante cinco años.

5. Los ascendientes reagrupados podrán obtener una autorización de residencia

independiente del reagrupante cuando hayan obtenido una autorización para

trabajar, sin perjuicio de que los efectos de dicha autorización de residencia

independiente, para el ejercicio de la reagrupación familiar, queden supeditados a

lo dispuesto en el artículo 17.3 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero.

6. La autorización independiente tendrá la duración que corresponda, en función

del tiempo previo de vigencia de la situación de residencia por reagrupación

familiar. En todo caso, la autorización independiente tendrá una vigencia mínima de

un año.

Artículo 60. Reagrupación familiar por residentes reagrupados.

1. Los extranjeros que hubieran adquirido la residencia temporal en virtud de una

previa reagrupación familiar podrán, a su vez, ejercer el derecho de reagrupación

respecto de sus propios familiares, siempre que cuenten con una autorización de

residencia y trabajo obtenidos independientemente de la autorización del

reagrupante y reúnan los requisitos establecidos para el ejercicio del derecho a la

reagrupación familiar.

2. En el supuesto de los ascendientes, éstos sólo podrán ejercitar, a su vez, el

derecho de reagrupación familiar tras haber obtenido la condición de residente de

larga duración y acrediten solvencia económica para atender las necesidades de

los miembros de su familia que pretendan reagrupar.

3. Excepcionalmente, el ascendiente reagrupado que tenga a su cargo uno o más

hijos menores de edad o que no sean objetivamente capaces de proveer a sus

propias necesidades debido a su estado de salud, podrá ejercer el derecho de

reagrupación en los términos dispuestos en el apartado 1 de este artículo.

Artículo 61. Renovación de las autorizaciones de residencia en virtud de

reagrupación familiar.

 

1. La renovación de las autorizaciones de residencia por reagrupación deberá

solicitarse en modelo oficial en el plazo de 60 días antes de su expiración.

La presentación de la solicitud en este plazo prorrogará la validez de la

autorización anterior hasta la resolución del procedimiento. También se prorrogará

hasta la resolución del procedimiento en el supuesto en que la solicitud se

 

57

 

 


 

presentase dentro de los 90 días naturales posteriores a la fecha en que hubiera

finalizado la vigencia de la anterior autorización, sin perjuicio de la incoación del

correspondiente procedimiento sancionador por la infracción en la que se hubiese

incurrido.

 

2. La renovación de la autorización de residencia por reagrupación familiar de

descendientes, menores tutelados o ascendientes podrá ser solicitada por el

cónyuge o pareja del reagrupante, siempre que dicho cónyuge o pareja sea

residente en España, forme parte de la misma unidad familiar, y el reagrupante

original no reúna los requisitos exigibles para la renovación de la autorización por

reagrupación familiar.

Ello será igualmente de aplicación, en el caso de descendientes o menores

tutelados, respecto a su otro progenitor o tutor, siempre éste tenga la condición de

residente en España y sin perjuicio de que forme parte o no de la unidad familiar.

En este caso, la naturaleza y duración de la autorización renovada se vinculará a la

del cónyuge o pareja, que asumirán la condición de reagrupante.

3. Para la renovación de una autorización de residencia por reagrupación familiar,

se deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Relativos al reagrupado:

1º. Que sea titular de una autorización de residencia por reagrupación familiar en

vigor o se halle dentro del plazo de los 90 días naturales posteriores a la caducidad

de ésta.

2º. Que se mantenga el vínculo de parentesco en que se fundamentó la concesión

de la autorización a renovar.

3º. Haber mantenido escolarizados a los menores a su cargo en edad de

escolarización obligatoria durante la permanencia de éstos en España.

4º. Haber abonado la tasa por tramitación del procedimiento.

b) Relativos al reagrupante:

1º. Que sea titular de una autorización de residencia en vigor o se halle dentro del

plazo de los 90 días naturales posteriores a la caducidad de ésta.

2º. Que cuente con empleo y/o recursos económicos suficientes para atender las

necesidades de la familia, incluyendo la asistencia sanitaria, de no estar cubierta

por la Seguridad Social, de acuerdo con lo establecido en el artículo 54 de este

Reglamento.

 

3º. Que disponga de una vivienda adecuada para atender sus necesidades y las de

su familia, y que habrá de ser su vivienda habitual, de acuerdo con lo establecido

en el artículo 55 de este Reglamento.

 

58

 

 


 

4. A la solicitud, en modelo oficial, deberá acompañar la documentación que

acredite que se reúnen los requisitos señalados en el apartado anterior, como son:

a) Copia del pasaporte completo en vigor o título de viaje, reconocido como válido

en España, del reagrupado y del reagrupante.

 

b) En su caso, documentación acreditativa de la vigencia del matrimonio o de la

relación de análoga afectividad a la conyugal.

 

c) los requisitos

teniendo en

de integración podrá

El informe tendrá como

participación activa del

formación en

Los documentos que acrediten que el reagrupante cumple

establecidos en los puntos 2º y 3º del anterior apartado 3.b).

 

d) En su caso, informe emitido por las autoridades autonómicas competentes que

acredite la escolarización de los menores en edad de escolarización obligatoria que

estén a su cargo.

 

5. Para la renovación de la autorización, se valorará, en su caso, previa solicitud de

oficio de los correspondientes informes:

a) La posibilidad de renovar la autorización de residencia a los extranjeros que

hubieran sido indultados o se hallasen en situación de remisión condicional de la

pena o de suspensión de la pena privativa de libertad.

 

b) El incumplimiento de las obligaciones del solicitante en materia tributaria y de

seguridad social.

 

Igualmente se valorará, consideración el informe positivo de la

Comunidad Autónoma de su lugar de residencia, el esfuerzo de integración del

extranjero.

 

Dicho esfuerzo ser alegado por el extranjero como

información a valorar en caso de no acreditar el cumplimiento de alguno de los

requisitos previstos para la renovación de la autorización.

 

contenido mínimo la certificación, en su caso, de la

 

extranjero en acciones formativas destinadas al

conocimiento y respeto de los valores constitucionales de España y los de la Unión

Europea, así como los valores consagrados en el Estatuto de autonomía de la

Comunidad Autónoma en la que resida. Se tendrá en especial consideración la

 

materia de derechos humanos, libertades públicas, democracia,

 

tolerancia e igualdad entre mujeres y hombres, así como la relativa al conocimiento

de las lenguas oficiales y la orientada al empleo. En este sentido, la certificación

hará expresa mención al tiempo de formación dedicado a los ámbitos señalados.

 

El informe tendrá en consideración las acciones formativas desarrolladas por

entidades públicas o privadas debidamente acreditadas.

 

6. Las solicitudes de renovación de los familiares reagrupados se presentarán y se

tramitarán conjuntamente con la del reagrupante, salvo causa que lo justifique.

59

 

 


 

7. Se entenderá que la resolución es favorable en el supuesto de que la

Administración no resuelva expresamente en el plazo de tres meses desde la

presentación de la solicitud.

8. La resolución favorable se notificará al interesado.

9. La autorización de residencia por reagrupación familiar renovada se extenderá

hasta la misma fecha que la autorización de que sea titular el reagrupante en el

momento de la renovación.

trabajar por cuenta ajena en España.

CAPÍTULO III. Residencia temporal y trabajo por cuenta ajena

 

Artículo 62. Definición.

 

Se halla en situación de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena el

extranjero mayor de 16 años autorizado a permanecer en España por un periodo

superior a 90 días e inferior a cinco años, y a ejercer una actividad laboral por

cuenta ajena.

 

Artículo 63. Autorización inicial de residencia temporal y trabajo por cuenta

ajena.

 

1. La autorización inicial de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena

habilitará a los extranjeros que residen fuera de España, siempre que hayan

obtenido el correspondiente visado, y hayan sido dados de alta en Seguridad

Social dentro del plazo de tres meses desde su entrada legal en España, a residir y

Salvo en los casos en los que no resulte aplicable el requisito de que la situación

nacional de empleo permita la contratación del trabajador, la autorización inicial se

limitará a un ámbito geográfico provincial y a una ocupación.

 

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en caso de no aplicación del

requisito de que la situación nacional de empleo permita la contratación del

trabajador en base a los apartados a), b) y d) del el artículo 40.2 de la Ley Orgánica

4/2000, la autorización inicial se limitará al tipo de relación laboral para la cual se

haya concedido.

2. En los supuestos previstos en el título XII de este Reglamento no será exigible el

visado.

 

3. El acceso a la autorización inicial de residencia temporal y trabajo por cuenta

ajena de quienes sean titulares de un visado de búsqueda de empleo se regirá por

las disposiciones específicas de este Reglamento y por la Orden ministerial de

gestión colectiva de contrataciones en origen.

60

 

 


 

4. Los extranjeros que obtengan una autorización deberán solicitar la tarjeta de

identidad de extranjero correspondiente en el plazo de un mes desde su alta en el

régimen correspondiente de la Seguridad Social, de acuerdo con lo previsto en el

presente capítulo.

5. La autorización inicial de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena tendrá

una duración de un año y se limitará, en lo relativo al ejercicio de la actividad

laboral y salvo en los casos previstos por la Ley y los Convenios Internacionales

firmados por España, a un ámbito geográfico y a una ocupación determinada.

Cuando la Comunidad Autónoma tuviera reconocidas competencias en materia de

autorización inicial de trabajo podrá fijar el ámbito geográfico de la autorización

dentro de su territorio.

Artículo 64. Requisitos.

1. Para la concesión de una autorización inicial de residencia temporal y trabajo por

cuenta ajena será necesario cumplir los requisitos que se establecen en este

artículo, relativos a la residencia y el trabajo, respectivamente.

2. En relación con la residencia de los extranjeros que se pretende contratar, será

necesario que:

a) No se encuentren irregularmente en territorio español.

b) Carezcan de antecedentes penales, tanto en España como en sus países

anteriores de residencia durante los últimos cinco años, por delitos previstos en el

ordenamiento español.

c) No figuren como rechazables en el espacio territorial de países con los que

España tenga firmado un convenio en tal sentido.

d) Haya transcurrido el plazo de compromiso de no regreso a España del

extranjero, asumido por éste en el marco de su retorno voluntario al país de origen.

e) Se haya abonado la tasa por tramitación de la autorización de residencia

temporal.

3. En relación con la actividad laboral a desarrollar por los extranjeros que se

pretende contratar, será necesario que:

 

a) La situación nacional de empleo no impida la contratación del trabajador

extranjero en los términos previstos en el artículo 65 de este Reglamento.

 

b) El empleador presente un contrato de trabajo firmado por el trabajador y por él

mismo y que garantice al trabajador una actividad continuada durante el período de

vigencia de la autorización inicial de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena.

 

61

 

 


 

La fecha de comienzo del contrato deberá estar condicionada al momento de

eficacia de la autorización de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena.

 

c) Las condiciones fijadas en el contrato de trabajo se ajusten a las establecidas

por la normativa vigente y el convenio colectivo aplicable para la misma actividad,

categoría profesional y localidad.

 

En el caso de que la contratación fuera a tiempo parcial, la retribución deberá ser

igual

d) Que el empleador solicitante haya formalizado su inscripción en el

correspondiente régimen del sistema de Seguridad Social y se encuentre al

corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad

Social.

e) El empleador cuente con medios económicos, materiales o personales,

suficientes para su proyecto empresarial y para hacer frente a las obligaciones

asumidas en el contrato frente al trabajador en los términos establecidos en el

artículo 66 de este Reglamento.

f) El trabajador posea la titulación, en su caso, debidamente homologada o que se

acredite la capacitación o cualificación exigida para el ejercicio de la profesión.

g) Se haya abonado la tasa relativa a la autorización de trabajo por cuenta ajena.

4. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado anterior, no se tendrá en cuenta la

situación nacional de empleo en los supuestos establecidos en el artículo 40 de la

Ley Orgánica 4/2000 o por Convenio internacional.

o superior al salario mínimo interprofesional para jornada completa y en

cómputo anual.

 

Igualmente, se autorizará a trabajar sin atender a la situación nacional de empleo a

los nacionales de Estados con los que se hayan suscrito convenios internacionales

a tal efecto, así como a los nacionales de Estados no pertenecientes a la Unión

Europea ni al Espacio Económico Europeo enrolados en buques españoles en

virtud de acuerdos internacionales de pesca marítima. En este caso, se concederá

validez de autorización para trabajar al duplicado de la notificación de embarque o

renovación del contrato de tripulantes extranjeros en buques españoles.

 

Artículo 65. Determinación de la situación nacional de empleo.

 

1. A los efectos de determinar dicha situación nacional de empleo, el Servicio

Público de Empleo Estatal elaborará, con periodicidad trimestral, de acuerdo con la

información suministrada por los Servicios público de empleo autonómicos y previa

consulta de la Comisión Laboral Tripartita de Inmigración, un Catálogo de

ocupaciones de difícil cobertura, para cada provincia o demarcación territorial que,

en su caso, establezca la correspondiente Administración autonómica así como

62

 

 


 

para Ceuta y Melilla. En las provincias insulares, el Catálogo podrá establecerse

para cada isla o agrupación de ellas.

 

El procedimiento de elaboración del Catálogo de ocupaciones de difícil cobertura

será establecido por el Ministerio de Trabajo e Inmigración, previo informe de la

Comisión laboral tripartita de inmigración.

 

Este Catálogo estará basado en la información disponible sobre la gestión de las

 

ofertas presentadas por los empleadores en los Servicios públicos de Empleo.

También tendrá en consideración las estadísticas elaboradas por las

Administraciones Públicas y, especialmente, la relativa a personas inscritas como

demandantes de empleo en los Servicios públicos de empleo.

Se considerarán como ocupaciones las consignadas en la Clasificación Nacional

de Ocupaciones que esté en vigor.

La concreción del detalle con que una ocupación se debe incluir en el Catálogo de

ocupaciones de difícil cobertura se realizará teniendo en cuenta el grado de

especialización requerido para el desempeño de la actividad.

Podrán no ser incluidas en Catálogo aquellas ocupaciones que por su naturaleza

podrían ser cubiertas por personas inscritas como demandantes de empleo tras su

participación en actuaciones formativas programadas por los Servicios públicos de

empleo.

La calificación de una ocupación como de difícil cobertura implica la posibilidad de

tramitar la autorización inicial de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena

dirigida al extranjero.

2. Asimismo, se considerará que la situación nacional de empleo permite la

contratación en las ocupaciones no calificadas como de difícil cobertura cuando el

empleador acredite la dificultad de cubrir los puestos de trabajo vacantes con

trabajadores ya incorporados en el mercado laboral interno.

Para ello, deberá presentar una oferta de empleo en los Servicios Públicos de

Empleo, que estará formulada de forma precisa y ajustada a los requerimientos del

puesto de trabajo, sin contener requisitos que no tengan relación directa con su

desempeño.

El Servicio Público de Empleo en el que se haya presentado la oferta de empleo,

en el marco de sus competencias en materia de intermediación laboral, la

gestionará promoviendo el contacto entre el empleador y los demandantes de

empleo que se adecúen a los requerimientos de la misma. Asimismo, durante un

periodo de tiempo de al menos 15 días, dará publicidad a la oferta de empleo en

cualquiera de los espacios públicos destinados a la difusión de ofertas de que

disponga el Servicio Público de Empleo, a fin de que los trabajadores que residen

en cualquier parte del territorio español puedan concurrir a su cobertura.

 

63

 

 


 

Transcurridos 25 días desde la presentación de la oferta por el empleador, éste

deberá comunicar al Servicio Público de Empleo el resultado de la selección de

candidatos que se ha presentado para cubrir los puestos de trabajo vacantes.

 

El Servicio Público de Empleo emitirá, si procede, la certificación de insuficiencia

de demandantes en un plazo máximo de 5 días contados a partir de la

comunicación por parte del empleador del resultado de la selección.

 

El certificado emitido por el Servicio público de empleo competente deberá

contener información que identifique al empleador y la oferta y sobre el número de

puestos de trabajo ofertados y de trabajadores puestos a disposición del

empleador. Incluirá igualmente la cifra de personas inscritas en la provincia como

demandantes de empleo para la ocupación de que se trate. Incluirá también una

valoración sobre si se trata de una ocupación que podría ser cubierta por personas

inscritas como demandantes de empleo tras su participación en actuaciones

formativas programadas por los Servicios públicos de empleo.

La Comisión laboral tripartita de inmigración informará la normativa de desarrollo

de lo dispuesto en este Reglamento sobre el contenido mínimo de los Certificados

de los Servicios Públicos de Empleo.

En la valoración del certificado, la Oficina de Extranjería competente para la

tramitación de la solicitud de autorización inicial de residencia temporal y trabajo

por cuenta ajena tendrá en consideración, especialmente, la relación entre el

número de trabajadores puestos a disposición del empleador y el de puestos de

trabajo ofertados por éste, así como la valoración de si el puesto podría ser

cubierto tras una actividad formativa impulsada por el Servicio Público de Empleo.

Artículo 66. Medios económicos, materiales y personales a acreditar por el

empleador para hacer frente a las obligaciones dimanantes del contrato de

trabajo.

1. La cuantía a acreditar por el empleador, en relación con que cuenta con medios

materiales o personales, suficientes para su proyecto empresarial y para hacer

frente a las obligaciones contractuales frente al trabajador, deberá incluir el pago

del salario convenido con éste y reflejado en el contrato que obre en el

procedimiento.

2. Cuando el empleador requerido sea una persona física, deberá acreditar que

cuenta con medios de vida suficientes para atender sus necesidades y las de su

familia. La cuantía mínima exigible, se basará en porcentajes del indicador público

de renta de efectos múltiples, IPREM, según el número de personas a su cargo,

descontado el pago del salario convenido con el trabajador extranjero y reflejado en

el contrato de trabajo que obre en el procedimiento, y que deberá ajustarse a las

establecidas por la normativa vigente para la misma actividad, categoría

profesional y localidad:

64

 

 


 

a) En caso de no existir familiares a cargo del empleador: una cantidad que

represente mensualmente el 100% del IPREM.

 

b) En caso de unidades familiares que incluyan dos miembros, contando al

empleador solicitante: una cantidad que represente mensualmente el 200% del

IPREM.

 

c) En caso de unidades familiares que incluyan más de dos personas, contando al

empleador

de identidad.

solicitante: una cantidad que represente mensualmente el 50% del

IPREM por cada miembro adicional.

 

En los casos de unidades familiares que incluyan dos o más miembros, los medios

a acreditar resultarán de la suma de aquéllos con los que cuente cada una de las

personas que integren la unidad familiar.

 

Artículo 67. Procedimiento.

 

1. El empleador deberá presentar personalmente, o a través de quien válidamente

tenga atribuida la representación legal empresarial, la correspondiente solicitud de

autorización inicial de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena ante el órgano

competente para su tramitación, de la provincia donde se vaya a ejercer la

actividad laboral.

2. Con la solicitud de autorización inicial de residencia temporal y trabajo por

cuenta ajena en modelo oficial deberá acompañarse la siguiente documentación:

a) El NIF y, en el caso de que la empresa esté constituida como persona jurídica,

documento público que otorgue su representación legal en favor de la persona

física que formule la solicitud.

 

Si el empleador fuera persona física, no se le exigirá la presentación del NIF si

accede a la verificación de sus datos a través del Sistema de verificación de datos

 

b) Original y copia del contrato de trabajo, en el modelo oficial establecido.

 

La Oficina de Extranjería sellará la copia del contrato a los efectos de su posterior

presentación por el extranjero junto a la correspondiente solicitud de visado de

residencia y trabajo.

 

c) En su caso, certificado del Servicio Público de Empleo competente sobre la

insuficiencia de demandantes de empleo para cubrir el puesto de trabajo.

 

d) Los documentos acreditativos de los medios económicos, materiales o

personales de los que dispone para su proyecto empresarial y para hacer frente a

dichas obligaciones, de acuerdo con lo establecido en el artículo 66.

 

65

 

 


 

La disponibilidad de medios no podrá acreditarse mediante la referencia a ingresos

procedentes de subvenciones, subsidios y ayudas de carácter no contributivo o

asistencial otorgadas por Administraciones Públicas españolas, salvo en el ámbito

de la asistencia domiciliaria y el cuidado de menores o personas dependientes.

 

Cuando el empleador tenga la condición de empresa, podrá acreditar el

cumplimiento de este requisito a través de, entre otros medios de prueba admitidos

en Derecho, la presentación o la comprobación de la información relativa a su cifra

 

de negocios, con el límite de los últimos tres años, y al promedio anual de personal

contratado, teniendo en consideración las contrataciones realizadas, así como los

despidos o bajas que se hayan producido. También podrá presentar, sin perjuicio

de la utilización de otros medios de prueba admitidos en Derecho, una declaración

relativa a los servicios o trabajos realizados anteriormente, con el límite de los tres

últimos años y/o un extracto de las cuentas anuales referido a balance.

e) Copia del pasaporte completo, o documento de viaje, en vigor, del trabajador

extranjero.

f) La titulación o acreditación de que se posee la capacitación exigida para el

ejercicio de la profesión, cuando proceda, debidamente homologada.

g) Aquellos documentos que acrediten, de ser alegada por el interesado, la

concurrencia de un supuesto específico de no consideración de la situación

nacional de empleo, establecido en el artículo 40 de la Ley Orgánica 4/2000 o por

Convenio internacional.

3. Recibida la solicitud, el órgano competente la registrará, dejando constancia

inmediata de su presentación, y la grabará en la aplicación informática

correspondiente, de tal manera que permita que los órganos competentes para

resolver puedan tener conocimiento de la solicitud en tiempo real.

4. La autoridad competente para resolver comprobará si concurre o no alguna de

las causas de inadmisión a tramite que se recogen en la Ley Orgánica 4/2000, y si

apreciara su concurrencia resolverá de forma motivada declarando la inadmisión a

trámite de la solicitud.

5. Admitida a trámite la solicitud, se procederá a la instrucción del procedimiento y

a su inmediata tramitación y se comprobará de oficio la información de la Agencia

Estatal de la Administración Tributaria y de la Tesorería General de la Seguridad

Social respecto al cumplimiento de las obligaciones en materia tributaria y de

Seguridad Social, así como los informes de los servicios competentes de la

Dirección General de la Policía y la Guardia Civil y del Registro Central de Penados

y Rebeldes. En el caso de que sea necesario solicitar informes en el marco de este

apartado, éstos serán emitidos en el plazo máximo de diez días.

 

Asimismo, la autoridad competente para resolver comprobará si con la solicitud se

acompaña la documentación exigida, y si estuviera incompleta, formulará al

solicitante el oportuno requerimiento a fin de que se subsanen los defectos

 

66

 

 


 

observados en el plazo de diez días, advirtiéndole que de no subsanarse los

mismos en el indicado plazo se le tendrá por desistido de su solicitud y se

procederá al archivo de su expediente, dictándose al efecto la oportuna resolución.

 

La solicitud y emisión de los informes a que se refiere este apartado se realizarán

por medios telemáticos.

 

6. La autoridad competente, a la vista de la documentación presentada y de los

informes obtenidos, resolverá de forma motivada en el plazo máximo de tres

meses, atendiendo a los requisitos previstos en esta sección, sobre la autorización

solicitada.

La autoridad competente grabará de inmediato la resolución en la aplicación

informática correspondiente, de manera que las autoridades de los organismos

afectados, incluido el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y la Misión

diplomática u Oficina consular española correspondiente al lugar de residencia del

trabajador, tengan conocimiento de la misma en tiempo real.

Cuando la Misión diplomática u Oficina consular competente no disponga, por

razón de su ubicación geográfica, de los medios técnicos necesarios para el

acceso en tiempo real a la resolución mencionada en el párrafo anterior, los

servicios centrales del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, le darán

traslado de la misma en el plazo de veinticuatro horas desde su recepción.

7. Concedida la autorización, su eficacia quedará suspendida hasta la obtención

del visado y posterior alta del trabajador en el régimen correspondiente de

Seguridad Social, en el plazo de tres meses desde su entrada legal en España y

por el empleador que solicitó la autorización. Estas circunstancias constarán en la

resolución por la que se conceda la autorización.

8. En caso de fallecimiento del empleador o de desaparición del empleador que

tenga la condición de empresa, el órgano que concedió la autorización podrá

permitir el alta del trabajador por otro empleador, siempre que ésta se produzca

dentro de los tres meses desde su entrada legal en España.

A dichos efectos, el nuevo empleador deberá acreditar que cumple los requisitos

previstos en los apartados b), c), d) y e) del artículo 64.3 de este Reglamento. El

alta en Seguridad Social deberá realizarse en el ámbito territorial y la ocupación a

los que esté limitada, en su caso, la autorización. De no estar limitada la

autorización y producirse un cambio de ocupación, el nuevo empleador deberá

acreditar, además, que se cumple el requisito previsto en el apartado f) de dicho

precepto.

 

9. El trabajador extranjero comunicará a la Oficina de Extranjería competente el

fallecimiento o desaparición del empleador, para debida constancia. Igualmente, en

caso de que habiéndose dirigido al empleador que solicitó la autorización éste le

hubiera comunicado su intención de no darle de alta en el correspondiente régimen

67

 

 


 

de Seguridad Social en el plazo establecido al efecto, el trabajador extranjero

comunicará dicha circunstancia a la Oficina de Extranjería competente.

 

Artículo 68. Asunción de competencias ejecutivas en materia de autorización

inicial de trabajo por cuenta ajena por Comunidades Autónomas.

 

1. Todo procedimiento relativo a una autorización inicial de residencia temporal y

trabajo por cuenta ajena supondrá la presentación de una única solicitud y

finalizará con una única resolución administrativa.

2. En el caso de que la Comunidad Autónoma donde se vaya a desarrollar la

actividad laboral hubiera asumido competencias en materia de autorización inicial

de trabajo por cuenta ajena para extranjeros, la solicitud de autorización inicial de

residencia temporal y trabajo por cuenta ajena se presentará ante el órgano

autonómico que sea competente de acuerdo con la normativa autonómica.

3. El órgano autonómico ante el que se deba presentar la solicitud de autorización

inicial de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena será competente para

resolver la inadmisión a trámite o para declarar el desistimiento y el archivo de las

actuaciones.

Deberá resolver, en todo caso, de acuerdo con el informe preceptivo y vinculante

de la Administración General del Estado sobre la concurrencia o no de las

indicadas causas de inadmisión a trámite, cuando afecten a la residencia.

Las resoluciones que dicte el órgano autonómico en base al párrafo anterior se

notificarán por éste al interesado en la forma prevista en la normativa en vigor, y se

introducirán en la aplicación informática correspondiente, de tal manera que

permita el conocimiento de las mismas por parte de la Administración General del

Estado en tiempo real.

Los recursos que se pueden interponer contra las resoluciones que dicte el órgano

autonómico sobre inadmisión a trámite y desistimiento y archivo de actuaciones

serán resueltos por éste, de acuerdo con el informe preceptivo y vinculante emitido

por la Administración General del Estado sobre la concurrencia o no de las causas

de inadmisión cuando afecten a la residencia. En todo caso, el citado órgano

deberá introducir los recursos y las resoluciones adoptadas en la aplicación

informática correspondiente.

4. Será el órgano autonómico competente el que comprobará el abono de las tasas

correspondientes, y recabará los informes de la Administración Tributaria, incluida,

en su caso, el de la propia Comunidad Autónoma, y el de la Seguridad Social, con

el fin de comprobar que el empleador está al corriente en el pago de sus

obligaciones tributarias y de Seguridad Social.

68

 

 


 

El órgano competente de la Administración General del Estado solicitará,

simultáneamente, los informes de la Dirección General de la Policía y de la Guardia

Civil y del Registro Central de Penados y Rebeldes.

 

5. A la vista de la documentación aportada y de los informes obtenidos, los órganos

competentes de la Administración General del Estado y de la Comunidad

Autónoma correspondiente deberán dictar, de manera coordinada y concordante,

una resolución conjunta denegando o concediendo la correspondiente autorización

inicial de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena, que será firmada por los

titulares de los órganos competentes de cada una de las Administraciones y

expedida y notificada a los interesados por el órgano autonómico.

En todo caso, la resolución conjunta será desfavorable si concurre alguna causa de

denegación referida bien a los aspectos laborales o bien a los de residencia,

debiendo recogerse en la misma todas las causas específicas de denegación así

como los órganos que, en su caso, deban conocer de un eventual recurso

administrativo o judicial contra la resolución.

6. La resolución conjunta a que se hace referencia anteriormente podrá ser

impugnada ante cualquiera de los órganos que la firmen, si bien se resolverá de

forma conjunta y concordante por los titulares de los órganos competentes de

ambas Administraciones y se notificará a los interesados por el órgano competente

de la Comunidad Autónoma.

Artículo 69. Denegación de las autorizaciones iniciales de residencia

temporal y trabajo por cuenta ajena.

1. La autoridad o autoridades competentes denegarán las autorizaciones iniciales

de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena en los supuestos siguientes:

a) Cuando no se acredite cumplir alguno de los requisitos establecidos en el

artículo 64.

b) Cuando en los 12 meses inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud el

empleador haya amortizado los puestos de trabajo que pretende cubrir por despido

improcedente o nulo, declarado por sentencia o reconocido como tal en acto de

conciliación, o por las causas previstas en los artículos 50, 51 y 52.c) del Estatuto

de los Trabajadores, excepto en los supuestos de fuerza mayor.

c) Cuando el empleador solicitante haya sido sancionado mediante resolución firme

en los últimos 12 meses por infracciones calificadas como graves o muy graves en

la Ley Orgánica 4/2000, o por infracciones en materia de extranjería calificadas

como graves o muy graves en el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y

Sanciones en el Orden Social, aprobada por el Real Decreto Legislativo 5/2000.

 

69

 

 


 

d) Cuando, para fundamentar la petición, se hayan presentado documentos falsos

 

o formulado alegaciones inexactas, o medie mala fe.

e) De así valorarlo el órgano competente para resolver, cuando conste un informe

policial desfavorable.

 

f) Cuando concurra una causa prevista legalmente de inadmisión a trámite que no

hubiera sido apreciada en el momento de la recepción de la solicitud.

 

g) Cuando el empleador solicitante haya sido condenado mediante sentencia firme

por delitos contra los derechos de los trabajadores o contra extranjeros, así como

contra la Hacienda Pública o la Seguridad Social, salvo que los antecedentes

penales hubieran sido cancelados.

h) De así entenderlo oportuno la autoridad competente para la resolución del

procedimiento a la vista de las circunstancias concurrentes, que en los doce meses

inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud el empleador

solicitante haya decidido la extinción del contrato que motivó la concesión de una

autorización inicial de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena con carácter

previo a la finalización de la vigencia de la autorización.

De así entenderlo oportuno la autoridad competente para la resolución del

procedimiento, será igualmente causa de denegación de una autorización que en

los tres años inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud

el empleador solicitante haya sido sancionado por comisión de la infracción

prevista en el artículo 53.2.a) de la Ley Orgánica 4/2000.

2. La denegación habrá de ser motivada y expresará los recursos que contra ella

procedan, el órgano administrativo o judicial ante el que hubieran de presentarlo y

el plazo para interponerlos.

Artículo 70. Visado de residencia y trabajo.

1. Serán requisitos para la concesión del visado:

a) Que el extranjero sea titular de una autorización inicial de residencia temporal y

trabajo por cuenta ajena.

b) En el caso de que el solicitante sea mayor de edad penal, que carezca de

antecedentes penales en su país de origen o en sus países anteriores de

residencia durante los últimos cinco años, por delitos previstos en el ordenamiento

español.

 

c) Que el extranjero no padezca ninguna de las enfermedades que pueden tener

repercusiones de salud pública graves de conformidad con lo dispuesto en el

Reglamento Sanitario Internacional de 2005.

 

70

 

 


 

d) Que el extranjero haya abonado la tasa por tramitación del procedimiento.

 

2. En el plazo de un mes desde la notificación de la concesión de la autorización al

empleador interesado, el trabajador deberá solicitar personalmente el visado en la

Misión diplomática u Oficina consular en cuya demarcación resida. El Ministerio de

Asuntos Exteriores y de Cooperación, si media causa que lo justifique, podrá

determinar la misión diplomática u oficina consular diferente a la anterior en la que

corresponda presentar la solicitud de visado.

4/2000, podrá realizarse la presentación por un

acreditado cuando existan motivos fundados que obstaculicen el desplazamiento

De acuerdo con lo previsto por la disposición adicional tercera de la Ley Orgánica

representante legalmente

en el ordenamiento español.

c) Certificado médico

enfermedades

del solicitante, como la lejanía de la misión u oficina, dificultades de transporte que

hagan el viaje especialmente gravoso o razones acreditadas de enfermedad o

condición física que dificulten sensiblemente su movilidad, o cuando se trate de un

menor.

 

Sin perjuicio de lo anterior, cuando a través del poder de representación, de otros

documentos aportados en la solicitud o de datos que consten en la Administración,

se evidenciase que el extranjero para el que se solicita el visado se hallaba en

España en situación irregular en la fecha en que se presentó a su favor la solicitud

de autorización inicial de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena, se

inadmitirá a trámite o, si tal circunstancia se advirtiera en un momento posterior, se

denegará la solicitud de visado.

 

3. La solicitud de visado deberá ir acompañada de la siguiente documentación:

a) Pasaporte ordinario o título de viaje, reconocido como válido en España, con una

vigencia mínima de cuatro meses.

 

b) Certificado de antecedentes penales, que debe ser expedido por las autoridades

del país de origen o del país o países en que haya residido durante los últimos

cinco años, en el que no deben constar condenas por delitos existentes previstos

 

con el fin de acreditar que no padece ninguna de las

que pueden tener repercusiones de salud pública graves de

conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Sanitario Internacional de 2005.

 

d) Copia del contrato en relación con el cual se ha concedido la autorización inicial

de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena, sellada por la Oficina de

Extranjería.

 

De oficio, la misión diplomática u oficina consular verificará, en la aplicación

informática correspondiente, que se ha concedido la autorización inicial de

residencia temporal y trabajo por cuenta ajena condicionada.

 

71

 

 


 

4. La misión diplomática u oficina consular denegará el visado en los siguientes

supuestos:

a) Cuando el extranjero se encontrara en situación irregular en España en la fecha

en que se presentó a su favor la solicitud de autorización inicial de residencia

temporal y trabajo por cuenta ajena.

 

b) Cuando no se acredite el cumplimiento de los requisitos previstos en este

artículo.

 

c) Cuando, para fundamentar la petición de visado, se hayan presentado

documentos falsos o formulado alegaciones inexactas, o medie mala fe.

e) Cuando concurra una causa prevista legalmente de inadmisión a trámite que no

hubiera sido apreciada en el momento de la recepción de la solicitud.

f) Cuando la copia del contrato presentada no coincida con la información

proporcionada por la Oficina de Extranjería sobre el contrato original.

5. La misión diplomática u oficina consular resolverá sobre la solicitud y expedirá,

en su caso, el visado de residencia y trabajo, en el plazo máximo de un mes.

Notificada la concesión del visado, el trabajador deberá recogerlo personalmente

en el plazo de un mes desde la fecha de notificación. De no efectuarse la recogida

en el plazo mencionado, se entenderá que el interesado ha renunciado al visado

concedido, y se producirá el archivo del expediente.

6. Una vez recogido el visado, el trabajador deberá entrar en el territorio español,

de conformidad con lo establecido en el título I, durante la vigencia de éste, que

será de tres meses. El visado le habilitará para la entrada y la permanencia en

situación de estancia en España.

7. En el plazo de tres meses desde la entrada del trabajador extranjero en territorio

español, deberá producirse su afiliación, alta y posterior cotización, en los términos

establecidos por la normativa sobre el régimen de Seguridad Social que resulte de

aplicación; el trabajador podrá comenzar su actividad laboral; y el empleador

quedará obligado a comunicar el contenido del contrato de trabajo a los Servicios

Públicos de Empleo. El alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social

dotará de eficacia a la autorización inicial de residencia temporal y trabajo por

cuenta ajena.

8. En el plazo de un mes desde el alta del trabajador en la Seguridad Social, éste

deberá solicitar la tarjeta de identidad de extranjero, personalmente y ante la

Oficina de Extranjería correspondiente. Dicha tarjeta será expedida por el plazo de

validez de la autorización y será retirada por el extranjero.

9. Si finalizada la vigencia de la autorización de estancia no existiera constancia de

que el trabajador ha sido dado de alta en el régimen correspondiente de la

72

 

 


 

Seguridad Social, éste quedará obligado a salir del territorio nacional, incurriendo

en caso contrario en infracción grave por encontrarse irregularmente en España.

 

Asimismo, la autoridad competente requerirá al empleador que solicitó la

autorización para que alegue las razones por las que no se ha iniciado la relación

laboral y por las que no se ha cumplido la obligación de comunicación sobre dicha

incidencia a las autoridades competentes, prevista en el artículo 38.4 de la Ley

Orgánica 4/2000.

 

En dicho requerimiento, se hará constar que, de no recibirse contestación al mismo

en el plazo de diez días o de considerarse insuficientes las razones alegadas por el

empleador, la autoridad competente dará traslado del expediente a la Inspección

de Trabajo y Seguridad Social, por posible concurrencia de una infracción grave de

las previstas en el artículo 53.2.a) de la Ley Orgánica 4/2000.

Igualmente, le advertirá que, de finalizar el posible procedimiento sancionador con

determinación de la concurrencia de la infracción señalada en el párrafo anterior,

podrán denegarse ulteriores solicitudes de autorización que presente por

considerar que no se garantiza la actividad continuada de los trabajadores.

Artículo 71. Renovación de las autorizaciones de residencia temporal y

trabajo por cuenta ajena.

1. La renovación de las autorizaciones de residencia temporal y trabajo por cuenta

ajena deberá solicitarse, en modelo oficial, durante los 60 días naturales previos a

la fecha de expiración de la vigencia de su autorización. La presentación de la

solicitud en este plazo prorrogará la validez de la autorización anterior hasta la

resolución del procedimiento. También se prorrogará hasta la resolución del

procedimiento en el supuesto en que la solicitud se presentase dentro de los 90

días naturales posteriores a la fecha en que hubiera finalizado la vigencia de la

anterior autorización, sin perjuicio de la incoación del correspondiente

procedimiento sancionador por la infracción en la que se hubiese incurrido.

 

2. La autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena se renovará a su

expiración en los siguientes supuestos:

a) Cuando se acredite la continuidad en la relación laboral que dio lugar a la

concesión de la autorización cuya renovación se pretende.

b) Cuando se acredite la realización habitual de la actividad laboral para la que se

concedió la autorización durante un mínimo de seis meses por año y el trabajador

se encuentre en alguna de las siguientes situaciones:

 

1º. Haya suscrito un contrato de trabajo con un nuevo empleador acorde con las

características de su autorización para trabajar, y figure en situación de alta o

asimilada al alta en el momento de solicitar la renovación.

 

73

 

 


 

2º. Disponga de un nuevo contrato que reúna los requisitos establecidos en el

artículo 64 y con inicio de vigencia condicionado a la concesión de la renovación.

 

c) Cuando el trabajador haya tenido un período de actividad laboral de al menos

tres meses por año, siempre y cuando acredite, acumulativamente:

 

1º. Que la relación laboral que dio lugar a la autorización cuya renovación se

pretende se interrumpió por causas ajenas a su voluntad.

 

Público de Empleo competente como demandante de empleo.

 

3º. Que en el momento de solicitud de la renovación tiene un contrato de trabajo en

2º. Que ha buscado activamente empleo, mediante su inscripción en el Servicio

por causas ajenas

cónyuge cumpliera con los

trabajador. Se procederá igualmente

familiar.

3. Junto con

vigor.

 

d) Cuando el trabajador se encuentre en alguna de las situaciones previstas en el

artículo 38.6 b) y c) de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, o en la prevista en

su apartado d) en relación con supuestos de extinción del contrato de trabajo o

suspensión de la relación laboral como consecuencia de que la trabajadora sea

víctima de violencia de género.

 

e) En desarrollo del artículo el artículo 38.6.d) de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de

enero, cuando:

 

1º. El trabajador acredite que se ha encontrado trabajando y en alta en Seguridad

Social durante un mínimo de nueve meses en un periodo de doce, o de dieciocho

meses en un periodo de veinticuatro, siempre que su última relación laboral se

hubiese interrumpido a su voluntad, y haya buscado

activamente empleo.

 

2º. El requisitos económicos para reagrupar al

 

a la renovación, cuando el requisito sea

cumplido por la persona con la que el extranjero mantenga una relación de análoga

afectividad a la conyugal en los términos previstos en materia de reagrupación

 

la solicitud de renovación deberán presentarse los documentos

acreditativos de que se reúnen las condiciones para su concesión, de acuerdo con

lo establecido en el apartado anterior, así como informe emitido por la autoridades

autonómicas competentes que acredite la escolarización de los menores a cargo

en edad de escolarización obligatoria.

4. Para la renovación de la autorización se valorará, en su caso, previa solicitud de

oficio de los respectivos informes:

 

a) Que el extranjero haya sido indultado o se halle en situación de remisión

condicional de la pena o de suspensión de la pena privativa de libertad.

 

74

 

 


 

b) Que el extranjero haya incumplido sus obligaciones en materia tributaria y de

seguridad social.

 

Igualmente se valorará, teniendo en consideración el informe positivo de la

Comunidad Autónoma de su lugar de residencia, el esfuerzo de integración del

extranjero.

 

Dicho esfuerzo de integración podrá ser alegado por el extranjero como

 

información a valorar en caso de no acreditar el cumplimiento de alguno de los

requisitos previstos para la renovación de la autorización.

El informe tendrá como contenido mínimo la certificación, en su caso, de la

participación activa del extranjero en acciones formativas destinadas al

conocimiento y respeto de los valores constitucionales de España y los de la Unión

Europea, así como los valores consagrados en el Estatuto de autonomía de la

Comunidad Autónoma en la que resida. Se tendrá en especial consideración la

formación en materia de derechos humanos, libertades públicas, democracia,

tolerancia e igualdad entre mujeres y hombres, así como la relativa al conocimiento

de las lenguas oficiales y la orientada al empleo. En este sentido, la certificación

hará expresa mención al tiempo de formación dedicado a los ámbitos señalados.

El informe tendrá en consideración las acciones formativas desarrolladas por

entidades públicas o privadas debidamente acreditadas.

5. Los descubiertos en la cotización a la Seguridad Social no impedirán la

renovación de la autorización, siempre que se acredite la realización habitual de la

actividad. La autoridad competente pondrá en conocimiento de la Inspección de

Trabajo y Seguridad Social la situación de descubierto de cotización, a los efectos

de que se lleven a cabo las actuaciones que procedan.

6. Será causa de denegación de las solicitudes de renovación, además del

incumplimiento de algunos de los requisitos previstos en este artículo, la

concurrencia de alguno de los supuestos de denegación previstos en el artículo 69

de este Reglamento, excepto el relativo a que la situación nacional de empleo

permita la contratación.

7. Transcurrido el plazo de tres meses para resolver sobre una solicitud de

renovación de autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena, ésta se

entenderá estimada. La autoridad competente para conceder la autorización

vendrá obligada, previa solicitud por parte del interesado, a expedir el certificado

que acredite la renovación por este motivo y, en el plazo de un mes desde la

notificación del mismo, su titular deberá solicitar la expedición de la tarjeta de

identidad de extranjero.

 

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Artículo 72. Efectos de la renovación de la autorización de residencia

temporal y trabajo por cuenta ajena.

 

1. La renovación de la autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena se

hará por un período de dos años, salvo que corresponda una autorización de

residencia de larga duración, y permitirá el ejercicio de cualquier actividad en

cualquier parte del territorio nacional. Los efectos de la autorización renovada se

retrotraerán al día inmediatamente siguiente al de la caducidad de la autorización

anterior.

2. Notificada la resolución favorable, el extranjero deberá solicitar en el plazo de un

mes la tarjeta de identidad de extranjero.

Capítulo IV. Residencia temporal y trabajo para investigación

Artículo 73. Definición.

Se halla en situación de residencia temporal y trabajo para investigación, el

investigador extranjero cuya permanencia en España tiene como fin único o

principal realizar proyectos de investigación, en el marco de un convenio de

acogida firmado con una entidad u organismo de investigación.

El contenido de este capítulo se entenderá sin perjuicio de lo establecido sobre las

situaciones de residencia temporal con excepción de la autorización de trabajo y de

estancia por estudios, intercambio de alumnos, prácticas no laborales o servicios

de voluntariado.

Artículo 74. Autorización de residencia temporal y trabajo para investigación.

1. La autorización inicial de residencia temporal y trabajo para investigación habilita

a los extranjeros que residen fuera de España y que han obtenido el

correspondiente visado de investigación, a iniciar un proyecto de investigación

dentro del marco de un convenio de acogida firmado con una entidad u organismo

de investigación.

No será requerible la obtención de visado de investigación, en casos de ejercicio

del derecho a la movilidad por un investigador extranjero, tras haber iniciado su